nombre reservado CON nombre reservado nombre reservado JUEZ DEL JUZGADO DE FAMILIA DE MELIPILLA

BORRADOR FALLO Recurso de Protección 2580-2018 Vista: 18/05/2018 Sala 3° Integrantes: Presidenta Ministra doña Claudia Lazen M.; Fiscal Judicial doña nombre reservado y abogado integrante don Carlos Castro V. ( TURNO).

C.A. de San Miguel Santiago, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

En Santiago, a de mayo de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 3, doña nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, ha deducido recurso de protección en contra de don Francisco Bravo Ramírez, abogado, Juez del Juzgado de Familia de Casablanca, domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en emitir, en causa RIT P-34-2018, una resolución que la afecta pues, sin previa notificación, se decretó una medida cautelar de prohibición de acercamiento de ella respecto de una alumna del establecimiento educacional en que trabaja, circunstancia que en su parecer viola el derecho a la igualdad ante la ley y la proscripción de toda discriminación arbitraria, la libertad de contratación y el derecho de propiedad.

En primer lugar, aclara que el Liceo Presidente Balmaceda de Curacaví es el único establecimiento educacional de enseñanza media, de carácter público, de dicha comuna. Seguidamente, expone que durante el año 2017, ejerció como profesora jefe del curso 3-G de dicho liceo, continuando con dicha jefatura para el año 2018.

Refiere que el 4 de abril del presente año, mediante correo electrónico de la Oficina de Protección de Derechos de la comuna de nombre reservado Pinto, dirigido a la Directora de establecimiento ya singularizado, se les notificó una resolución del Juzgado de Familia de Melipilla (de 2 de abril del actual) que decretó como medida cautelar la prohibición de acercamiento de la recurrente a la adolescente nombre reservado, debiendo el Colegio Presidente Balmaceda adoptar todas las medidas necesarias para que se pueda cumplir con aquélla, por el plazo de seis meses, o hasta que el colegio informe alguna otra alternativa. Señala que a la audiencia -en que se adoptó la medida que impugna- comparecieron Yenissel y Mara ambas de apellidos nombre reservado; don nombre reservado (en representación del requirente OPD nombre reservado Pinto); doña nombre reservado (madre requerida) y don nombre reservado (abogado), destacando que ella no fue emplazada y, por tanto, no pudo ser oída, emitir descargos o rendir prueba y, sin perjuicio de ello, el tribunal decretó una medida respecto de la cual resulta ser la principal afectada.

Considera que lo decidido por el recurrido constituye un acto arbitrario que perturba y priva las garantías contempladas en el artículo 19 N°s. 2, 16 y 24 de la carta fundamental, ya que se le ha discriminado en relación a quienes sí fueron parte del proceso judicial ya aludido, además, le es imposible cumplir con la medida y realizar, simultáneamente, su trabajo. Por último, plantea que se ha vulnerado su derecho de propiedad toda vez que fue obligada a cambiar la jefatura de su curso, que no tuvo la posibilidad de elegir.

Solicita se acoja el recurso en todas sus partes restableciendo el imperio del derecho, dejando sin efecto la resolución recurrida.

Segundo: Que a fojas 17, informa al tenor del recurso don Francisco Bravo Ramírez, Juez Titular del Juzgado de Familia de Melipilla, quien refiere que la causa RIT P-34-2018 de su tribunal versa sobre medidas de protección en favor de las menores Y.M.J.N.P. y M.E.N.P., que es efectivo que el 2 de abril de 2018, se adoptaron medidas de protección en su favor, acogiéndose el requerimiento de la OPD de nombre reservado Pinto.

