nombre reservado con AFP MODELO S.A.

San Miguel, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, nacional de Venezuela, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto ilegal y arbitrario de 4 de mayo de 2026, consistente en el rechazó de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, fundada en la Ley N°18.156.

Expone que la recurrente solicitó ante la administradora recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros y las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica. Señala que fue notificada por correo electrónico el 4 de mayo de 2026 del rechazo de su solicitud, bajo el argumento de que “El certificado de afiliación al sistema previsional de su país de origen, no cumple con los criterios de aceptación”, agregándose que la declaración realizada ante notario en Chile no cumple con ser un documento emitido por una entidad previsional extranjera.

Sostiene que la recurrida desconoce la normativa especial aplicable, pues incorpora requisitos adicionales no previstos expresamente en la Ley N°18.156, especialmente al exigir apostilla o legalización en circunstancias que existe imposibilidad práctica para los nacionales venezolanos de acudir a representación consular. Agrega que la administradora realiza una interpretación formalista de la norma y desatiende su finalidad, consistente en permitir que el trabajador extranjero disponga de sus ahorros previsionales cuando cumple los requisitos legales.

Indica que la recurrente cumple con las exigencias de la Ley N°18.156, por cuanto posee la calidad de profesional extranjera, mantiene afiliación a un régimen de seguridad social en su país de origen y manifestó la voluntad correspondiente en los documentos laborales acompañados. Señala que se presentó certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, junto con antecedentes laborales y profesionales, estimando que dichos documentos tienen validez suficiente para acreditar la procedencia del retiro.

Agrega que el certificado o constancia electrónica emitida por la seguridad social venezolana puede verificarse directamente en el sitio web del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mediante el código de verificación N° “293373034-2026109”, o mediante búsqueda con la cédula de identidad venezolana de la recurrente. En este sentido, sostiene que las fotocapturas incorporadas en el recurso muestran que existen medios electrónicos disponibles para verificar la autenticidad del documento, por lo que la negativa de la recurrida carece de motivación suficiente y resulta contraria a derecho.

Afirma que la constancia electrónica emana de la autoridad venezolana competente, contiene un código alfanumérico verificable y puede ser descargada sucesivamente desde la plataforma oficial, razón por la cual no corresponde descartar su valor por razones puramente formales. Añade que, además, se acompañó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada y documentación notariada y apostillada, lo que refuerza la acreditación de la afiliación previsional en el país de origen.

Sostiene que la AFP recurrida incurre en un actuar ilegal y arbitrario al rechazar la solicitud sin verificar adecuadamente la autenticidad de los documentos acompañados, pese a contar con medios disponibles para ello. Agrega que la normativa especial no exige expresamente que el documento se encuentre legalizado o apostillado, sino que el técnico profesional extranjero se encuentre afiliado a la seguridad social de su país de origen, tenga la calidad de técnico o profesional y manifieste su voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo o sus anexos.

En cuanto a las garantías vulneradas, invoca la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, señalando que la recurrente ha recibido un trato desigual frente a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias, obtuvieron respuestas favorables. Asimismo, invoca el derecho de propiedad del artículo 19 N°24, afirmando que los fondos previsionales son de propiedad de la recurrente y que su retención, pese al cumplimiento de los requisitos legales, afecta ilegítimamente su facultad de disposición.

También invoca el artículo 19 N°26 de la Constitución, sosteniendo que la administradora impone condiciones o requisitos que impiden el libre ejercicio de derechos constitucionales.

Solicita dejar sin efecto el rechazo de la solicitud de retiro de fondos para extranjero, ordenar que se reconozca como válida la documentación acompañada, disponer que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y que, dentro de un plazo razonable, efectúe la devolución de los fondos previsionales solicitados, o lo que esta Corte estime conforme al mérito de autos.

Acompaña notificación de rechazo, cédula de identidad para extranjeros, constancia de afiliación previsional del país de origen, título universitario apostillado, certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, resoluciones de prórroga de contrato, oficio de prórroga de contrata, anexos, certificado de contratación, documentación apostillada y notariada, y declaración jurada; en el segundo otrosí asume patrocinio y poder.

Segundo: Que Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., evacúa informe, solicitando su rechazo con expresa condena en costas, por estimar que AFP Modelo no incurrió en acto ilegal ni arbitrario al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales fundada en la Ley N°18.156.

Expone que el 4 de mayo de 2026 la recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales por concepto de técnico extranjero, respecto de cotizaciones enteradas por su empleador Hospital San José de Melipilla. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, acompañó título profesional, constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada y documentación laboral relativa a dicho empleador.

