nombre reservado con AGRICOLA LOS TILOS LTDA Y OTROS

San Miguel, siete de noviembre de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Que doña nombre reservado, Rut RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, don nombre reservado, Rut RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado y don nombre reservado, Rut RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, todos de la comuna de Isla de Maipo, deducen recurso de protección en contra de Agrícola Los Tilos Ltda., RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, de la empresa Jorge Celsi Ltda., RUT RUT reservado, ignoran representante legal, de Viña Santa Ema, RUT RUT reservado, ignoran representante legal, del Seremi de Salud de Santiago, don Benjamín Gonzalo Soto Brandt, Rut RUT reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo, a fin de que la Corte adopte todas las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y se les otorgue la debida protección contra el arbitrario e ilegal actuar de las recurridas, quienes amenazan sus garantías aseguradas en el artículo 19 N°s 1, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Indican que representan a un grupo de vecinos del sector de La Islita, Villita Arriba y otros sectores de la comuna de Isla de Maipo, quienes desde hace años son víctimas todos los veranos de plagas de vectores biológicos (moscas) que aumentan de forma peligrosa durante los meses de primavera y verano, empeorando la situación con el paso del tiempo.

Afirman que las principales sospechas sobre el origen de estos vectores recaen sobre las recurridas Agrícola Los Tilos, la empresa Jorge Celsi Ltda., que cría cerdos y la Viña Santa Ema, que utiliza guano en sus procesos de producción y cultivo. Respecto de Agrícola Los Tilos, señalan que el proyecto consiste en un plantel de cerdos con instalaciones para maternidad, recría y engorda de animales, con unas 23.869 unidades de cerdos promedio anual (desde el año 2005), la cual comenzó sus operaciones el año 1991, con inicio de actividades comerciales en el año 1984. Dicha instalación cuenta, además, con dos sitios de tratamiento primario de purines, con sus respectivas lagunas de acumulación, lo que originaría la emanación de olores a las zonas residenciales.

Agregan que esta situación ha generado problemas de salud en los pobladores y molestias derivadas de no poder abrir ventanas y puertas por el ingreso de moscas a los domicilios, así como los olores desagradables que deben soportar. Además, se ven obligados a incurrir en gastos para afrontar las plagas de moscas e invertir en sistemas de aire acondicionado para soportar las altas temperaturas en sus domicilios en los meses de verano, lo que afecta su economía familiar y el uso del dominio de sus viviendas.

En relación a los servicios públicos recurridos, explican que la comunidad ha realizado numerosas denuncias ante las autoridades sanitarias competentes, en especial ante la SEREMI de Salud, con el objetivo de que cumpla con su obligación de fiscalizar a las empresas referidas, entre las que se encuentra la denuncia Folio Nº 1597867 de 28 de octubre de 2021. También se ha hecho llegar una carta firmada por los vecinos a la Municipalidad de Isla de Maipo, con el fin de que se interponga una denuncia formal por los hechos, así como solicitudes de acceso a la información para conocer el estado de regularización de las empresas en la zona, no obteniendo una respuesta satisfactoria por parte de la municipalidad.

Reiteran que la contaminación emanada del plantel porcino, en conjunto con el guano en la Viña y las emanaciones de Jorge Celsi Ltda., no sólo ponen en peligro a los habitantes durante el verano, sino que los vecinos han debido soportar por años la contaminación odorífera.

Adicionan, luego de referirse a la procedencia del recurso, que en la especie estamos ante un actuar antijurídico de un particular, las empresas recurridas y la omisión de las autoridades administrativas y municipales con competencia para detener la privación, perturbación y amenaza de los derechos fundamentales de los habitantes de la comunidad. En los hechos, se han configurado diversas perturbaciones a lo largo de los años, las que continúan ocurriendo por cuanto la empresa agrícola sigue operando y los vectores biológicos siguen llegando.

En relación a los derechos vulnerados se refieren en primer término al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, vinculado con el derecho a la salud, que estiman con conculcado porque la plaga de moscas ha obligado a las familias al uso constante y permanente de pesticidas, matamoscas, venenos y fumigaciones, cuya exposición prolongada amenaza de forma grave la salud de las personas más vulnerables, como los bebés y adultos mayores. Los y las vecinas denuncian intoxicaciones, malestares por contaminación cruzada, enfermedades estomacales, desarrollo de conjuntivitis crónica, episodios de diarrea en los niños, casos de contaminación de alimentos, tifus, salmonella y, en adultos mayores, casos de tuberculosis.

Enseguida expresan que es un hecho conocido que la mosca doméstica y el moscardón, pueden albergar más de 300 bacterias distintas, según un reporte de una revista científica, que individualizan como Scientific Reports. En efecto, dicen, la mosca doméstica ha sido confirmada como un eficiente vector de E-coli y en Chile ha persistido la preocupación por los brotes de E-coli por parte de las autoridades sanitarias, como se indica en informe “Análisis de riesgo climático para Vibrio cholerae (colera) tóxigénico (01 y 0139) en Chile, elaborado por el Instituto de Salud Pública el 30 de diciembre de 2021”, donde se recomienda la vigilancia ambiental para evitar la propagación y aumento de la enfermedad.

Manifiestan su preocupación por los cadáveres de animales que son dejados al aire libre para su descomposición, así como por los malos olores que atraen las moscas y la plaga de éstas en las cercanías de los vecinos, por cuanto el citado informe en su página 20 consigna que “inadecuada higiene de los alimentos, eliminación inapropiada de desechos y deposiciones humanas e infraestructuras deficitarias, pueden aumentar la susceptibilidad a la infección, favoreciendo su permanencia en el medio ambiente con el potencial de volver endémica esta enfermedad dentro de la región”.

Respecto al derecho conculcado, lo entienden como la “esfera de inmunidad y de abstención que conlleva una prohibición estatal y respecto de particulares frente a interferencias ilegítimas en el organismo y la psiquis de la persona, se conecta radicalmente con la inviolabilidad de los seres humanos, en conexión con la dignidad reconocida en el art. 1 inc.1º de la Constitución” y en el caso concreto todas las personas que habitan el sector afectado por la plaga y los olores se encuentran en una afectación constante de su psiquis, por la limitaciones que ello les impone.

