nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Y OTRA

San Miguel, dos de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que don nombre reservado, trabajador independiente, domiciliado en domicilio reservado, representado por doña nombre reservado, abogado, del mismo domicilio recién señalado, interpone recurso de protección en contra del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (“ISP”) representado por su director nacional, don Juan José Cárcamo, cuya profesión u oficio dice ignorar, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, y en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A., persona jurídica del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, cuya profesión u oficio también dice desconocer, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, a fin de que esta Corte adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho ante el acto que califica de ilegal y arbitrario de las entidades recurridas, consistente en no acoger su solicitud de jubilación, con lo que, según sustenta, se vulnera su derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Relata que ha trabajado durante más de 40 años en el rubro de la educación y de la construcción, pagando constantemente y de manera prácticamente ininterrumpida sus cotizaciones. Añade que durante su vida laboral, estuvo sujeto a dos regímenes de seguridad social, así, durante el año 1979, cotizó en el antiguo Servicio de Seguro Social (“S.S.S.”) y, posteriormente, desde 1981, se afilió en calidad de dependiente al sistema de AFP, en el que cotizó por casi 33 años de la manera precedentemente indicada, siendo AFP Cuprum la última administradora en la que estuvo afiliado.

Manifiesta que durante el año 2017, el recurrente se acogió al beneficio de opción establecido en el artículo 1° transitorio del DL 3.500 de 1980, a fin de reafiliarse en el IPS. Beneficio que le fue concedido, dado que perteneció al sistema antiguo el año 1979, motivo por el que se emitió el correspondiente bono de reconocimiento por la institución de previsión del régimen antiguo.

Refiere que al comenzar a tramitar su jubilación, desde el IPS se negaron a acoger su solicitud, aduciendo que el señor nombre reservado mantiene actualmente una deuda de desafiliación que alcanza casi los $ 10.000.000 (diez millones de pesos).

Sostiene que por ello, el 2 de enero de este año, el recurrente solicitó nuevamente a la recurrida dar curso a los trámites para obtener la pensión de vejez, limitándose la entidad previsional a emitir la pertinente “Liquidación de la deuda por desafiliación de AFP”, una “Solicitud de opciones de pago para desafiliaciones de AFP” y el correspondiente pagaré para garantizar su pago.

Sustenta que de los documentos emitidos por el IPS, las únicas alternativas de pago de la deuda son: pago al contado, pago en cuotas, y pago con cargo a beneficios previsionales. Sin embargo, ninguna de ellas está al alcance de su representado, ni se ajustan a su realidad, por lo que no pudo suscribir documento alguno para dar curso al trámite de que se trata.

Afirma que el señor nombre reservado ha insistido en la prosecución de su solicitud de jubilación, empero, ambas recurridas se han negado a ello de no mediar el pago en las modalidades que indican.

También asevera que su representado ha estado dispuesto, incluso, a que se descuente lo debido del pago del bono de reconocimiento del que fue beneficiario, o en base a descuentos a sus pensiones, alternativas que no fueron aceptadas por el IPS.

Asegura que hasta la fecha de interposición del recurso, el demandante de protección no ha podido pensionarse, ya que la AFP no pone a disposición los fondos previsionales para que el IPS dé curso a la aludida solicitud, y por su parte el IPS no pone a disposición de aquel otras modalidades de pago de la referida deuda.

Manifiesta que tales acontecimientos han afectado la salud psíquica del recurrente, ya que el sistema no le ofrece ninguna alternativa viable para acceder al derecho fundamental de jubilarse y percibir una pensión con sus fondos previsionales, todo lo que ha privado al señor nombre reservado del ejercicio de los derechos que la Ley y la Constitución le confieren.

Expone que su representado tiene 68 años y percibe únicamente la Pensión Única Garantizada, el Ingreso Ético Familiar, e ingresos por trabajos menores como independiente.

Explica que de acuerdo a los artículos 19 N° 24 y 20 de la Carta Fundamental, y el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el actuar de las recurridas constituye una acción arbitraria e ilegal.