En relación a la adolescente respecto de la cual se decretó la medida cautelar, señala que la OPD requirente expresó que la madre de las niñas informó que la adolescente M.E.N.P., de 17 años, estaría siendo víctima de malos tratos físicos, verbales y psicológicos por parte de la adolecente M.R. y su grupo familiar (vecinos de M.E.N.P), amenazándola reiteradamente. Además, argumentó que la madre observa sintomatología depresiva en su hija, con ideación suicida. Se comunicó también por la madre que aquélla ha sostenido conflictos en el liceo, particularmente con una profesora, lo que le produce crisis de pánico, haciendo presente que se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico en el hospital Félix Bulnes, con tratamiento farmacológico de Quetiapina, interrumpiendo tanto la ingesta del medicamento porque le habría "hecho peor" como el tratamiento psiquiátrico.

Además, señala que en entrevista con la adolescente, ésta manifiesta que la madre padece problemas psicológicos graves, que genera dinámicas de violencia intrafamiliar física, verbal y psicológica en su contra y también en contra de su padre. Finalmente, reportó un conflicto con una profesora, problemática actualmente abordada por el establecimiento educacional.

Especifica que en entrevista con la madre de la adolescente, señala que ésta cursa 3° medio en el Liceo Balmaceda de Curacaví, donde mantiene conflictos con su profesora jefe doña nombre reservado, quien sostendría malos tratos verbales hacia la adolescente, concurriendo a la DAEM de Curacaví, con la finalidad de poner en conocimiento la situación de la profesora.

Además, indica que doña nombre reservado, Jefa de UTP y doña nombre reservado, profesora jefe, dan cuenta, en entrevista con la OPD de nombre reservado Pinto, de problemas conductuales serios de la adolescente y de su madre, quien hace distintas peticiones al colegio, victimizando a su hija. A su turno, en entrevista con doña nombre reservado, psicóloga psicosocial del liceo, reporta un nuevo intento suicida de la adolescente, reconoce también, que doña nombre reservado ha sostenido constantes conflictos con diversos alumnos por malos tratos verbales, principalmente humillaciones, ironías, agresividad en su discurso y en el trato, por lo que desde abril de 2017, sostiene sumario administrativo. Sin perjuicio de ello, expresa que el problema de la adolescente es múltiple y no adhiere a tratamiento farmacológico necesario. Por todas estas consideraciones, solicitó medidas de protección para las menores y su grupo familiar.

El recurrido expresa que el 25 de enero de 2018 se citó a audiencia preparatoria a la adolescente, a la niña, a su madre y a la requirente OPD de nombre reservado Pinto, oportunidad en la que no se decretaron medidas cautelares. Luego, el 2 de abril de 2018, en audiencia preparatoria, con la comparecencia personal de las partes, la requirente con su abogado y la requerida -madre- con su apoderado, anunciando éste último su preocupación por el maltrato físico y psicológico que ha sufrido la adolescente, tanto de parte de compañeras como de su profesora.

Se hizo presente además que la Superintendencia resolvió que el establecimiento no garantiza un justo proceso que regula las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar. El establecimiento no previene o toma medidas correctivas disciplinarias en contra de una persona que detenta una posición de autoridad dentro de la comunidad educativa, ejerce violencia física o psicológica en contra de un estudiante, motivo por el cual la autoridad regional impuso una sanción de multa al sostenedor del establecimiento, que en este caso es el propio Alcalde de nombre reservado Pinto. No obstante, esa decisión no resuelve el tema del maltrato, atendido que la profesora sigue haciéndole clases a la adolescente, continuando el hostigamiento.

En relación al estado de salud de la adolescente, se señaló que está en tratamiento en el Hospital Félix Bulnes, psicológico y psiquiátrico, por “Trastorno de Personalidad Limítrofe”, en el CESFAM de María Pinto. El maltrato sufrido por la adolescente, resulta contraproducente con su tratamiento psiquiátrico, atendido que es la propia profesora quien la maltrata. Tema no abordado por el colegio. En ese escenario, se pidió una medida cautelar en contra de la profesora, por temor a represalias, a quien se le imputó no tener la experticia necesaria para tratar a una adolescente con problemas psicológicos y psiquiátricos, solicitándose una prohibición de acercamiento (o que sea sustituida de su cargo).

