nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

San Miguel, diecinueve de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, trabajadora dependiente, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, e interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por estimar que dicha institución ha ejecutado actos ilegales y arbitrarios que afectan el ejercicio de sus garantías constitucionales.

Señala que, el 10 de enero de 2022 suscribió un pagaré con la recurrida, obligándose al pago de $3.712.117, más intereses y costas, en 60 cuotas, por el monto de $104.392, venciendo la primera de ellas el día 31 de marzo del año 2022 y estableciéndose una cláusula de aceleración de carácter facultativa.

Hace presente que su situación en esa época era muy compleja por lo que no pudo pagar las cuotas que pactó y, la recurrida procedió al cobro del saldo adeudado en causa ROL C-7958-2022 ante el Juzgado Civil de Puente Alto, caratulados “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes/nombre reservado”, la que le fue notificada el 13 de diciembre de 2022.

Refiere que el 1 de marzo de este año comenzó a trabajar en el Colegio Polivalente El Alborada, logrando tener estabilidad financiera y es en ese contexto, que la Caja de Compensación tomó contacto con ella, a través de un mail, para informarle que comenzarían a realizar descuentos de su sueldo por la deuda impaga que mantiene por concepto del crédito social que le otorgaron, lo que estima constituye una amenaza directa a su derecho de propiedad respecto de su remuneración.

Sostiene que, si bien conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.883 la recurrida se encuentra autorizada para realizar descuento por planilla en este caso al presentar la demanda ejecutiva mencionada, manifestó su intención de requerir el pago de la obligación por la vía judicial, de modo que al realizar este descuento por planilla estaría abusando de las facultades que le otorga la ley al ser una facultad excepcional, pues su actual decisión de intentar el cobro de la obligación, también a través de esa vía sería un abuso de las facultades que le otorga la ley.

Solicita se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración de la recurrente, restituirle si hace descuentos durante la tramitación de la presente acción, con costas Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, expone que la recurrente el 10 de enero de 2022 solicitó y se le otorgó el Crédito Social N° 208COS100087051 por un capital inicial de $3.712.117, pagadero en 60 cuotas mensuales de $104.392, venciendo la primera el 31 de marzo de 2022, sin embargo, la recurrente incumplió desde la cuota N°2.

Indica que al momento de contratar el crédito otorgó un mandato especial e irrevocable a mi representada para requerir a sus empleadores el descuento de las cuotas adeudadas directamente de su remuneración.

Agrega que la recurrente recientemente comenzó a trabajar en el Colegio Polivalente El Alborada y ante este nuevo hecho, encontrándose la deuda impaga y vigente, procedió a dar cumplimiento a la normativa administrativa, enviándole un correo electrónico el 5 de mayo de 2026, donde se le informaba de su morosidad, en cumplimiento de la Circular N° 3567 de la SUSESO y se le otorgó el plazo legal reglamentario de 15 días corridos para regularizar su situación o acreditar ingresos antes de proceder a reanudar los descuentos.

Sostiene que esta acción debe ser rechazada porque no es la vía adecuada para discutir la exigibilidad de una deuda, la caducidad de acciones ni la interpretación de contratos de mutuo o pagarés, ya que esta vía requiere la existencia de un derecho indubitado, lo que no se da en este caso pues la recurrente busca que la Corte actúe como tribunal declarativo para eximirla del pago de una deuda legítimamente contraída en 2022. Además, argumenta que la recurrente no ha agotado las vías administrativas y jurisdiccionales pertinentes, siendo la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) el órgano competente para conocer eventuales infracciones a la Ley 18.833, o en su defecto, el Juzgado Civil donde existe una causa en tramitación para debatir la exigibilidad de la deuda.

En cuanto al fondo del recurso indica que el proceder de la caja se asienta en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 18.833 y el artículo 58 del Código del Trabajo normas imperativas que facultan y obligan a la deducción por planilla.