Señala que AFP Modelo analizó los antecedentes presentados a la luz de la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. En dicho contexto, solicitó a la recurrente acompañar un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, por cuanto la constancia electrónica de cotizaciones y las declaraciones juradas efectuadas por el propio trabajador no constituyen documentos aptos para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile.

Agrega que, de los códigos QR estampados en la documentación presentada, se desprende que la apostilla corresponde a la declaración jurada de un tercero y no a la constancia electrónica propiamente tal. Por ello, refiere que al no cumplir la recurrente con lo solicitado, la Administradora rechazó su solicitud, afirmando que no se acompañó una constancia o certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizado o apostillado, que acreditara cobertura durante toda la relación laboral y a todo evento, al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En cuanto al derecho, sostiene que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional para trabajadores técnicos extranjeros, permitiendo la devolución de fondos previsionales solo cuando se cumplen copulativamente los requisitos de su artículo 1°, esto es, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación.

Indica que las Administradoras de Fondos de Pensiones están sometidas a la supervigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, organismo que fija la interpretación obligatoria de la legislación y reglamentación del sistema previsional. En ese sentido, invoca el Oficio N°21.480, de 20 de septiembre de 2017, y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exigen acompañar certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada o apostillada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Añade que la exigencia de legalización o apostilla se vincula con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, relativos al valor probatorio en Chile de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero. Afirma que la mera existencia de un código de verificación electrónica no reemplaza dichas formalidades, pues ellas resguardan la fe pública y la eficacia jurídica de los documentos extranjeros en territorio nacional.

Concluye que la recurrente no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones ni la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, por lo que AFP Modelo actuó conforme a la normativa vigente y a las instrucciones de su órgano fiscalizador.

Tercero: Que, nombre reservado, Jefa del Departamento de Derecho de Seguridad Social de la Superintendencia de Pensiones, informa que la recurrente registra presentaciones anteriores ante dicho organismo relativas a solicitudes de devolución de fondos invocando la Ley N°18.156, aunque precisa que no se refieren al rechazo que motiva la presente acción cautelar. Entre esos antecedentes menciona consultas web de 2023 y 2025, respuestas de la Superintendencia y de AFP Modelo, así como un recurso de protección anterior Rol N°1792-2025, interpuesto por la misma recurrente contra AFP Modelo, rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel el 20 de agosto de 2025 y confirmado por la Corte Suprema el 24 de diciembre de 2025, en autos Rol N°36.081-2025.

Luego de detallar la normativa aplicable, expone que la recurrente acompañó una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la cual se indica que nombre reservado posee 543 semanas cotizadas, con primera fecha de afiliación el 8 de marzo de 2010, encontrándose en estatus de asegurada cesante en empresa venezolana con fecha de egreso 1 de enero de 2026, y que se transcribe una disposición general de la Ley del Seguro Social venezolana sobre contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso.

Sin embargo, sostiene que dicha documentación no acredita el cumplimiento del requisito de cobertura previsional extranjera previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, porque no da cuenta de que la trabajadora haya contado con cobertura efectiva y a todo evento respecto de los riesgos exigidos durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile. Añade que el documento tampoco se encuentra firmado, apostillado ni legalizado conforme a la normativa vigente para surtir efectos en territorio nacional.

Asimismo, señala que la recurrente acompañó una declaración jurada emitida por su mandatario, Isnard nombre reservado, en Venezuela, mediante la cual éste declaró que la constancia electrónica de cotizaciones era fiel y exacta y fue emitida por el Presidente de la Junta Directiva del IVSS. Al respecto, refiere que dicho documento tampoco acredita la cobertura previsional exigida ni emana de la autoridad competente del país de origen, por lo que no constituye medio idóneo para cumplir el requisito legal.

Finalmente, informa que mediante Oficio N°12.954, de 17 de julio de 2025, la Superintendencia impartió instrucciones a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones respecto de afiliados venezolanos, ratificando que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentren firmadas ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para acreditar la cobertura previsional en el extranjero. Agrega que, respecto de trabajadores extranjeros contratados por organismos públicos mediante decreto o resolución de nombramiento, la Ley N°18.156 no resulta aplicable cuando no existe contrato de trabajo asimilable a los previstos por dicha ley, precisando que la recurrente se desempeña como médico de obstetricia y ginecología en el Hospital de Melipilla, con contrato de noviembre de 2020 autorizado por resolución exenta y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026.

Concluye que no cuenta con antecedentes que permitan establecer que la recurrente cumple las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, y solicita tener por cumplido lo ordenado.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la parte recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, y en su artículo 7° permite la devolución de los fondos previsionales si se cumplen los requisitos del artículo 1°, en particular acreditar afiliación a un sistema extranjero que cubra riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato contemple su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°2483-2026 Protección