TRANSELEC.S.A CONTRA nombre reservado

En Santiago, quince de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos:

A fojas 94 comparece el abogado Cristián Arratia Gallardo, en representación de Transelec S.A., con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, solicitando se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento y protección de los derechos constitucionales conculcados por el recurrido, disponiendo el auxilio de la fuerza pública u otras medida acorde, con el objeto de proceder a realizar los trabajos de mantención que se requieren efectuar en el interior del inmueble del recurrido, con costas.

Primero: Señala el recurrente que su representada tiene la concesión del servicio público de transmisión o transporte de energía eléctrica a lo largo del país, siendo propietaria operadora directa de aproximadamente el 90% del Sistema Interconectado Central y del Sistema Interconectado del Norte Grande. En ese contexto, opera y explota la línea denominada “Línea 500Kv Alto Jahuel Polpaico”, lo que encuentra amparo en el Decreto Supremo número 31 de fecha 24 de enero de 1990 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Refiere que según este último instrumento, para el establecimiento y explotación de la línea se constituyó servidumbre legal eléctrica a favor de Endesa sobre los predios por los cuales atraviesa la aludida línea, todos los cuales se encuentra determinados en dicho decreto, entre ellos el inmueble denominado El Recurso, de propiedad del recurrido por el cual atraviesa parte de la línea por medio de la estructura o torre número 11, razón por la que dicha propiedad se encuentra gravada con la servidumbre legal eléctrica que le permite ejercer sus derechos de concesionaria eléctrica según el Decreto de Concesión y la normativa vigente aplicable. Señala que en virtud de lo anterior, emanan en favor de la recurrente una serie de derechos y obligaciones, que permiten la explotación y operación de la mencionada línea, la que, según detalla está conformada por cables conductores, estructuras de acero, aisladores sintéticos, cables de guardia y faja de seguridad, todo lo cual resguarda su adecuada y segura operación y explotación. Indica en su recurso que la ley de Servicios Eléctricos pone de su cargo las labores de inspección, mantención y reparación de las instalaciones, a fin de velar por la continuidad y seguridad del sistema y del servicio de transporte, para su posterior suministro por parte de las concesionarias del segmento de distribución. Sostiene que la recurrida ha impedido el ingreso al predio de su propiedad para efectos de realizar las labores de inspección y mantenimiento, negándose de manera ilegal y arbitraria al ingreso de personal especializado para inspeccionar y mantener una de las tantas líneas de suministro eléctrico, todo lo cual consta en el acta notarial que indica, en la se señala que se verificó esta negativa con fecha 28 de abril de 2017, no obstante la insistencia de esta parte. Expone que en el lugar se requiere realizar labores de carácter urgente con el objeto de evitar fallas y riesgos tanto para la vida de las personas como para la seguridad y continuidad del suministro eléctrico, haciendo presente que la no mantención de estas estructuras está prohibida por ley, constituyendo un peligro inminente para las instalaciones de su propiedad como para el sistema eléctrico en general, pudiendo ocasionarse una falla generalizada que deje sin electricidad a una extensa parte de la zona central del país.

Segundo: Como fundamentos de derecho expone el recurrente que el artículo 56 de la Ley General de Servicios Eléctricos regula que el propietario del predio sirviente está obligado a permitir el ingreso del personal del concesionario a realizar las labores que sean necesarias para la reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas emplazadas al interior del predio, por lo que se hace necesaria la intervención de esta Corte de Apelaciones, con el objeto de restituir sus derechos constitucionales y disponer las medidas pertinentes, ordenándose el auxilio de la fuerza pública para ingresar al lugar y realizar los trabajos de mantención necesarios, tanto de las instalaciones como de la franja de seguridad. Además de lo anterior, cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Talca y Copiapó, pronunciándose sobre casos análogos. Por último el recurrente hace presente la relevancia práctica de la presente acción constitucional señalando que existió una de similares características tramitada ante la Corte de Apelaciones de Temuco en la que, luego de notificado el fallo de la Excma. Corte Suprema que confirmó fallo favorable dictado por el primero de los tribunales aludidos, el recurrido mantuvo su conducta ilegal, produciéndose un incendio motivado por el contacto de los árboles ilegalmente emplazados en la franja de servidumbre con los cables conductores de energía, causando la interrupción del suministro y graves daños materiales.

