nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PAINE

San Miguel, diez de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Comparece doña Abigail Tamayo Wilson, abogada a nombre de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Paine, representada legalmente por su alcalde en ejercicio, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N° 1735/2025, notificado mediante Ordinario N° 109/2025 de fecha 1 de abril del año en curso, que declara la inhabilidad de las construcciones emplazadas en el inmueble de su representada ubicado en domicilio reservado, comuna de Paine y ordena el desalojo forzoso de las mismas dentro del plazo de 30 días, acto administrativo que estima ilegal y arbitrario por vulnerar una serie de garantías constitucionales.

Explica que su representada ha estado desarrollando desde hace varios meses un proceso formal de regularización de la situación del inmueble. Para ello se contrató al arquitecto nombre reservado, quien ya realizó el levantamiento planimétrico de arquitectura y estructura, encontrándose actualmente en curso la elaboración de un informe hidrogeológico, requerido por la Dirección de Obras Municipales por estar el inmueble emplazado en zona de riesgo por napa freática. Dicho informe debe ser aprobado sucesivamente por el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y por la Dirección General de Aguas (DGA), organismos cuyos tiempos de respuesta dependen de su carga administrativa y no de su voluntad. La tramitación se encuentra avanzada, sin embargo, la demora ha sido totalmente ajena a la responsabilidad de su parte por lo que sancionar su conducta en estas circunstancias resulta no solo injusto, sino también contrario al principio de legalidad y al principio de culpabilidad administrativa, ya que no se puede atribuir responsabilidad a un administrado por hechos que escapan a su control directo.

Añade que, conforme al principio de buena fe administrativa consagrado en el artículo 8° de la Ley N° 19.880, la autoridad debe considerar que su representada ha actuado de manera diligente y proactiva para regularizar su situación, encontrándose a la espera de resoluciones técnicas de organismos estatales que tienen sus propios plazos de respuesta y gestión, por lo tanto, no puede verse afectada con una medida tan gravosa como el desalojo sin haberse agotado razonablemente todas las instancias, considerando los avances sustantivos del proceso.

Refiere que el 7 de abril de 2025 presentó recurso de reposición y subsidiariamente recurso jerárquico en contra del Decreto Alcaldicio N° 1735/2025, siendo rechazados ambos mediante providencia N° 2570, notificada el 20 de mayo de 2025, bajo el argumento de que no se habrían aportado nuevos antecedentes. Se rechazó además el recurso jerárquico señalando que solo procede cuando exista un órgano superior jerárquico, a aquel que dictó el acto que se impugna, situación que en la especie no se da, ya que el acto respecto del cual se solicitó la reconsideración emana del alcalde de la I. Municipalidad de Paine, quien es la máxima Autoridad Administrativa, por lo cual se agota la vía administrativa.

Indica que, en el presente caso, la medida de desalojo forzoso vulnera al menos los siguientes derechos fundamentales: a) Derecho a la vida e integridad física y psíquica (art. 19 N° 1 de la Constitución Política de la República): explica que el desalojo sin alternativa habitacional compromete la integridad de las personas que habitan el inmueble, incluyendo a los menores de edad. b) Derecho a la protección de la familia (art. 19 N° 10 y N° 1 inciso 1°): señala que la decisión no considera el impacto que tendría la medida sobre el núcleo familiar residente en el inmueble. c) Derecho a vivir en un medio libre de perturbaciones arbitrarias e injustificadas (art. 19 N° 24 y normas conexas): refiere que la orden de desalojo se ejecuta a pesar de estar en curso un procedimiento de regularización legítimamente iniciado, por causas ajenas a la voluntad de la recurrente. d) Principios de legalidad, culpabilidad y buena fe administrativa: manifiesta que el artículo 8 de la Ley N° 19.880 establece que la Administración debe actuar con objetividad, transparencia y buena fe. En este caso, se pretende sancionar a una administrada que ha actuado con diligencia y ha iniciado formalmente los trámites respectivos, cuya demora no le es imputable. e) Convención sobre los Derechos del Niño (art. 27), ratificada por Chile, que establece la obligación del Estado de resguardar el derecho de los niños a un nivel de vida adecuado. Expone que un desalojo sin alternativa adecuada vulnera gravemente este mandato. La medida de desalojo carece de razonabilidad y proporcionalidad, principios esenciales en el derecho administrativo sancionador, consagrados en el artículo 4 de la Ley N° 19.880. Además, el Decreto impugnado hace alusión a otras propiedades que no guardan relación con la presente controversia, lo que resulta jurídicamente improcedente, al pretender extender los efectos de infracciones ajenas a su inmueble, lo cual vulnera el principio de independencia de los procedimientos administrativos.