También señala, que dada la naturaleza de servicio público del IPS, su actuar debe ponderarse considerando lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de la República que al efecto transcribe.

Además, reproduce el artículo 3 de la ley 19.880 que establece las “Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado”, tras lo cual esgrime que el actuar de las entidades recurridas vulnera claramente lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Carta Magna cuyo texto reproduce, lo que también hace del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

De otro lado, asegura que de acuerdo a lo dispuesto en los incisos 3° y 4° del artículo 20 letra H del DL 3.500, “el empleador deducirá los aportes de los trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que las partes acuerden.

Agrega el precepto: “Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los aportes efectuados por éste y por su empleador.

Los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de trabajo terminase por las causales establecidas en los artículos 161 ó 163 bis del Código del Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador. Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al procedimiento que determine la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.”

Disposición legal que en opinión de la representante del recurrente reconoce claramente la propiedad del trabajador dependiente o independiente sobre sus fondos previsionales, sin que exista ningún fundamento legal que autorice al IPS a privar al demandante de protección de sus fondos.

Prosigue reiterando que el señor nombre reservado se acogió al beneficio de opción contemplado en el artículo 1° transitorio del DL 3.500 que señala: “Artículo 1°.- Los trabajadores que sean o hayan sido imponentes de alguna institución de previsión, tendrán derecho a optar entre el Sistema que establece esta ley y el régimen vigente a la fecha de su publicación que les corresponda, de acuerdo a la naturaleza de sus servicios.

El mismo derecho a opción tendrán los trabajadores que se afilien por primera vez antes del 31 de diciembre de 1982. Aquellos que lo hagan con posterioridad a esa fecha, deberán incorporarse al Sistema que establece esta ley.

El derecho a opción se llevará a efecto mediante la incorporación a una Administradora de Fondos de Pensiones.”

Añade que la normativa pertinente se encuentra contenida en la Ley 18.225 de 1983, que dicta normas sobre desafiliación y modifica el Decreto Ley N° 3.500 del año 1980, la que en su artículo 2° -en lo pertinente- dispone: “Si el saldo neto acumulado en la cuenta individual no fuere suficiente, la diferencia que resultare entre dichas cotizaciones y el monto traspasado por la administradora de fondos de pensiones podrá ser pagada por el interesado total o parcialmente al contado.

Los trabajadores dependientes podrán efectuar el pago del total o del saldo no cubierto al contado, mediante facilidades de pago de hasta sesenta mensualidades que les concederán las instituciones de previsión, en cuyo caso las cuotas sólo se reajustarán en los términos del inciso segundo y su pago deberá garantizarse de acuerdo con las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social. Las cuotas serán descontadas por planilla, por el empleador, y les serán aplicables las normas de la ley N° 17.322 (para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social.

Si se concedieren beneficios previsionales, el pago de las cuotas pendientes a que se refiere el inciso anterior, podrá descontarse o continuar descontándose de esos beneficios, a solicitud del interesado. Sin embargo, a petición del mismo, dichas cuotas también podrán descontarse de los beneficios establecidos en el inciso noveno de este artículo y con las modalidades allí señaladas.”

Expone que de acuerdo a dichas normas, la Administradora de Fondos de pensiones correpondiente debe efectuar la transferencia de fondos respectiva a la cuenta de la institución del régimen previsional antiguo, en este caso, el IPS.

Indica que el inciso 5° de la Ley 18.225 explica el motivo por el que dicha entidad se niega a autorizar al señor nombre reservado a percibir su pensión de vejez, en tanto establece: “si el saldo neto acumulado en la cuenta individual no fuere suficiente, la diferencia que resultare entre dichas cotizaciones y el monto traspasado por la administradora de fondos de pensiones podrá ser pagada por el interesado total o parcialmente al contado.”

Además, sostiene que el artículo 2° de la Ley precitada contempla en los incisos 6 a 10 otras modalidades de pago, plenamente aplicables a la situación sub lite.”

