nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

San Miguel, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Al folio 15: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, para interponer acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por estimar que incurre en un acto ilegal y arbitrario al rechazar su solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada conforme a la Ley N°18.156, bajo el argumento de que no procede el beneficio respecto del personal contratado por organismos públicos mediante decreto de nombramiento.

Expone que, el 19 de mayo de 2025, la recurrida notificó la anulación del trámite de retiro de fondos para extranjero, fundándose en una interpretación restrictiva de la citada ley.

Señala que tal decisión desconoce la finalidad de la norma, que es permitir a los técnicos extranjeros disponer de sus ahorros previsionales, y que él cumple íntegramente los requisitos legales, acompañando contrato de trabajo, declaración jurada notariada y título profesional apostillado.

Alega que la conducta de la recurrida vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política, por cuanto se le impone un requisito no previsto por el legislador y se le impide disponer de sus fondos. Sostiene que el acto impugnado se funda en una interpretación excesivamente formalista y contraria al propósito de la ley, afectando injustificadamente su patrimonio.

Solicita se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, declarando procedente el retiro de fondos y ordenando a la recurrida emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

Segundo: Que, al evacuar el informe solicitado, la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. solicita el rechazo del recurso, con expresa condena en costas, señalando que el actor solicitó el 16 de mayo de 2025, vía web, la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando cédula de identidad, declaración jurada, constancia de cotizaciones en el extranjero, título profesional y resolución de contratación de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Sin embargo, sostiene que la documentación presenta deficiencias que impiden acceder a la devolución, por no cumplir los requisitos copulativos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicha ley. Explica que el recurrente fue contratado a honorarios mediante resolución administrativa, vínculo que no configura una relación laboral regida por el Código del Trabajo, requisito indispensable para acogerse al beneficio, según la reiterada jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones, contenida en diversos oficios (N°10.347/2018 y N°9.638/2025, entre otros) y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que excluye expresamente a quienes prestan servicios en organismos públicos bajo régimen estatutario o de nombramiento. Asimismo, indica que los documentos presentados para acreditar la afiliación previsional en el extranjero —una declaración jurada y una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales— no cumplen con las formalidades de legalización o apostilla, ni acreditan cobertura efectiva en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, exigidas por la normativa y reiteradas por la Superintendencia en oficios como el N°20.294/2020 y N°25.057/2023. Por ello, explica, PlanVital estima que el actor no ha acreditado un derecho indubitado susceptible de protección constitucional.

En cuanto al derecho, argumenta que el rechazo de la solicitud no constituye acto ilegal ni arbitrario, sino que se ajusta estrictamente a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas y a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, conforme a las facultades que le otorgan el DFL N°101/1980, el DL N°3.500/1980 y la Ley N°20.255. Precisa que las administradoras deben aplicar estas normas de manera uniforme, garantizando la igualdad de trato y que, por tratarse de una excepción legal, su aplicación es restrictiva y requiere cumplimiento estricto de todos los requisitos.

Añade que la negativa no afecta el derecho de propiedad del recurrente sobre sus fondos, que permanecen en su cuenta individual para financiar su pensión futura, ni lo deja en situación de indefensión, puesto que puede subsanar los antecedentes y reingresar su solicitud conforme a las exigencias legales. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N°54.783-2024, fallo de 8 de mayo de 2025), que califica este tipo de decisiones como actos subsanables y no definitivos, improcedentes de impugnación por vía de protección.

Por último, sostiene que el recurso no es la vía idónea, dado que existen mecanismos administrativos específicos ante la AFP o la Superintendencia para resolver este tipo de gestiones, por lo que no se configura vulneración a las garantías del artículo 19 N°2 ni N°24 de la Constitución.

Tercero: Que, evacuando el informe solicitado, la Superintendencia de Pensiones expuso que don nombre reservado no registra reclamos previos ante dicho organismo sobre los hechos que motivan la presente acción cautelar.

