nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

San Miguel, treinta de septiembre de dos mil veinticinco.

A los folios 13 y 14: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, por la dictación del Decreto Alcaldicio N°2416 de 3 de junio de 2025 que declaró vacante su cargo de Planta Administrativa grado 13° EMR por salud incompatible con el desempeño de funciones, fundado en haber hecho uso de 196 días de licencia médica en los últimos dos años.

La recurrente sostiene que dicho acto es ilegal y arbitrario, pues la COMPIN mediante Resolución N°146034 de 21 de marzo de 2025 declaró expresamente su salud como recuperable, y al momento de la desvinculación se encontraba ejerciendo normalmente sus funciones desde hacía más de once meses, habiendo obtenido evaluaciones de desempeño satisfactorias.

Expone que ingresó a la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo el 1 de junio de 2010 como funcionaria a contrata en escalafón administrativo, grado 18° EMR (mediante el Decreto N°916) y que el 21 de abril de 2011 fue nombrada en calidad de funcionaria a contrata, grado 16° EMR (mediante el Decreto N°393), desempeñándose en el Departamento de Vivienda de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Luego, el 1 de julio de 2012, mediante concurso público, fue nombrada funcionaria titular en Planta Administrativa, grado 16° EMR (mediante el Decreto N°1698).

Manifiesta que durante los años 2023 y 2024 hizo uso de licencias médicas por dos situaciones distintas: síndrome de túnel carpiano y dedos en resorte, requiriendo intervención quirúrgica y rehabilitación kinésica, por aproximadamente 3 meses y luego una fractura del brazo izquierdo por accidente doméstico, con tratamiento en Hospital Traumatológico durante 3 meses.

Refiere que su empleador inició un proceso ante la COMPIN Subcomisión Sur de la Región Metropolitana, la cual mediante Resolución N°146034 de 21 de marzo de 2025 declaró su salud como recuperable. Sin embargo, el 3 de junio de 2025, mientras ejercía sus funciones normalmente, fue notificada del Decreto Alcaldicio N°2416 que declaró vacante su cargo con efecto inmediato.

Indica que el 4 de junio de 2025 interpuso recurso de reposición administrativo ante la alcaldesa y que el 9 de junio de 2025, su jefatura directa, nombre reservado, dirigió carta a la alcaldesa destacando su calidad profesional y correcto cumplimiento de funciones. No obstante ello, el 1 de julio de 2025 fue notificada del rechazo del recurso de reposición mediante Decreto Alcaldicio SIAPER N°2801 de 30 de junio de 2025.

Sostiene que el artículo 148 inciso final de la Ley 18.883 exige que la COMPIN evalúe previamente la "condición de irrecuperabilidad" de la salud del funcionario, y que la COMPIN declaró expresamente la salud como recuperable, lo que impide legalmente la aplicación de la causal de vacancia.

Enfatiza que al momento de dictarse el decreto, ejercía normalmente sus funciones desde hacía más de 11 meses, sin restricciones ni observaciones en sus evaluaciones de desempeño.

Aduce que se le priva arbitrariamente del derecho de propiedad sobre el cargo y la carrera funcionaria, que constituye un bien incorporal protegido constitucionalmente, se le discrimina al no considerar evaluación técnica de recuperabilidad y aplicar mecánicamente la causal sin análisis individualizado y se le priva injustificadamente del derecho al trabajo sin causa legal debidamente motivada.

Pide se acoja el recurso y deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°2416 de 3 de junio de 2025, ordenando el reintegro a funciones habituales como Planta Administrativa grado 13° en el Departamento de Vivienda y el pago de remuneraciones y estipendios debidamente reajustados desde la separación hasta el reintegro efectivo, con costas.

Segundo: Que la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, representada por el abogado Gastón Abarca Martínez, evacua informe solicitando el rechazo con costas del recurso de protección interpuesto por nombre reservado.

La recurrida reconoce como efectivos los antecedentes laborales de la funcionaria nombre reservado, incluyendo su contratación inicial, nombramiento como titular y ascensos progresivos hasta el grado 13° EMR.

Agrega que mediante oficio N°100/158/2025 de 4 de marzo de 2025, la Alcaldesa solicitó a la COMPIN Subcomisión Sur la evaluación de 22 funcionarios respecto de las condiciones de recuperabilidad o irrecuperabilidad de su salud, adjuntando listado de licencias médicas entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2025. Luego, la COMPIN emitió Resolución Exenta N°146031 de 21 de marzo de 2025, declarando que la recurrente presenta un estado de salud recuperable.

Detalla que se acumularon 196 días de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, hecho reconocido expresamente por la recurrente en su libelo.

Indica que el 3 de junio de 2025 se notificó personalmente a la recurrente del Decreto Alcaldicio N°2416 que declara la vacancia de su cargo por salud incompatible, medida que también se aplicó a otros 22 funcionarios municipales que cumplían idénticos requisitos.