En segundo lugar, reclaman como afectado al derecho de propiedad, debido a que la plaga constante de vectores biológicos y la ausencia de medidas de mitigación por parte de la empresa, así como la desidia de las autoridades municipales y administrativas, les ha obligado a adoptar por su cuenta medidas de exterminio y mitigación, lo que hace mella en la economía familiar. Asimismo, el hecho que no puedan abrir ventanas, tender ropa en sus patios y realizar actividades recreativas o incluso la posibilidad de vender o arrendar su inmueble, ha afectado la plusvalía del sector, lo que constituye una limitación a la facultad de goce propia del derecho de dominio y una afectación arbitraria a su derecho de propiedad.

Por último, el olor nauseabundo persistente durante el año y la plaga de moscas que asedian a los vecinos del sector de la isla amenaza y perturba el derecho de los recurrentes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

En cuanto al actuar ilegal y arbitrario de las recurridas, refieren respecto de la empresa Los Tilos que ésta actúa sin ningún resguardo para la comunidad en la que se inserta, se han reportado cadáveres de animales abandonados en estado de descomposición y, reitera, no toma las medidas de mitigación necesarias para prevenir que sus actividades pongan en peligro no sólo el medio ambiente, sino que la salud y potencialmente la vida de la población. Agregan que al no haber fiscalización pese de ser reiteradamente solicitada por las vecinas y vecinos, no es posible determinar de forma exacta cuánto se excede en emisiones respecto de las normas. Tampoco, adicionan, es posible constatar la existencia de una resolución de calificación ambiental (RCA) que regule dichas actividades, por cuanto la empresa es anterior a la reforma a la institucionalidad ambiental que crea esta indicación; y en el 2015, la empresa envió una carta de la pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto “Plantel de Cerdos y Plata de Tratamiento Las Pircas”, la que fue resuelta a través de la Resolución Exenta Nº 28 de 19 de enero de 2016, del SEA-RMS, donde se establece que dicho proyecto requiere ingresar obligatoriamente al SEIA, ya que corresponde a un cambio de consideración en los términos definidos en el art. 2 letra g) del RSEIA, ya que “por sí solo cumple con lo preceptuado en el literal o.7.2 del artículo 3 del RSEIA”, pero a la fecha no ha ingresado al sistema de evaluación de nombre reservado.

Respecto a las dos empresas restantes, les atribuyen el no haber tomado las medidas de mitigación adecuadas para aminorar los efectos que sus procesos productivos tienen en el medio ambiente y potencial salud de los vecinos, exponiéndose a una multa que están dispuestos a pagar por cuanto no significa un mayor perjuicio patrimonial para ellos. En el caso de la empresa Santa Ema, se rehúsan a utilizar el químico correspondiente que evita que el proceso productivo del guano atraiga vectores como las moscas y expanda el hedor hacia las zonas residenciales.

En relación a la omisión que se le atribuye a la SEREMI de Salud, expresan que a ella le corresponde efectuar la fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario, sus leyes, reglamentos y normas complementarias, en materias tales como higiene y seguridad del ambiente, prevención de riesgos y salud laboral, productos alimenticios y profesiones médicas, para lo cual cuenta con las atribuciones de vigilancia, inspección y demás que se contemplan al efecto, incluyendo la aplicación de las sanciones sanitarias que procedan, previa instrucción del procedimiento sumarial pertinente; agregando que en el artículo 14 B de la Ley 19.937 se establecen sus funciones, de acuerdo con las normas y políticas dictadas por el Ministerio de Salud.

Sostienen que cuando la autoridad sí ha cumplido su obligación de fiscalizar, “lo ha hecho durante los meses de invierno, donde el olor inunda en la noche y en la época del año cuando se registran menos moscas, sin constatar la cruda realidad que los afecta”.

En cuanto a la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo, señalan que todos los antecedentes, junto con las pruebas audiovisuales y físicas que lograron recolectar los vecinos de la zona, fueron presentados a esta recurrida en reiteradas ocasiones, junto con solicitarle de que ejerciera sus facultades para controlar la situación; se le hizo llegar una carta adjuntando las firmas de los vecinos afectados y se realizó la solicitud de acceso a la información NºMU113T0001680 a fin de que informara sobre el estado de las empresas en la zona y se adoptaran las medidas necesarias, no obstante, al día de hoy la Municipalidad no ha dado una respuesta concreta.

Expresan que debido al reclamo generalizado de los vecinos, la municipalidad acordó realizar una mesa de trabajo con ellos y las empresa a fin de arribar a una solución, pero fue abandonada por la autoridad después de la primera reunión y en la respuesta a la solicitud de información se excusaron con el pretexto de que los vecinos no habían remitido la lista de empresas de interés para generar conversaciones y trabajos, nunca se reiteró el llamado. A la solicitud de interponer una acción contra Agrícola Los Tilos, Santa Ema y José Celsi Ltda., por presunto daño ambiental, la municipalidad alega no contar con denuncias respecto de los dos últimos actores y dicha competencia correspondería a la SMA, lo mismo aduce en relación a la solicitud de presentar una acción de protección tutelar de los derechos de las y los vecinos de la comuna; en cuanto a Agrícola Los Tilos, el municipio reconoce que se encuentra en un proceso de formulación de cargos por elusión al SEA, que constaría en la RE Nº 925 de la SMA y que sólo una vez terminado dicho proceso y fallado el plan de cumplimiento, tiene la facultad de intervenir el municipio, todo lo cual constituye, a su juicio, una contravención a los mandatos legales, entre los que cita el del artículo 5º Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el artículo 11 del Código Sanitario y artículos 62, 159 y 160 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Pide acoger el recurso y que se ordene a las recurridas SEREMI de Salud y Municipalidad de Isla de Maipo que se constituyan en el sitio del suceso para llevar a cabo una fiscalización cabal y concreta de la situación, así como la dictación de medidas y apertura de procedimientos administrativos necesarios. Respecto de las empresas, pide decretar el cese de operaciones de la empresa Agrícola Los Tilos hasta que regularice su situación, ajustándose a las normas ambientales, tomando las medidas de mitigación y reparación necesarias para subsanar las amenazas y perturbaciones a los derechos conculcados o bien las medidas que se estimen convenientes conforme a derecho. En relación a las otras dos empresas, piden que se lleve a cabo una fiscalización a fin de esclarecer su aporte en la situación de la plaga de moscas, así como la adopción inmediata y duradera de medidas de mitigación o las que se estimen conforme a derecho.

