Protección contra Ilustre Municipalidad de El Bosque

En Santiago, a doce de junio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que ha deducido recurso de protección doña Claudia Tello Manríquez, abogada, en favor de doña nombre reservado, dependiente, domiciliada en domicilio reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de El Bosque, representada por su alcalde don Sadi Melo Moya, ambos con domicilio en domicilio reservado, de esa comuna, fundado en el ejercicio de actos ilegales y arbitrarios que la recurrida realizó en contra de su representada con ocasión de la dictación del Decreto Alcaldicio N°146, de 5 de marzo de 2019, que fuera notificado el 15 de marzo de 2019, por el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N° 68, de 31 de enero de 2019, por el cual fue destituida de su cargo.

Expresa que desde 1993 doña nombre reservado se ha desempeñado como funcionaria auxiliar de servicios generales de la Municipalidad de El Bosque, formando parte del Escalafón Administrativo, Grado 13° de la Escala Única de Sueldos Municipales. Desde dicha época, ha prestado servicios para la recurrida de manera ininterrumpida, sin contar en su hoja de vida funcionaria sanción alguna.

En cuanto a las circunstancias de su destitución detalla que por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, funcionarios de la Policía de Investigaciones, en el contexto del diligenciamiento de una autorización de entrada y registro en diversos domicilios en la comuna de La Pintana, entre otros, el ubicado en domicilio reservado, el 27 de septiembre de 2018, encontrando diversos elementos constitutivos de ilícitos, deteniendo en el lugar a la recurrente y a otra persona.

Relata que a consecuencia de lo anterior al día siguiente (28 de septiembre de 2018) en horas de la tarde, su representada fue puesta a disposición del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT 5599-2018, RUC 1800444641-7, controlándose su detención, siendo formalizada por el delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades y tenencia de municiones, imponiéndosele la medida cautelar de prisión preventiva, la que se mantuvo hasta el 25 de octubre de 2018, siendo sustituida por la de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Afirma que, evidentemente, durante aquel período la recurrente no pudo cumplir con sus deberes laborales.

A propósito de lo anterior, señala que dicho domicilio fue blanco investigativo -por ser presuntamente un lugar donde se vendía droga-, siendo sindicada una mujer joven como la autora de ilícito (fue captada fotográficamente) que corresponde a la nieta de nombre reservado, y se determinó que vivía ahí porque durante el día ingresaba al lugar.

Narra que cuando recuperó su libertad se presentó a su trabajo, sin embargo, la municipalidad inició un sumario por Decreto Alcaldicio N° 2156, de 14 de noviembre de 2018, para establecer eventuales responsabilidades administrativas por las causales de la ausencia laboral y que, luego, fue ampliado por Decreto Alcaldicio N°2200, de 26 de noviembre de 2018, para determinar la responsabilidad administrativa en los hechos de conmoción pública que la involucraron. En específico, indica que el Decreto Alcaldicio tenía por finalidad “determinar: si en la conducta por la que fue formalizada, vulnera lo dispuesto en el artículo 58, letra i) de la Ley N°18.883, que establece que todo funcionario municipal deberá observar una vida social acorde con la dignidad del cargo”. Añade que su representada sólo compareció en una oportunidad ante el Fiscal Sumariante (nombre reservado) y, por tanto, no ha tenido la posibilidad de defenderse.

Pese a lo señalado, menciona que el 15 de marzo de 2019, le entregaron por mano de un sobre cerrado que contenía el Decreto Alcaldicio N° 146, de 5 de marzo de 2019, por el cual, el Alcalde la destituyó de su cargo, porque se habría establecido su responsabilidad administrativa por haber cometido faltas graves al principio de la probidad -sin precisarlas-, careciendo el decreto de motivación y fundamento. Cuestiona además que las declaraciones del sumario administrativo son escuetas, sin valor probatorio para construir la conclusión a la que se ha arribado, con ausencia de motivación que dé cuenta de cómo concluyen que la recurrente habría faltado a sus obligaciones.

Por otra parte, añade que a la fecha el Ministerio Público ofreció un procedimiento abreviado, el que fue rechazado por cuanto la recurrente alega su inocencia, sin embargo, la municipalidad aun sin un pronunciamiento de un tribunal competente, ya dio por probados los hechos y la destituyó, con el solo mérito de la formalización.