Sostiene que el Decreto Alcaldicio N°2416 que declaró la vacancia del cargo por salud incompatible es legal y está debidamente motivado, ya que se cumplieron todos los requisitos del artículo 148 de la Ley 18.883: la funcionaria acumuló 196 días de licencia médica en dos años y la COMPIN declaró su salud como recuperable, lo que faculta legalmente al alcalde para ejercer la potestad discrecional de declarar la incompatibilidad.

Invoca dictámenes de Contraloría (N°E527522N24 y N°E188441) y jurisprudencia de la Corte Suprema que respaldan que la declaración de recuperabilidad no impide, sino que habilita, la aplicación de la causal de vacancia por salud incompatible, distinguiéndola de la irrecuperabilidad que genera beneficios de seguridad social.

Tercero: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tal como lo ha sostenido reiteradamente nuestra jurisprudencia, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a adoptar medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho en el evento de haberse vulnerado el libre ejercicio de las garantías constitucionales que en esa misma disposición se enumeran, ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, dificulte, entorpezca o perturbe dicho ejercicio.

Cuarto: Que por consiguiente es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón; y que provoque alguna de las efectos o consecuencias que se han indicado, perjudicando o menoscabando una o más de los derechos constitucionales protegidos, aspecto que resulta esencial y necesario para el estudio y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Asimismo, resulta importante destacar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir de manera copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría concurrir ambas condiciones a la vez.

Quinto: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es el Decreto Alcaldicio Nº2416, de 3 de junio del presente, que declaró la vacancia del cargo de la recurrente, por salud incompatible.

En consecuencia, la cuestión que corresponde dilucidar es si la recurrida tenía la facultad de declarar la vacancia del cargo, no obstante existir una resolución de la COMPIN de salud recuperable.

Sexto: Que de acuerdo con el mérito de los antecedentes que obran en autos, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por cierto los siguientes antecedentes de relevancia jurídica:

1. La recurrente hizo uso de licencias médicas por un lapso discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, a partir del 1 de enero de 2023 hasta el 1 de enero de 2025, contabilizando un total de 196 días de licencia médica.

2. Por Resolución Exenta Nº146034, de 21 de marzo de 2025, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, declaró la salud de la actora como recuperable.

3. Por Decreto Alcaldicio N°2416, de 3 de junio de 2025, se declaró vacante el cargo de la recurrente por considerar su salud incompatible con el desempeño del mismo, al haber hecho uso de licencias médicas en un lapso continuo o discontinuo superior a los seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

Séptimo: Que el artículo 146 de la Ley N°18.883 dispone: "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (...) c) Declaración de vacancia". Por su parte, el artículo 147 establece: "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (...)".

A su turno, el artículo 148 prescribe: "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Octavo: Que de lo que se viene diciendo, se desprende que la recurrida ha hecho uso de una potestad discrecional, la cual sólo puede ser ejercida con fines públicos, pues de lo contrario se incurre en la denominada desviación de fin o poder.

Asimismo, los tribunales de justicia están habilitados para realizar un control de razonabilidad de la decisión, toda vez que no es admisible que una autoridad ejerza la facultad acudiendo al sólo capricho.

El control judicial del ejercicio de la facultad discrecional se proyecta en varios sentidos: a) que el acto cumpla con las exigencias previstas en la ley, cuestión que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de tal naturaleza; b) que la Administración ejerza sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada; c) que la medida impuesta sea proporcional a la falta y sea establecida por la ley en forma previa a los hechos (proporcionalidad, legalidad y tipicidad); y d) que la facultad discrecional sea ejercida con fines públicos, sin incurrir en la desviación de fin o poder. Con todo, la ponderación de los hechos corresponde primariamente a los órganos de la Administración activa.

Noveno: Que es pertinente tener en consideración, además, que el acceso de los ciudadanos a los servicios municipales requiere que los funcionarios que lo integran estén en condiciones de desempeñar sus cargos. Es así como el Estado debe contar con el personal adecuado y disponible para el desarrollo de las labores que le son propias bajo el riesgo que, de no hacerlo, se incurra en responsabilidad por falta de servicio, es decir, infringir el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los distintos organismos públicos.

En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que como ya se dijo es prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no lo ha permitido, sino que ha obstaculizado la labor permanente y continua a la que está obligada la Administración del Estado. Es así, entonces, que la ley en cumplimiento de este principio facultó al Jefe del Servicio o a la Alcaldesa a subsanar la situación a través de esta vía.

Décimo: Que, en consecuencia, el acto impugnado no es ilegal, por cuanto se funda en lo dispuesto en los artículos 146 y 148 de la Ley N° 18.883; tampoco es arbitrario, puesto que expresa racionalmente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

De esta manera, se constata que la recurrida se ha limitado a ejercer una facultad discrecional sin que se divise arbitrariedad en su ejercicio, motivo por el cual el recurso de protección se rechazará.

Por estas consideraciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección y demás normas pertinentes, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Nº2535-2025 Protección