nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

C.A. de San Miguel San Miguel, treinta de septiembre de dos mil veinticinco A los escritos folios N°s 15, 16 y 17: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen los abogados Luis Silva Rojas, Claudio Quezada de la Jara y Javiera Acevedo Fuenzalida, quienes interponen acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la I. Municipalidad de Lo Espejo.

Señalan que la recurrente es funcionaria pública y que prestó servicios como técnico en enfermería desde el 21 de marzo de 2019 en el SAR de Lo Espejo, dependiente de la Municipalidad recurrida.

Dicen que, debido a una situación de salud mental que padece, producto de un grave accidente que afectó a su hijo pequeño, ha estado incapacitada temporalmente para ejercer su trabajo. Añaden que fue diagnosticada con estrés post traumático y depresión, por lo cual se le otorgó licencia médica. Mencionan que, si bien intentó reincorporarse a prestar funciones, su salud mental estaba muy deteriorada, por lo que volvió a hacer uso de licencias médicas.

Indican que, conforme a la solicitud de la alcaldesa de la Municipalidad recurrida, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (“COMPIN”) determinó que la recurrente presenta un estado de salud recuperable, mediante Resolución Exenta N°145738 de 22 de noviembre de 2024.

Refieren que, posteriormente, se le notificó el decretó de 19 de febrero de 2025 que declara la vacancia de su cargo por salud incompatible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N°18.883.

Sostienen que el requisito contenido en el artículo 148 inciso 3 de la Ley N°18.883 no se cumple en la especie, en atención a la COMPIN declaró expresamente que su salud es “recuperable”.

Describen que, en contra de dicho acto administrativo, presentó reclamo el 26 de marzo del año en curso. El 11 de abril pasado, dicho reclamo fue derivado de la Contraloría a la misma Municipalidad para ser respondido.

Plantean que, al no tener respuesta por parte de la recurrida hace más de un mes, el 27 de mayo pasado presentó un nuevo reclamo ante la Contraloría General de la República.

Mencionan que el 4 de junio recibieron un correo de la Contraloría con un oficio que daba cuenta que la Municipalidad recurrida informó en la tramitación que si sigue ante ese órgano, sin embargo, no venía la respuesta, por lo que desconoce la respuesta de la recurrida.

Señalan que el periodo que permaneció con licencia médica por reposo laboral se extendió por un periodo que supera los plazos establecidos en el artículo 148 de la Ley N°18.883. Sin embargo, sostienen que la Municipalidad recurrida yerra en sus argumentos al mencionar que la salud del recurrente es incompatible con el cargo, porque el solo transcurso del tiempo no es motivo suficiente y la COMPIN determinó que es recuperable. Además, afirman que el acto administrativo que declara la vacancia no contiene una explicación suficiente y satisfactoria que justifique racionalmente la medida.

Plantean, por todo lo anterior, que el acto administrativo en cuestión es ilegal, porque contraviene el artículo 148 inciso final antes citado.

Aducen vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°2, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

Piden que se acoja el recurso y deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°0993, ordenando el reintegro de la recurrente y el pago de las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, desde la fecha de separación hasta la de su efectivo reintegro, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la I. Municipalidad de lo Espejo.

Explica que consta que los antecedentes que la recurrente acumuló 320 días de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos dos años. En ese sentido, menciona que la recurrente conoce que a su respecto se cumple con la hipótesis del artículo 48 letra g) de la Ley N°19.378 y el artículo 148 de la Ley N°18.883, configurándose los requisitos necesarios para que pueda ejercer su facultad como salud incompatible con el desempeño del cargo.

Plantea la caducidad de la acción de protección. En ese sentido, manifiesta que la propia recurrente reconoce que tomó conocimiento del decreto cuestionado el 26 de febrero pasado, por lo que plazo máximo para interponer la acción venció el 28 de marzo de 2025. Sin embargo, la recurrente se ha valer arbitrariamente de la respuesta otorgada por Contraloría General de la República para el cómputo del plazo, informando que la Municipalidad evacuó su contestación, sin que dicho acto en lo más mínimo tenga la naturaleza de final o resolutivo.

