nombre reservado CONTRA nombre reservado

Santiago, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que ha deducido recurso de protección don nombre reservado, técnico de enfermería, actualmente Director de Cuarta Compañía del nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, contra del nombre reservado, representado por su Superintendente don Cristian Orellana Montes, institución ubicada en domicilio reservado, de esa comuna, por cuando el 7 de abril de 2019 se habría decretado el cierre temporal de la Cuarta Compañía de Bomberos a que pertenece.

Expresa que ese día recibió una llamada telefónica del Superintendente del nombre reservado quien le pidió que se dirigiera al cuartel para cerrar la compañía por supuestas irregularidades materia de una investigación en curso. Luego, recibió una orden -por transmisión radial- de la central de comunicaciones de la institución, en orden a que todos los voluntarios de cuarta compañía debían concurrir al cuartel. Narra que horas más tarde se constituyó en el cuartel el superintendente y se reunió con los voluntarios que lograron llegar, a quienes les informó verbalmente el cierre de la compañía, entre otras medidas como que los voluntarios (43 en total) quedaban impedidos de asistir a cualquier acto de servicio (emergencia), que se les prohibía ingresar nuevamente al cuartel por tiempo indeterminado -mientras dure una investigación-, ordenándoles el retiro de sus cosas personales y conminándolos a concurrir al día siguiente, entre las 20:00 y las 23:00 horas, a dejar sus cargos (uniformes y equipos de protección personal y de parada, cascos y otras prendas). Añade además, que desde ese momento se determinó que el carro sólo concurriría a emergencias con el cuartelero (contratado para vivir en el cuartel y conducir los vehículos) y que se modificarían las pautas de despacho para que otras compañías.

Señala que al día siguiente remitió al Directorio General de la recurrida un documento en el cual hacía presente lo irregular de la situación y que, más tarde, la recurrida emitió una declaración explicando la medida. Agrega que en reunión del 8 de abril de 2019 el Directorio General ratificó el actuar del día anterior justificándolo en un pre informe de la “comisión de asuntos legales” que investiga una denuncia por irregularidades y que recomendó el cierre temporal.

Afirma que ni en el estatuto de la cooperación, ni en sus reglamentos ni en otras normas, se otorga facultad alguna al Superintendente, al Directorio General, Consejo de Oficiales Generales ni a ninguna comisión especial la facultad de cerrar temporalmente una compañía de bomberos, haciendo hincapié en que la restricción del ingreso a las dependencias de la institución o la concurrencia a emergencias es facultad del Consejo Superior de Disciplina mediante un fallo fundado.

Señala que el acto recurrido es arbitrario e ilegal, que afecta sus derechos y el de los voluntarios de cuarta compañía, en particular, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos consagrados en los N°s. 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado; además de conculcar el derecho reconocido en el N° 7 del mismo artículo, sin explicar mayormente cómo se concreta esa afectación.

Seguidamente, manifiesta que se sitúa en un grave peligro a la comunidad de nombre reservado cercana al cuartel, pues de manera arbitraria, recibirán un servicio peligrosamente deficiente al llegar en primera instancia un carro de bomberos sin bomberos o, en caso de tener el conductor-cuartelero sus días libres, no sería posible poner los vehículos de emergencia aparcados en dicha compañía en servicio, tal como ocurrió el 8 de abril de 2019 en el incendio de “La Toma de Millantú”. Señala que ello constituye también un acto arbitrario o ilegal que atenta contra del derecho consagrado en el N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, pues se ha limitado gravemente la eficiencia en atención de emergencias a la comunidad aledaña al cuartel como a toda la comuna de nombre reservado y Pirque.

Pide se acoja el recurso y se deje sin efecto la medida de cierre aplicada; se deje sin efecto la orden de no ingresar al cuartel de cuarta compañía indicada a los voluntarios pertenecientes a esta unidad;

se considere durante todo el tiempo de esta afectación, asistentes a todos los actos del servicio a los que podrían haber concurrido la compañía y otórguense a todos las respectivas listas de asistencia; se otorgue todas las horas de conductor que podrían haber obtenido los voluntarios conductores que podrían haber puesto en servicio los carros de la compañía impedidos de ser puestos en servicio y se obligue al nombre reservado a pedir disculpas públicas a la comunidad por el riesgo al que se le ha expuesto.

Segundo: Que don Gustavo Sánchez Acuña, abogado, en representación de la recurrida evacuó informe señalando que es el recurrente quien le otorga la calidad de sanción disciplinaria a una medida meramente administrativa contemplada tanto en los artículos 553 y 554 del Código Civil, como en los Estatutos y el Reglamento General de la institución. Sin perjuicio de ello, hace presente que el cierre administrativo de Cuarta Compañía cesó el 11 de abril de 2019, una vez cumplido el objetivo del cierre temporal.

Adicionalmente expresa que el artículo 23 del Estatuto confiere al Comandante amplias facultades y atribuciones sobre el manejo del personal, ya que textualmente señala:

“Corresponde al Comandante el mando activo del Cuerpo y la disposición del personal para la consecución de sus fines y mantener la disciplina, vigilar los Cuarteles y cuidar de la conservación y suministro de las Compañías”. Indica en base a lo anterior el Comandante en ejercicio de sus funciones y mandatado por el Estatuto, tomó la determinación en conjunto con el Superintendente y el Consejo de Oficiales Generales, de cerrar temporalmente un cuartel y relevar a los voluntarios de su asistencia a los servicios hasta nuevo aviso -que ocurrió un par de días después- a propósito de graves denuncias.

Además, explica que el rol del Superintendente en la comunicación y decisión del cierre temporal, se encuentra contemplada en el Reglamento General en el artículo 26 N° 1 Título III del Reglamento General del nombre reservado y menciona que tanto los inmuebles como los equipos de protección personal que usan los voluntarios son de propiedad del nombre reservado, cuya máxima autoridad jerárquica es el Superintendente.

Añade que es usual que en algunos horarios los carros concurran sin personal a las emergencias y se sumen voluntarios que se dirigen por sus propios medios, lo que, además, en este caso fue cubierto por un plan de mitigación comunicado por el Sr. Comandante a los voluntarios de otras Compañías. En cuanto al incendio de “La Toma de Millantú”, destaca que se encuentra emplazada en el sector de Sexta Compañía, unidad que rápidamente acudió al lugar y comenzó el trabajo junto con Primera Compañía.

En suma, señala que el recurso carece de antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que amparen lo que pretende el recurrente, debiendo la Corte rechazar en todas sus partes el recurso de protección, declarando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales respectivas, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes e indubitados consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se debe tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, teniendo presente los antecedentes allegados al recurso, en especial lo informado por la recurrida en cuanto a que el Superintendente del nombre reservado el día 11 de abril último, por Oficio 177-2019, -ratificado por el letrado que concurrio a estrado- dejó sin efecto el cierre temporal de la Cuarta Compañía de dicha institución -principal motivo de la interposición de esta acción cautelar-, se estima por esta Corte que el recurso ha perdido oportunidad, no existiendo medida alguna de carácter urgente que este tribunal pueda adoptar a ese respecto.

Quinto: Que, por otro lado, las demás peticiones del recurso en análisis exceden los márgenes de la presente acción constitucional, en cuanto a su naturaleza y finalidad, circunstancias que también impiden acogerlo.

Sexto: Que, por lo antes expuesto, resulta inoficioso entrar a analizar la presunta conculcación de derechos fundamentales y fuerza a su necesario rechazo.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del nombre reservado.

Redacción del Ministro Sr. Roberto Contreras Olivares.

Comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2478-2019.

No firma el abogado integrante señor Pavez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.