nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado en favor de nombre reservado, ciudadano venezolano, interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., representada por nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, con vulneración de las garantías establecidas en los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que solicitó ante la recurrida, a través del portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, bajo la solicitud N°1282898, y que fue notificado de que su trámite se encontraba detenido por el siguiente motivo: "Falta Constancia de afiliación vigente el cual debe estar apostillado en un país extranjero en que fue otorgado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización por lo que no es el documento solicitado".

Sostiene que ha dado cumplimiento íntegro a los requisitos de los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, por cuanto es un profesional extranjero afiliado a la seguridad social de su país de origen, lo que constaría del contrato de trabajo, sus anexos y del certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y que la constancia electrónica de cotizaciones que acompañó es verificable por medios electrónicos en el portal de dicho instituto mediante el código de verificación que en ella se consigna.

Añade que la recurrida incurre en una interpretación excesivamente formalista de la norma, al exigir la legalización o apostilla de un documento que la ley no requiere e incorporar exigencias no contempladas en ella, en circunstancias que la afiliación puede acreditarse por cualquier medio.

Agrega que la exigencia de apostilla resulta, además, de imposible cumplimiento, por cuanto es un hecho público y notorio que no existen actualmente relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, circunstancia ajena a su esfera y constitutiva de fuerza mayor, invocando al efecto lo dispuesto en los artículos 18 y 45 del Código Civil.

Solicita se acoja la presente acción, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y se disponga la devolución de los fondos dentro de quinto día, o lo que la Corte estime conforme al mérito de los antecedentes, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. solicitó el rechazo de la acción, con costas.

En primer término, alegó la improcedencia de la vía cautelar, por cuanto la materia debatida no sería propia del recurso de protección, sino de un procedimiento de lato conocimiento, ya que no se estaría frente a un derecho indubitado sino controvertido, cuya declaración excede el objeto de esta acción de emergencia.

En cuanto al fondo, expuso que la Ley N°18.156 establece un régimen de excepción al principio de territorialidad en materia previsional, de interpretación restrictiva, que exige el cumplimiento copulativo de los requisitos de su artículo 1, entre ellos, que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Indicó que rechazó la solicitud del recurrente porque el documento aportado, una constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sin firma y no apostillada ni legalizada, no constituye el certificado de afiliación exigido, no consigna en forma específica las coberturas de que gozaría el afiliado, ni acredita que la cobertura de salud comprenda prestaciones médicas y pecuniarias, todo ello conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, en particular sus Oficios N°12.954, de 17 de julio de 2025, y N°21.880, de 17 de noviembre de 2025. Agregó que tampoco resulta idónea una declaración jurada del propio afiliado, y que el recurrente cuenta con residencia definitiva en Chile y es propietario de un inmueble, circunstancia que, a su juicio, refuerza la improcedencia de la devolución.

Tercero: Que informó también la Superintendencia de Pensiones, exponiendo el marco normativo de la Ley N°18.156 y su carácter de norma de excepción, de aplicación e interpretación restrictiva, así como la facultad de ese organismo para interpretar administrativamente las normas del sistema de pensiones.

Señaló que, para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero de la letra a) del artículo 1 de la citada ley, el trabajador debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte, y que dicha cobertura debe haber sido efectiva durante todo el tiempo en que se prestaron servicios en Chile.

Concluyó que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada por el recurrente no sirve para acreditar tal requisito, por cuanto no se encuentra firmada, ni apostillada o legalizada, y no especifica si la cobertura de salud comprende el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, agregando que una declaración jurada no es documento idóneo para ese efecto.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos solicitada por el recurrente a la AFP constituye un acto arbitrario e ilegal.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7 de la Ley N°18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la parte recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por la parte recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, así como una declaración jurada, documentos que no permiten acreditar que la parte solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierta por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, en cuanto a la alegación de imposibilidad material de obtener la legalización o apostilla, fundada en el término de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, cabe señalar que dicha circunstancia, si bien dificulta el cumplimiento del requisito, no lo torna imposible, por cuanto la configuración del caso fortuito o fuerza mayor exige una imposibilidad absoluta y no una mera mayor dificultad, existiendo vías alternativas para la tramitación de dichas formalidades. No corresponde, por lo demás, a esta sede cautelar alterar los requisitos establecidos en la normativa administrativa vigente ni crear una vía de excepción no contemplada por el legislador ni por el órgano regulador.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley N°18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Así, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°2410-2026 Protección