Señala que actualmente viven en la propiedad ubicada en domicilio reservado al menos cuatro niños menores de edad, y conforme a los artículos 1° y 5° de la Constitución Política de la República, el Estado se encuentra en posición de garante respecto a su protección integral; proceder a un desalojo forzoso sin una solución habitacional alternativa configuraría una acción arbitraria y desproporcionada, contraria los principios del derecho administrativo sancionador.

Invoca la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; que corresponde al Estado adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres a garantizar las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño. Añade que el desalojo de estos menores sin la debida planificación y sin que se les garantice un nuevo lugar donde residir, pone en riesgo su estabilidad emocional, su educación, su salud y su desarrollo integral, vulnerando gravemente sus derechos. Además, de ser la medida contraria al bloque de constitucionalidad que protege los derechos del niño, como también a la Ley N°21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez. Señala que la Administración no puede adoptar decisiones sancionatorias sin ponderar el conjunto de derechos fundamentales comprometidos y en este caso, el desalojo sin prórroga, sin alternativas, sin acompañamiento, y con personas vulnerables involucradas, especialmente menores de edad, resulta arbitrario, desproporcionado y contrario al marco normativo vigente tanto a nivel constitucional como internacional.

Añade y cita el artículo 4° de la Ley N°19.880 que establece el principio de proporcionalidad como rector de toda actuación administrativa. En este sentido, la medida dispuesta –el desalojo de los ocupantes en el plazo de 30 días– no resulta razonable, considerando que: 1. Existe un procedimiento de regularización iniciado y en trámite. 2. El incumplimiento se debe a la espera de certificaciones técnicas externas a la voluntad del administrado. 3. Hay bienes jurídicos superiores involucrados: vida, vivienda, niñez.

Por su parte, señala, el artículo 5° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones otorga a las municipalidades la facultad de sancionar construcciones irregulares, pero dicha atribución debe ejercerse bajo criterios de razonabilidad, gradualidad y humanidad, evitando afectar derechos fundamentales cuando existan vías alternativas y procesos administrativos aún en curso.

Pide, en atención a lo expuesto y normas mencionadas. restablecer el imperio del derecho, declarando ilegal y arbitrario el acto administrativo consistente en el Decreto N° 1735/2025 de la Municipalidad de Paine y su ejecución conforme al Ordinario N° 109/2025, ordenando a la parte recurrida a abstenerse de ejecutar el desalojo forzoso dispuesto respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado; y que se disponga una prórroga de al menos seis (6) meses para concluir el proceso de regularización de las construcciones ya iniciado por su parte; o bien, en subsidio, establecer las medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la abogada Daniela Aránguiz Cuevas, de la I. Municipalidad de Paine, quien pide el rechazo del recurso de protección impetrado en contra de la Ilustre Municipalidad de Paine, con costas.

Expone que producto de reiteradas denuncias realizadas por vecinos de la comuna se procedió a realizar fiscalización en el inmueble ubicado en domicilio reservado, inscrita a nombre de nombre reservado, C.I. RUT reservado, constatando que dicha propiedad está compuesta por ampliaciones sin los respectivos permisos ni recepción definitiva del mismo emitidos por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Paine, además de poner en riesgo la integridad física de los moradores y de los vecinos colindantes, ya que según la denuncia recibida y la fiscalización efectuada, los recintos habitables son destinados al arriendo, existiendo deficiencias en las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, al no contar con las autorizaciones respectivas de los organismos competentes, además de carecer de permiso de edificación y recepción definitiva.

Añade que a razón de las referidas visitas y fiscalizaciones, se hizo entrega del parte N°077/2024 al Juzgado de Policía Local de Paine con fecha 8 de enero de 2024, debido a las infracciones a la normativa vigente consistentes en la construcción sin permiso de edificación (artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones) y construcción sin recepción definitiva de obras (artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones) respecto del inmueble ubicado en domicilio reservado.

