Protección contra nombre reservado

C.A. de San Miguel San Miguel, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis.

Al folio 23: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que doña nombre reservado y don nombre reservado, interponen recurso de protección en favor de su hijo nombre reservado, de 13 años, en contra de la nombre reservado., representada por nombre reservado, fundado en que la recurrida habría incurrido en actos ilegales y arbitrarios al imponerle al menor la sanción de expulsión con fecha 30 de abril de 2025, con el posterior rechazo de su reconsideración el 28 de mayo de 2025, alegando que el procedimiento disciplinario se encontraría viciado por falta al debido proceso, inexistencia de pruebas suficientes, intervención de personas sin idoneidad profesional y vulneración de garantías fundamentales tales como el derecho a la educación, a la honra y a la igualdad ante la ley, consagradas en los numerales 2, 4 y 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Exponen que la medida se dictó sobre la base de denuncias reiteradas de connotación sexual formuladas por compañeras de curso, las cuales califican como falsas o no acreditadas, afirmando que el procedimiento disciplinario seguido por el colegio estuvo viciado desde su origen por ausencia de debido proceso, al no haberse otorgado instancia efectiva de defensa ni posibilidad de efectuar descargos, negándose además el acceso completo y oportuno a los antecedentes fundantes de la decisión.

Agregan que la investigación se habría sustentado en entrevistas realizadas de manera inductiva, incluso con participación de personas sin la debida idoneidad profesional, elaborándose informes sobre la base de relatos no verificados e incluso combinados, lo que compromete su validez.

Sostienen que el establecimiento utilizó antecedentes pretéritos no comprobados para construir una presunción de culpabilidad, configurando una indebida reiteración de faltas graves, lo que habría sido determinante para justificar la expulsión. Además, refieren que la sanción resulta extemporánea, toda vez que el alumno había sido previamente retirado por sus padres el 27 de abril de 2025, hecho reconocido por la propia institución, lo que privaría de finalidad jurídica la medida adoptada.

Alegan, por otra parte, que la decisión fue difundida dentro de la comunidad escolar, afectando gravemente la honra, imagen y bienestar emocional del menor, generando estigmatización y daño reputacional. En cuanto al contexto, describen un clima de conflictividad previa en el curso, múltiples denuncias anteriores desestimadas y deficiencias estructurales en la gestión de convivencia escolar del establecimiento, lo que -en su concepto- evidencia negligencia institucional.

Solicitan que se declare que la expulsión es ilegal y arbitraria, que se deje sin efecto y se ordene la adopción de medidas reparatorias, incluyendo la emisión de una comunicación que restablezca la honra del menor ante la comunidad educativa.

SEGUNDO: Que, la recurrida nombre reservado, evacuó informe solicitando el rechazo del recurso de protección, sosteniendo que la actuación impugnada se ajustó plenamente a derecho, por cuanto la sanción de expulsión aplicada al alumno fue el resultado de un procedimiento disciplinario llevado a cabo conforme al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y a la normativa vigente en materia de convivencia escolar.

Señala que, frente a la denuncia de hechos de connotación sexual atribuida al estudiante, el establecimiento activó los protocolos respectivos, desarrollando una investigación formal dentro del plazo legal, en la cual se realizaron entrevistas a las estudiantes denunciantes, testigos y al docente presente en el momento de los hechos, adoptándose además medidas de resguardo destinadas a proteger la integridad de todos los involucrados Agrega que el proceso se llevó a cabo bajo principios de objetividad, confidencialidad y resguardo emocional, y que la decisión sancionatoria se fundó no solo en los hechos investigados, sino también en antecedentes previos de similar naturaleza que, conforme a la normativa interna, resultaban relevantes para evaluar la conducta del alumno.

Precisa que la suspensión y posterior expulsión responden a lo dispuesto en la legislación educacional aplicable, incluida la normativa “Aula Segura”, que autoriza la adopción de medidas disciplinarias graves en contextos que afecten la seguridad escolar, indicando que se otorgó a los padres la posibilidad de conocer los antecedentes y participar del proceso, desestimando que se haya vulnerado el derecho a defensa.

Finalmente, sostiene que cualquier discrepancia respecto de la valoración de la prueba o de la decisión adoptada corresponde a materias de fondo ajenas al recurso de protección, afirmando que la institución actuó en todo momento con el objetivo de resguardar el interés superior de los estudiantes y la convivencia escolar, negando la existencia de arbitrariedad o ilegalidad en su actuar.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que del mérito de los antecedentes aparece que la controversia dice relación con la legalidad y razonabilidad de la decisión del establecimiento educacional de aplicar la medida disciplinaria de expulsión a un alumno en el contexto de un procedimiento disciplinario por convivencia escolar por denuncias de connotación sexual, así como con la forma en que dicho procedimiento se llevó a cabo.

QUINTO: Que, analizados los antecedentes aportados, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario en los términos exigidos para la procedencia del recurso de protección, por cuanto la medida adoptada por la recurrida se enmarca en el ejercicio de las facultades disciplinarias que el ordenamiento jurídico reconoce a los establecimientos educacionales, particularmente en el ámbito de la convivencia escolar, y fue sustanciada en un procedimiento legalmente tramitado y de conformidad con su respectivo reglamento interno.

SEXTO: Que, en este mismo sentido, la circunstancia de discrepar de las conclusiones alcanzadas por la autoridad escolar o de cuestionar la valoración de los antecedentes reunidos no constituye, por sí sola, un acto arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía cautelar, desde que el recurso de protección no constituye instancia de revisión integral de procedimientos disciplinarios ni de ponderación probatoria extensa, materias que corresponden a otras sedes jurisdiccionales o administrativas.

A mayor abundamiento, cabe tener presente que el niño en cuyo favor se recurre fue desvinculado formalmente del establecimiento educacional por sus padres, con anterioridad a la fecha de la sanción de expulsión.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no verificándose la concurrencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte derechos fundamentales en la forma denunciada, el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado y nombre reservado, en favor del niño nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad. 2476-2025 PROT.