Protección contra resolución que dispuso la suspensión de la recurrente de su cargo

En Santiago, a once de julio de dos mil diecisiete VISTOS:

Que, a fojas 1, comparece doña nombre reservado, profesora de educación general básica, quien señala cumplir funciones de encargada de convivencia escolar en el liceo Poetisa Gabriela Mistral, de la comuna de Calera de Tango, desde hace diecinueve años; quien deduce recurso de protección señalando que con fecha diez de mayo de este año, fue citada a declarar en un sumario administrativo interno. Tan pronto terminó de declarar, la fiscal a cargo del proceso le informó que estaba suspendida de sus funciones por veinte días hábiles y que se mantenía su sueldo. Refiere que se negó a firmar la notificación de la suspensión, porque se sintió vulnerada en sus derechos.

Indica que fue asesorada por abogados del Colegio de Profesores, por cuyo consejo recusó a la fiscal instructora de dicha investigación y presentó una denuncia a la Inspección del Trabajo respectiva.

Según alega la recurrente, el proceso de investigación presentaría varias irregularidades, entre ellas, que se juntarían dos situaciones de hecho, que no detalla, pero que son diversas entre sí.

Solicita que la Corte de Apelaciones vele por daño moral que este proceso le ha causado, porque esta suspensión arbitraria e ilegal, habría afectado su honra y ha puesto en tela de juicio su labor profesional.

Finaliza su presentación solicitando que se acoja el recurso deducido y que se investigue el proceso de investigación.

A fojas 11, el abogado don Nicolás Solorza Santis, en su calidad de Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango, evacúa el informe ordenado previamente, solicitando se rechace con costas el recurso.

Para estos efectos, la recurrida reconoce en primer lugar, que se ha dado inicio a un sumario administrativo, en el referido centro de educación, donde la recurrente es profesora titular y encargada de convivencia escolar.

Señala que con fecha tres de mayo del año en curso, la Directora de Educación de la Municipalidad, recibió una denuncia sobre supuestos actos de vulneración infantil de connotación sexual, que habrían afectados a dos alumnos de quinto año básico de dicho establecimiento.

Luego, por resolución N° 26/2017 de ocho de mayo, el propio abogado Solorza Santis, resolvió instruir sumario administrativo para determinar las responsabilidades que pudieran corresponderles a funcionarios de la Corporación y designó a un fiscal instructor, conforme el procedimiento previsto en los artículos 127 y siguientes de la ley N° 18.883, recayendo dicha designación en la funcionaria nombre reservado.

Señala, que con fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, la fiscal a cargo del sumario citó a la recurrente a declarar, diligencia que se llevó a cabo recién el día quince del mismo mes, declarando la recurrente, expresamente, que no tiene causales de inhabilidad, implicancia ni recusación que ejercer contra la fiscal.

Una vez efectuada la declaración y conforme la facultad prevista en el artículo 134 de la citada ley, que contiene el estatuto administrativo para funcionarios municipales, la fiscal a cargo del sumario, suspendió de sus funciones a la recurrente por el plazo de veinte días hábiles, como medida preventiva.

La recurrida hace presente que la señora nombre reservado, cuenta con todos los derechos y recursos, que la propia ley le confiere para formular recusaciones y defensas en las oportunidades procesales respectiva, incluyendo el derecho a aportar pruebas.

Finalmente, solicita el rechazo del recurso, por cuanto el proceso de sumario se ha llevado a cabo conforme a las disposiciones pertinentes y, porque a su juicio, los derechos de la trabajadora están suficientemente cautelados,.

A fojas 15, se ordenó agregar el presente recurso, extraordinariamente, a la tabla del día viernes veintitrés de junio del año en curso, en esta Quinta Sala.

Que, llegada la fecha indicada, se llevó a cabo la audiencia, compareciendo únicamente, por la recurrida, el abogado Nicolás Solorza Santis.

Que, por resolución pronunciada al término de dicha audiencia, se decretó, como medida para mejor resolver, que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango, complementara el informe ya evacuado, especificando, si la medida de suspensión de funciones se encontraba vigente aún.

A fojas 19 y siguientes, obra la complementación de dicho informe, en mérito de la cual se informa que con fecha veintisiete de junio del año en curso, la fiscal a cargo del sumario pronunció su dictamen final, que dejó sin efecto la suspensión de funciones de la recurrente y dispuso su reincorporación a sus labores habituales.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye a una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión, arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, atendida la relevancia de los derechos que pueden ser objeto de esta acción cautelar, el constituyente ha optado por disminuir las formalidades y requisitos de admisibilidad y procedencia, de manera que se facilite su interposición en casos en que se afecte un derecho constitucionalmente garantido, sin dejarlo sujeto al cumplimiento de requisitos o condiciones complejas que dificulten la defensa de garantías esenciales.

De esta manera, a menudo ocurre, que los ciudadanos interponen esta acción sin asesoría letrada, de modo que el texto del recurso, puede resultar poco claro o confuso.

En la especie, aún cuando el tenor del recurso de protección no resulte completamente claro en su totalidad, si parece evidente, que este se ha dirigido en contra de la resolución que dispuso la suspensión de la recurrente de su cargo, con goce de sueldo, por veinte días hábiles, como consecuencia de un sumario administrativo en el que estaba involucrada, conforme lo previsto en el citado artículo 134 de la ley N° 18.883.

TERCERO: Que tal y como queda en evidencia del informe de la recurrida, como de las disposiciones legales pertinentes, especialmente la norma ya citada, la medida preventiva, cuya legitimidad se pretende impugnar por vía de este recurso, ha sido consecuencia de un procedimiento reglado y tramitado ante la autoridad competente.

CUARTO: Que, en consecuencia y aún cuando el recurso se haya interpuesto dentro de plazo y en contra de los sujetos pasivos pertinentes, a juicio de estos sentenciadores, se dirige en contra de un acto que resulta ser la ejecución de una resolución pronunciada por la autoridad competente, que no ha sido revocada por el superior jerárquico de aquel que ha conocido del asunto en primera instancia y que causa ejecutoria, por lo que no existe un acto u omisión, arbitrario o ilegal, contra el cual se pueda interponer la acción constitucional intentada, por lo que será rechazada.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, y visto el mérito de la complementación del informe, que obra a fojas 19 y siguientes, evacuada en virtud de la medida para mejor resolver decretada por este tribunal, que da cuenta que conforme el dictamen final de la fiscal instructora, pronunciado con fecha veintisiete de junio del año en curso, se levantó la decisión de suspender de sus labores a la recurrente y se dispuso su reincorporación a sus funciones normales, el arbitrio deducido ha perdido oportunidad, correspondiendo en consecuencia su rechazo.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección de fojas 1, interpuesto por doña nombre reservado contra la Corporación de Desarrollo Social de Calera de Tango, sin costas.

Se previene que la Ministro señora Mera no comparte el considerando cuarto de la sentencia que antecede.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense estos autos.

Redacción del Abogado Integrante don Pablo Hales Beseler.

Rol N° 2519-2017-PRO.

No firma la Ministro señora Mera, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.