Plantea que el acto recurrido vulnera las siguientes garantías constitucionales:

a) El artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República que consagra el derecho al debido proceso; en este caso, por ser objeto de la medida más drástica y dar por establecida una presunta responsabilidad, sin siquiera tener un pronunciamiento judicial al respecto. (fiscal o investigador en procedimientos sumariales debe ser superior o igual jerárquicamente que el investigado; el derecho a defensa, derecho a un debido procedimiento -no se verifica ya que la municipalidad tomó conocimiento de los hechos en el mes de septiembre de 2018 y no actuó y luego cuando se inició ya se le había prejuzgado; falta una sentencia motivada)

b) El artículo 19 N° 24, ya que su resolución priva del ejercicio de los derechos que le asisten relacionados con la propiedad del cargo que sirve (Planta de la Ilustre Municipalidad del Bosque) como bien incorporal los derechos emanados de los contratos.

Pide se restablezca el imperio del derecho, declarando que el Decreto Alcaldicio N°146, de 5 de marzo de 2019, por el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra del Decreto Alcaldicio N°68, de 31 de enero de 2019, es un acto arbitrario e ilegal, dejándolo sin efecto, o en subsidio, y hasta la determinación de la plena responsabilidad penal que pudiera asistirle en la comisión de los hechos que se persiguen por parte del Ministerio Público, en la causa RIT 5599-2018, seguida ante el 15 Juzgado de Garantía de Santiago, dejar sin efecto el procedimiento que concluyó con la dictación del acto administrativo recurrido, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que informó al tenor del recurso don Sadi Melo Moya, alcalde de la Municipalidad de El Bosque indicando que los hechos descritos en el recurso son graves, además, señala que las declaraciones del sumario administrativo son de tal magnitud que por sí solas bastan para dar por establecida la responsabilidad administrativa con la que se ha sancionado a la persona en cuyo favor se recurre.

Expresa que doña nombre reservado esta formalizada por tráfico de estupefacientes y por la ley de control de armas, estuvo casi un mes en prisión preventiva y, además, en el sumario administrativo (a fojas 25) no solo se encuentra confesa de que en su entorno ocurría un hecho delictual ligado al narcotráfico, sino además de tener en su poder municiones, por tanto, el hecho delictual y su declaración se bastan a sí mismos para ejercer la potestad de le corresponde (artículos 118, 120 letra d) y 123 f) de Ley N° 18.883 y 63 d) de la Ley N° 18.695).

Por otro lado, manifiesta que el proceso administrativo sancionador –sumario- ha sido tramitado conforme a un debido proceso, se han cumplido los siguientes hitos:

a) se ordenó instruir sumario y fue notificada de ello b) fue oída compareció y además solicitó copias c) se levantaron cargos y también fueron notificados d) ella contestó dichos descargos e) fiscal propuso sanción f) se decretó la sanción, el acto está fundado, se le notificó, repuso de la decisión y, adicionalmente, recurrió a la Contraloría General de la República solicitando anular el sumario.

En base a lo expuesto, concluye que no hay infracción al debido proceso y distinto es que la ex funcionaria no esté conforme con la sanción impuesta, confundiendo la responsabilidad administrativa con la penal.

Por otro lado, alega que por esta vía se pretende generar una especie de apelación al sumario administrativo, lo que escapa a la esencia del recurso de protección. Además, señala que las aseveraciones en cuanto a los derechos vulnerados son vagas e imprecisas, no señalando como se vulnera los derechos contemplados en el artículo 19 N°s. 1 y 2 de la Constitución Política de la República y controvierte la supuesta propiedad en el cargo porque este se ha perdido por aplicación de las reglas del derecho administrativo.

Así, como a su criterio, no incurrió en acto ilegal ni arbitrario alguno, pide declarar sin lugar en todas su partes el recurso, con costas.

Tercero: Que a petición de esta Corte, informó el juez titular del 15° Juzgado de Garantía de Santiago don nombre reservado, señalando que en la causa RUC N° 1800.444.641-7, RIT N° 5599-2018, seguida ante ese Juzgado por los delitos de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades y de porte o tenencia ilegal de municiones en contra de nombre reservado, es efectivo que por resolución de fecha 21 de septiembre de 2018, autorizó la diligencia de entrada y registro nocturno de diversos inmuebles, entre ellos el de domicilio reservado.

Expone que la autorización se otorgó a petición del Fiscal Adjunto del Ministerio Público don nombre reservado, quien expuso que por información entregada por la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana y por denuncias anónimas, diversos microtraficantes de drogas estarían operando en los domicilios que señala. Posteriormente, en audiencia de fecha 28 de septiembre de 2018, la Magistrado doña nombre reservado rechaza aplicar la medida cautelar de prisión preventiva pedida para nombre reservado tras ser formalizada como autora de los delitos de microtráfico y tenencia ilegal de municiones.

Agrega que, posteriormente, esta Corte por resolución del día siguiente, dispuso su ingreso en prisión preventiva, pero el 25 de octubre de 2018 se sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno.