Refiere que, además, la propiedad cuenta con partes cursados en el año 2019 y 2023. El parte N°026/2023, remitido al Juzgado de Policía Local de Paine, con fecha 5 de mayo de 2023. Conforme a la fiscalización realizada por personal de la Dirección de Obras Municipales al inmueble ubicado en domicilio reservado, Comuna de Paine se constataron en fiscalización en terreno de fecha 30 de diciembre del 2024 construcciones irregulares, destinadas principalmente para arriendo masivo, con permiso de edificación N° 69/88 y recepción definitiva N° 02/89 otorgado por la Dirección de Obras Municipales, por un total de 31,05 metros cuadrados, destino habitacional. Sin embargo dicha propiedad tiene un total de 91,05 metros cuadrados construidos aproximadamente, de los cuáles 60 metros cuadrados, no cuentan con registro de permiso de edificación, ni recepción del mismo, teniendo como materialidad predominante madera, figura sancionada conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. También fue cursado el parte N° 20/2019, remitido al Juzgado de Policía Local de Paine con fecha 31 de enero del 2019, el que señala que el día 14 de enero del 2019 personal municipal en visita de inspección a la propiedad ya individualizada, constató que existía una construcción dentro de la propiedad con una cantidad aproximada de 100 metros cuadrados, de los cuales se tiene registro que 31.05 metros cuadrados cuentan con la recepción de los respectivos permisos y 97.52 metros cuadrados no poseen permiso de edificación ni recepción definitiva, teniendo como materialidad predominante la tabiquería.

Expresa que con fecha 20 de marzo de 2025, la I. Municipalidad de Paine dictó el Decreto N° 1735/2025 que declara la inhabilidad de la construcción emplazada en la propiedad ubicada en domicilio reservado, cuyo Rol según el Servicio de Impuestos Internos es el N°00096-00013, comuna de Paine.

Refiere que el inmueble objeto de la presentación solo cuenta con un permiso de edificación N°69/88, no en su totalidad, y que con motivo de dicho permiso se generó el certificado de recepción definitiva de obras N°02/89, otorgado por la Dirección de Obras de Municipalidad de Paine, con un destino habitacional, y por un total de 31,05 metros cuadrados.

Que, atendido lo anterior, se le informa al Juzgado de Policía Local de Paine que las construcciones aludidas no cuentan con permiso de edificación por lo que ha vulnerado lo establecido en el artículo 116° de la Ley General de Urbanismo y Construcción, haciendo presente, que su propietaria, no ha hecho ingreso de expediente de edificación hasta la fecha.

Luego indica que, en virtud de lo expuesto, el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción que cita, las construcciones ubicadas en domicilio reservado, cuyo Rol según Servicio de Impuestos Interno (SII) es el N°00096-00013, comuna de Paine, infringen los preceptos legales citados, y constituye una obligación de la entidad edilicia, mediante su Dirección de Obras, realizar la denuncia ante el Juez de Policía Local, tal como lo ordena el artículo 5° de la Ley General de Urbanismo y Construcción, por lo que, señala, la Ilustre Municipalidad de Paine ha actuado sujetándose estrictamente a la normativa que la rige.

Por otro lado, indica, la inhabilidad declarada en el Decreto N°1735/2025, tiene como fundamento lo establecido en el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que cita, añadiendo que de acuerdo a lo expuesto, las construcciones aludidas, de propiedad de la recurrente, no cuentan con el correspondiente permiso de edificación y por consiguiente tampoco cuentan con recepción final de la totalidad de las construcciones que les habilite a ejecutar construcciones y luego poder habitarlas o darles uso.

