nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, funcionario municipal, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, por haber emitido la Resolución S/N de 7 de febrero de 2020, que no acogió el recurso de apelación y por la que mantiene calificación de la Junta Calificadora, periodo de calificación del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, vulnerando los derechos y garantías constitucionales consagrados en el artículo 19 N° 2°, 3° (inciso 5), 16°, y 24° de la Carta Fundamental.

Expone que mediante Decreto N°269, de 5 de abril de 2017, fue nombrado titular del cargo Administrativo Grado 18° de la Planta Municipal, iniciando sus funciones el 1 de abril de 2017.

Agrega que, el 11 de febrero de 2020, mediante acta de notificación se pone en su conocimiento que el señor Alcalde ha resuelto mantener sin alteración la calificación resuelta en su oportunidad por la Junta Calificadora, periodo de calificación 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, en virtud del cual pretende y amenaza con incluirlo en lista 3 del Escalafón de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo.

Indica que la Resolución S/N de 7 de febrero de 2020, es manifiestamente ilegal, pues vulnera numerosas normas constitucionales y legales y adicionalmente, constituye un acto arbitrario, porque carece de toda racionalidad y fundamento.

Indica que se infringe el principio de legalidad y juridicidad, ya que fue dictada por el recurrido a través de una simple resolución de su puño y letra, que es instrumento jurídico improcedente; omite el procedimiento establecido en la ley, infringiendo el debido proceso; e impone una sanción desproporcionada sin expresar motivos o fundamentos que la justifiquen.

Señala que el único instrumento válido para mantener una calificación es un Decreto Municipal, puesto que es el acto administrativo terminal, y que debe ser notificado al trabajador, cuestión que no ocurre en este caso, ya que no se ha notificado por la parte recurrida, Decreto Municipal alguno que señale la decisión, lo que reafirma la arbitrariedad de la decisión del Alcalde.

Expone que la Resolución Exenta infringe el deber de motivación y fundamentación que deben observar los actos administrativos, vulnerando el artículo 19 N° 2 inciso segundo y N° 3 de la Constitución Política de la República, limitándose a señalar "MANTENER CALIFICACIÓN DE LA JUNTA".

Refiere que se infringe el principio de razonabilidad y proporcionalidad reconocido en el artículo 19 N° 2 y N° 3 inciso sexto de Constitución Política de la República.

Refiere que la resolución recurrida es desproporcionada e irrazonable pues le causa daño, y lo deja en indefensión no pudiendo generar las acciones o recursos sabiendo los motivos de la decisión.

Añade que además se infringe el principio de certeza jurídica y legítima confianza, precisando que ejerce su función municipal, amparado por el nombramiento en calidad de Titular del Cargo Administrativo Grado 18° E.U.M.

Refiere que se le han vulnerado las garantías constitucionales que contemplan los números 2°, 3° inciso quinto, 21°, 22° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En relación al numeral 3 inciso 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República expresa que la Resolución Exenta le impuso graves sanciones al suscrito, y resolvió -por sí y ante sí- mantener la calificación de la Junta Calificadora Municipal por hechos supuestamente objetivos que no son de su responsabilidad. Expresa que el Alcalde se ha constituido en una comisión especial que, vulnerando la garantía en comento.

Respecto a la vulneración al artículo 19 N° 24, expresa que tiene derecho a la titularidad del cargo Administrativo Grado 18 del Escalafón Único Municipal, el que se encuentra incorporado a su patrimonio desde el momento de su nombramiento, otorgándole derechos adquiridos.

En lo que respecta a la garantía contenida en el numeral 2 del artículo antes citado, expone que se infringe de diversas maneras: primero al no motivar su decisión, incurriendo en un trato arbitrariamente discriminatorio; segundo porque las medidas que dispone no son idóneas, necesarias ni proporcionadas a los fines que supuestamente perseguiría; y tercero, por la prohibición contenida en el inciso segundo del N⁰ 2 del artículo 19, en tanto dicha norma prohíbe a las autoridades del Estado dictar actos arbitrarios o carentes de razonabilidad.

Por último, y en relación a la infracción al artículo 19 N° 16, señala que se le priva, perturba y amenaza en el ejercicio de la libertad de trabajo y su protección.

Indica que no existe en el proceso calificatorio período 01 de septiembre de 2018, al 31 de agosto de 2019, anotación de demerito alguna.

Expresa que el recurso de autos se interpone sin perjuicio y haciendo reserva de todos los derechos, acciones e intereses que pudiere tener.

