nombre reservado con COLEGIO SANTA ROSA

Certifico: Que se anunciaron, escucharon relación y alegaron por el recurso de protección la abogado doña Sandra Morales Maldonado y contra el mismo el abogado don Ítalo Antonucci Maraboli; asimismo se deja constancia que la audiencia inició a las 09:27 horas y terminó a las 10:08 horas. San Miguel, 24 de enero de 2023. nombre reservado. Relator.

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

Al folio 16: Téngase presente.

Al folio 17: A lo principal y primer otrosí: Téngase presente; Al segundo otrosí: A sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen nombre reservado, y nombre reservado, en representación de su hija Isidora nombre reservado, nacida el 10 de enero de 2007, para deducir recurso de protección de garantías constitucionales en contra del sostenedor Fundación Educacional Colegio Santa Rosa, representada legalmente por la Sra. nombre reservado, por la acción consistente en cerrar, sin fundamento legal alguno y sin informar adecuadamente a los apoderados, las dependencias del Colegio Santa Rosa, producto de lo cual dejó de prestar el derecho social y servicio público de educación a que se encuentra obligada, en virtud de la ley.

Explican que su hija cursa segundo año medio en el establecimiento siendo alumna desde el año 2015. Refieren que el 14 de octubre de 2022, en el marco del proceso de negociación colectiva que mantiene el Colegio Santa Rosa con el Sindicato de Profesores del establecimiento denominado Sindicato C.S.R., y al no arribar las partes a las bases de acuerdo con la finalidad de suscribir contrato Colectivo de Trabajadores, se dio inició a la huelga de parte del estamento de profesores del referido colegio.

Señalan que de forma arbitraria e ilegal la recurrida procedió a cerrar las dependencias del colegio, no permitiendo el acceso a su hija y demás alumnas al establecimiento educacional, suspendiendo, también de manera unilateral la prestación del servicio de desayuno y almuerzo que se realiza a través de la JUNAEB a las alumnas prioritarias que integran el cuerpo estudiantil, así como el acceso a dependencias de biblioteca, gimnasio, salas de computación y otras del referido colegio.

Plantean que la medida adoptada por la Directora y su sostenedora se traduce en la suspensión unilateral de la prestación de los servicios educativos a las alumnas, entre ellas su hija, impidiendo el acceso a la educación, afectando también otras actividades no académicas, como es la sociabilización entre las niñas después de 2 años de pandemia, actividades deportivas, entre muchas otras áreas necesarias para las niñas y jóvenes que asisten al establecimiento, olvidando que si bien se trata de una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, con un giro único, que presta un servicio de carácter público como es el servicio educativo, reflejo del derecho a la educación cuyos titulares son los educandos.

Indican que, sin perjuicio de los derechos de los profesores sindicalizados, el artículo 10, letra f), inciso 2° del D.F.L. N° 2, que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 20.370, establece, entre los deberes a que se encuentran sometidos los sostenedores de establecimientos subvencionados particulares, el de “Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar”, obligación que se encuentra incumplida a raíz del cierre total del establecimiento educacional, cuestión que no fue informado a la Comunidad Educativa por ningún medio, limitándose el colegio a publicar en su sitio web, un aviso que a contar del 14 de octubre los padres y apoderados no deben llevar a sus hijas al colegio.

Plantean que, al tenor de lo expuesto, se han vulnerado las garantías constitucionales de los numerales 10 y 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la educación y el derecho de propiedad en virtud del contrato celebrado entre privados con el fin de prestar servicios educativo por parte de la recurrida.

Piden se acoja su acción y se ordene la inmediata apertura del establecimiento educacional, permitiendo a sus alumnas el acceso a éste, adoptar las medidas pertinentes destinadas a asegurar la prestación del servicio educativo y de alimentación para aquellas niñas beneficiadas con el servicio de la JUNAEB y, condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que informó la recurrida Fundación Educacional Colegio Santa Rosa solicitando el rechazo de la acción intentada con expresa condena en costas.

Explica que el 18 de Agosto del año 2022, se inició un proceso de negociación colectiva, conforme la normativa del Código del Trabajo, con la presentación de un proyecto de contrato colectivo por parte del Sindicato de Trabajadores de la empresa Fundación Educacional Colegio Santa Rosa al respectivo establecimiento; que se llevó a cabo las reuniones de negociación a consecuencia de las cuales se entregó una propuesta al Sindicato, la que fue rechazada por sus socios, quienes votaron y aprobaron la huelga legal el 29 de septiembre de 2022, que se materializó, a pesar de sus múltiples gestiones, a contar del 14 de octubre pasado.