Por lo expuesto, repite que el año 2017 su representado se acogió al régimen de AFP, conforme al cual, la institución previsonal del régimen antiguo (S.S.S.) emitió el respectivo bono de reconocimiento, contemplado en el artículo 3° del DL N° 3500.

Arguye que la normativa pertinente para este caso se encuentra en la Ley 18.225 de 1983, que dicta normas sobre desafiliación y modifica el DL 3.500, cuyo artículo 1° inciso 1 contempla el beneficio de desafiliación al que se acogió el recurrente. También expresa que según disponen los incisos 2 y 3 de dicha norma, la AFP debe efectuar la transferencia de fondos respectiva a la cuenta de la institución del régimen previsional antiguo, en este caso el IPS.

Enfatiza que el motivo por el cual el IPS se niega a autorizar la jubilación del recurrente se enontraría en el inciso 5° de la norma señalada precedentemente transcrita. Agrega que, además, la ley contempla otras modalidades de pago establecidas en el artículo 2 de la ley citada, dentro de los cuales se encuentra el descuento mensual de la pensión que pudiere corresponderle, en cuotas que no excedan el veinte por ciento de la misma. Sin embargo, el IPS evitó poner a su disposición la última de las alternativas contempladas en la ley, omitiendo toda mención a lo dispuesto en el artículo 2 inciso 9 de la Ley 18.225, plenamente aplicable al caso.

En cuanto al plazo de interposición del recurso, asegura que tanto la liquidación de la deuda por desafiliación, como la solicitud de opciones de pago, y el pagaré, fueron emitidos por el IPS y entregados al recurrente el 2 de enero de 2025.

Sin perjuicio de lo anterior, cita jurisprudencia que respaldaría la tesis que un acto administrativo ilegal o arbitrario no puede quedar firme y por tanto constituir el momento a partir del que debe contarse el plazo de interposición del recurso de protección.

Por lo expuesto y demás argumentos que vierte en su libelo recursivo, pide: se acoja este arbitrio con costas y declare que el actuar de los recurridos fue ilegal y arbitrario al no dar curso a la solicitud de pensión de vejez presentada por el recurrente, negándose a poner a su disposición sus fondos de previsión; se declare que la liquidación de la deuda por desafiliación de la AFP, la solicitud de opciones de pago para desafiliaciones de AFP y el respectivo pagaré emitidos por el IPS son ilegales y arbitrarios por carecer del suficiente fundamento en atención al caso concreto, sin perjuicio de otro u otros actos ilegales y arbitrarios de que se tome conocimiento durante el curso de este procedimiento; se ordene que dicha institución de curso y autorice el otorgamiento de la pensión de vejez a que tiene derecho el recurrente; se autorice al afiliado para hacer el pago con cargo a las pensiones de vejez que le correspondiere recibir, descuentos que no podrán exceder del 20% de su pensión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° inciso 9° de la Ley 18.225; y por éltimo, se adopte cualquier otra medida que esta Corte estime pertinente.

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso doña Susana Ximena Roa Gutiérrez, abogado, en representación del Instituto de Previsión Social, quien solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Señala al respecto, que de lo referido por el recurrente es manifiesto que existe una clara confusión en cuanto a la interpretación de la información proporcionada por la recurrida para solucionar su derecho a pensión y el pago de la deuda por desafiliación.

Refiere que de acuerdo a la normativa aplicable a la situación particular del señor nombre reservado, al solicitar su desafiliación, ejerció el derecho contempaldo en el artículo 1° de la Ley 18.225, y no del artículo 1° transitorio del DL 3.500, toda vez que este derecho se refiere a una eventual desafiliación, que sólo se pudo ejercer hasta el 31 de diciembre de 1982, precluyendo el año 2017.

En cuanto a las formas de pago ofrecidas, indica que el artículo 2 de la Ley 18.225 expresamente establece sólo tres(3) modalidades para pagar las deudas de desafiliación, sin que exista ninguna posibilidad de imputar el pago de dicha deuda al bono de reconocimiento.