Así, visualizando que los derechos de las niñas se encuentran vulnerados gravemente, por ser víctimas presenciales de violencia intrafamiliar entre sus padres y por sufrir la adolescente M.E.N.P. maltrato por parte de sus compañeros de colegio y actual profesora, acogió la medida de protección en su favor, efectuando las derivaciones médicas pertinentes de la adolescente y respecto de que su madre fuera derivada al Centro de la Mujer de Melipilla y a la OPD nombre reservado Pinto, a un taller de habilidades parentales. Conjuntamente con lo anterior, ordenó remitir los antecedentes de maltrato de la profesora nombre reservado a la adolescente al Ministerio Público, Fiscalía Local de Curacaví y ordenó al Colegio Presidente Balmaceda, informar dentro del plazo de 30 días, las medidas adoptadas por el maltrato de parte de la profesora de dicho establecimiento a la adolescente de autos. Además, como medida cautelar y, con la finalidad de evitar represalias en contra de la alumna, se decretó la prohibición de acercamiento de parte de doña nombre reservado, en contra de la adolescente de autos, debiendo el Establecimiento Educacional Colegio Presidente Balmaceda de Curacaví, adoptar todas las medidas necesarias para que se pueda cumplir la medida cautelar. La medida se ordenó por el plazo de seis meses o hasta que el colegio informe alguna otra alternativa.

Refiere que es efectivo que la recurrente no ha sido emplazada expresando que acogió el requerimiento, sin necesidad de emplazarla -ni al padre de las menores- por un tema de celeridad, considerando que contaba con todos los antecedentes necesarios para dictar sentencia.

Luego, cita los artículos 22 y 71 g) de la Ley N° 19.968 y considerando que la recurrente no es parte en la causa y que no se estableció en la audiencia una forma de notificación a doña nombre reservado, ni tampoco se estableció que la medida cautelar debiese llevarse a efecto antes de su notificación, deberá complementarse la resolución; además reconoce que se debe modificar el plazo que se fijó para la cautelar porque la vigencia máxima es 90 días.

Señala que la resolución no ha sido notificada a la afectada, y como tal, estima es recurrible, pudiendo ejercer la recurrente, en su oportunidad, la totalidad de sus derechos.

Tercero: Que el acto que se califica como ilegal o arbitrario corresponde a la resolución dictada por don nombre reservado, en su calidad de Juez del Juzgado de Familia de Casablanca, el 02 de abril del presente, que decretó la medida cautelar, consistente en: “La prohibición de acercamiento de parte de doña nombre reservado a la adolecente nombre reservado RUN: RUT reservado. Debiendo el establecimiento Educacional COLEGIO PRESIDENTE BALMACEDA de Curacaví, adoptar todas las medidas necesarias para que se pueda cumplir con la medida cautelar. La medida se ordena por el plazo de seis meses, o hasta que el colegio informe alguna otra alternativa.”.

Cuarto: El recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Constituyen presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Todos estos requisitos son de carácter copulativo.

Quinto: Como se dijo, el carácter ilegal o arbitrario del acto impugnado es uno de los presupuestos indispensables para que prospere una acción constitucional de este tipo. Consecuentemente, es ineludible examinar tales extremos, esto es, la legalidad y fundamentos del acto reprochado. Si estos concurren, el recurso no puede ser aceptado.

Sexto: Que, resulta evidente para esta magistratura que el proceso seguido ante el Juzgado de Familia de Melipilla, signado con el RIT P-34-2018 sobre medidas de protección en favor de las menores Y.M.J.N.P. y M.E.N.P., se encuentra en actual tramitación y conforme se ha informado por el juez recurrido tendría mérito para haberse incoado, al manifestar éste “Que este juez informante, visualizando que los derechos de las niñas se encuentran vulnerados gravemente, por ser víctimas presenciales de violencia intrafamiliar entre sus padres, y por sufrir la adolecente M.E.N.P., maltrato por parte de sus compañeros de colegio y actual profesora….”, por lo que acogió y determinó, entre otras, la medida de protección en favor de la menor, que funda el recurso de marras, de prohibición de acercamiento de la recurrente doña nombre reservado a la adolecente, sin perjuicio de remitir el juez, igualmente, los antecedentes por eventual maltrato, al Ministerio Público a través de la Fiscalía Local de Curacaví.