Con su presentación acompañan los siguientes documentos: a) Oficio respuesta de solicitud de información de la Municipalidad de Isla de Maipo de 11 de octubre de 2022; b) Solicitud del concejal Alfaro de la I. Municipalidad de Isla de Maipo de 7 de junio de 2022; c) Oficio respuesta 1102/43 de 2 de junio de 2022 y d) Oficio respuesta 1102/182 de 11 de octubre de 2022.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Cristián Joannon Madrid, abogado, por la recurrida Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo.

Después de reproducir el recurso en sus acápites principales, alega en primer lugar, la improcedencia de esta acción, atendido que los recurrentes alegan recurrir en favor de un grupo indeterminado de vecinos del sector que habitan, sin tener la representación o legitimación activa para ello, no constituyendo el recurso de protección una acción popular, según ya lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, por ejemplo, en fallo Rol 891-2021 de 9 de agosto de 2021.

En cuanto al fondo, niega la existencia de omisiones ilegales y/o arbitrarias de su representada. Explica que, al contrario de lo que afirma la recurrente en su libelo, respecto de la Sociedad Agrícola Los Tilos Limitada, la Municipalidad ha llevado a cabo un sin número de actuaciones en relación al hecho denunciado y ha estado presente siguiendo los acontecimientos, denuncias y actuaciones de otros servicios en relación a esta problemática de malos olores y plaga de moscas en el sector, dando cuenta cronológicamente de una serie de actuaciones que ha realizado a partir del año 2013 con el objeto de generar mesas de trabajo, tales como fiscalizaciones en terreno a la empresa Agrícola Los Tilos en marzo y julio de 2015; fiscalización agrícola de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en diciembre de 2016, que culmina en el año 2019 con la Resolución 1287 de ingreso al SEIA por elusión del proyecto, debiendo la Municipalidad abstenerse de otorgar permisos o autorizaciones a la empresa sociedad Agrícola Los Tilos Ltda. con relación a su proyecto de planteles de cerdos; durante el 2020, por insistencia de la empresa realiza consulta a la SMA sobre el otorgamiento de permisos, por cuanto la agrícola indicó que sólo correspondía al sector 3B y no todo el proyecto. La SMA contesta mediante Ordinario 2950 que la orden es para todo el proyecto que se encuentra comprendido en una Declaración de nombre reservado; en noviembre de 2021 se llevó a cabo una encuesta en la comunidad con el objeto de determinar todos los posibles focos que pueden generar vectores (moscas) y malos olores, siendo los planteles de cerdos al que se refirieron de manera más destacada, pero también el equipo de medio ambiente determinó que el “guaneo” del predio de más de 3.4 km2 tenía incidencia. Por ello se tomó contacto con la SMA, quien indicó que ya existía un proceso y se encontraban en espera de la resolución de su DIA; el 5 de octubre de 2021 la agrícola se desiste del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental); el 21 de febrero de 2022 la agrícola ingresa nuevamente el proyecto de planteles de cerdos, pese a la notificación de la SMA y al hecho de pasar a sanción y cumplimiento, siendo informado el municipio para proceder a una consulta ciudadana, la que no se llevó a cabo por falta de organizaciones solicitantes; durante el 2022 la Municipalidad insistió ante los organismos competentes para que se hicieran fiscalizaciones, solicitando respuestas y acciones; el municipio en el mes de julio de 2022 convocó a una mesa de trabajo con el Comité Ambiental Comunal y los organismos del Estado, en busca de soluciones; el 22 de noviembre de 2022 la SEREMI de Salud Metropolitana informa al municipio por medio del Ord. Nº3522, que la fiscalización realizada durante ese mes al plantel de cerdos obtuvo como resultado una serie de incumplimientos sanitarios, lo que conllevaría un nuevo sumario, además corroboran que el citado plantel es el principal foco de moscas de la comuna, dado que cuenta con una cancha de compostaje de 5 Ha. con un mal manejo; finalmente, con el fin de tomar medidas con la agrícola el municipio citó a la SEREMI de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente para el 12 de diciembre a la Municipalidad.

Expresa que la recurrida ha obrado dentro del marco legal y en la medida de las facultades que la ley le otorga, haciendo presente que las autoridades sectoriales para la fiscalización y sanción de la empresa infractora son la Superintendencia de Medio Ambiente y la SEREMI de Salud, no el municipio, sin perjuicio de haber negado hasta ahora cualquier permiso o patente de funcionamiento a la empresa, a la espera de que regularice sus faenas y obtenga las respectivas aprobaciones de funcionamiento ambiental y sanitario. Con respecto a las empresa Santa Ema y Jorge Celsi Ltda., se solicitaron antecedentes -al concejal peticionario-, por cuanto en el Departamento de Medio Ambiente no se cuenta con denuncias relacionadas con ellas, agregando que el uso del guano o abono, como el orujo de las viñas para el abono de los campos no está prohibido por la legislación y de existir vulneración ella debe ser denunciada a la SEREMI de Salud o a la SMA, quienes tienen las facultades legales y técnicas para corroborar sí lo utilizado está permitido o no.

Finalmente, indica que no ha existido vulneración a ninguna de las normas mencionadas en el recurso, puesto que ha colaborado en las fiscalizaciones, se ha abstenido de otorgar cualquier permiso o autorización, existe un proceso pendiente desde el 2016 en la SMA por lo que el municipio no puede adoptar medidas que estén dentro de la causa de investigación y ha dado respuesta a todas y cada una de las solicitudes efectuadas en su momento por las recurrentes, según se desprende de los mismos documentos que acompañan en su recurso, por lo que pide el rechazo del mismo.

Tercero: Que informa al tenor del recurso Ignacio Barros Villalobos, abogado, en representación de Sociedad Agrícola Los Tilos Limitada.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso de protección, por cuanto los mismos recurrentes reconocen en su acción que los hechos han acaecido en época estival, habiendo transcurrido con creces el plazo de 30 días que señala la ley y el respectivo auto acordado.