Agrega que el artículo 2° de la Ley precitada, en sus incisos 5°, 6°, 7° y 8° dispone: “Si el saldo neto acumulado en la cuenta individual no fuere suficiente, la diferencia que resultare entre dichas cotizaciones y el monto traspasado por la administradora de fondos de pensiones podrá ser pagada por el interesado total o parcialmente al contado.

Los trabajadores dependientes podrán efectuar el pago del total o del saldo no cubierto al contado, mediante facilidades de pago de hasta sesenta mensualidades que les concederán las instituciones de previsión, en cuyo caso las cuotas sólo se reajustarán en los términos del inciso segundo y su pago deberá garantizarse de acuerdo con las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social. Las cuotas serán descontadas por planilla, por el empleador, y les serán aplicables las normas de la ley N° 17.322.

Si se concedieren beneficios previsionales, el pago de las cuotas pendientes a que se refiere el inciso anterior, podrá descontarse o continuar descontándose de esos beneficios, a solicitud del interesado. Sin embargo, a petición del mismo, dichas cuotas también podrán descontarse de los beneficios establecidos en el inciso noveno de este artículo y con las modalidades allí señaladas.

En caso de incumplimiento en el pago de las cuotas, la respectiva institución de previsión podrá cobrar lo adeudado mediante el sistema de descuentos a que se refiere el inciso siguiente.”

Añade que el inciso 6° del precepto en comento, establece que la Superindentencia impartirá instrucciones sobre cómo debe garantizarse el pago, entidad que en su Ordinario N°P/N-3033 de 17 de febrero de 1997, se establece la posibilidad del interesado de realizar el pago al contado a través de faciliades, las que deben materializarse a través de un pagaré. Así, la Superintendencia instruyó al ex Instituto de Normalización Previsional, hoy IPS, que las deudas se deben materializar a través de un pagaré. Lo mismo fue especificado en el Oficio Ordinario de la Superintendencia de Pensiones N° 2472 de 9 de febrero de 2023.

Aduce que tanto la ley como las instrucciones impartidas a su representado, establecen que desde la dictación de la Ley 18.225, siempre han existido sólo 3 formas de pagar y asegurar la deuda por desafiliación, y no puede imputarse a un beneficio previsional no contempaldo en la ley, aún cuando sea por voluntad del propio afiliado. Agrega que el derecho de seguridad social es derecho público y administrativo, por lo que sólo puede realizarse aquello permitido por ley.

Precisa que del relato del recurso, no pareciera haber una incongruencia entre lo ofrecido por el IPS y lo deseado por el recurrente, no explicándose la razón por la cual el demandante de protección se niega a suscribir el pagaré, salvo no querer comprometerse al pago de la deuda en 60 meses. Como alternativa, el recurrente podría descontar la deuda del desahucio a que tuviera derecho por pensionarse a través de la ex Empart, y el saldo de la deuda se podría descontar de su pensión, con un tope del 20% del monto de esta.

Adiciona que según sus registros, el recurrente se afilió nuevamente a una AFP, hoy AFP Modelo, el 1 de julio de 2021. Considerando lo anterior, el IPS ha emitido su bono de reconocimiento con fecha 30 de septiembre de 2021, cuyo monto nominal asciende a $ 27.710.870, el que aun no se ecuentra pagado ni liquidado.

En otro orden de ideas, asevera que este recurso es extemporáneo, toda vez que en el libelo recursivo no se indica un acto del IPS que se hubiere dictado dentro de los 30 días anteriores a la interposición del recurso.

En cuanto a los derechos supuestamente vulneradas, indica que el IPS ha actuado conforme a derecho y no ha realizado ningún acto ilegal ni arbitrario, y tampoco existe algún derecho conculcado. Refiere que las normas aplicadas en este caso son el artículo 2 de la Ley 18.225, que dispone en sus incisos 5 a 8 la forma de proponer al afiliado o imponente la forma de pago de la deuda que se genere cuando los fondos traspasados desde la AFP respectiva sean insuficientes para cubrir la deuda de cotizaciones del antiguo sistema.