Plantea que la huelga involucró a 63 trabajadores, entre ellos docentes (de educación general básica, de enseñanza media, inglés, matemáticas, música, educación física, arte, lenguaje, historia, filosofía, física, química, educadoras de párvulos) y asistentes de la educación (inspectoras de patio, secretarias, auxiliares de aseo, convivencia escolar, coordinadores de ciclo, encargada de biblioteca, orientador, psicóloga, psicopedagoga, técnico en computación y técnico en primeros auxilios, técnico en párvulos). Indica que los únicos no involucrados en la negociación colectiva fueron la Directora, Inspectora General, Encargada de U.T.P, encargado de ciclo, contadora y 4 docentes de enseñanza media y básica.

Refiere que el Colegio atiende a 1.070 alumnas desde pre-kinder a 4° Medio y entrega la alimentación a casi 200 alumnas y, en virtud de lo anteriormente relatado, se dispuso por la Fundación cerrar el Colegio y suspender sus actividades, ya que resultaba imposible que los trabajadores que no estaban en huelga pudieran atender a las alumnas que asistieran al colegio a partir del 14 de octubre, puesto que los trabajadores que no estaban en huelga, conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 345 del Código del Trabajo, no pueden llevar a cabo las labores de atención a las alumnas, que antes de la huelga eran obligación de los socios del sindicato, ya que ello implicaba su reemplazo.

Agrega que las partes llegaron a un acuerdo respecto a la negociación colectiva el 26 de octubre del mismo año, suspendiéndose la huelga y, finalmente, se redactó y aprobó el instrumento colectivo el 28 de octubre, terminando definitivamente la huelga, normalizándose las clases y el funcionamiento del establecimiento.

Plantea que la presente acción ha perdido oportunidad y que no se vulneraron de forma alguna las garantías aludidas en el recurso ya que no es posible calificar como arbitrario o ilegal el acto impugnado al no atentar contra la lógica ni la recta razón, siendo una medida proporcional y legal, amparada en el artículo 354 del Código del Trabajo. En razón de lo anterior, solicita que la acción intentada sea rechazada.

Tercero: Que, a requerimiento de esta Corte, informó la Superintendencia de Educación dando cuenta de la existencia de 22 denuncias vinculadas al recurso de autos, las que se encuentran en diferentes estados de tramitación.

Añade que una de ellas fue realizada por el recurrente nombre reservado (código CAS-24003-V1V1K8) a la que se dio curso el 19 de octubre pasado, ordenándose que la Directora del establecimiento informara respecto a los hechos y las acciones adoptadas para dar cumplimiento a la normativa educacional.

Señala que este requerimiento fue respondido el día 26 del mismo mes y año, explicando la situación de huelga legal de los profesores que afectaba Colegio, acompañando diversa documentación para justificar su proceder.

Indica que los hechos se encuentran en evaluación por parte del Encargado de Regional de la Unidad de Comunicaciones y Denuncias de la Dirección Regional, quien determinará la existencia o no de eventuales infracciones a la normativa educacional por parte del establecimiento, siguiéndose el curso pertinente en cada uno de los casos.

Cuarto: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive o amenace ese derecho.

Quinto: Que la presente acción constitucional se funda en la decisión de la recurrida de cerrar el establecimiento educacional de autos, lo que se tradujo en la suspensión de las clases para sus alumnos y la entrega de raciones aportadas por la JUNAEB; hecho que los recurrentes califican como intempestivo, ilegal y carente de fundamentación, y que se tradujo en una afectación de las garantías constitucionales ya referidas.

Sexto: Que, conforme a lo expuesto precedentemente, y de los antecedentes allegados, se constata que, efectivamente, en el contexto de una negociación colectiva reglada que tuvo lugar entre la recurrida y el sindicato de profesores del establecimiento, estos últimos ejercieron su derecho constitucional a la huelga, la que se materializó el 14 de octubre del año 2022.

Es, en este contexto que el Colegio Santa Rosa, dentro del marco establecido por la legislación laboral y, por la imposibilidad de continuar prestando el servicio educacional ante la falta de trabajadores, procedió a cerrar temporalmente el establecimiento; cuestión que cesó 12 días después al acordarse un nuevo contrato colectivo con sus trabajadores, momento en que se reanudaron las clases, estableciendo el sostenedor un calendario de recuperación de aquellas que no fue posible realizar.

Séptimo: Que se tiene además presente, que el acto cuestionado fue declarado legal por la autoridad administrativa competente como parte de un proceso de negociación colectiva reglada, pronunciándose la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Sur, mediante resolución N°193 de 24 de octubre de 2022, determinando que se cumplieron los requisitos dispuestos por el artículo 354 del Código del Trabajo.

Octavo: Que, de lo antes colacionado, no existe medida de urgencia alguna que adoptar en favor de los derechos de los recurrentes, al haber cesado el acto que sustentaba su acción, desde el momento que el establecimiento reinició su funcionamiento el 26 de octubre pasado, razón por la que la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de Isidora nombre reservado.

Comuníquese y archívese en su oportunidad ROL N° 23.308-2022 Protección.