Finaliza su presentación solicitando que se acoja el recurso, declarando que la Resolución S/N, del 07 de febrero de 2020, es ilegal y/o arbitraria y que vulnera las garantías de los N° 2°, 3° inciso quinto, 16°, y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y, en su mérito, restablezca el imperio del derecho adoptando todas las medidas que estime necesarias, y en concreto, deje sin efecto la referida resolución, así como todo acto de la autoridad que tenga por causa o fundamento dicha resolución; se disponga cualquier otra medida que esta Ilma. Corte estime pertinente para restablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales invocadas y se condene en costas a la recurrida.

Informa al tenor del recurso, don nombre reservado, en representación de la Municipalidad de San José de Maipo, solicitando preliminarmente que se declare la improcedencia de la acción de protección, toda vez que esta procede para el caso que el ordenamiento legal no contemplare ningún remedio administrativo, procedimental o procesal que permitiera revisar aquellas acciones cometidas por personas o instituciones, públicas o privadas, y que colmen los presupuestos de pertinencia y procedencia según se contempla en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sin embargo, el artículo 156 de la Ley N° 18.883 -Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales- contempla una fórmula de control de los actos de la administración comunal, que lo constituye el reclamo por actuaciones u omisiones ilegales que afecten los derechos de los funcionarios contemplados en su régimen estatutario y la legislación complementaria, que la norma establece como reclamo de ilegalidad que se presenta ante la Contraloría General de la República, la que lo debe resolver previo informe del alcalde respectivo.

Indica que conforme lo anterior, el presunto agraviado debía interponer el reclamo de ilegalidad del artículo 156 de la Ley N° 18.883, como remedio específicamente establecido por el legislador para atender las resoluciones u omisiones ilegales atribuibles a la municipalidad.

Como alegación subsidiaria de la anterior, pide que se declare la improcedencia de la acción, por la caducidad del derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República y, por consiguiente, encontrarse ejecutoriado el fallo de la apelación que mantuvo el dictamen de la Junta Calificadora de la Municipalidad de San José de Maipo.

Expone que, según lo previene el artículo 47 de la Ley N° 18.883, el fallo de la apelación que debe dictar el Alcalde y que sólo puede consistir en mantener o elevar las calificaciones realizadas por la Junta Calificadora, podrá reclamarse a la Contraloría General de la República en el plazo de 10 días hábiles desde que le fuera notificado el fallo de apelación y en el caso del recurrente, el fallo de la apelación es de 7 de febrero de 2020 y ello le fue notificado el día 11 de febrero de 2020, por lo que el reclamo para ante Contraloría General de la República, debía efectuarse - a más tardar - el 25 de febrero de 2020, lo que en la especie no ocurrió, por lo que dicha resolución, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 18.883, se encuentra ejecutoriada.

En subsidio de las alegaciones anteriores se hace cargo de las argumentaciones del recurrente, citando normativa que reglamenta al personal municipal explicando que la evaluación de su desempeño se efectúa mediante un procedimiento debidamente reglado y que se contiene en la aludida Ley N° 18.883, en el Título II De la carrera funcionaria, Párrafo 3° De las calificaciones, artículos 29 y siguientes; y también en el Decreto N° 1.228, de 1992, del Ministerio del Interior, que contiene el Reglamento de Calificaciones del Personal Municipal.

Precisa que el proceso calificatorio se efectúa por un órgano colegiado denominado "Junta Calificadora", cuya tarea consiste en adscribir a los funcionarios evaluados en alguna de las listas que menciona el artículo 30 de la Ley N° 18.883 y el funcionario evaluado tiene derecho a apelar de la resolución de la Junta Calificadora, al momento de su notificación o dentro del plazo de cinco días y de este recurso conocerá el Alcalde, quien deberá resolver en el plazo de 15 días hábiles, pudiendo mantener o elevar el puntaje asignado por la Junta Calificadora, pero en ningún caso rebajarlo.

Reitera que, notificado el fallo de la apelación, el funcionario sólo podrá reclamar directamente a la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley 18.883 y si no reclama, la resolución quedará ejecutoriada.

Explica que el recurrente, a través de la calificación efectuada por el período anual comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 obtuvo un puntaje que obligaba a incluirlo en la Lista 3, ante lo cual el señor nombre reservado apeló el Alcalde quien, considerando los mismos antecedentes tenidos a la vista por la Junta Calificadora, resolvió mantener la evaluación, haciendo propios los fundamentos expuestos por los integrantes de la respectiva comisión, lo que fue resuelto el 7 de febrero de 2020 y le fue comunicado al recurrente el 11 del mismo mes y año.