De otro lado, asevera que no existe un derecho indubitado del recurrente, ya que no se encuentran pagadas todas las cotizaciones correspondientes al mismo período en que estuvo afiliado a una AFP, ni se encuentra garantizado su pago en la forma prescrita en la ley, esto es, de la manera que la Superintendencia de Seguridad Social determine. Entidad que a través de las Circulares más arriba señaladas, dispuso se garantizara o asegurara el pago de la aludida deuda en la forma ya dicha, vale decir, mediante la suscripción de un pagaré. Por consiguiente, asevera que en este caso, no concurren los requisitos para acceder a la pensión del antiguo sistema.

Adiciona que, en todo caso, la seguridad social es ajena a la acción de protección, ya que no se encuentra contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, solicita se exima a su representado de una eventual condena en costas, por haber actuado de buena fe en la defensa del IPS en la tramitación de esta acción, sin que exista ningún hecho que desvirtúe aquello. A lo que se suma la condición de institución pública que goza de privilegio de pobreza de conformidad con el artículo 183 del Decreto N°615, en relación al Decreto Ley N°3.502.

Atendido lo precedentemente expuesto y por los demás argumentos que vierte en su informe, solicita se rechace la acción intentada en todas sus partes.

TERCERO: Que también se requirió informe al tenor del recurso a la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A., repartición que a través de su representante, don nombre reservado, solicita el total rechazo del recurso entablado, con costas.

Esgrime al respecto que revisados los registros de la referida AFP, se constató que el recurrente no se encuentra afiliado a dicha entidad.

Enfatiza que el documento acompañado al recurso es un certificado de antecedentes previsionales emitido por AFP Uno S.A., con fecha 30 de diciembre de 2024, y no por su representada.

Por lo expuesto asegura carecer de legitimidad pasiva en estos antecedentes, como también la inexistencia de una conducta ilegal o arbitraria por parte de AFP Modelo.

CUARTO: Que del examen de los antecedentes es inequívoco, que como hizo presente la apoderado del recurrente, incurrió en un error al singularizar la Administradora de Fondos de Pensiones a la que se habría afiliado el señor nombre reservado, por lo que se solicitó informer al tenor del recurso a la Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. (“AFP Uno”). Diligencia que realizó en su representación don nombre reservado, abogado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

QUINTO: Expresa que ante la solicitud del recurrente, los medios de pago disponibles para saldar la deuda por desafiliación de aquel se encuentran específicamente regulados en el artículo 2 de la Ley 18.631. Asimismo, el Oficio Ordinario N°2472 de 9 de septiembre de 2023 de la Superintendencia de Pensiones establece el procedimiento para que las AFP dispongan de los fondos previsionales del deudor, a fin de saldar la deuda de desafiliación que mantenga con el IPS. Señala que en este caso, no concurren lo presupuesto para la procedencia de esta acción constitucional, toda vez que no es posible visualizar algún acto arbitrario o ilegal, ni la vulneración del derecho de propiedad del recurrente.Explica que en los meses de octubre y diciembre de 2024 AFP Uno recibió únicamente dos consultas relativas al recurrente, cuyos motivos consistieron en “Inicio otro trámite” y “Consultar por otro trámite” respectivamente.

Agrega que la acción entablada es extemporánea, por cuanto el recurrente no señala ningún acto u omisión de AFP Uno dentro de los 30 días previos a la interposición del recurso.

Adiciona que la acción deducida es improcedente toda vez que no existe ningún acto u omisión ilegal o arbitrario de su representada. Precisa que las referencia del recurrente a actuaciones de AFP Uno, se limitan a dos supuestas negativas sin mayor desarrollo. Así, manifiesta que el demandante de protección sólo ha presentado una solicitud de bono de reconocimiento con fecha 26 de julio de 2021, un trámite por reclamo de bono de reconocimiento, y una solicitud de pensión de vejez, estos últimos con fecha 11 de enero de 2022. Indica que durante el año 2024 no existen nuevas solicitudes de pensión, sino únicamente dos consultas, que no constituyen una gestión formal para iniciar el proceso de jubilación. Por consiguiente, asegura que no puede hablarse de una negativa por parte de AFP Uno.

