nombre reservado con AFP PROVIDA S.A. Y OTRO

San Miguel, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, recurre de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado domicilio reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, fundado en que dicha entidad habría incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar, el 29 de abril pasado, su solicitud de retiro de fondos previsionales efectuada conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, que faculta a los técnicos extranjeros afiliados a un régimen previsional en su país de origen a solicitar la devolución de las cotizaciones efectuadas en Chile.

Sostiene la recurrente que, pese a haber acompañado los antecedentes requeridos —entre ellos, constancia electrónica de afiliación previsional emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), verificable en la página web oficial de dicho organismo, al carecer Venezuela de consulado en Chile—, la AFP recurrida rechazó su petición bajo el argumento de que el certificado no se encontraba vigente ni apostillado, incorporando con ello un requisito no previsto en la normativa especial.

Alega que el acto impugnado vulnera su derecho de propiedad sobre los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual y su derecho a la igualdad ante la ley, consagrados en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto la negativa carece de sustento legal, configura una interpretación excesivamente formalista de la ley, y desconoce que, por razones de fuerza mayor y de carácter público, los nacionales venezolanos enfrentan graves dificultades para obtener documentos apostillados o legalizados ante la ausencia de representación diplomática en Chile.

Solicita, en consecuencia, que esta Corte declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, ordenando a la AFP recurrida reconocer como válida la documentación presentada y proceder a efectuar la devolución de los fondos previsionales dentro de un plazo razonable, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales afectadas.

Segundo: Que, al evacuar informe, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas, argumentando que la acción cautelar no constituye la vía idónea para resolver controversias de lato conocimiento y carácter contradictorio, y que, en subsidio, no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario alguno que afecte las garantías constitucionales invocadas.

Expone que el recurso de protección tiene por finalidad amparar derechos fundamentales frente a privaciones o perturbaciones evidentes e indubitadas, lo que no ocurre en la especie, por cuanto el derecho cuya tutela se solicita se encuentra discutido y sujeto a requisitos legales específicos, razón por la cual la acción resulta improcedente.

En cuanto al fondo, refiere que el recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, petición que fue rechazada debido a que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentada se encontraba vencida y no cumplía con las formalidades exigidas por la normativa y por la Superintendencia de Pensiones, entre ellas la legalización o apostilla. Sostiene que dichas exigencias responden a criterios administrativos y legales establecidos para asegurar la validez probatoria de los documentos extranjeros, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de La Haya sobre Apostilla. Cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema, que han confirmado la legalidad de exigir documentos apostillados o legalizados y han rechazado recursos similares, concluyendo que no puede estimarse arbitrario ni ilegal el actuar de la AFP cuando ajusta su conducta a la normativa vigente. Agrega que el Decreto Ley N°3.500 regula el sistema previsional chileno y destina los fondos previsionales exclusivamente al financiamiento de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, estando las administradoras impedidas de otorgar otros beneficios o destinarlos a fines distintos, salvo las excepciones expresamente señaladas por la ley. En ese marco, la devolución de fondos sólo procede si el solicitante acredita copulativamente los requisitos de la Ley N°18.156, lo que en este caso no ocurrió. En síntesis, la recurrida sostiene que su actuación se ajustó a derecho, que no ha privado ni perturbado derechos constitucionales, y que el recurso debe ser rechazado por improcedente, al no configurarse ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, por medio de oficio evacuado el 25 de mayo de 2026, informa que el recurrente no registra presentaciones ante la Superintendencia respecto de solicitudes de devolución de fondos invocando la Ley 18.156 Sin perjuicio de ello sostiene que la ley N°18.156 que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley, por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad con la normativa aplicable en la especie y con la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Indica que de conformidad con el N°8 del artículo 47 de la ley N°20.255; el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Refiere que es en el ejercicio de dicha facultad legal, que la Superintendencia ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y ha dictado la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de la ley N°18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal, de ese modo, su jurisprudencia administrativa ha resuelto que para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero del trabajador este debe aportar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde y que acredite en forma específica que en el caso de que se trata el extranjero ha contado con un seguro durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en el artículo 1° de la Ley 18.156, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Destaca que, de conformidad al mismo compendio, en caso de que se acceda a la devolución de fondos de pensiones, y un mismo trabajador suscriba un nuevo contrato con otro empleador, quedará sometido a la obligación de tener que enterar cotizaciones previsionales al sistema de pensiones, salvo que él se acoja a la devolución de cotizaciones previsionales, lo que no acreditó.

Agrega que, en el caso de autos, según indicó el propio recurrente, acompañó a su solicitud de retiro de fondos, la Constancia Electrónica de Cotizaciones, documento que de su lectura se aprecia que no es útil para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, pues no da cuenta de que el trabajador haya contado con cobertura efectiva y a todo evento, de los riesgos a que hace referencia la ley y la norma administrativa, durante todo el tiempo que prestó servicio en Chile. Además, dicho documento tampoco ha sido firmado, apostillado o legalizado, conforme a la normativa vigente, para que surta efectos en el territorio nacional. Lo mismo ocurrió con otros documentos que acompañó como una declaración jurada de que estaba afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Sostiene que se debe tener presente que, si un trabajador extranjero presta servicios en Chile, quedará sujeto a la ley chilena conforme al Principio de la Territorialidad de la Ley por lo que el empleador está obligado a descontar las cotizaciones previsionales y de seguridad social de las remuneraciones de los trabajadores extranjeros que presten servicios en Chile y así los trabajadores dependientes tienen acceso a la cobertura previsional que le otorga el sistema de seguridad social chileno, el cual comprende la protección de los riesgos ya varias veces referidos.

Arguye que en consecuencia, de conformidad con el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual garantiza la igualdad ante la ley, y el número 18 de ese mismo artículo de la Carta Fundamental, que asegura a todas las personas el Derecho a la Seguridad Social en Chile, los trabajadores extranjeros deben cumplir con las obligaciones que la ley establece, de manera de poder acceder a las prestaciones de la misma manera que lo hacen los trabajadores de nacionalidad chilena que prestan servicios en el país.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen.

Para ello, acompañó una “Constancia electrónica de cotizaciones” de 5 de mayo de 2026 con vigencia hasta el 31 de ese mes, sin perjuicio que la solicitud fue realizada el 24 de marzo del presente año. Además, dicho certificado carece de la apostilla respectiva.

Séptimo: Que conforme lo expresado, la falta de vigencia de la documentación aportada emana de su propio tenor, sin que la situación del país de origen del recurrente pueda eximir a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra de AFP Provida S.A., sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2396-2026 Protección