Séptimo: Que al amparo de lo dispuesto en el artículo 71 letra g) de la Ley 19.968, el juez recurrido adoptó una medida que en derecho era procedente, conforme se colige de la norma citada y los hechos expuestos en audiencia…. “Artículo 71.- Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento, y aun antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, el juez podrá adoptar las siguientes medidas cautelares: g) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio del niño, niña o adolescente, así como a cualquier otro lugar donde éste o ésta permanezca, visite o concurra habitualmente. En caso de que concurran al mismo establecimiento, el juez adoptará medidas específicas tendientes a resguardar los derechos de aquéllos.”, por lo que no es dable sostener que la misma resulte ilegal y menos arbitraria, toda vez que se dictó conforme a derecho y dentro del ámbito de la competencia del juez.

Además, la propia ley en su artículo 22 incisos 1° y 2° establece que la misma puede decretarse sin notificación previa de aquel en contra del cual se determina, si el interés superior del niño lo amerita…… “Artículo 22.- Potestad cautelar. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, en cualquier etapa del procedimiento, o antes de su inicio, el juez, de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedentes. Estas últimas sólo podrán disponerse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar.

Las medidas cautelares podrán llevarse a efecto aun antes de notificarse a la persona contra quien se dicten, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene expresamente. Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El juez de familia podrá ampliar este plazo por motivos fundados…..”

A mayor abundamiento, y reiterando la legalidad de lo resuelto, conforme lo dispone el artículo 67 numeral 2° de la misma Ley en comento, la referida resolución puede ser impugnada, a través de los recursos procesales que en derecho proceden…. “Artículo 67.- Recursos. Las resoluciones serán impugnables a través de los recursos y en las formas que establece el Código de Procedimiento Civil, siempre que ello no resulte incompatible con los principios del procedimiento que establece la presente ley, y sin perjuicio de las siguientes modificaciones: 2) Sólo serán apelables la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su continuación, y las que se pronuncien sobre medidas cautelares. “, lo que garantiza una doble revisión judicial de lo resuelto y la posibilidad de discutir en estrados si era o no pertinente el emplazar a la recurrente, previo a adoptar la medida cautelar impetrada, lo que a juicio de estos sentenciadores no era necesario, dada la naturaleza y celeridad que requieren tales arbitrios judiciales, lo que nuestro legislador permite, conforme las normas expuestas.

Octavo: Que, a mayor abundamiento, este Tribunal estima que frente a la invocación de una determinada garantía constitucional que se acusa como vulnerada, es carga del recurrente ilustrar a esta Corte de qué manera se ha producido tal transgresión que se acusa. Si bien la recurrente cita legal y doctrinariamente, los preceptos constitucionales que consagran las garantías de los derechos supuestamente vulnerados, a saber, numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, no señala de modo alguno por qué, en qué medida o bajo qué aspecto se han transgredido los derechos consagrados los numerandos 2 y 24 y, con relación al numeral 16, se limita a manifestar en un párrafo las consecuencias que para ella ha tenido lo resuelto, que en concreto es el cambio de jefatura jefe de un curso, lo que a todas luces no ha implicado una limitación a su libertad de trabajo. En consecuencia, no cabe sino desestimar la presente acción constitucional como se dirá en lo resolutivo del presente pronunciamiento jurisdiccional, al no ser ilegal ni arbitraria su determinación por el juez recurrido.

Y de conformidad, además, a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 3 y siguientes, el tres de marzo de dos mil dieciocho, por nombre reservado, contra don nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Carlos Castro Vargas Rol Nº 2580-2018 Protección.