Destaca que el fallo de la apelación de 7 de febrero y que es objeto del presente recurso, se dictó en ejercicio de la potestad resolutiva a que se refiere el artículo 45 de la Ley N° 18.883 y, en su dictación, se siguieron las prescripciones contempladas en la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado (LBPA), agrega que contiene una decisión fundada, ya que hace suyos los fundamentos de la Junta Calificadora y elige una de las dos opciones que le permite el artículo 46 de la Ley N° 18.883 (mantener o elevar el puntaje).

Indica que, por lo anterior, la resolución no constituye, en ningún caso, un acto administrativo que pueda calificarse como arbitrario e ilegal, ya que es congruente con el procedimiento reglado por la ley para evaluar el desempeño de un funcionario municipal.

Destaca que su representada no ha infringido ninguna de las garantías constitucionales denunciadas en el recurso ya que la resolución de 7 de febrero de 2020, se dictó en el ejercicio de una potestad pública, que se encuentra regulada en la propia ley, con el objeto de concluir un procedimiento debidamente reglado, lo que es suficiente para desestimar que sea un acto arbitrario e ilegal.

Finaliza su escrito pidiendo se rechace el recurso interpuesto, con costas y en subsidio, y en el evento que se acoja, que el fallo se circunscriba exclusivamente a la resolución Alcaldicia de 7 de febrero de 2020.

Junto a su informe acompaña los antecedentes que lo sustentan.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

PRIMERO: Que para analizar el asunto planteado en estos autos, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que una de las características del recurso de protección es brindar tutela urgente a los derechos fundamentales que se contemplan como valiosos de protección en nuestro cuerpo constitucional. Hecha esta precisión corresponde señalar que el recurrente cuestiona la actuación del Alcalde de la Municipalidad en donde cumple funciones, quien ante una apelación efectuada en relación a la calificación que de su desempeño anual hizo la Junta Calificadora de ese municipio, la mantuvo, desestimando así, su apelación.

CUARTO: Que para decidir acerca de lo planteado resulta útil establecer los hechos que constan en autos, que fluyen del examen de los antecedentes allegados para la vista y fallo del presente recurso de protección, los que se han valorado de conformidad a las reglas de la sana crítica, y que consisten en que don nombre reservado fue calificado por la Junta Calificadora del Municipio recurrido, incluyéndolo en Lista 3. Apelada tal calificación por el referido funcionario, el Alcalde resolvió mantenerla. Esa decisión le fue notificada al funcionario recurrente mediante resolución de 11 de febrero pasado, sin que formulara recurso alguno en contra de decisión alcaldicia, la cual, a la fecha de interposición de este recurso, se encontraba ejecutoriada.

QUINTO: Que, conforme a tales hechos, las objeciones que formula a través de esta vía, esto es, la forma en que el Alcalde decidió esa desestimación, devienen en una suerte de hacer revivir el procedimiento que se contempla para formular estos reclamos, y del cual no hizo uso, de conformidad al artículo 156 de la Ley 18.883.

SEXTO: Que no se advierte en la decisión adoptada, ninguna actuación ilegal o arbitraria del Alcalde quien sólo tenía la opción de mantener la calificación o alzarla, de modo que al decidir hacer suya la de la Junta Calificadora, se encuadró dentro de lo que la ley le permite, y en cuanto a forma de expresar tal decisión administrativa, si bien imperfecta, el recurrente no instó para revertirla en la sede correspondiente, en el procedimiento que la ley dispuso para discutir sobre la legalidad o ilegalidad de la misma.

SÉPTIMO: Que si bien eso no es óbice para interponer un recurso como el que nos aboca, no cabe duda que el dejar pasar la etapa de que la ley lo dota para cuestionar la falta de legalidad formal que le atribuye a la resolución, revela la ausencia de perjuicio que tal actuación le provocaba, lo cual le resta al recurso, el carácter de urgencia a la protección de los derechos que entiende pasados a llevar, más aún cuando la misma ya produjo sus efectos, al encontrarse ejecutoriada.

OCTAVO: Que, entonces, al no comprobarse la existencia de un acto arbitrario ni ilegal, resulta inoficioso entrar a analizar la presunta conculcación de derechos fundamentales, y fuerza a su necesario rechazo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra suplente Sra. Escanilla.

Rol N° 2488-2020- protección Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona, señora Claudia Lazen Manzur y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.