Sobre el fondo, hace presente que los recurrentes ha interpuesto la misma acción dos veces y por los mismos hechos. Sin perjuicio de ello, niega haber incurrido en acciones u omisiones arbitrarias e ilegales en contra de los recurrentes que afecten los derechos y garantías reclamadas en el presente recurso de protección. Expresa que los actos objeto de la acción cautelar que supuestamente habrían perturbado o amenazado el libre ejercicio de los derechos de las recurrentes corresponderían a la falta de resguardo de la seguridad de la comunidad y la ausencia de resoluciones administrativas, sin embargo, no han indicado ningún acto específico efectuado por su representada y menos aún un nexo causal entre ellos con el daño o afectación que se reclama, accionando de forma genérica y sin distinción respecto de las tres empresas recurridas. Hace presente lo injusto de las imputaciones efectuadas a la empresa en relación a las plagas de moscas, señalando que un porcentaje elevado de inmuebles del sector no cuentan con sistemas de alcantarillado y recepción final, motivo por el cual ellos mismos podrían generar sus propias moscas, situación lamentable, pero de la cual no tienen la culpa los recurridos.

Afirma que las actividades agrícolas y ganaderas que desarrolla la sociedad Agrícola Los Tilos Limitada son en inmuebles que se encuentran emplazados en zonas de interés silvoagropecuario exclusivo, de conformidad al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, por lo que la producción porcina, avícola, y ganadera, es del todo legal y pretender que empresas del rubro dejen de funcionar por el solo hecho de existir, constituye un acto arbitrario. Arguye que el uso de suelo permite esta actividad, no así la habitacional, como malamente están los recurrentes en asentamientos carentes de alcantarillado, recepción final, y en situaciones de esa naturaleza.

En cuanto a la garantía del artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, en relación con el derecho a la salud del 19 Nº 9, los recurrentes describen una serie de hechos tales como que se han visto obligados a la utilización de pesticidas, que han sido víctimas de intoxicaciones, infecciones intestinales por microbios de la mosca doméstica, que habrían cadáveres de animales dejados al aire libre, pero sin una descripción de quién sería la persona que acciona de esa forma, cuándo ni dónde, ni las víctimas específicas, ni informes médicos de ninguna naturaleza.

Respecto a la garantía del artículo 19 Nº 24, el derecho de propiedad, señalan que producto de los vectores biológicos han debido invertir en aerosoles, trampas, mallas para las puertas y ventanas, líquidos y enchufes, aumentando el presupuesto familiar, pero sin señalar el costo de ello, ni el nexo causal, ni el actor cierto de los daños. Misma imprecisión se da también con relación a la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Luego de aseverar que en los hechos tampoco especifican actuaciones detalladas que afecten cada una de las garantías constitucionales invocadas, pide el rechazo del recurso, con costas.

Cuarto: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de la Región Metropolitana, indicando que no es efectivo que esa autoridad haya omitido efectuar las fiscalizaciones a las que por ley se encuentra obligada.

Aclara que, respecto de la Sociedad Agrícola Los Tilos, el 11 de enero de 2022 funcionarios de esa repartición se constituyeron en la dependencias de la empresa por petición de fiscalización e instrucción de la Contraloría General de La República, constatando deficiencias en su operación, dando inicio a un sumario administrativo EXP22131904, el que concluyó con la Resolución Exenta N°926 de 11 de octubre de 2022, que denegó el sobreseimiento solicitado y mantuvo la multa aplicada de 150 UTM.

Continua indicando que, el 10 de noviembre de 2022, nuevamente se constituyen en dependencias de la citada empresa por solicitud de fiscalización y para ratificar resultados de un programa de monitoreo de olores, detectándose deficiencias sanitarias, razón por la que se inició sumario sanitario EXP221328143, que concluyó con la sentencia Nº231310301 el 7 de agosto pasado, aplicándose una multa de 200 UTM, y decretándose la prohibición de la actividad de almacenamiento de “sustancias peligrosas” en el recinto hasta acreditar a la autoridad sanitaria la correspondiente resolución que autorice dicha actividad, además se les solicitó informar el destino final en el lugar autorizado de los residuos peligrosos y no peligrosos, detectados en la instalación de autos, lo que no se encuentra a firme, pues la empresa sumariada puede aún impugnar la resolución.

Expone que lo anterior demuestra que la SEREMI de Salud RM ha realizado a cabalidad su rol fiscalizador y sancionador, con estricto apego a la ley, por lo que no es efectivo la supuesta omisión de esta autoridad y pide en definitiva rechazar el recurso, con expresa condena en costas.

Quinto: Que informa Soledad Pomés Huerta, abogada, en representación de la recurrida Vinos Santa Ema S.A.

Hace presente la existencia de dos recursos de protección de igual tenor, impugnando la admisibilidad del segundo de ellos, junto con recalcar lo indeterminado de los hechos descritos en la acción y la falta de detalles a su respecto de acciones u omisiones causantes de las vulneraciones reclamadas por los recurrentes; negando, por otra parte, las imputaciones a su respecto, atendido el apego estricto de su representada a la normativa y resoluciones que autorizan su funcionamiento. Asimismo hace presente la extemporaneidad del recurso, de acuerdo al relato de los hechos y fechas que se señalan, y la falta de legitimidad de los recurrentes para obrar en representación de los vecinos del sector, en atención a que no acreditan representación alguna y porque el recurso de protección no es una acción popular.

Sobre el fondo de la cuestión indica que, su representada no tiene responsabilidad alguna en los hechos vagamente denunciados en el recurso, por cuanto en su establecimiento principal de Izaga 1096 Isla de Maipo, su representada no ha tenido viñedos y/o faenas agrícolas y en su propiedad de Balmaceda 1950 Isla de Maipo (Viña El Peral) tiene su bodega de vinificación, de 3,6 millones de litros y 45 has. plantadas con viñedos finos y en ellos hay rigorosos y completos procedimientos de manejo y productos como abonos, pesticidas, etc, que no sólo cumplen con las regulaciones SAG, sino con estándares de alta calidad, nunca se ha utilizado como abono en ellos, “guano” animal u otro desecho semejante. Este viñedo es controlado por el SAG, año tras año, no sólo los viñedos mismos, su cultivo y prácticas, sino también todos y cada uno de sus productos e insumos; jamás han sido citados a ese servicio por alguna práctica añeja.