Indicó que la normativa aplicable —Ley N°18.156— establece un régimen excepcional de exención de cotizar y devolución de fondos previsionales, sólo procedente respecto de trabajadores extranjeros dependientes, técnicos o profesionales, que cumplan copulativamente los requisitos señalados en su artículo 1°, esto es: estar afiliados a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura en enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado en el contrato de trabajo la voluntad de mantenerse en dicho sistema.

La Superintendencia explicó que dicha ley debe interpretarse restrictivamente y sólo procede cuando se acredita el cumplimiento íntegro de las condiciones legales. Añadió que, en el caso de autos, el recurrente ha prestado servicios a la Subsecretaría de Educación Parvularia en virtud de contratos a honorarios y posteriores designaciones a contrata, por lo que no se encuentra afecto a las normas del Código del Trabajo, sino a estatutos especiales, razón por la cual no resulta aplicable la Ley N°18.156 conforme a la jurisprudencia administrativa contenida en sus Oficios N°24.472 de 2015 y N°1.610 de 2016, así como en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que excluye expresamente de dicho beneficio al personal contratado mediante decreto de nombramiento.

Asimismo, precisó que la documentación acompañada por el actor —una declaración jurada simple— no constituye medio idóneo para acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero, toda vez que debe presentarse certificación oficial emitida por la autoridad competente del país respectivo, debidamente legalizada o apostillada, lo que no se verifica en la especie. En tal sentido, citó precedentes judiciales de las Cortes de Valparaíso y de la Corte Suprema, que han confirmado la improcedencia de solicitudes de devolución de fondos fundadas en documentos carentes de tales formalidades.

Por último, la Superintendencia señaló no contar con antecedentes que permitan concluir que el recurrente cumple los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, razón por la cual solicitó tener por cumplido lo ordenado, reiterando que la negativa de la AFP recurrida se ajusta a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa del organismo.

Cuarto: Que el recurso de protección es una acción constitucional destinada a resguardar derechos fundamentales consagrados en la Constitución, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades o particulares que ejerzan funciones públicas. Su finalidad es restablecer el imperio del derecho mediante una tutela rápida y eficaz, sin reemplazar la vía ordinaria cuando esta sea idónea.

Quinto: Que en el presente arbitrio se solicita protección frente a la negativa de la AFP de acceder a la devolución de fondos previsionales, aduciendo que aquello implica una afectación al derecho de propiedad y a la igualdad ante la Ley.

Sexto: Que la decisión impugnada se funda principalmente en la inexistencia de un estatuto laboral compatible con la normativa del sistema previsional. Ante ello, de acuerdo al informe evacuado por la AFP y los antecedentes del expediente, es posible concluir que el recurrente no se encontraba sujeto a un contrato laboral regido por el Código del Trabajo, ni bajo un estatuto que implique la obligación legal de cotizar previsionalmente en Chile, requisito esencial para que opere la devolución de fondos conforme a la Ley N° 18.156. En efecto, La normativa y la doctrina administrativa interpretativa exigen que el solicitante demuestre una relación laboral que legitime su incorporación al sistema previsional chileno con todas las cargas correspondientes. En ausencia de ese vínculo, no procede acoger la petición de devolución, pues no cabe imputar al régimen previsional una obligación que no deriva de norma aplicable al caso concreto. De lo anterior resulta que, la solicitud del recurrente se funda en un presunto derecho que no tiene sustento legal, pues carece del estatuto laboral exigido por la normativa vigente.

