nombre reservado CON nombre reservado

Certifico: Que se anunció, escuchó relación y alegó contra el recurso el abogado don Mauricio Iturra Núñez. Santiago, 31 de mayo de 2019. Constanza Cociña Cholaky, relatora suplente.

En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos:

En estos autos rol de ingreso a esta Corte N° 2578-2019-Protección comparece el abogado don nombre reservado, por sí y en representación de doña nombre reservado, dueña de casa, doña nombre reservado, asistente social, doña nombre reservado, ingeniero, doña nombre reservado, médico veterinario, y don nombre reservado, dependiente, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la nombre reservado, representada por el sacerdote don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expresa que sus ascendientes - los de la familia nombre reservado - han sido sepultados en dichas tierras. Explica que han existido tres cementerios, todos bajo la administración de la Parroquia San Jerónimo de Alhué. Detalla que en el actual camposanto han sepultado a 12 familiares.

Indica que el 14 de marzo del presente año el administrador del nombre reservado, el padre nombre reservado, dio a conocer una serie de medidas, señalando que eran en beneficio de toda la comunidad, las que decían relación con que durante el año 2019 se haría un cobro para cada sepultura existente, cualquiera sea su origen o naturaleza, y en caso de no efectuarse el pago, los cadáveres o restos humanos serían exhumados y depositados en una fosa común dentro del mismo cementerio. Para estos efectos, se establecía, que los familiares debían acercarse a las oficinas administrativas para suscribir un nuevo contrato y en caso de no poder solventar la totalidad de los cobros suscribir convenios de pago.

Agrega que ante descontento de la comunidad la administración anunció como compromiso una supuesta perpetuidad, gratuidad y otros beneficios, lo que, estima, contradice el tenor expreso de la ley.

Añade que el 15 de marzo pasado a través del perfil perteneciente a la I. Municipalidad de Alhué de la red social Facebook se hizo público el contenido de un documento titulado “Protocolo de Acuerdo”, acordado y suscrito por el recurrido, una representante de la comunidad, la presidenta de la Unión Comunal, el Alcalde y la secretaria municipal (s). Expresa que, además, de llamarle la atención la forma y medio en que se dio a conocer el referido texto, éste tiene defectos de forma y fondo.

Indica que, al día siguiente de la reunión informativa, concurrió a las oficinas administrativas del cementerio para solicitar los registros y archivos a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 9 y 10 del artículo 46 del Reglamento General de Cementerios, contenido en el Decreto N° 357, de 1970, del Ministerio de Salud, negándosele su solicitud, aduciendo que no tenían esta información, pero que si la querían tendrían que suscribir un nuevo contrato para cada familiar que se encuentra sepultado.

Sostiene que el actuar del recurrido –antes descrito– es ilegal por las siguientes razones: En primer lugar, esgrime que al anunciar cobros de dinero a todas las sepulturas existentes, se está aplicando de manera indebida y sesgada el referido Reglamento, pues solo es procedente respecto de las sepulturas temporales, lo que se agrava si se tiene en cuenta que los derechos constituidos con anterioridad a la vigencia del reglamento -18 de junio de 1970 - son perpetuos, como es el caso de siete de los doce familiares que han sepultado en el actual camposanto. Agrega que, además, antes de la llegada del actual sacerdote ha sido de público conocimiento y entendimiento que solo se han vendido sepulturas o derechos perpetuos. En segundo lugar, afirma, que al asegurar perpetuidad, gratuidad y otros beneficios se contradice en forma expresa el contenido de la ley, pero además contraviene lo anunciado por ello. En tercer lugar, asevera que también resulta ilegal la firma del referido “Protocolo de Acuerdo”, en tanto su contenido contradice expresamente normas legales y reglamentarias de los cementerios y porque, además, se omiten formalidades básicas como por ejemplo suscribirse por personas que no ostentan ni acreditan la representación que invocan. En cuarto término, estima que el actuar del administrador es ilegal porque la vía para normar las materias no reguladas en el Reglamento General de cementerios y/o Código Sanitario, es a través de la modificación del reglamento interno. Finalmente, en quinto lugar, afirma que al negársele la información solicitada aduciendo la inexistencia de los registros y archivos se contraviene el artículo 46 del citado Reglamento, aunque, a su juicio, la negativa no se debe a que estos documentos no existan, sino que al capricho y abuso de la contraria.

Asevera que asimismo el actuar del recurrido resulta arbitrario pues anuncia cobros que carecen de fundamento legales y contractuales, para luego, sin mediar justificación alguna, desestimar tales cobros y suscribir un Protocolo de Acuerdo, que contradice la ley y porque le fue negado el acceso a los archivos y registros ya referidos.

Sostiene que dicho actuar amenaza el derecho a la integridad psíquica, pues la amenaza de retirar los cadáveres o restos humanos de la sepultura donde actualmente se encuentran, para luego, ser depositados en una fosa común, si los deudos o familiares no solucionan las sumas de dinero que el administrador determine en su oportunidad, genera justo temor de volver a experimentar el dolor emocional ya vivido al exhumar los restos de sus familiares. Indica que asimismo se vulnera el derecho de propiedad, amenazando el bien incorporal denominado “derechos de sepultura perpetuo” que otorgó el Reglamento General de Cementerios a los cuerpos que fueron sepultados con anterioridad a su entrada en vigencia, e igualmente se vulnera su derecho de propiedad al negársele el acceso a los registros solicitados.

