Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación

En Santiago, a quince de Mayo de dos mil dieciocho.

Vistos y Considerando:

Primero: Que don Rodrigo Godoy Araya, abogado, en representación de doña nombre reservado, chilena y de don nombre reservado, dominicano, interpuso acción de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, por negarse a agendar una hora para la celebración de un matrimonio entre ellos, por motivos no contemplados en la legislación.

Explica que nombre reservado es un ciudadano dominicano que se desenvolvía en su país en el área de la construcción quien, además, es padre de dos hijos -de diez y trece años respectivamente. Dada su situación económica, decidió migrar de su país de origen en busca de mejores oportunidades y relata que ingresó al país caminando por la frontera ubicada en Chacalluta sin pasar por ningún control fronterizo. Con posterioridad y debido a las dificultades que tuvo que enfrentar, tomó la decisión de denunciarse ante la Policía de Investigaciones de Chile y a consecuencia de ello, quedó sujeto al control de firma mensual. Por otro lado, señala que el 7 de Febrero de 2018 consiguió firmar un contrato de trabajo con su actual empleador.

En ese contexto expone que ambos conviven hace más de un año y decidieron contraer matrimonio. De esta forma, el 23 de Marzo de 2018, concurrieron a las Oficinas del Servicio de Registro Civil e Identificación de la comuna de San Bernardo con el fin de solicitar una hora para contraer matrimonio, sin embargo, dada la situación irregular de éste, la Oficial del Servicio doña nombre reservado, declaró que no era posible acceder a la solicitud hasta que don nombre reservado, obtuviera todos sus papeles al día, esto es, que al día de la solicitud debe presentar la respectiva Visa temporaria o Visa en trámite. Adicionalmente explica que le insistió a dicha funcionaría que no existe ninguna norma que exija dichos requerimientos y la oficial reiteró la negativa, argumentando que si se permitiera que los extranjeros sin documentación al día puedan contraer matrimonio, entonces todas las horas estarían llenas por migrantes irregulares. Luego de volver a insistir, los hicieron pasar a una oficina privada a hablar por teléfono con doña nombre reservado, secretaria Metropolitana del Registro Civil, quien les señaló que no se puede acceder a la solicitud, ya que, es requisito determinante tener, al menos, Visa en Trámite.

Agrega que nombre reservado está siendo asesorado por la Oficina Especializada en Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, para ayudarlo a regularizar su situación migratoria y presentar los debidos recursos administrativos a fin de solicitar la revocación de la Orden de Expulsión que actualmente se encuentra vigente en su contra, la cual fue dictada mediante Resolución N°22, por parte de la Intendencia Regional Metropolitana, con fecha 11 de Agosto de 2017 y notificada por la Policía de Investigaciones de Chile con fecha 22 de Septiembre del mismo año.

Concluye que el recurrido exige un requerimiento adicional a los señalados en nuestra legislación, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal, realizando una distinción sin fundamento legal entre chilenos y extranjeros, siendo que en su página web difunden como información que para efectos de matrimonio de ciudadanos extranjeros en Chile, éstos podrán usar su cédula de identidad o pasaporte vigente, a fin de demostrar la identidad de los futuros contrayentes, por lo que el exigirle a una persona que cuente con una Visa Temporaria o en trámite, corresponde a un acto que vulnera el derecho a la igualdad ante la Ley y el respeto y protección de la persona y su familia, conculcándose así las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 2 y 4 de la Constitución Política, como también del artículo 17.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Solicita se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación que permita la celebración del matrimonio entre sus representados, dejando sin efecto la condición de presentación de documentos de ingreso y permanencia regular en el país, a fin de acceder al otorgamiento de una hora para llevar a cabo la celebración del matrimonio solo con la exhibición del pasaporte vigente por parte de don nombre reservado y doña nombre reservado.

