AGRICOLA GANADERA EL TRANSITO con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

C.A. de San Miguel San Miguel, seis de noviembre de dos mil veinticinco A los escritos folios N°s 16 y 17: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que José Manuel Tagle Alcalde, abogado, en representación de la Sociedad Agrícola y Ganadera El Tránsito Limitada, interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Provincial de Maipú, dependiente del Ministerio de Hacienda, por el acto ilegal y arbitrario contenido en la Resolución N°1352092, de 11 de junio de 2025, mediante la cual se negó la solicitud de reemplazo de un cheque caducado por concepto de devolución de impuestos, vulnerando el derecho de propiedad y el debido proceso, garantizados en el artículo 19 N°24 y 3 de la Constitución Política de la República.

Expone que la sociedad solicitó al Servicio de Impuestos Internos la devolución del impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2020, por la suma de $60.786.511, emitiendo la Tesorería General de la República el cheque N°[cuenta reservada] el 13 de julio de 2020, por $56.576.615, monto reajustado a la fecha. Indica que el documento fue enviado a través de Correos de Chile, sin ser retirado oportunamente por su representada debido a problemas derivados de la pandemia, siendo devuelto al remitente.

Señala que, una vez regularizadas sus deudas tributarias y acreditado su derecho a la devolución, solicitó el 10 de junio de 2025 el reemplazo del cheque caducado, a lo que la Tesorería respondió al día siguiente rechazando la solicitud por considerarla extemporánea, fundándose en el plazo de prescripción de tres años establecido en el artículo 2521 del Código Civil.

Sostiene que dicha resolución es ilegal, por cuanto la prescripción solo puede declararse judicialmente, según el artículo 2493 del Código Civil, y la Tesorería carece de competencia para determinarla. Alega, además, que la caducidad del cheque no extingue la obligación de pago subyacente reconocida por actos administrativos firmes, configurando la negativa una privación ilegítima del derecho de propiedad sobre una suma de dinero determinada y reconocida por el Fisco.

Argumenta que la Tesorería, al fundarse en la Circular N°112 de 8 de mayo de 2024, que fija un plazo de tres años para solicitar el reemplazo de cheques caducados, ha excedido sus atribuciones, pues tales circulares tienen efecto interno y no pueden alterar el régimen jurídico de la prescripción ni limitar derechos patrimoniales reconocidos.

Agrega que la conducta de la recurrida vulnera además el derecho al debido proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución, al privar a la sociedad de su derecho sin resolución judicial ni procedimiento racional y justo.

Solicita se deje sin efecto la Resolución N°1352092 de 11 de junio de 2025, emanada de la Tesorería General de la República, y se ordene cursar el reemplazo y pago a la recurrente, correspondiente a la devolución de impuestos por la Declaración de Renta correspondiente al año tributario 2020, por la suma de $56.576.615, con expresa condena en costas.

Segundo: Que Rafael Ignacio Di Pillo Sanhueza, abogado, en representación de la Tesorería General de la República, evacúa informe, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Expone que el cheque N°[cuenta reservada], por $56.576.615, fue emitido el 14 de julio de 2020 como devolución de renta del año tributario 2020 y remitido al domicilio de la contribuyente, sin ser cobrado ni retirado. Añade que la sociedad ya había solicitado su reemplazo el 27 de septiembre de 2023, siendo denegado por las mismas razones el 28 del mismo mes y año, por lo que la interposición del recurso de protección en junio de 2025 es extemporánea, al haber transcurrido con creces el plazo fatal de treinta días previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de este arbitrio.

Sostiene que la Tesorería no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, pues solo constató la extemporaneidad de la solicitud conforme al artículo 2521 del Código Civil, aplicable por remisión del artículo 2° del Código Tributario, y no declaró prescripción alguna. Precisa que, transcurridos más de tres años desde la emisión del cheque, los fondos fueron incorporados a Rentas Generales de la Nación, de conformidad con la normativa vigente.

Cita jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones que han rechazado recursos análogos, señalando que el derecho invocado no es indubitado y que la controversia sobre prescripción debe ventilarse en sede declarativa.

Agrega que la actuación de la Tesorería se encuentra amparada en los principios de legalidad y juridicidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución y en la Ley N°18.575, por lo que no puede accederse a solicitudes de revalidación presentadas fuera del plazo legal. Afirma que la medida aplicada es general, sin discriminación ni trato desigual, y que el derecho al debido proceso invocado por la recurrente no es susceptible de protección por esta vía.

Tercero: Que el recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley – o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, uno o más de los derechos fundamentales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Política.

Cuarto: Que, en lo que respecta a la excepción de extemporaneidad, esta Corte estima que, si bien el recurrente computa el plazo para la interposición del recurso desde el 11 de junio pasado, cuando la Tesorería General de la República rechazó su solicitud, cierto es que del mérito de los antecedentes aparece que el acto que se tilda de ilegal y arbitrario no es otro que la denegación de la cual el recurrente ya había tomado conocimiento en septiembre de 2023. En efecto, la propia recurrente reconoció en la vista del recurso haber solicitado en septiembre de 2023 a la recurrida el reemplazo del cheque caducado, lo que le fue negado en ese mismo mes y año por aquella, luego de estimar extemporánea su solicitud, de manera que, habiéndose interpuesto el recurso de protección el 30 de junio pasado, lo fue una vez transcurrido en exceso el plazo dispuesto en el Auto Acordado que regula la materia y, por ende, en forma extemporánea.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al fondo del asunto cabe señalar que tanto del recurso como del informe queda de manifiesto que la discusión que se pretende sea resuelta por esta Corte dice relación con la interpretación de las normas que regulan los plazos de caducidad de un cheque girado por concepto de devolución de impuestos y de prescripción de la obligación de pago que el mismo consigna.

Sexto: Que, tratándose de una controversia suscitada con ocasión de obligaciones tributarias cuyo pago reclama el recurrente, derecho que se encuentra en discusión por el ente administrativo, como aparece del examen de autos y de las presentaciones de las partes, cabe concluir que, el presente recurso no es la vía para conocer de la materia a que se refieren los antecedentes, pues existiendo posiciones antagónicas, en cuanto a la vigencia del derecho que se invoca, tal discusión jurídica no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar, precisamente porque el derecho que se ha esgrimido como base de la pretensión no es indubitado, sino que, por el contrario, está discutido por las partes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la Sociedad Agrícola y Ganadera El Tránsito Limitada en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Protección N°2517-2025