Pide, en definitiva, acoger la presente acción y reconocer a los recurrentes el ejercicio legítimo del derecho a una integridad psíquica, ordenar a la recurrida abstenerse de exhumar, retirar, trasladar, reducir o depositar, en una fosa común o similar, los cadáveres o restos humanos de sus familiares, sin la autorización expresa y por escrito de los recurrentes y ordenar a la nombre reservado que, en lo sucesivo, sus pretensiones deben ser planteadas con estricto apego a las normas jurídicas y reglamentarias que rijan al respecto, todo ello con expresa condena en costas.

El 22 de mayo del año en curso el abogado don Mauricio Iturra Núñez, en representación de la recurrida, nombre reservado, evacúa informe al tenor del recurso, señalando que se allana a lo pedido por los recurrentes, en tanto lo reclamado fue subsanado oportunamente sin producir, en definitiva, la afectación de los derechos constitucionales que se reclama.

Indica que a fines del año 2018, producto de inconvenientes surgidos a raíz de las ventas de terrenos y/o nichos (duplicidad de ventas por falta de inventario actualizado), se comenzó a realizar una reorganización del nombre reservado. Para estos efectos se decidió formar un Comité Parroquial para que, como primera medida, realizara un inventario de las tumbas y/o nichos ocupados en la actualidad. Señala que al realizar el inventario, pudieron advertir que existían tumbas que tenían más de 20 años de antigüedad, decidiéndose renovar los contratos, de acuerdo al artículo 32º del Reglamento General de Cementerios, efectuando un cobro del 50% del valor actual de cada sepultura. Hace presente que ello no fue por mero capricho sino que para utilizar tales fondos en mayores recursos para mejorar las dependencias del cementerio.

Reconoce que lo anterior generó el descontento de la comunidad, por lo que el administrador, envió comunicado expresando que no se realizaría tal cobro pero que, de todas formas, se continuaría con el proyecto de organización del camposanto, información que se dio a conocer a los medios de comunicación locales y provinciales.

Agrega que, ante un requerimiento de dos vecinas ante el Obispo de San nombre reservado de Melipilla, el día 14 de marzo del presente año se realizó una reunión ampliada que tuvo por objetivo aclarar que las tumbas y nichos adquiridos antes del Reglamento General de Cementerios del año 1970 y las adquiridas con posterioridad, tendrían el carácter de perpetuas, manteniéndose el cobro de la mantención anual. Asimismo, se formó una mesa de trabajo la que tendría representantes de la iglesia y de la comunidad, el alcalde de Alhué y concejales, quienes actuarían como garante en estas reuniones y que tendrá como objetivo perfeccionar la propuesta realizada por los representantes de la iglesia.

Afirma que por parte del administrador no había disposición de llevar a cabo la exhumación de ningún cadáver, salvo en los términos que lo permite el artículo 56 de la Ley General de Cementerios. Agrega que el administrador junto con mantener la decisión de perpetuidad, realizó una rebaja de los aranceles, modificando el Reglamento Interno en tal sentido.

Insiste en que los cobros, exhumaciones, aviso de regularización de deudas y convenios de pago se dejaron sin efecto antes que se presentara el recurso de autos. Asimismo hace presente que Protocolo de Acuerdo lo que busca solamente es dar certeza y claridad a los criterios de administración sin que el mismo contenga obligaciones distintas a las establecidas por la Ley o los Reglamentos que rigen la materia. En todo caso, el mencionado Protocolo, en nada afecta los derechos que ostentan los recurrentes, muy por el contrario, contiene precisamente la confirmación de sus derechos, como son la imposibilidad de exhumación sin autorización de los interesados, condonación de deudas anteriores, rebaja de los aranceles en algunos casos, mejoramiento de la infraestructura del cementerio.

Por otra parte, refiere que respecto de la no entrega de la documentación cuando fue requerida, esto se debió en su momento, solo debido al atraso en la reorganización administrativa, situación que también se está subsanando.

Finaliza señalando que se allana a lo solicitado en la parte petitoria en el sentido que en ningún momento existió la intención de afectar la integridad psíquica de los recurrentes y por lo mismo, frente a las objeciones y/u observaciones de aquellos y la comunidad, la nombre reservado dejó sin efecto las medidas que reclaman. En este sentido, se decidió abstener de llevar a cabo las exhumaciones, retirar, trasladar, reducir o depositar, en fosa común o similar, los cadáveres o restos humanos que fueron individualizados en la presente acción, sin la autorización expresa y por escrito de los recurrentes. Por todo lo anterior, estima que es improcedente la condena en costas, más aún cuando se ha allanado a lo pedido.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, como surge de lo anterior, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado;

Tercero: Que con el mérito del informe evacuado por el recurrido al haberse éste allanado a lo solicitado, la petición del recurrente se encuentra acogida, no existiendo materias sobre las cuales esta Corte deba pronunciarse o medidas que poder adoptar.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado, por sí y en representación de doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 2578-2019-Protección