Tercero: Al folio 4273 informa el recurrente quien señala en primer término que la propiedad donde se encuentra emplazada la torre número 11 de la línea de transmisión eléctrica, no es de su dominio absoluto, ya que se encuentra radicado en la sucesión hereditaria nombre reservado y anteriormente en la sociedad conyugal de sus padres. En virtud de lo anterior, entiende que el recurso debe ser deducido en contra de la totalidad de la sucesión, oponiendo la excepción de ineptitud del libelo del artículo 303 número 4 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto al ingreso a su propiedad, indica que no es efectivo que se haya intentado lo anterior, no tomando contacto con esta parte la notario público referida en el recurso y no informando sus trabajadores sobre la concurrencia de la Ministro de Fe. Hace presente el recurrido que al momento de la finalización de la obra de la Torre 11 en el 2014, su padreno firmó el acta de conformidad de ejecución de la misma porque la empresa a cargo de su construcción dañó ostensiblemente la propiedad, solicitando el reembolso por la reparación de los perjuicios a las empresas contratistas y a la recurrente, por una suma de $ 5.000.000, sin tener contacto alguno con esta última hasta la fecha. Luego de detallar los daños que se produjeron en su propiedad, afirma el recurrente que las empresas contratistas carecen de personas idóneas para la ejecución de obras que la afecten directamente, no sabiendo, por ejemplo que los árboles alrededor de la torre debían ser cortados, careciendo de plano topográfico u otro similar para realizar una tala determinada en el predio. Refiere que en este contexto, fue que en marzo de 2016 su padre se opuso a que trabajadores de la recurrente realizaran una tala desmedida de los árboles productores del vivero, solicitando se remitiera a la recurrente un correo electrónico en que se diese cuenta de esta situación y se le enviara un protocolo concreto de la ejecución de estas labores, el que fue remitido sin tener respuesta. Señala que han enviado a empresas contratistas sin calificación alguna, sin siquiera contar con elementos de seguridad ni tampoco un plan de trabajo previamente determinado a realizar en la torre y en su entorno.Por lo anterior, expone que se encuentra en una completa incertidumbre por parte de las empresas que contrata la recurrida para efectuar la inspección y mantención del entorno en que se emplaza la torre eléctrica, toda vez que la propiedad ha sido objeto de daños sin reparo alguno por parte de la recurrente de autos o por las empresas contratistas, existiendo un temor latente de que pueda producirse un nuevo perjuicio. Hace presente además, que ha deducido dos reclamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en relación a la torre emplazada en la propiedad, fundado en que presume que esta obra no cumple con todos los parámetros exigidos por dicha entidad fiscalizadora, estando dichas presentaciones pendientes de resolución. En virtud de lo expuesto, estima que su padre y su sucesión se han limitado a ejercer una facultad que le conceden la Constitución y la Ley, por lo que su conducta no puede ser considerada ilegal ni arbitraria, correspondiendo el rechazo de la acción deducida. Por último, señala que se encuentra llana a que la recurrida haga ingreso al predio, pero cumpliendo con los parámetros técnicos y legales afines. Como argumentos de derecho, cita el artículo 19 número 24 de la Constitución Política y el artículo 582 del Código Civil.

Cuarto: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos prexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que como reconoce el recurrido la torre 11 de la Línea de Transmisión 500 Kv Alto Jahuel-Polpaico se encuentra emplazada en la Parcela Nº 3, lote 31 B, localidad de El Recurso, comuna de Buin y que a su respecto ocupa dicho inmueble de propiedad de una comunidad hereditaria de la cual el recurrido es parte, ejerciendo a su respecto actos de heredero como informa en su recurso.

Sexto: Que a fojas 3 vuelta figura agregado al proceso acta del Notario Público doña nombre reservado en la cual constató la negativa del recurrido a permitir el ingreso de personal de la parte recurrente con el objeto de efectuar trabajos de mantención de las estructuras de alta tensión ubicadas al interior de dicho lugar.

Séptimo: Que el artículo 56 inciso 2º de la Ley General de Servicios Eléctricos señala que: “El dueño del predio sirviente está obligado a permitir la entrada de inspectores y trabajadores debidamente identificados para efectuar trabajos de reparación, bajo la responsabilidad del concesionario a quien dichas líneas pertenecen”.

Octavo: Que conforme a lo expuesto resulta acreditada la existencia de un acto arbitrario por parte del recurrido –vías de hecho- en orden a impedir al recurrente el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República sobre la torre Nº 11 y sobre la servidumbre legal impuesta el predio sirviente lo cual permite efectuar los trabajos de inspección y mantenimiento de la referida estructura metálica que sostiene la línea de transmisión eléctrica con el objeto de evitar posibles incendios y daños a la población debido al corte o suspensión del suministro eléctrico, motivos por los cuales se acogerá el recurso de protección, como se dirá en definitiva.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se dispone que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Cristián Arratia Gallardo en favor de Transelec S.A. ordenándose a recurrido permitir el ingreso de funcionarios del recurrente a la Parcela 3, Lote 31 B sector El Recurso con el objeto de realizar labores de inspección y mantenimiento de la respectiva línea de transmisión debiendo cuidar el recurrente de no causar daños en el inmueble señalado y ceñirse a las normas legales y reglamentarias existentes.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante Sr. Kadis no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Juan Kadis Cifuentes.

Regístrese y devuélvanse.

N° 2521-2017 Protección