Pide tener en consideración lo dispuesto en el dictamen N°53.463 del año 2011, emitido por la Contraloría General de la República, que es tajante al señalar que las Municipalidades que tomen conocimiento de que un inmueble se encuentra habitado o destinado a un determinado uso en contravención a lo dispuesto en el citado artículo 145 (LGUC), deben proceder en conformidad con lo previsto en su inciso final, sin perjuicio de la adopción de las medidas tendientes a evaluar la clausura de dicho local, el cual opera cundo se carece de la correspondiente patente comercial, configurándose eventualmente la hipótesis normativa del inciso segundo del artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, que faculta el Sr. Alcalde para decretar la clausura de los negocios sin patente. En este sentido, el dictamen señalado indica expresamente lo que sigue “En primer término, cumple indicar que el funcionamiento de los referidos recintos supone la existencia de un inmueble, y, en relación con este, cabe recordar que el inciso primero del artículo 145 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Ley General de Urbanismo y Construcciones-, prevé que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total. A su vez, el inciso segundo de dicha norma dispone que los inmuebles construidos o que se construyan, según los permisos municipales, para viviendas, no podrán ser destinados a otros fines, a menos que la municipalidad respectiva autorice el cambio de destino en la situación excepcional que describe, la que no resulta relevante en la especie.”

En el caso de autos, indica, las construcciones ejecutadas, carecen de permiso de edificación total y recepción definitiva, por lo que no puede ser habitada o destinada a uso alguno; por otro lado, según lo constatado por personal fiscalizador de la Dirección de Obras Municipales de Paine, las instalaciones están siendo utilizadas con ánimo de lucro, pues se da en arriendo, sin existir cambio de destino.

De acuerdo con lo recientemente expresado, el criterio de la Contraloría General de la República, en cuanto a que las Municipalidades deben proceder en conformidad con lo previsto en su inciso final del artículo 145 (LGUC) cuando tomen conocimiento de que un inmueble se encuentra habitado o destinado a un determinado uso en contravención a lo dispuesto en el citado, significa un imperativo para los entes edilicios y no es una facultad discrecional.

Cita jurisprudencia indicando que el mismo criterio adoptado por la Contraloría General de la República, se manifiesta en el fallo de causa ROL 414-217, pronunciado por la Primera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt y cita el artículo 145 de la LGUC.

Manifiesta que en el presente caso la revisión de los antecedentes permite concluir que existe una alteración del destino, en cuanto a que la recepción definitiva solo es de 31,05 metros cuadrados, pero que la totalidad de los metros cuadrados construidos son más de 91,05, de estos 60 metros cuadrados no cuentan con registro de permiso de edificación, ni recepción definitiva, además de señalar expresamente que el destino es habitacional. En tal sentido refiere que el Servicio de Impuesto Internos refiere que “en general se considerará que una propiedad tiene destino habitacional, cuando habiendo sido construida para vivienda, al menos un 80% es ocupada para fines habitacionales. Por consiguiente se considerará destino principal habitacional, cuando en parte de una vivienda se instale un pequeño comercio, una microempresa familiar, se desarrollen labores artesanales o actividades relacionadas con el ejercicio de una profesión, casos en los cuales, la superficie ocupada para estos fines, en general no podrá ser mayor al 20% del total, en la medida que se mantenga como uso principal del inmueble la habitación.”.

Finalmente, sostiene que de los fundamentos de la acción constitucional interpuesta por doña nombre reservado, no se vislumbra vulneración alguna de las garantías constitucionales aludidas, al artículo 19 N°24 al derecho de propiedad, pues en caso alguno se está transgrediendo; la recurrente puede ejecutar las construcciones en forma libre dentro del inmueble, ello será así, siempre y cuando el particular obtenga el permiso de edificación y su posterior recepción definitiva, lo que se enmarca dentro de las exigencias que las normativa impone a todos quienes realizan una construcción; al artículo 19 N°10, “El derecho a la educación”, derecho que en la especie no se ve en absoluto vulnerado, por no ser la materia objeto del recurso; al artículo 19 N° 1 inc. 1 “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.”, derecho que en ningún caso la Ilustre Municipalidad de Paine está afectando o transgrediendo, por el contrario la Inhabilidad de la construcción que se decreta es en resguardo de los vecinos de la comunidad. En este sentido, lo que la Ilustre Municipalidad de Paine ha declarado en su Decreto 1735/2025, es actuar sujetándose a lo que la ley impone, no siendo ello una facultad arbitraria, sino que su deber.

Concluye que el municipio y su Dirección de Obras han efectuado todas y cada una de las acciones atingentes a sus competencias, en especial en el caso del Director de Obras Municipales quién ha actuado conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcción y Ley Constitucional de Municipalidades, ello dentro de las facultades otorgadas en ambos cuerpos legales, ajustándose a la normativa, sin transgredir garantía constitucional alguna de la recurrente, por lo que pide, rechazar el recurso de protección impetrado, con costas.