A ese respecto, menciona que si bien informó al ente contralor en su oportunidad, esa presentación no se encuentra resuelta, reiterando que ante la Contraloría General de la República no se ha generado ningún tipo de acto terminal.

En otro orden de argumentaciones, sostiene que el acto administrativo cuestionado tiene fundamento. Ahonda en que la Contraloría General de la República, por medio de dictamen N°E527522N24 de 14 de agosto del año en curso, a propósito de una consulta realizada por la I. Municipalidad de La Cisterna sobre si la COMPIN puede, en virtud de sus facultades, además de pronunciarse respecto a la condición de irrecuperabilidad de la salud de un funcionario, evaluar su “compatibilidad con el cargo, el Organismo Contralor respondió indicando que “si ese organismo estima que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra facultada para considerar su incompatibilidad con el desempeño del cargo (…)”.

Añade que, en ese sentido, la Contraloría señala que “Además, el dictamen N° E188441, de 2022, precisó que esta Entidad de Control no puede entender por la vía interpretativa que, frente a un informe de la COMPIN que declare que la salud del funcionario es recuperable, la autoridad se encuentra impedida de ejercer la facultad de considerar su salud incompatible, pues si aquella hubiese sido su intención, el legislador lo habría señalado expresamente”.

Concluye que el informe de la COMPIN sobre la recuperabilidad o irrecuperabilidad de la salud del servidor es determinante para que el alcalde pueda ejercer posteriormente la atribución de declarar el cese de funciones por salud incompatible con el desempeño del cargo. Así entonces, si la COMPIN estima que la salud del funcionario que ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años es recuperable, la autoridad se encuentra facultada legalmente para declarar la mencionada causal. En la situación opuesta, esto es, si se informa que la salud es irrecuperable, no podrá declararse la referida incompatibilidad, pues nace para el funcionario el derecho a acceder a los beneficios de seguridad social propios de dicha declaración.

Afirma que, en consecuencia, ha cumplido todo aquello que la normativa aplicable ha requerido para aplicar la facultad contenida en el artículo 148 de la ley N°18.883, entendiendo que esa potestad se encuentra dentro del margen de la discrecionalidad de la Municipalidad.

Señala que, de los hechos expuestos por la recurrente y los documentos acompañados, no es posible concluir la existencia de un acto que constituya abuso o desviación de poder, mucho menos de arbitrariedad, porque el acto que declara la vacancia se fundamenta en la declaración previa de salud recuperable de la recurrente y en el hecho acreditado de haber hecho uso de licencias médicas por un término que excede los 180 días en dos años, dejando se cumplir sus funciones por más de 6 meses.

Controvierte cualquier vulneración de garantías y pide el rechazo del recurso.

Tercero: Que informa al tenor del recurso la COMPIN.

Primeramente, señala que el recurso de protección es extemporáneo.

Luego, se refiere al marco regulatorio de la declaración de irrecuperabilidad de salud. En ese sentido, menciona que la circunstancia de que la COMPIN determine que la salud del funcionario es recuperable no impide que el alcalde pueda ejercer su facultad de declarar la salud incompatible, pues dicho pronunciamiento técnico constituye un requisito adicional que el legislador impone a la máxima autoridad comunal cuando esta pretenda ejercer la atribución de declarar la salud incompatible de un determinado servidor, a fin de resguardar que, si existe irrecuperabilidad, no resulte posible efectuar la aludida declaración.

Plantea que la ley separa claramente la salud incompatible y la salud irrecuperable, exigiéndose requisitos distintos en cada caso. Así, explica que la salud incompatible tiene por objeto mantener la continuidad del servicio, para evitar que este se vea afectado al mantener a funcionarios que han hecho uso prolongado de licencias médicas. Por su parte, la declaración de salud irrecuperable tiene un fin distinto, esto es, proteger al funcionario.