Adiciona que la recurrida no tiene responsabilidad ni relación alguna con los hechos que, con total vaguedad física, cronológica y descriptiva se enlistan en los textos de los recursos con iguales términos. No tiene ni ha tenido nunca, ninguna faena agrícola que de un olor especial determinado, aparte de un grato perfume a vino que puede percibirse en un radio de unos 20 metros alrededor de su bodega de El Peral, tampoco ha sido sancionada por ninguna autoridad municipal, sanitaria o especializada por concentración de moscas u otro vectores semejantes, o por cualquiera otros procesos o maniobras pestilentes y/o infecciosas, desplegando sus labores con estricto apego a la Ley y a los altos estándares de calidad que se autoimpone que le han valido un alto reconocimiento por la calidad de sus productos y por su manejo sustentable.

Solicita el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas por su manifiesta improcedencia.

Sexto: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, Superintendenta del Medio Ambiente, indicando que no es efectivo que esa autoridad haya omitido efectuar las fiscalizaciones a las que por ley se encuentra obligada Respecto de la recurrida Sociedad Agrícola Los Tilos Limitada, esa entidad recibió denuncias el año 2015, en relación al funcionamiento del denominado “Plantel Porcinoagrícola Los Tilos”, por la presunta generación de malos olores, proliferación de vectores biológicos y riesgo de contaminación de recursos hídricos subterráneos, por el mal manejo de los residuos o purines generados en sus instalaciones. Señala que el proyecto consiste en un plantel de cerdos para maternidad, recría y engorda de animales, con unas 23.869 unidades de cerdos (desde el año 2005), el cual inicio sus operaciones el año 1991 y sus actividades comerciales en el año 1984, dicha instalación cuenta con dos sitios primarios de purines, con sus respectivas lagunas de acumulación.

Explica que por denuncias posteriores, el 27 de septiembre de 2016 fiscalizadores de esa entidad se constituyeron en las dependencias de la citada empresa para realizar una actividad de inspección ambiental. Según se indica en el Informe de Fiscalización Ambiental (IFA) DFZ-2016-2812- XIII-SRCA-IA, que adjunta, como resultado de la fiscalización se constató que el proyecto opera con dos sistemas de tratamiento de purines, uno ubicado al costado del Sitio 3A y otro al costado del Sitio 3B. Respecto del Sitio 3A se observó una modificación del sistema de tratamiento existente, entre los años 2007 y 2010, atendido a que fue construida la laguna de acumulación 1; respecto del Sitio 3B, a partir del 2012, se construyó el sistema de tratamiento, el cual incorporó una laguna de acumulación, a un costado del mismo. Adiciona que no contando dichos sistemas de tratamiento de riles con evaluación ambiental, se constataron indicios de elusión al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) y por ello el 6 de septiembre de 2019 mediante Resolución Exenta Nº1287, se requirió al titular el ingreso de su proyecto al SEIA, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, por configurarse la tipología contenida en el artículo 10 letra l) y o) de la Ley 19.300, lo que dio origen al procedimiento administrativo de requerimiento de ingreso rol REQ-012-2019, comprometiéndose la empresa a efectuar el ingreso de un proyecto para su evaluación y aprobación, lo que en definitiva no ocurrió, dictándose la Resolución Exenta N°2144, de 5 de octubre de 2021, dando cuenta de aquello.

Asevera que, posteriormente, la recurrida ingresó dos nuevos proyectos al sistema de evaluación de nombre reservado, ambos desistidos a la fecha. Por lo anterior, no cumpliéndose con la obligación de ingreso de los proyectos, el expediente fue asignado a un Fiscal Instructor de esa entidad y a un profesional en Ciencias, ambos de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia, encontrándose en análisis los antecedentes con el objeto de iniciar el correspondiente procedimiento sancionatorio, si procediere.

Finaliza, haciendo presente que durante el año 2022 se han recibido dos nuevas denuncias en contra de esta empresa, las que han sido incorporadas al expediente administrativo como antecedentes adicionales.

Respecto de la recurrida Vinos Santa Ema S.A., no tiene denuncias o procedimientos sancionatorios, agregando que la empresa tiene una unidad fiscalizable en la comuna de Isla de Maipo, denominada “Vinos Santa Ema S.A.- Isla de Maipo”, la que mantiene vigente un proyecto regulado para emisión de contaminantes líquidos y respecto de la cual se han ejercido las labores fiscalizadoras del caso, no contando dicha empresa con denuncias o procedimientos sancionatorios por los hechos señalados en el recurso.

En relación a la empresa Jorge Celis Limitada (sic) , indica que no registra denuncias o procedimientos sancionatorios por los hechos indicados en el recurso y que mantiene en la zona una unidad fiscalizable denominada “Vinos José Celis S.A.” (sic), asociado a un proyecto de manejo de riles de dicha bodega, el que fue calificado ambientalmente favorable por Resolución Exenta N°583 de 21 de agosto de 2007.

Séptimo: Que en cumplimiento de la medida para mejor resolver dispuesta por esta Corte, la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo informó que dicho municipio no ha otorgado patente comercial a la Sociedad Agrícola Los Tilos Limitada, lo que acredita mediante certificado de la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de 18 de octubre de 2023. Asimismo, señaló que el único asentamiento humano cercano al proyecto -de la sociedad- corresponde a la Población La Puntilla de Lonquén, encontrándose emplazado el Plantel Porcinoagrícola Los Tilos en una zona rural, zona de interés silvoagropecuario mixto, con riesgo de inundación, franja de protección oleoducto San Fernando Maipú.

Reitera que por medio del Ord.1354 de 23 de abril de 2021, la SMA le indicó lo siguiente: “Al respecto, mediante el ORD. del ANT, adjunto al presente, la Superintendencia de Medio Ambiente ya se pronunció, aclarando que dicha solicitud de abstención se refiere a las actividades relacionadas con las tipologías de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental incluidos en la Resolución Exenta Nº1287, la cual motivó la presentación de la declaración de nombre reservado del proyecto “Operación de Pabellones de Crianza de Cerdos y Planta de Separación de Purines Las Pircas” (….)” y, en consecuencia, en el citado ORD. se indica que “ en tanto no se haya acreditado la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable para las actividades incluidas en dicho proyecto, la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo, deberá abstenerse de otorgar permisos o autorizaciones en relación a éstas”.