También aduce que dicha repartición carece de facultades para determinar la forma de pago de la deuda, ya que ello está regulado en la Ley 18.225 y la normativa vigente. De acuerdo a la cual, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden disponer de los fondos del afiliado una vez notificadas del monto adeudado, debiendo ajustarse estrictamente a las disposiciones establecidas para la ejecución del descuento correspondiente. Por lo expuesto, asevera que no puede existir un actuar ilegal o arbitrario de AFP Uno, ya que desde 2022 el recurrente no ha realizado ninguna solicitud de pensión de vejez, y por otra parte, AFP Uno no puede acceder a la disposición de parte de los fondos previsionales para saldar la deuda por desafiliación sin que exista una notificación previa del IPS.

De otro lado, sostiene que en este caso no existe privación de un derecho indubitado, desde que no ha existido alguna acción u omisión de AFP Uno que pueda haber afectado un derecho del recurrente, y, las alusiones a la misma son circunstanciales, mas no imputa a dicha entidad, la privación de los fondos previsionales del demandante de protección.

Afirma que por el contrario, el reclamo del recurrente se dirige expresamente contra el IPS en relación con la modalidad de pago de la deuda por desafiliación.

Además, arguye que en este caso no existe una privación, perturbación o amenaza de algún derecho consagrado en el artículo 19 de la Carta Fundamental, no cumpliéndose por tanto ninguno de los requisitos para la procedencia del recurso de protección.

SEXTO: Que de lo referido y a fin de dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, cabe señalar que como es sabido, la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado.

De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

SEPTIMO: Que atendido lo anterior, es preciso determinar si ha existido de parte de las entidades recurridas un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive al reclamante de protección del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, específicamente en este caso, aquel contemplado en el Artículo 19 N° 24 de la carta fundamental.

OCTAVO: Que al efecto, el recurrente de protección acompañó a los antecedentes “certificado de Imposiciones” emitido por el IPS a nombre de don nombre reservado con fecha 30 de diciembre de 2024, en el que se consigna, “se extiende para acreditar imposiciones desafiliado Ley 18.225 desde 1/08/2017, Resolución N° 87928 y estado aprobada el trabajador se encuentra afiliado a AFP desde 01/07/2021”; “Certificado de Afiliación N° 211351776125”, que da cuenta que don nombre reservado cuyo RUT se indica, “se encuentra incorporado a A.F.P. Uno, con fecha 1 de Julio de 2021. Lo anterior, de acuerdo con la información proporcionada a esta Superintendencia por las A.F.P., actualizada al último día hábil del mes de Diciembre de 2024.”; copias de correos electrónicos enviados por A.F.P. UNO a don nombre reservado, con fecha 7 y 24 de mayo de 2024 y 3 de julio del mismo año, en los que se le informa que intentaron comunicarse telefónicamente con él sin lograrlo, ello porque “debe regularizar el trámite del Bono de Reconocimiento en el Instituto de Previsión Social (IPS), el cual se encuentra rechazado por la existencia de pagos pendientes en dicha entidad. A causa de lo expuesto, tu trámite de pensión suscrito en esta administradora, no ha podido avanzar. Dicho esto, puede desistir de su trámite de pensión hasta que regularice su situación en el IPS y luego volver a tramitar la pensión en la administradora.” También se indican las formas para comunicarse con la referida A.F.P.; “certificado de Antecedentes Previsionales” del recurrente expedido por la aludida entidad, del que se lee, entre otros, bajo el epígrafe “Información Bono de Reconocimiento, estado Dbr liquidado monto nominal $ 27.710.870.-, valor actualizado al 1/02/2025.” También allegó copia de la “Solicitud de Cálculo y Emisión del Bono de Reconocimiento”, efectuada por don nombre reservado con fecha 26 de julio de 2021; por último, en lo que interesa, adjuntó a los antecedentes copia de la Liquidación de la Deuda por Desafiliaciones de A.F.P. en la que se informa al señor nombre reservado que analizado su expediente de desafiliación, la deuda que en dicho documento se informa, “corresponde a la diferencia de imposiciones previsionales por todo el período que cotizó en una A.F.P. y se encuentra determinada de acuerdo a lo establecido en la Ley 18.225 y se encuentra afecta a reajustes en conformidad a la variación experimenteda por el Indice de Precios (I.P.C.). con el fin de que UD pueda verificar los períodos traspasados, adjunta detalle de rentas de desafiliación remitida por la A.F.P.”