Séptimo: Que, además, considerando los documentos acompañados por el actor a su solicitud ante la AFP, éstos no satisfacen las exigencias formales y sustantivas previstas en la ley y en las normas reglamentarias establecidas por la autoridad competente (artículo 1 letras a) y b) de la Ley 18.156, libro II , Titulo XI Número 6 del Compendio de normas de Seguridad Social y Dictámenes N°s 20294-2020,25057-2023 y 12954-2025) que regulan la devolución de fondos previsionales para técnicos o profesionales extranjeros. Al respecto, es necesario que los documentos (título técnico o profesional, contrato de trabajo, certificado de afiliación a sistema de seguridad social extranjero) estén debidamente legalizados o apostillados, traducidos si correspondiere, y reúnan los requisitos de contenido exigidos por la normativa ya aludida. En efecto, la recurrida ha manifestado, sin que el abogado recurrente haya controvertido aquello en estrados, que los antecedentes recibidos carecen de legalización, y por ello de respaldo suficiente para acreditar cobertura efectiva (en enfermedad, invalidez, vejez y muerte), y no cumplen con las formalidades de autenticación exigidas por la normativa aplicable (legalización o apostilla). Ante esa insuficiencia, la AFP no puede proceder a la devolución alegada, pues la exigencia de estos requisitos no es arbitraria, sino que corresponde al carácter excepcional del beneficio de devolución, que debe otorgarse solo cuando estén plenamente acreditados todos los antecedentes exigidos por la ley, por lo que no se vislumbra ilegalidad o arbitrariedad por parte de la recurrida al rechazar la petición del actor.

Octavo: Que, además, no se configura vulneración de los derechos contenidos en los números N°2 y N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que la parte recurrente invoca, desde que la negativa de la AFP a conceder una devolución de fondos previsionales constituye un acto administrativo respecto del cual no se han señalado antecedentes de casos semejantes en que se haya resuelto de diversa manera en base a las mismas premisas del caso particular.

Por otra parte, si bien el afiliado tiene derechos sobre los recursos que acumula en su cuenta individual, ese derecho está regulado por la ley del sistema previsional y sujeto a los límites y condiciones que la ley imponga. Luego, la negativa de devolución no priva al recurrente del acceso a sus fondos en general — dichos recursos permanecen en su cuenta previsional para su uso futuro en pensión —, sino que rechaza una solicitud particular de retiro anticipado o devolución al no cumplirse los requisitos legales.

Noveno: Que, además, la resolución impugnada está respaldada por criterios de la Superintendencia de Pensiones, de manera que la decisión adoptada por la AFP tiene correlato con las instrucciones, oficios y criterios institucionales emitidos por la Superintendencia de Pensiones, lo que refuerza su adecuación normativa y su coherencia técnica.

Dichos pronunciamientos supervisores configuran antecedentes interpretativos obligatorios para las AFP en la aplicación de la normativa previsional, y constituyen un respaldo a la legalidad de la actuación recurrida. Así, la actuación de la AFP no es arbitraria ni caprichosa, sino que se encuentra alineada con la doctrina institucional que regula la materia, lo cual otorga certeza al tratamiento uniforme de casos semejantes y minimiza el margen de discrecionalidad injustificada.

Décimo: Que, además, no existe un derecho indubitado que justifique la protección constitucional, pues el recurso de protección exige que el derecho invocado sea claro, evidente e indiscutible, de modo que no aparezca razonable controversia sobre su existencia.

En el presente caso, los fundamentos alegados por el recurrente no alcanzan ese estándar, dado que la normativa aplicable presenta interpretaciones técnicas, requerimientos estrictos de acreditación, y posibilidad de debate respecto de la suficiencia de los documentos aportados. En consecuencia, no se está frente a un “derecho indubitado” que la autoridad deba simplemente reconocer sin más trámite, sino que el asunto exige un examen técnico y legal, lo cual corresponde al ámbito de la vía administrativa o jurisdiccional ordinaria, y no al recurso de protección como vía de acceso directo.

Undécimo: Que, por todas las razones expuestas, no aparece acreditada la vulneración de derechos constitucionales, no existe derecho indubitado, los requisitos legales no han sido cumplidos por actor, el recurrente no está amparado bajo un estatuto laboral compatible, y en consecuencia, debe rechazarse el recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-2346-2025.