Octavo: Que asimismo, la Superintendenta del Medio Ambiente, mediante Ord. 2540 de 18 de octubre de 2023, reitera lo dicho en informe de 31 de agosto de 2023 y expone que a la fecha no se inicia procedimiento administrativo sancionatorio en contra del titular Sociedad Agrícola Los Tilos Limitada, agregando que habiéndose incumplido por parte del titular la obligación de ingresar su proyecto al SEIA conforme le fue exigido por esa Superintendencia, el 5 de octubre de 2021 se puso término al expediente REQ-012-2019 y el caso fue asignado a un Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento, el que actualmente se encuentra analizando los antecedentes, con el objeto de determinar si resulta procedente iniciar tal procedimiento.

Noveno: Que se dispuso la acumulación de la causa Rol Ingreso Nº1241-2023 PRO a estos autos, teniendo en consideración que los actos y/u omisiones impugnadas en ambos recursos son los mismos y se prescindió del informe solicitado a la recurrida Jorge Celsi Ltda.

Décimo: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Undécimo: Que se hace necesario emitir, en forma previa, pronunciamiento sobre la alegación de extemporaneidad del recurso formulada tanto por la Sociedad Agrícola Los Tilos Limitada como por Vinos Santa Ema S.A., la que será desestimada, por cuanto la denuncia que efectúan los recurrentes sobre malos olores y propagación de vectores ( mosca doméstica), se refiere a una situación que -dicen- permanece en el tiempo y, que de acuerdo a los antecedentes que constan en esta causa, aún no ha sido resuelta de manera definitiva por la autoridad ambiental, toda vez que se encuentra pendiente el inicio del proceso administrativo sancionatorio contra la Sociedad Agrícola Los Tilos, encontrándose designado un fiscal instructor y, por otra parte, la citada recurrida tiene pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental para su proyecto “Plantel Porcinoagrícola Los Tilos, debido a que en el curso de una fiscalización se constató que el proyecto opera con dos sistemas de tratamiento de purines, que no cuentan con evaluación ambiental.

Duodécimo: Que, como sostienen las recurridas Ilustre Municipalidad Isla de Maipo y Vinos Santa Ema S.A., el recurso de protección no constituye una acción popular, toda vez que corresponde al que ha sido directamente afectado con la conculcación de las garantías que le asegura la Carta Fundamental por actos u omisiones ilegales o arbitrarias, de forma tal que, se entiende que el recurso en análisis sólo puede tenerse por interpuesto respecto de quienes se individualizan en la presentación con sus nombres y domicilios, como afectados todos los veranos por plagas de vectores biológicos y, no por los vecinos indeterminados, a que aluden también como afectados en la acción interpuesta quienes tendrían domicilios en la Islita, Villa Arriba y otros sectores de la comuna de Isla de Maipo..

Décimo tercero: Que analizados los antecedentes acompañados en estos autos, en especial los informes emitidos por la Superintendenta del Medio Ambiente y por la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo, no se observa que respecto de las recurridas Vinos Santa Ema S.A. y Jorge Celsi Limitada, existan denuncias ni procedimientos sancionatorios, terminados o en curso, que tengan alguna vinculación con los hechos denunciados en el recurso, adicionándose por la Superintendencia del Medio Ambiente que, Vinos Santa Ema S.A. tiene una unidad fiscalizable denominada “Vinos Santa Ema S.A. Isla de Maipo” que ha sido fiscalizada para verificar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental que regulan su actividad, sin haberse formulado observaciones; y, que la empresa Jorge Celsi Limitada, tiene una unidad fiscalizable denominada “Vinos José Celsi S.A. asociada al proyecto “Manejo de Riles de la Bodega de Vinos José Celsi S.A.”, que fue calificado ambientalmente favorable por Resolución Exenta Nº583 de 21 de agosto de 2007.

Por otra parte, cabe tener presente que las acciones que se les imputa como ilegales o arbitrarias a las dos empresas antes señaladas consistirían en que: “no han tomado las medidas de mitigación adecuadas para aminorar los efectos que sus procesos productivos tienen en el medio ambiente y potencial salud de los vecinos, exponiéndose a una multa que están dispuestos a pagar por cuanto no significa un mayor perjuicio patrimonial para ellos. En el caso de la empresa Santa Ema, se rehúsan a utilizar el químico correspondiente que evita que el proceso productivo del guano atraiga vectores como las moscas y expanda el hedor hacia las zonas residenciales”, sin embargo, no se identifican los procesos productivos que provocarían efectos en el medio ambiente, sólo en términos generales se dice que en el caso de Vinos Santa Ema sería en el cultivo y la producción, pero tampoco se señalan cuáles son esos efectos, distinguiendo por cada empresa; a mayor abundamiento, no se advierte en estos autos algún elemento de convicción que permita verificar cuál es el elemento químico correspondiente que debería usar la empresa Santa Ema, habiendo negado ésta el uso de “guano” animal u otro semejante en sus instalaciones. La imputación formulada a la sociedad Jorge Celsi Limitada es aún más vaga, sospechándose de ella por la cría de cerdos que tiene, como tangencialmente se indica al inicio del recurso y por supuestas emanaciones, sin aportar más detalles ni antecedentes que permitan dar plausibilidad a la participación que se atribuye a esta empresa en la contaminación odorífica que los recurrentes dicen soportar por años.

En consecuencia, conforme a lo que se ha expuesto, no resultan acreditadas las afirmaciones de los recurrentes en cuanto a la ausencia de medidas de mitigación – las que tampoco se desarrollan en el recurso- de parte de las sociedades Vinos Santa Ema y Jorge Celsi Limitada, o el uso de guano animal por la primera de las empresas mencionadas, ni existe un estudio o informe que deje en evidencia que los procesos productivos de estas recurridas origine plaga de moscas o malos olores, por lo que no se cumplen las exigencias del artículo 20 de la Constitución Política de la República, en el sentido de establecer la existencia de un acto u omisión que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario, lo que lleva a desestimar el recurso intentado en su contra.

