nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

San Miguel, veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco.

A los escritos folio 12 y 13: A todo, téngase presente.

Vistos:

PRIMERO: Que la abogada Alejandra Hidalgo Erazo recurre de protección en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad NºRUT reservado, chilena, ex funcionaria municipal, domiciliada en domicilio reservado, en contra la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, representada por su alcaldesa doña Javiera Paz Reyes Jara, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el Decreto Alcaldicio 2417, de 3 de junio de 2025, que declaró vacante su cargo Funcionario de Planta Auxiliar grado 15, por salud incompatible con el desempeño del mismo, lo que vulnera sus derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de La República.

Indica que la recurrente se ha desempeñado como funcionaria de la municipalidad con más de 13 años de servicio, el que siempre ha desempeñado de manera diligente, el que fue cesado por declaración de vacancia por salud incompatible con el cargo, de acuerdo con la facultad discrecional del artículo 148 de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo Municipal.

En cuanto a sus antecedentes familiares, médicos y de salud, señala que es madre de tres hijos, presentando la menor una grave condición inmunológica que ha requerido hospitalizaciones frecuentes y cuidados permanentes, situación que es conocida en el municipio, quién, además, le negó en dos oportunidades la posibilidad de realizar su función mediante el sistema de teletrabajo. Agrega que, como consecuencia de la alta carga emocional y física, desarrolló enfermedades gastrointestinales severas que la llevaron a una intervención quirúrgica; posteriormente, debido a su sistema inmunológico debilitado, sufrió una septicemia que requirió hospitalización y desde entonces su salud se ha visto progresivamente afectada, y que actualmente, se encuentra con diagnósticos médicos de depresión severa, ansiedad generalizada, fibromialgia, vitíligo generalizado y psoriasis facial, enfermedades que afectan profundamente su calidad de vida, tanto física como emocionalmente.

En este contexto, reconoce que la recurrente ha tenido un mal estado de salud en el último tiempo pero que, según Resolución N°146025, de 21 de marzo de 2025, la COMPIN declaró que su salud es recuperable, sosteniendo que el Decreto Alcaldicio solo se funda los 239 días de licencia médica que ha tenido la recurrente en los dos últimos años.

Asevera que la forma en que se procedió a ejercer dicha potestad aparece como sorpresiva, antojadiza y carente de la fundamentación que exigen los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, toda vez que el artículo 148 ya reseñado regula una facultad privativa y discrecional del alcalde, sin embargo, discrecionalidad no significa arbitrariedad, y el ejercicio de estas facultades debe hacerse con respeto de las garantías constitucionales, por lo que al indicar la COMPIN que la recurrente presenta un estado de salud recuperable, el acto se vuelve arbitrario, según lo ha resuelto variada jurisprudencia de tribunales superiores y del Tribunal Constitucional, los que detalla.

Afirma que se vulnera el derecho a la igualdad ante la Ley, ya que la recurrente forma parte de un listado de 22 funcionarios en la misma situación y que sólo respecto de 6 de ellos se ha hecho aplicación de esta facultad, no existiendo explicación racional para el trato distinto aplicado en su perjuicio. Además, se vulnera su derecho de propiedad, pues la recurrente se encontraba dentro de un régimen de planta, por lo que no cabe duda que con su desvinculación del cargo se la afecta patrimonialmente, privándola de sus ingresos y de la propiedad sobre el mismo.

Pide acoger el recurso y dejar sin efecto la resolución impugnada, ordenando la reincorporación de la funcionaria a su cargo, más el pago de todas las remuneraciones y demás estipendios y beneficios que dejo de recibir mientras estuvo separada de su cargo, debidamente reajustados, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que Informó el abogado Gastón Abarca Martínez, en representación de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Refiere que por oficio N°100/158/2025, de 4 de marzo de 2025, de la Alcaldesa de la I. Municipalidad de Lo Espejo, dirigido a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Subcomisión Sur, se solicitó la evaluación y pronunciamiento respecto de las condiciones de recuperabilidad e irrecuperabilidad de la salud de 22 funcionarios de dicha entidad, adjuntando el listado de licencias médicas de que han hecho uso entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2025.

Indica que la señora alcaldesa, mediante el Decreto Alcaldicio N°2417, de 3 de junio de 2025, ejerció la atribución de declarar vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible con el cargo, consagrada en el artículo 148 de la Ley 18.883 sobre sobre Estatuto Administrativo Municipal, por haber presentado licencias médicas por un total de 239 días en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, y previa declaración de salud recuperable de la COMPIN, según Resolución Exenta Nº146025, de 21 de marzo de 2025. Asimismo, hace presente que al momento de notificación se adjuntaron todos los antecedentes con la información tenida en vista y la fundamentación de dicha decisión.

Explica los alcances de la salud incompatible y la salud irrecuperable y su importancia al momento de adoptar la decisión de vacancia de un cargo, junto con afirmar que la modificación legal introducida por la Ley 21.050 no eliminó la facultad discrecional que, al respecto, tienen los respectivos jefes de servicio del sector público, sino que, por el contrario, la fortaleció, y su espíritu fue precisamente dotarla de un elemento de racionalidad científica e imparcialidad, añadiendo el pronunciamiento de un organismo médico a la discrecionalidad instrumental que, antes de dicha modificación legal, tenían los alcaldes; todo ello, a su parecer, desde la óptica del principio de servicialidad del Estado, la probidad administrativa y la idoneidad funcionaria.