Segundo: Que informa al tenor del recurso doña nombre reservado, Subdirectora Jurídica (S) del Registro Civil e Identificación quien indica que los recurrentes asistieron a la Oficina del Registro Civil de San Bernardo a solicitar día y hora para celebrar matrimonio y a fin de materializar la solicitud, el funcionario a cargo solicitó a don nombre reservado, la respectiva cédula de identidad para extranjeros y a doña nombre reservado, su cédula de identidad para chilenos. La señora nombre reservado, portaba cédula de identidad y don nombre reservado, sólo pasaporte, careciendo de cédula de identidad para extranjeros, sin acreditar su residencia legal en el país. Al efecto, se le señaló que cuando se regularizara la situación migratoria el Servicio procedería a otorgarle fecha y hora para celebrar el matrimonio.

Expone que conforme al Decreto Ley N°1.094 de 1975 del Ministerio del Interior, que establece normas sobre extranjeros en Chile, en el artículo 1° dispone: "El ingreso al país, la residencia, permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsión y el control de los extranjeros se regirán por el presente decreto ley" y el artículo 2° indica que: "Para ingresar al territorio nacional los extranjeros deberán cumplir los requisitos que señala el presente Decreto Ley, y para residir en él deberán observar sus exigencias, condiciones y prohibiciones". Luego, cita el artículo 52 que señala: "Los extranjeros mayores de 18 años, con excepción de los turistas y residentes oficiales, deberán inscribirse en los registros especiales de extranjeros que llevará el Servicio de Investigaciones, dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de ingreso al país. Los extranjeros que ingresen irregularmente al país y a quienes se conceda en Chile una visación, deberán cumplir con la obligación mencionada en el inciso anterior, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha del otorgamiento de la respectiva visación. Esta disposición no se aplicará a quienes obtengan una visación diplomática u oficial". Seguidamente, refiere que el artículo 53 del mismo cuerpo normativo, señala la obligación que tienen los extranjeros de pedir cédula de identidad. Continúa su línea argumentativa citando el artículo 76 que regula lo siguiente: "Los servicios y organismos del Estado o Municipales deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de la competencia de esos servicios, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que están autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato". Finalmente, cita el artículo 84 que indica: "La medida de expulsión de los extranjeros será dispuesta por Decreto Supremo fundado, suscrito por el Ministerio del Interior bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", en el que se reservarán al afectado los recursos administrativos y judiciales legalmente procedentes. No obstante, la expulsión de los extranjeros que sean titulares de permiso de turismo o prolonguen su permanencia con dicho permiso vencido, se dispondrá, sin más trámite por Resolución del Intendente Regional respectivo, exenta del trámite de toma de razón".

Por otra parte, señala que el Decreto Supremo N°597 de 1984 que Aprueba el Nuevo Reglamento de Extranjería, en su artículo 5° señala que los extranjeros están obligados a presentar a las autoridades correspondientes documentos de identificación cuando se lo requieran. En relación con la obligación de los extranjeros de obtener cédula de identidad, menciona el artículo 103.

De esta forma, sostiene que previo al otorgamiento de cédula de identidad a un extranjero, el Servicio de Registro Civil e Identificación, requiere, que el solicitante acredite su situación migratoria, que acompañe copia del pasaporte emitido en su país de origen, de donde se extraerá, por ejemplo el nombre de la persona y certificado de inscripción o de vigencia del Registro de Extranjeros a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile.

Luego, cita las normas legales vigentes para contraer matrimonio en Chile y, en lo pertinente, señala que con ocasión de la dictación de la Ley de Matrimonio Civil vigente, que eliminó la exigencia de residencia de tres meses en la comuna donde se contraerá matrimonio, actualmente se admite que un extranjero sin visa de residencia contraiga matrimonio en Chile, pero deberá acreditar su identidad con el documento de ingreso vigente, como también que su ingreso se hizo de manera legal al país (Turista y/o Tripulante).

Agrega que la Dirección General del Servicio, mediante al Circular N° 05/96, de fecha 14 de Febrero de 1996, instruye que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 del D.L. N° 1094 de 1975, que Establece Normas sobre Extranjeros en Chile, en caso que extranjeros, concurran con sus documentos de identidad vencidos a solicitar actuaciones tales como: inscripción y reconocimiento de hijos, celebración de matrimonio, solicitud de certificado de antecedentes, etc., por estar vencidos sus documentos de identidad el extranjero se encuentra residiendo en forma ilegal en nuestro país, por tanto, de acuerdo a la norma citada, no puede gestionar ningún trámite en este Servicio, sin que previamente regularice su residencia legal en nuestro país. La Contraloría General de la República, en su Dictamen N°6197 de fecha 17 de Febrero 1998 exceptuó, posteriormente de la aplicación de esta normativa, al requerimiento de las inscripciones de nacimiento.