Décimo Cuarto: Que respecto a la Ilustre Municipalidad de Isla Maipo, en síntesis, se le atribuye por los recurrentes no haber dado una respuesta a sus requerimientos de información, de no haber ejercido sus facultades para controlar la situación que denuncian, de haber abandonado una mesa de trabajo, de no acceder a la solicitud de interponer un recurso de protección, de justificar su inacción respecto de la Sociedad Agrícola Los Tilos por existir un procedimiento pendiente ante la SMA (Superintendencia del Medio Ambiente) y de que el presunto daño ambiental es materia que le corresponde controlar a ésta, agregando que esa conducta del municipio contraviene una serie de normas que citan en su acción.

En relación con la SEREMI de Salud, en el acápite “Omisión ilegal de la SEREMI de Salud”, se alude en términos generales a las obligaciones de fiscalización y atribuciones que tiene de acuerdo con el Código Sanitario, sus leyes, reglamentos y normas complementarias y citan el artículo 14 B de la Ley 19.937 que se refiere a las funciones que tendrán las secretarías regionales ministeriales de salud, de acuerdo con las normas y políticas dictadas por el Ministerio de Salud y específicamente se hace referencia a sus números 2 y 6. Enseguida reconocen que ha hecho fiscalizaciones pero “durante los meses de invierno, donde el olor inunda en la noche y en la época donde se registran menos moscas”, para luego sostener que la inacción de la autoridad en el sentido de llevar a cabo las fiscalizaciones solicitadas y la demora en la impartición de sanciones y providencias necesarias para asegurar la salud de las personas, corresponde a una omisión que contraviene abiertamente el mandato legal”.

Décimo quinto: Que la Municipalidad de Isla de Maipo niega las imputaciones de falta de actividad fiscalizadora respecto de las recurridas, de falta de respuesta a la información solicitada, de abandono de una mesa de trabajo y para tales efectos en su informe hace una reseña de todas las actuaciones que ha efectuado desde el año 2014 a la fecha, dando explicaciones de por qué no ha interpuesto recurso de protección ni ha tomado otras medidas respecto a las empresas recurridas, descartando un actuar arbitrario o ilegal de su parte, acompañando documentos que acreditan sus actuaciones y que consisten en: Informe de Visita Inspectiva de 17 de marzo de 2015; Orden de paralización de faenas en propiedad de Agrícola Los Tilos de 13 de julio de 2015 suscrito por el Director (S) de Obras y comunicación al Juzgado de Policía Local; ORD: Nº1200/17 del Director de Obras Municipales a la Superintendencia del Medio Ambiente de 16 de abril de 2021 que pide aclarar la Resolución Exenta Nº1287 respecto a la suspensión de permisos o autorizaciones a Sociedad Agrícola Los Tilos, con el objeto de dar estricto cumplimiento a lo decretado, lo que reitera el 23 de abril del mismo año; ORD.1100/22 mediante el cual el Alcalde la Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo remite a la Directora Regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental las observaciones que formula al proyecto DIA “Operaciones de Pabellones de Crianza de Cerdos y Planta de Tratamiento de Purines Las Pircas”; ORD.1100/265 de 2 de junio de 2022 del Alcalde de la Municipalidad de Isla de Maipo al Jefe de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la SMA, solicitando la fiscalización del Plantel Porcino Agrícola Los Tilos, fundado en que históricamente ha afectado la calidad de vida de los vecinos colindantes; y hace presente que fue parte de la solicitud de fiscalización que conllevó al posterior requerimiento de ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Expediente REQ-012-2019, invitando a dicho organismo a desarrollar una mesa de trabajo con el equipo técnico municipal; este ordinario ( ORD. 1100/265) fue contestado el 7 de julio de 2022 y se le informó que la denuncia fue registrada en su sistema bajo el Id 793-XIII-2022 y su contenido incorporado en el proceso de planificación de fiscalización, dándose inicio a la respectiva investigación.

Por su parte el Seremi de Salud señala que la afirmación hecha por los recurrentes no es correcta pues se han realizado fiscalizaciones, aportando antecedentes de dos de ellas, una de fecha 11 de enero de 2022 a la Sociedad Agrícola Los Tilos Limitada, por solicitud de fiscalización, por Ley de Transparencia y por requerimiento de la Contraloría General de la República, dando inicio al sumario sanitario EXP22131904, el que concluyó con la dictación de la Resolución Exenta Nº926 de 11 de octubre de 2022, que negó el sobreseimiento de la recurrente y mantuvo la multa de 150 UTM impuesta por Resolución Nº22139703 de 30 de agosto de 2022; y otra de 10 de noviembre de 2022, en la que fiscalizadores de la Institución concurrieron a dependencia de la citada sociedad, por solicitud de fiscalización y para ratificar resultados de programas de monitoreo de olores, constatándose deficiencias sanitarias, lo que derivó en un sumario sanitario EXP 221328143, el que por Resolución Nº231310301 de 7 de agosto de 2023, aplicó una multa de 200UTM y, además, se determinó la prohibición de la actividad de almacenamiento de “sustancias peligrosas” hasta que se autorice por resolución dicha actividad, así como informar el destino final en el lugar autorizado de los residuos peligrosos y no peligrosos detectados en las instalaciones, haciendo presente que esta sentencia no estaba aún firme.

Décimo Sexto: Que de los informes emitidos por las recurridas Municipalidad de Isla de Maipo y SEREMI de Salud y de los documentos acompañados por ellas se desprende que no han incurrido en las omisiones denunciadas, que importarían un incumplimiento de las obligaciones que por ley les corresponde; en efecto, han llevado a cabo fiscalizaciones a la Sociedad Agrícola Los Tilos dando cuenta de la preocupación que tienen por el impacto que la actividad de esta sociedad provoca en el medio ambiente en los terrenos circundantes a su ubicación.

En cuanto a la falta de respuesta a una solicitud de información formulada a la Municipalidad de Isla de Maipo, del documento acompañado por las recurrentes se desprende que fue respondida, como consta de certificado de 10 de octubre de 2022 suscrito por el Director de DGMAO; asimismo, ha dado una respuesta plausible el municipio de la razón por la cual las mesas de trabajo no han prosperado y, por otra parte, no resulta ser esta vía a través de la cual se pueda imponer a la autoridad municipal en deducir una acción cautelar de garantías constitucionales como se esgrime en el arbitrio. Adicionalmente, en ampliación de su informe, la recurrida expone un detalle de actuaciones realizadas desde el 30 de mayo de 2013, cuando el municipio realiza la primera mesa de trabajo con la comunidad, con el fin de generar antecedentes de la problemática con la agrícola, hasta el 12 de diciembre de 2022, fecha para la que el municipio citó a la Seremi de Salud y a la Superintendencia del Medio Ambiente con el fin de adoptar medidas con la agrícola.

