nombre reservado con SII DIRECCIÓN REGIONAL

San Miguel, a veintisiete de enero de dos mil veintiséis A escritos de folios 24 y 25: a todo: téngase presente.

Vistos y considerando.

Primero: Que doña nombre reservado interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio de Impuestos Internos fundando su pretensión en la existencia de un acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la retención de la devolución de impuestos correspondiente a la Operación Renta año tributario 2025, respecto de la cual afirma tener un saldo a favor. Sostiene que dicha retención se produjo con ocasión del procedimiento administrativo de cobro de una multa sanitaria ascendente a 50 UTM, impuesta por resolución de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, procedimiento que —según alega— se encontraría suspendido por haberse opuesto oportunamente la excepción de prescripción extintiva de la acción de cobro, la que habría sido acogida a tramitación por la autoridad competente, suspendiéndose la ejecución mientras se resuelve.

Afirma que, pese a dicha suspensión, la devolución de impuestos fue retenida, lo que vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privarla del legítimo goce de un crédito de naturaleza patrimonial ya reconocido.

En mérito de lo expuesto, solicita que se acoja el recurso, se ordene a la recurrida proceder a la devolución íntegra de los impuestos retenidos, correspondientes al año tributario 2025, y se imponga condenación en costas, acompañando como fundamento documental la resolución que tuvo por opuesta la excepción de prescripción y suspendió el procedimiento de cobro de la multa sanitaria.

Segundo: Que informa el Director Regional de la XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos, solicitando que el recurso sea declarado inadmisible o, en subsidio, sea rechazado, con costas, articulando una serie de defensas de fondo y excepciones formales. En primer término, opone la falta de legitimación pasiva, sosteniendo que el Servicio de Impuestos Internos no ha ejecutado acto alguno de retención ni compensación, por cuanto su competencia se limita a la fiscalización y determinación de los impuestos, mientras que la recaudación, compensación y pago de devoluciones corresponde exclusivamente a la Tesorería General de la República, conforme a su estatuto orgánico y a la Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado.

Expone que la recurrente presentó oportunamente su Formulario 22 correspondiente al año tributario 2025, el cual no fue objeto de observaciones ni reparos, autorizándose la devolución por un monto de $988.571, dentro del plazo legal, lo que descarta cualquier actuar ilegal, arbitrario o dilatorio atribuible a dicho Servicio. Añade que, si existió una compensación, ésta fue practicada por Tesorería, sin intervención del SII, y que incluso dicha compensación habría sido posteriormente liberada.

Asimismo, niega la existencia de vulneración a la garantía del derecho de propiedad, argumentando que el eventual perjuicio patrimonial denunciado no deriva de una acción u omisión imputable al Servicio informado, el que habría actuado en estricto apego a la normativa vigente, autorizando la devolución conforme al artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En consecuencia, solicita que el recurso sea rechazado por inexistencia de acto ilegal o arbitrario, falta de legitimación pasiva y ausencia de afectación de garantías constitucionales.

Tercero: Que informa, asimismo, el Fiscal de la Tesorería General de la República, quien solicita su rechazo alegando excepciones procesales, argumentos de improcedencia y defensas de fondo. En primer lugar, opone la extemporaneidad del recurso de protección, señalando que la compensación cuestionada se materializó en el mes de abril de 2025, mientras que la acción constitucional fue deducida recién el 23 de junio del mismo año, excediendo el plazo fatal de treinta días establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

En segundo término, alega la improcedencia de la acción por no ser la vía idónea, argumentando que el legislador ha previsto un procedimiento específico de cobro ejecutivo tributario en el Título V del Libro III del Código Tributario, dentro del cual la recurrente pudo y puede ejercer todas las acciones, excepciones y defensas, incluyendo la prescripción, por lo que el recurso de protección no puede ser utilizado como una vía supletoria o revisora de dicho procedimiento.

Agrega, además, una defensa relativa a la pérdida de oportunidad y carencia actual de objeto, indicando que la deuda correspondiente al Formulario 117, folio 128621, fue descargada con fecha 26 de mayo de 2025 por el servicio respectivo, no existiendo actualmente deuda exigible por dicho concepto, e incluso pudiendo existir un saldo acreedor, lo que descarta la existencia de una amenaza o perturbación actual que amerite tutela cautelar.

Finalmente, niega la existencia de un acto ilegal o arbitrario, señalando que la Tesorería actuó dentro del marco de sus atribuciones legales, aplicando las normas que le confieren competencia para cobrar, compensar y administrar créditos fiscales, incluyendo las multas sanitarias con mérito ejecutivo, conforme al Código Sanitario y al Código Tributario. Por todo ello, solicita que el recurso sea rechazado por extemporáneo, improcedente, carente de objeto y por inexistencia de vulneración de garantías constitucionales, con costas Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación al derecho de propiedad, en razón de haberse retenido la devolución de impuestos correspondiente al año tributario 2025 por una deuda de la recurrente que fue compensada por la recurrida.

Sexto: Que, teniendo únicamente presente lo informado por la Tesorería General de la República, la que acompañó el descargo de la multa impugnada y certificado de deuda morosa, en el que no aparece el folio de la multa que motiva esta acción cautelar, se concluye que no existe medida que adoptar por esta Corte para el restablecimiento del imperio del derecho denunciado como conculcado y conduce a estimar que el recurso ha perdido oportunidad.

Séptimo: Que, en virtud de lo expuesto anteriormente el presente arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°2383-2025 Protección.