Manifiesta que el 15 de noviembre de 2024, la Municipalidad recurrida solicitó la evaluación de la irrecuperabilidad de la salud de la funcionaria, siendo resuelta tal solicitud mediante Resolución Exenta N°145738 de 22 de noviembre de 2024, para lo cual ponderó los antecedentes médicos y clínicos aportados, estableciendo que la salud de la recurrente es recuperando, derivando los antecedentes a la alcaldía respectiva, a fin de que ésta ponderase la incompatibilidad en el cargo.

Cuarto: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a adoptar medidas de resguardo para restablecer el imperio del derecho en el evento de haberse vulnerado el libre ejercicio de las garantías constitucionales que en esa misma disposición se enumeran, ante un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, dificulte, entorpezca o perturbe dicho ejercicio.

Por consiguiente, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley; o arbitrario, es decir, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón; y que provoque alguna de las efectos o consecuencias que se han indicado, perjudicando o menoscabando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, aspecto que resulta esencial y necesario para el estudio y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Asimismo, resulta importante destacar que la ilegalidad y la arbitrariedad no son elementos que deban concurrir de manera copulativa, sino que basta con que se presente uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría concurrir ambas condiciones a la vez.

Quinto: Que, primeramente, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, esta Corte estima que, si bien la recurrente computa el plazo para la interposición del recurso desde el día 4 de junio pasado, cuando la Contraloría General de la República puso en su conocimiento el informe evacuado por la I. Municipalidad de los Espejo en la tramitación del reclamo administrativo que se sigue ante dicho ente de control; cierto es que del mérito de los antecedentes aparece que el acto que se tilda de ilegal y arbitrario no es otro que el Decreto Alcaldicio N°0993 de 19 de febrero del año en curso, que declara la vacancia del cargo de la recurrente. En efecto, así se desprende de la fundamentación del recurso, que se dirige a plantear la legalidad y arbitrariedad de dicho acto administrativo a la luz de los dispuesto en el artículo 148 de la Ley N°18.883.

Sexto: Que, en ese entendido, considerando que la propia recurrente reconoce que con fecha 19 de febrero del año en curso se le notificó el Decreto Alcaldicio N°0993, en circunstancias que el recurso de protección se interpuso el 19 de junio pasado, esto es, una vez transcurrido en exceso el plazo dispuesto en el Auto Acordado que regula la materia, corresponde acoger la excepción de extemporaneidad alegada por la Municipalidad recurrida.

Séptimo: Que, sin perjuicio de lo anteriormente razonado, esta Corte analizará el fondo de la discusión.

Octavo: Que, en ese sentido, se debe tener en cuenta el artículo 146 de la Ley N°18.883 que dispone: "El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (...) c) Declaración de vacancia".

Asimismo, el artículo 147 que establece: "La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (...)".

Finalmente, el artículo 148 que prescribe: "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Noveno: Que, de las normas antes transcritas, se concluye que uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el cargo, atendido el principio de servicialidad del Estado, consagrado en el artículo 1 de la Carta Fundamental.

Décimo: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que dicho requisito no concurre respecto de la recurrente, quien ha hecho uso de reposo médico por un periodo acumulado de 320 días, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, cuestión que no ha sido rebatida en estos autos.

Undécimo: Que, entonces, previa declaración de salud recuperable emanada de la COMPIN, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N°18.883, la Alcaldesa de la I. Municipalidad recurrida declaró la vacancia del cargo, siguiendo, a su vez, los parámetros objetivos definidos por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, que le resulta vinculante.

Duodécimo: Que, en consecuencia, el acto impugnado no es ilegal, por cuanto se funda en lo dispuesto en los artículos 146 y 148 de la Ley N°18.883; y tampoco es arbitrario, puesto que expresa racionalmente los motivos por los que se arriba a la conclusión que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

Por estas consideraciones, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República de Chile, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección y demás normas pertinentes, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°2354-2025 Protección