En cuanto a la alegación de que el acto recurrido sólo consideró el tiempo de ausencia para la declaración de vacancia y no otras consideraciones particulares de la recurrente, arguye que el acto recurrido se encuentra debida y suficientemente fundado en los hechos y en el derecho, lo que se desprende de su sola lectura, y que no corresponde otro tipo de consideraciones más allá que las reguladas en la Ley, siendo acompañado el mismo de todos los antecedentes necesarios para su comprensión e impugnación, cumpliendo con lo prescrito en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880.

Afirma que en este caso se configura plenamente la causal de cesación de funciones por declaración de vacancia del cargo, afirmando que la ausencia prolongada de la recurrente habilitó la señora alcaldesa a ejercer la potestad del artículo N°148 de la Ley N°18.883 y sin arbitrariedad alguna, no siendo la declaración de salud recuperable un obstáculo para ello, según lo han referido reiteradamente la Contraloría General de La República y la Excma. Corte Suprema.

En cuanto a la infracción al derecho de igualdad ante la ley, esgrime que ello no se verifica en el presente caso toda vez que se procedió del mismo modo con otros 22 funcionarios municipales que cumplían los mismos requisitos que la recurrente, motivo por el cual el Decreto Alcaldicio no es discriminatorio en ningún sentido. Respecto de la supuesta infracción al derecho de propiedad, asevera que ello no se configura al no ser el mismo de carácter indubitado, pues la recurrente objetivamente se encuentra en una causal de cesación del cargo.

De esta manera, concluye que el acto recurrido cumple todos y cada uno de los supuestos previstos en la ley, descartando cualquier indicio de arbitrariedad por cuanto ha sido dictado por una autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y cumpliendo con los supuestos legales que autorizan el empleo de dicha atribución, careciendo esta acción constitucional de fundamento y no vislumbrándose afectación a las garantías constitucionales en las que se sustenta el presente recurso de protección.

TERCERO: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tal como lo ha sostenido reiteradamente nuestra jurisprudencia, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a adoptar medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho en el evento de haberse vulnerado el libre ejercicio de las garantías constitucionales que en esa misma disposición se enumeran, ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, dificulte, entorpezca o perturbe dicho ejercicio.

CUARTO: Que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón; y que provoque alguna de las efectos o consecuencias que se han indicado, perjudicando o menoscabando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, aspecto que resulta esencial y necesario para el estudio y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Asimismo, resulta importante destacar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir de manera copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría concurrir ambas condiciones a la vez.

QUINTO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es el Decreto Alcaldicio Nº2417, de 3 de junio del presente, que declaró la vacancia del cargo de la recurrente, por salud incompatible.

La cuestión que corresponde dilucidar es si la alcaldesa recurrida tenía la facultad de declarar la vacancia del cargo, no obstante existir una resolución de la COMPIN de salud recuperable.

SEXTO: Que de acuerdo con el mérito de los antecedentes que obran en autos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por cierto los siguientes antecedentes de relevancia jurídica:

1. La recurrente hizo uso de licencias médicas por un lapso discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 1 de enero de 2025, contabilizando un total de 239 días de licencia médica.

2. Por Resolución Exenta Nº146025, de 21 de marzo de 2025, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declaró la salud de la actora como recuperable.

3. Por Decreto Alcaldicio N°2417, de 3 de junio de 2025, se declaró vacante el cargo de la recurrente por considerarse su salud incompatible con el desempeño del cargo, al haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a los seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

SÉPTIMO: Que el artículo 146 de la Ley N°18.883 dispone: "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (...) c) Declaración de vacancia". Por su parte, el artículo 147 establece: "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (...)".

A su turno, el artículo 148 prescribe: "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." OCTAVO: Que de lo que viene de reseñarse, se desprende que la recurrida ha hecho uso de una potestad discrecional, la cual sólo puede ser ejercida con fines públicos, pues de lo contrario se incurre en la denominada desviación de fin o poder. Asimismo, los tribunales de justicia están habilitados para realizar un control de razonabilidad de la decisión, toda vez que no es admisible que una autoridad ejerza la facultad acudiendo al sólo capricho.

El control judicial del ejercicio de la facultad discrecional se proyecta en varios sentidos: a) que el acto cumpla con las exigencias previstas en la ley, cuestión que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de tal naturaleza; b) que la Administración ejerza sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada; c) que la medida impuesta sea proporcional a la falta y sea establecida por la ley en forma previa a los hechos (proporcionalidad, legalidad y tipicidad); y d) que la facultad discrecional sea ejercida con fines públicos, sin incurrir en la desviación de fin o poder. Con todo, la ponderación de los hechos corresponde primariamente a los órganos de la Administración activa.

NOVENO: Que es pertinente tener en consideración, además, que el acceso de los ciudadanos a los servicios municipales requiere que los funcionarios que lo integran estén en condiciones de desempeñar sus cargos. Es así como el Estado debe contar con el personal adecuado y disponible para el desarrollo de las labores que le son propias bajo el riesgo que, de no hacerlo, se incurra en responsabilidad por falta de servicio, es decir, infringir el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los distintos organismos públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que como ya se dijo es prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no lo ha permitido, sino que ha obstaculizado la labor permanente y continua a la que está obligada la Administración del Estado. Es así, entonces, que la ley en cumplimiento de este principio facultó al Jefe del Servicio o a la Alcaldesa a subsanar la situación a través de esta vía.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, el acto impugnado no es ilegal, por cuanto se funda en lo dispuesto en los artículos 146 y 148 de la Ley N° 18.883; tampoco es arbitrario, puesto que expresa racionalmente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

De esta manera, se constata que la recurrida se ha limitado a ejercer una facultad discrecional sin que se divise arbitrariedad en su ejercicio, motivo por el cual el recurso de protección se rechazará.

Por estas consideraciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección y demás normas pertinentes, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°2601-2025 Protección.