nombre reservado con AFP UNO S.A. Y OTRO

San Miguel, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada en favor de nombre reservado, ciudadana venezolana, interpone acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., representada por su gerente general nombre reservado, y en contra de la Superintendencia de Pensiones, representada por nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos de la extranjera, presentada al amparo de la Ley N°18.156, con el que se habrían vulnerado las garantías reconocidas en el artículo 19 números 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Refiere que, durante la prestación de sus servicios en Chile, se le descontaron y enteraron cotizaciones de pensiones, salud y cesantía, no obstante haber manifestado su voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional de su país de origen, conforme a la Ley N°18.156.

Señala que el 16 de abril de 2026 ingresó ante la Administradora recurrida su solicitud de retiro técnico de fondos extranjeros, acompañando los antecedentes que estima exigidos por la normativa vigente. Precisa que el 25 de abril de 2026 recibió correo electrónico de la Administradora que informó el rechazo de la solicitud, fundado en que el certificado de la institución de seguridad social acompañado no cumpliría los criterios de aceptación.

Ante ello, detalla que el 4 de mayo de 2026 dedujo reclamo administrativo ante la Superintendencia de Pensiones, invocando la imposibilidad material de obtener la apostilla y sosteniendo que el documento acompañado emana de la autoridad previsional venezolana y es el idóneo. Agrega que el 5 de mayo de 2026, la Superintendencia habría emitido respuesta instruyendo a la Administradora mantener su criterio de rechazo, por estimar insuficiente la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carente de apostilla o legalización, exigencia que fundaría en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, la Convención de La Haya sobre Apostilla y las instrucciones de dicho organismo.

Sostiene que la exigencia de apostilla o legalización no se encuentra contemplada en la Ley N°18.156, la que únicamente requiere que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un sistema previsional o de seguridad social extranjero que otorgue cobertura, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya manifestado su voluntad de mantener tal afiliación.

Afirma que acompañó constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, verificable en línea mediante código de verificación, la que acreditaría fehacientemente su cobertura previsional vigente en el país de origen.

Añade que, atendido el término de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, se encuentra materialmente imposibilitada de obtener una certificación consular legalizada, de modo que la exigencia de apostilla constituiría una carga imposible o excesivamente gravosa que infringe el principio de razonabilidad. Invoca el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales, en su calidad de bienes incorporales amparados por el artículo 19 N°24 de la Constitución, así como la igualdad ante la ley y la garantía del artículo 19 N°26.

Solicita, en definitiva, tener por interpuesto el recurso de protección, acogerlo en todas sus partes y declarar que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales constituye un acto ilegal y arbitrario, ordenando a las recurridas dejarlo sin efecto, reconocer la validez de la documentación acompañada y proceder a la devolución de los fondos previsionales, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Sostiene, en primer término, que este recurso es una acción cautelar destinada a amparar derechos indubitados y preexistentes, y que la devolución de fondos previsionales a técnicos extranjeros procede de manera excepcional, en la medida en que se cumplan los requisitos de la Ley N°18.156, lo que no acontece en la especie, de modo que la pretensión de la recurrente no reviste las características propias de esta vía.

En cuanto a los hechos, expone que el 16 de abril de 2026 la afiliada inició su trámite de devolución respecto del empleador Inmobiliaria e Inversiones Martínez y Orellana Ltda., acompañando contrato y anexo de trabajo, título profesional apostillado y una constancia electrónica de cotizaciones, y que el trámite fue rechazado por no cumplir el certificado de la institución de seguridad social los criterios de aceptación.

Afirma que en la especie rige el principio de territorialidad en materia laboral y previsional, con las excepciones del convenio bilateral de seguridad social y de la Ley N°18.156, cuyos requisitos copulativos son la calidad de técnico, la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditada mediante certificación de la institución correspondiente debidamente legalizada, y la manifestación de voluntad en el contrato de trabajo de mantener dicha afiliación.

Añade que, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados en el extranjero deben presentarse debidamente legalizados o, tratándose de Estados parte del Convenio de la Apostilla, apostillados, y que así lo han precisado diversos oficios de la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y el Oficio Ordinario N°12954 de 17 de julio de 2025 de la Superintendencia de Pensiones.

Precisa que la ausencia de relaciones diplomáticas con Venezuela no la habilita para prescindir de una exigencia legal expresa, y que la constancia electrónica acompañada carece de firma autorizada y de apostilla o legalización, sin que la verificación mediante enlace web sustituya dichas formalidades.

Concluye que su representada se ha ceñido estrictamente a la normativa vigente, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad, y pide el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que informa al tenor del recurso la Superintendencia de Pensiones. Sostiene, en primer término, que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, por tratarse de una acción cautelar destinada a amparar derechos indubitados y no discutidos, y que lo pretendido por la recurrente es la declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, cuestión que, atendida la controversia existente sobre el cumplimiento de los requisitos legales, debe ventilarse en un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

Hace presente que en su sistema de gestión documental no existe constancia de reclamo administrativo alguno presentado a nombre de la recurrente, lo que se corroboraría por la circunstancia de no haberse acompañado documentación que dé cuenta de dicho reclamo ni de la respuesta que se le atribuye.

Indica que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituye un régimen de excepción, de interpretación restrictiva, sujeto a los requisitos copulativos del artículo 1° de la Ley N°18.156, y que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada carece de firma autorizada y de apostilla o legalización, no bastando el código de verificación electrónica ni la remisión al portal web para sustituir las exigencias del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y del Convenio de la Apostilla, según lo precisa el Oficio Ordinario N°12954 de 2025.

Agrega que la alegación de imposibilidad material derivada del término de las relaciones consulares no configura caso fortuito ni fuerza mayor, pues no se trata de una imposibilidad absoluta, dado que el trámite puede realizarse ante sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela o a través del portal del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

Concluye que no ha incurrido en privación, perturbación o amenaza de garantía alguna, y solicita se declare improcedente el recurso o, en subsidio, se rechace, con costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en este caso, el objeto del recurso es determinar si el rechazo de la solicitud de la devolución de fondos formulada por el recurrente a la AFP constituye un acto arbitrario e ilegal.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

A su vez, el artículo 7 de la Ley N°18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley, cuales son: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación de la parte recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por la parte recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156, así como una declaración jurada, documentos que no permiten acreditar que la parte solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierta por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Noveno: Que, en cuanto a la alegación de imposibilidad material de obtener la legalización o apostilla, fundada en el término de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, cabe señalar que dicha circunstancia, si bien dificulta el cumplimiento del requisito, no lo torna imposible, por cuanto la configuración del caso fortuito o fuerza mayor exige una imposibilidad absoluta y no una mera mayor dificultad, existiendo vías alternativas para la tramitación de dichas formalidades. No corresponde, por lo demás, a esta sede cautelar alterar los requisitos establecidos en la normativa administrativa vigente ni crear una vía de excepción no contemplada por el legislador ni por el órgano regulador.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley N°18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Así, en la especie, no se da cumplimiento al artículo 7° de la Ley N°18.156 al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley, todo lo cual conduce a desestimar la presente acción cautelar Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A y la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°2395-2026 Protección