Indica que la judicialización de esta deuda no impide el cobro por planilla, ya que en ese caso solo corresponde avisar al tribunal a efectos que se descuenten de lo cobrado las cuotas pagadas, de acuerdo lo ha señalado la SUSESO en su compendio de normas, por lo que no hay ilegalidad, agregando que tampoco hay arbitrariedad toda vez que le envió mail avisando el inicio de los descuentos correspondientes, de acuerdo lo exige la SUSESO en la circular 3567.

Expresa que dado lo señalado no se ha vulnerado el derecho de propiedad, ya que no se trata de sustracciones arbitrarias, sino el pago íntegro de una deuda lícita y vigente, por lo que solicita el rechazo del recurso interpuesto.

Tercero: Que, durante la tramitación de este recurso la recurrente puso en conocimiento de esta Corte que en el mes de mayo se concretó la amenaza y se le comenzó a realizar los descuentos de esta deuda desde sus remuneraciones.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- ó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía del derecho de propiedad de la recurrente, debido a la realización de descuentos en su remuneración por cuotas de un crédito cuyo cobro se persigue también judicialmente.

Sexto: Que del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la acción ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si procede o no concretar los referidos descuentos de las remuneraciones de la recurrente de protección, a propósito del crédito social contraído con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

En este sentido, según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N°18.833, “(…) Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales (…)”. A su turno, conforme al artículo 21 de la misma Ley, aquellas Cajas pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, en la medida que les corresponda su administración respecto de los trabajadores afiliados, al tenor del artículo 19 N°3 del mismo cuerpo legal.

Séptimo: Que resultan hechos no controvertidos del recurso, de conformidad a los antecedentes agregados y por haberlo ratificado la propia entidad recurrida, que el crédito cuyo cobro se impetra por vía de descuentos en las remuneraciones de la actora, corresponde a un pagaré suscrito el 10 de enero de 2022, que otorgó a la recurrente el Crédito Social N° 208COS100087051 por un capital inicial de $3.712.117, a una tasa de 1,78%, pagadero en 60 cuotas mensuales de $104.392, cuyo primer vencimiento fue el 31 de marzo de 2022, reanudándose los descuentos desde el sueldo de la actora en el mes de mayo del presente año.

Resulta pacífico, además, que la institución recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra de la actora -al efecto la causa Rol C-7958-2022 ante el Juzgado Civil de Puente Alto, manifestando con ello su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciéndose con ello el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes.

Octavo: Que, en tales circunstancias, tal como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, entre otros, en los pronunciamientos Roles N° 71.519-2021; 6.928-2021; 30.294-2021; 65.946-2021; 65.973-2021; 1791-2022; 20.756-2022 y 9.838-2024, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, teniendo en consideración, que la recurrida paralelamente ejerció la acción ejecutiva emanada del pagaré suscrito por la actora, lo que da cuenta de la arbitrariedad en su actuar.

En efecto, considerando que la recurrida optó por el cobro judicial del crédito, haciendo efectiva la cláusula de aceleración facultativa pactada, su acción y actual decisión de descontar de la remuneración la cuota del crédito adeudado deviene en caprichosa, ya que eligió perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios, interponiendo una acción ejecutiva que ya se encuentra notificada.

A mayor abundamiento y sin perjuicio que el asunto ya se encuentra sometido al imperio del derecho, al pretender la recurrida cobrar por dos vías el mismo crédito vulnera el derecho fundamental previsto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, desde que priva a la recurrente de parte de su remuneración.

Noveno: Que, en consecuencia, se debe ordenar el cese de dichos descuentos y la restitución de los dineros descontados con motivo del crédito antes mencionado, conforme fue solicitado por el recurrente, por resultar improcedente su doble cobro.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, la que deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social N°208COS100087051, vía descuentos de las remuneraciones de la actora y, deberá reembolsar todos los montos indebidamente descontados, en un plazo de quinto día desde la ejecutoria de esta resolución, sin perjuicio del derecho de la acreedora a continuar persiguiendo el cobro por la vía jurisdiccional.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N° 2350-2026. Protección.