En consecuencia, conforme a lo que se viene razonando, no habiéndose acreditado los presupuestos de hecho que fundan la interposición del recurso de protección deducido por los recurrentes, debe ser desestimado por faltar uno de los requisitos para que éste pueda prosperar, esto es, la existencia de una acción o de una omisión ilegal y/o arbitraria.

Décimo Séptimo: Que el recurso se dirige también en contra de la Sociedad Agrícola Los Tilos Limitada, por tres recurrentes que señalan tener domicilio en Isla de Maipo y que reclaman por el actuar ilegal, entre otros, de esta sociedad atribuyéndole –en el acápite actuar ilegal o arbitrario (del recurso)- que “procede sin ningún resguardo por la seguridad de la comunidad en la que se inserta. Se han reportado cadáveres de animales abandonados a la intemperie en estado de descomposición, no toma las medidas de mitigación necesarias para prevenir que sus actividades pongan en peligro no sólo el medio ambiente, sino que la salud y potencialmente la vida de la población. Al no haber fiscalización a pesar de ser reiteradamente solicitada por las vecinos y vecinos, no es posible determinar la forma exacta cuánto excede en emisiones respecto de las normas. Tampoco es posible constatar la existencia de una resolución de calificación ambiental (RCA) que regule dichas actividades, por cuanto la empresa es anterior a la reforma a la institucionalidad ambiental que crea esta indicación. El 2015, la empresa envió una carta de la pertinencia al SEIA del proyecto “Plantel de Cerdos y Planta de Tratamiento Las Pircas”, la que fue resuelta a través de la Res. Exenta Nº28, del 19 de enero de 2016, del SEA RM, donde se establece que dicho proyecto requiere ingresar obligatoriamente al SEIA, ya que corresponde a un cambio de consideración en los términos definidos en el art.2 letra g) del RSEIA, ya que pr sí solo cumple con lo preceptuado en el literal o.7.2 del art.3 del RSEIA. A la fecha, no ha ingresado al sistema de evaluación de nombre reservado”.

De lo referido precedentemente, no aparece un acto u omisión ilegal preciso y determinado que afecte directamente a los recurrentes de autos, en el sentido de perturbar, privar o amenazar las garantías constitucionales invocadas en su arbitrio como conculcadas, solo hay referencias generales sobre malos olores, plagas de moscas, animales muertos y descompuestos, se alega incluso en este acápite de falta de fiscalización a pesar de ser reiteradamente pedida, lo que ya se desvirtuó por medio de los informes y documental incorporada por otras recurridas y se señala que la sociedad no tiene una resolución de calificación ambiental -lo que ya está siendo investigado por el organismo pertinente- , es decir, se mezclan alegaciones de distinta índole, pero falta la explicitación de un o unos hechos, que sean identificables en el tiempo y espacio, que puedan ser calificados de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales y que sirvan, entonces, de base a la interposición del recurso.

Décimo Octavo: Que adicionalmente, cabe agregar que, respecto a las garantías que se invocan como conculcadas, de la exposición efectuada para explicar cómo se afectan aquellas, nuevamente se incurre en generalidades sobre las plagas de moscas y de la propagación de enfermedades que pueden ocasionar, aludiendo a distintas enfermedades que afectarían a los vecinos del sector, a un potencial peligro de un brote de e-coli, que podría ser mortal, de reportes de casos de contaminación de alimentos, todo lo cual consideran suficiente para dar por vulnerado el derecho a la vida e integridad física y psíquica en relación con el derecho a la salud, pero no de ellos, sino de vecinos y de la población de la zona; en relación al derecho de propiedad su conculcación se funda en los gastos en que han debido incurrir los vecinos, quienes por su cuenta -dicen- han debido adoptar medidas de exterminio y mitigación para la plaga de vectores biológicos, lo que causa una merma a su patrimonio y, finalmente, respecto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se explica que el olor nauseabundo persistente todo el año y la plaga de moscas que asedian a los vecinos del sector de la isla amenaza y perturba el derecho de los recurrentes a vivir en un medio libre de contaminación, pero conforme a lo informado por la Municipalidad de Isla de Maipo el único asentamiento cercano al proyecto cuestionado de la Sociedad Agrícola Los Tilos es la población la Puntilla de Lonquén, y según los datos aportados por los tres recurrentes, ninguno de ellos viviría en dicha población ni en las otras villas mencionadas en el recurso, de modo tal que, falta fundamento a la afectación de esta garantía respecto de ellos, ya que por los vecinos indeterminados no pueden accionar por esta vía.

Por lo expuesto no se cumplen las exigencias para que el recurso intentado pueda ser acogido, no existe un acto u omisión claramente identificado, que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario, ni las garantías constitucionales invocadas se advierten conculcadas con relación a los tres recurrentes de autos.

El tema de la resolución de calificación ambiental que tiene pendiente de obtener la Sociedad Agrícola Los Tilos S.A., sobre lo cual también se llama la atención en el recurso, habiéndose incumplido por parte del titular la obligación de ingresar su proyecto al SEIA conforme le fue exigido por la Superintendencia del Medio Ambiente, el 5 de octubre de 2021 se puso término al expediente REQ-012-2019 y el caso fue asignado a un Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento, el que actualmente se encuentra analizando los antecedentes, con el objeto de determinar si resulta procedente iniciar tal procedimiento, es decir se encuentra sometido al organismo competente para resolver este asunto.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado en contra de Sociedad Agrícola Los Tilos Ltda., Jorge Celsi Limitada, Vinos Santa Ema S.A., Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo y del Seremi de Salud de la Región Metropolitana.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°25.487-2022 Protección Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras señoras María Teresa Díaz Zamora, Ana Cienfuegos Barros y la Fiscal Judicial señora nombre reservado.