Finalmente, indica que el 11 de abril de 2019, se presentó acusación en relación con los hechos atribuidos a nombre reservado en el sentido de que: "... tras el respectivo registro del inmueble, fue sorprendida guardando y manteniendo en su poder, al interior del microondas, 287 envoltorios de papel cuadriculado color blanco contenedores de 73,97 gramos brutos de cocaína base y 56 envoltorios de papel cuadriculado contenedores de 11,97 gramos brutos de clorhidrato de cocaína, adicionalmente, en el dormitorio principal, se encontraron $891.000 en dinero efectivo de diversa denominación, además de ser sorprendida guardando y manteniendo en su poder 10 cartuchos 9 mm, 01 cartucho 38 auto, y 01 bolsa de nylon contenedora de 26,28 gramos brutos de clorhidrato de cocaína, la cual asimismo mantenía en su poder. Todas las sustancias y especies que la imputada nombre reservado tenía, poseía y guardaba lo hacían sin contar con la autorización de los órganos competentes. Hechos que serían constitutivos de los delitos consumados de: "tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4°, en relación al artículo 1° de la Ley N°20.000 y del delito de porte o tenencia ilegal de municiones, previsto y sancionado en el artículo 9°, en relación al artículo 2° letra c) de la Ley N° 17.798”, pidiendo la pena de 2 años de presidio menor en su grado medio; a la multa de 10 UTM; a la accesoria legal establecida en el artículo 30 del Código Penal, esto es la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesionales titulares mientras dure la condena; al comiso de las especies del delito; al pago de las costas de la causa de acuerdo al artículo 45 del Código Procesal Penal; y una vez ejecutoriada la respectiva sentencia, se ordene la incorporación de su huella genética en el registro de condenados de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.970; por el delito de tenencia ilegal de municiones, a la pena de 2 años de presidio menor en su grado medio; a la accesoria legal establecida en el artículo 30 del Código Penal, esto es la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesionales titulares mientras dure la condena; al comiso de las especies del delito; al pago de las costas de la causa de acuerdo al artículo 45 del Código Procesal Penal.

Cuarto: Que, en síntesis, la actora reclama en contra del decreto alcaldicio N° 146 de 15 de marzo de 2019, que rechazó su reposición deducida en contra del decreto alcaldicio N° 68 de 31 de enero del mismo año, por el cual fue destituida del cargo que desempeñaba en la I. Municipalidad de El Bosque. Como se advierte, el acto que podría tildarse de ilegal o arbitrario –al tenor de los fundamentos del recurso- no es el que rechaza la reposición sino aquel que dispuso su destitución, respecto del cual el plazo para interponer el recurso se encontraba ya vencido cuando el presente fue ingresado a esta Corte. Sin perjuicio de ello cabe señalar que el hecho que motiva la interposición del presente recurso de protección es la circunstancia de haber sido destituída la actora de su cargo municipal, luego de haberse seguido en su contra un proceso penal, actualmente en trámite, y un sumario administrativo;

Quinto: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él.

Sexto: Que la destitución de la funcionaria, como ella misma lo reconoce, encuentra su origen en un sumario administrativo seguido en su contra , en el cual declaró, se le formularon cargos, efectuó sus descargos, el fiscal propuso una sanción y ésta fue aceptada por el Alcalde quien, en uso de sus facultades, dictó el decreto correspondiente disponiendo su destitución. Una vez notificada de éste, solicitó reposición, la que fue rechazada; adicionalmente, recurrió a la Contraloría General de la República a fin de dejar sin efecto el sumario.

Conforme a lo reseñado, no se divisa en la actuación de la recurrida ilegalidad o arbitrariedad alguna, desde que conforme a las facultades que confiere al alcalde el artículo 63 letra d) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades corresponde a éste la potestad disciplinaria, previa acreditación de la responsabilidad administrativa del funcionario en una investigación sumaria o sumario administrativo. En la especie, se incoó un sumario, correctamente tramitado, habiendo tenido y hecho uso la actora de la facultad de recurrir en contra de lo que en dicho procedimiento se resolvió, de modo que el acto en contra del cual recurre, esto es, su destitución funcionaria, fue la culminación de un procedimiento administrativo tramitado en forma legal por quienes tuvieron facultades para hacerlo, actuando dentro de la esfera de su competencia y en la forma que prescribe la ley;

Séptimo: Que, no siendo ilegal ni arbitrario el acto reclamado, deberá rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a cada una de las garantías constitucionales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado.

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado por la abogada Claudia Soledad Tello Manríquez en contra de la I. Municipalidad de El Bosque.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Ana Cienfuegos Barros.

Rol N° 2590-2019 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora María Teresa Díaz Zamora, señora Ana Cienfuegos Barros y señor Luis Sepúlveda Coronado.