En cuanto a los documentos habilitantes para que extranjeros puedan contraer matrimonio en nuestro país señala que los documentos que deben presentar los extranjeros para contraer matrimonio distinguiendo entre Extranjeros Turistas o Tripulantes, extranjeros de países con Convenio, Extranjeros con residencia de permanencia definitiva, Extranjeros con residencia temporaria y Extranjero con visa diplomática, deberá presentar pasaporte diplomático.

Por lo anterior, afirma que las Oficinas de ese Servicio, no podrán autorizar la celebración de un matrimonio, si uno o ambos contrayentes se encuentran indocumentados o residiendo en forma ilegal en el país. Previamente, deberán regularizar su situación en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública o en la respectiva Gobernación Provincial.

Añade que revisado el Sistema de Identificación de la Institución, consta que el recurrente don nombre reservado no registra cédula de identidad como extranjero y no registra inscripción de nacimiento como tampoco registra referencias de hijos.

En cuanto a que "la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial a la persona", hace presente que no se les ha negado el derecho a contraer matrimonio, sino que cumplan con la legislación interna vigente en Chile, esto es, que regularicen su situación migratoria en el país.

Indica que conforme al artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se obliga al recurrente a residir legalmente en el país con sujeción a las disposiciones legales, y por lo tanto, existiendo normas vigentes expresas que obligan al Servicio a celebrar matrimonio de extranjeros sólo cuando han cumplido con las disposiciones que regulan la residencia con visa o en trámite vigente, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conjuntamente con las normas para celebrar matrimonios y Dictamen N° 6197, de 17 de febrero de 1998, de la Contraloría General de la República, ha actuado cumpliendo con la normativa legal y dictamen que lo obligan a cumplir, bajo la sanción de aplicar medidas disciplinarias al funcionario que las trasgreda.

Culmina su informe aseverando que no ha existido actuación ilegal ni arbitraria, atendido que se realizó con estricto cumplimiento a la normativa señalada, relativa a los requisitos que deben reunir los extranjeros para celebrar un matrimonio en nuestro país y que no ha vulnerado ninguna garantía constitucional respecto de los recurrentes, porque éstos, para contraer matrimonio deben cumplir con los mismos requisitos que la Ley establece para todas las personas en nuestro país.

Solicitó el rechazo del recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Tercero: Que para que pueda prosperar el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal y que signifique o una “privación”, o una “perturbación”, o una “amenaza” en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza conculque o afecte precisamente, o sea, de modo real, efectivo o inminente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y, el restablecimiento del imperio del derecho, debe serlo en un procedimiento sumario y rápido, sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Cuarto: Que para determinar si la acción u omisión es arbitraria o ilegal, se debe tener presente que se ha considerado que lo ilegal, es lo contrario a la Ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil y que lo arbitrario es aquello producto del mero capricho o simple voluntad de quién incurre en él; y que, consecuencialmente, dicho actuar ilegal o arbitrario condujere a la privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de los derechos o garantías invocados por quien recurre.

En consecuencia, en el caso de estos autos debe dirimirse si los hechos que han sido denunciados configuran una omisión susceptible de provocar una perturbación, privación o amenaza a los derechos que el recurrente denuncia le han sido afectados.

Quinto: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrado lo expuesto por la recurrente, concluye que el acto imputado al recurrido es la negativa de agendar una hora para celebrar el matrimonio de la ciudadana chilena doña nombre reservado y don nombre reservado de nacionalidad dominicano, por exigirle un documento adicional al pasaporte válido para acreditar su identidad. Exigencia que infringiría las garantías de los N° 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto hace una diferencia arbitraria entre chilenos y extranjeros y además ha afectado el respeto a la vida privada y de la familia que incluye el derecho a contraer matrimonio.

Sexto: Que toda persona tiene derecho a contraer matrimonio, siendo este un derecho que emana de la naturaleza humana y que se encuentra consagrado en la Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que no puede estar sometido a exigencias formales previas.