Además, se indica que el monto informado puede variar en el caso que la A.F.P. aporte nuevos antecedentes, modificando la información base de esta liquidación.

Asimismo, señala la “modalidad de pago”, consistente en pago al contado, pago con cargo al desahucio o indemnización y facilidades de pago de acuerdo a la Ley 18.631 que reemplaza los incisos quinto y sexto del articulo 2° de la Ley N° 18.225, la que establece de 1 a 60 mensualidades, respecto de las cuales se especifican sus exigencias y forma de cumplimiento.

NOVENO: Que del mérito de los elementos de convicción referidos en lo que antecede y los dichos de los intervinientes tanto en sus respectivas presentaciones como ante estrados, examinado todo ello a la luz de las normas que reglan la materia, transcritas en lo que antecede, es incuestionable que no existe discrepancia, discusión ni controversia alguna entre ellos y permite dar por establecido, que el demandante de protección, don nombre reservado, inició los tramites para su jubilación, realizando las presentaciones y peticiones pertinentes ante las entidades previsionales correspondientes.

Asimismo, es inconcuso que no obstante lo anterior, al solicitar el cálculo y liquidación del Bono de Reconocimiento, para obtener el pago de su pensión de vejez, no logró aquello dado que registra una deuda por diferencias en las cotizaciones producto de la desafiliación que en su oportunidad realizó. Deuda que de acuerdo al claro tenor literal de la Ley 18.225, debe ser satisfecha por el afiliado de la manera que en ella se expresa, o garantizado su pago con la suscripción de un pagaré, para seguir el curso de los trámites de jubilación del demandante de protección.

También es manifiesto, que don nombre reservado no ha suscrito el referido pagaré ni ha optado por alguna de las otras dos modalidades establecidas en la ley para el pago de la deuda ya señalada.

DECIMO: Que así las cosas, no apareciendo del examen de los antecedentes ningún otro elemento de convicción que contraríe lo concluido en lo que antecede, forzoso es colegir que en este caso, las entidades recurridas no han incurrido en algún acto ilegal ni arbitrario relacionado con el demandante de protección, lo que impide estimar concurrente el presupuesto sine que non para la procedencia de la acción constitucional cautelar deducida.

DECIMO PRIMERO: Que de otro lado y a mayor abundamiento, del examen de los antecedentes se verifica, que no existen indicios claros, precisos y determinados que permitan dar por acreditada la titularidad del recurrente de protección del derecho que dice amagado, por lo que teniendo presente que el ejercicio de esta acción constitucional cautelar exige la existencia de un derecho indubitado de quien recurre, situación que en el asunto en análisis no es posible dar por acreditada, y por consiguiente, conduce necesariamente a desestimar el presente recurso.

DECIMO SEGUNDO: Que por consiguiente, habiéndose concluido en lo que antecede que la acción constitucional cautelar deducida no puede ser acogida por no concurrir las exigencias señaladas en la Constitución Política de la República para su procedencia, hace innecesario analizar y pronunciarse sobre las demás alegaciones realizadas por las entidades recurridas en sus respectivos informes.

Por lo expuesto en los anteriores razonamientos y, vistos, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra del Instituto de Previsión Social (IPS) A.F.P. Modelo S.A. y de AFP UNO S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°247-2025-Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte, integrada por los ministros señora Ana Cienfuegos Barros, señora M. Soledad Espina Otero y señor Mauricio Olave Astorga. No firma el ministro señor Olave por estar haciendo uso de su feriado legal, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.