Tercero: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en lo pertinente, dispone: "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidas en el artículo 19", podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta adopte "de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes".

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en dicha norma constituye una acción constitucional de urgencia, autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Así, resulta requisito indispensable de la acción constitucional de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas de las situaciones o efectos indicados, afectando a una o más de las garantías protegidas por el constituyente.

Quinto: Que el acto ilegal o arbitrario que se denuncia en el presente arbitrio se relaciona con el rechazo a los recursos de reposición y jerárquico presentado subsidiariamente en contra del Decreto Alcaldicio N° 1735/2025, bajo el argumento de que no se habrían aportado nuevos antecedentes respecto de la inhabilidad que se declaró de las construcciones emplazadas en el inmueble ubicado en domicilio reservado, comuna de Paine y el desalojo forzoso de las mismas ordenado dentro del plazo de 30 días.

Sexto: Que cabe tener presente lo dictamen de la Contraloría General de la República, citado por la municipalidad recurrida, que indica expresamente “En primer término, cumple indicar que el funcionamiento de los referidos recintos supone la existencia de un inmueble, y, en relación con este, cabe recordar que el inciso primero del artículo 145 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Ley General de Urbanismo y Construcciones-, prevé que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total. A su vez, el inciso segundo de dicha norma dispone que los inmuebles construidos o que se construyan, según los permisos municipales, para viviendas, no podrán ser destinados a otros fines, a menos que la municipalidad respectiva autorice el cambio de destino en la situación excepcional que describe, la que no resulta relevante en la especie.”

Séptimo: Que el artículo 145 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que “Ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total.

Los inmuebles construidos o que se construyan, según los permisos municipales, para viviendas no podrán ser destinados a otros fines, a menos que la municipalidad respectiva autorice el cambio de destino y el propietario obtenga la aprobación de los planos y pague el valor de los permisos correspondientes, cuando procediere.

No se considerará alteración del destino de un inmueble la instalación en él de pequeños comercios o industrias artesanales, o el ejercicio de una actividad profesional, si su principal destinación subsiste como habitacional.

Sin perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20°, la infracción a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo podrá sancionarse, además, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el Alcalde, a petición del Director de obras Municipales.”

Octavo: Que, a juicio de esta Corte, los actos recurridos no son ilegales o arbitrarios desde que la autoridad actuó en el marco de sus competencias y atribuciones, tras haber ponderado debidamente los antecedentes que tuvo en su poder, por lo que el presente arbitro será desestimado como se señala en lo resolutivo.

Noveno: En cuanto a alegada infracción al artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que en caso alguno se está transgrediendo el derecho de propiedad, pues la recurrente puede ejecutar las construcciones en forma libre dentro de su inmueble, siempre que obtenga el permiso de edificación y su posterior recepción definitiva, lo que se enmarca dentro de las exigencias que la normativa impone a todos quienes realizan una construcción.

En lo que toca a alegación de que el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, el recurso no podrá ser acogido desde que el derecho consagrado en dicha disposición no se encuentra protegido por el recurso de protección.

Por último, en lo relativo al artículo 19 N° 1 inciso 1º de la Constitución Política de la República, es dable indicar que la Inhabilidad de la construcción de la recurrente decretada por la municipalidad de Paine se efectuó en resguardo de los vecinos de la comunidad y el desalojo de la recurrente no compromete la integridad de las personas que habitan el inmueble, incluyendo a los menores de edad, razones por la que se desechará esta alegación.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta por Abigail Tamayo Wilson a nombre de doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Nº 2338-2025 Protección.

Redactó el Abogado Integrante Sebastián Hamel Rivas.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, presidida por la Ministra Alondra Castro Jiménez, conformada por el Ministro (s) Leonardo Varas Herrera y el Abogado Integrante Sebastián Hamel Rivas. No firman el Ministro (s) señor Varas ni el abogado integrante señor Hamel, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por haber cesado en sus funciones en esta Corte, el primero de los mencionados y no haber sido llamado a integrar Sala, el segundo de ellos.