Séptimo: Que la Ley de Matrimonio Civil exige que los contrayentes acrediten su identidad y no tengan impedimentos o prohibiciones y establece la forma en que deben acreditar tales exigencias.

Que el Servicio de Registro Civil e Identificación fundamenta su actuar en la norma del artículo 76 del Decreto Ley N°1.094 de 1975, que señala: Los servicios y organismos del Estado o Municipales deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de la competencia de esos servicios, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que están autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato.

Octavo: Que las autoridades pueden exigir a los extranjeros antecedentes que permitan comprobar que su residencia es legal en el país, sin embargo tal exigencia transgrede la garantía de igualdad ante la Ley que rige para todos los habitantes del país, sin hacer distinción entre chilenos y extranjeros. También se transgrede la regulación de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la cual el Estado tiene el deber de proteger y fortalecer, consagrada en nuestra Carta Fundamental y en los Tratados de Derechos Humanos ratificados por Chile con posterioridad a la referida norma legal.

Noveno: Que la Excelentísima Corte Suprema ha señalado: “Noveno: Que al estar determinado por la referencia expresa que se efectuó, en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, al redactar el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que el derecho a contraer matrimonio es un derecho esencial que emana de la naturaleza humana, el cual ya se encontraba reconocido de igual forma en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituyéndose en una de las formas en que se puede fundar una familia, la cual el Estado tiene el deber de proteger y fortalecer, sin que pueda realizar legítimamente ninguna conducta que pretenda desconocerlo, no obstante, las acciones llevadas adelante por la autoridad administrativa ciertamente, en los hechos, desconocen esta garantía.

A lo anterior se agrega la igualdad de derechos e igualdad ante la ley y la justicia de todas las personas que habitan nuestro país, incluidos los extranjeros, por lo cual resulta injustificadamente discriminatoria la exigencia efectuada a quienes no son nacionales chilenos que se encuentran irregularmente en nuestro país que presenten su Cédula de Identidad para contraer matrimonio, la cual el mismo Servicio se niega otorgar. Esto, sin perjuicio de cumplir las demás determinaciones que la autoridad administrativa haya dispuesto a su respecto. Conclusión que adquiere mayor fundamento si se tiene en consideración el hecho que la Contraloría General de la República dispuso que esa exigencia ya no es exigible a los extranjeros que se encuentran irregularmente en nuestro país, para inscribir el nacimiento de sus hijos.

Las normas constitucionales y la convención internacional disponen que toda persona que habita el Estado de Chile es titular del derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, en lo cual la autoridad tiene el deber de ampararla, por lo mismo, no puede ser turbado en el ejercicio se ese derecho. Por su parte la norma legal, indirectamente y por vía interpretativa la autoridad administrativa, impide el ejercicio del derecho a contraer matrimonio al ciudadano extranjero por quien se recurre, por carecer de residencia legal en Chile.

Por tales razonamientos es posible concluir que la norma legal del artículo 76 del Decreto Ley 1.094 de 1975 se encuentra derogada por las diferentes disposiciones constitucionales posteriores, en cuanto con su aplicación al caso se pretende desconocer el derecho a contraer matrimonio de una extranjera que habita en Chile”. (Rol 611-2018 Excma. Corte Suprema)

Décimo: Que, en armonía con lo razonado, no cabe sino concluir que el Servicio de Registro Civil e Identificación ha incurrido en una conducta arbitraria, esto es, infundada, al impedir celebrar el matrimonio a un extranjero por no acreditar residencia legal en Chile, exigencia que efectúa una distinción arbitraria respecto de otras personas a las que no se les exige los mismos requisitos, conducta que priva a los recurrentes del legítimo ejercicio de su derecho a celebrar matrimonio civil.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 1, por doña nombre reservado y don nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación. En consecuencia, se ordena a la recurrida, permitir y disponer la celebración del matrimonio solicitado por los recurrentes, si no existieren impedimentos y prohibiciones de aquellas contempladas en la Ley de Matrimonio Civil.

Redacción de la Ministro Sra. Adriana Sottovia Giménez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° 2339-2018 – PROT.