Protección contra Hospital Padre Alberto Hurtado

Certifico que se anunciaron, escucharon relación y alegaron en la Cuarta Sala, por el recurso de protección el abogado señor Daniel Jara Ortega y contra el mismo la abogada señora Katteryne Díaz Candia. San Miguel, 11 de julio de 2024. Diego Muñoz Gaete, relator.

San Miguel, once de julio de dos mil veinticuatro.

Al folio 18, 19, 20 y 21: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Jaime Vidal Aroca, en representación de nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Hospital Padre Alberto Hurtado, representado por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la resolución TRA Nº449/7/2024, de 22 de febrero de 2024, que declara vacante su cargo por salud incompatible y consecuentemente dispone el cese de sus funciones, lo que estima vulnera las garantías reconocidas en los numerales 2, 9, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representada se desempeña desde el año 2009 como tecnóloga médica de laboratorio y banco de sangre, en el Hospital Padre Alberto Hurtado, y hasta el 14 de marzo de 2024 tenía la calidad de funcionaria de planta. Agrega que durante 2019, luego de ser víctima de un episodio de acoso laboral, fue diagnosticada con fibromialgia, lo que motivó la existencia de diversas licencias médicas.

Adiciona que desde febrero a octubre, ambos de 2023, estuvo con media licencia médica, otorgada por un psiquiatra, realizando labores por media jornada, no obstante, se le ordenaban labores agotadoras y estresantes que impedían su recuperación.

Explica que el 22 de diciembre de 2023 la COMPIN, mediante Resolución N°137/495/2023 dictaminó que adolece de un estado de salud recuperable, no obstante, el 14 de marzo pasado fue notificada de la declaración de vacancia de su cargo.

Argumenta que la decisión es ilegal ya que hace una errónea aplicación de los artículos 146 letra c), 150 letra a) y 151 de la Ley Nº18.834, ya que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez declaró recuperable su salud, por lo que no es admisible que se declare terminado su vínculo contractual.

Alega infracción a la Ley Nº21.531 sobre derechos de los pacientes con fibromialgia y vulneración de las garantías de igualdad ante la ley, derecho a la salud, libertad de trabajo y propiedad.

Solicita se deje sin efecto la resolución que la destituye de la planta profesional por salud incompatible, se ordene reintegrarla a sus funciones y pagar todas las remuneraciones y estipendios desde la fecha de la separación hasta el reintegro, con costas.

Segundo: Que informa la abogada del Hospital recurrido quien indica que la recurrente se desempeñó como funcionaria de planta desde el año 2009. Adiciona que desde el año 2022 a la fecha de su desvinculación, presentó reiteradas licencias médicas por enfermedad, con un total de 334 días de ausentismo.

Ratifica que de acuerdo al dictamen de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, la recurrente presenta un estado de salud recuperable. No obstante, argumenta que el “estado de salud recuperable” no suprime la facultad para declarar vacante el cargo por salud incompatible.

Arguye que la Ley N°21.050 tuvo por objeto incorporar la obligación de requerir a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud en forma previa a ejercer la atribución de declarar la salud incompatible.

Sostiene que entender que una declaración de salud recuperable impide al jefe de servicio declarar la salud incompatible importa una interpretación que deja sin aplicación la causal de vacancia del cargo por salud incompatible.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, el acto que se califica como arbitrario es la resolución TRA Nº449/7/2024, de 22 de febrero de 2024, que declaró la vacancia del cargo que desempeñaba la actora, por salud incompatible, a contar del 14 de marzo de 2024.

Quinto: Que las normas que regulan la situación de la recurrente están contenidas en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, que en su artículo 150 dispone: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, y d) Por no presentación de la renuncia, según lo señalado en el artículo 148, inciso final.”.

Por su parte, el artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Como se observa de la normativa transcrita y de los antecedentes expuestos, la causal de cese en el cargo de la recurrente corresponde a salud incompatible, declarado por el Servicio de Salud recurrido a través de la Resolución TRA Nº449/7/2024, de 22 de febrero de 2024, toda vez que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur Oriente mediante Resolución N°137/495/2023, de 22 de diciembre de 2023 la COMPIN declaró recuperable la salud de la recurrente.

Es del caso señalar que la duración de sus ausencias con motivo de las licencias médicas, 334 días, ciertamente se enmarcan en la situación prevista en el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo precedentemente transcrito. De lo que necesariamente se sigue, que el Servicio recurrido actuó dentro de la esfera de sus atribuciones, en un caso expresamente facultado por el ordenamiento jurídico para hacerlo, lo que impide calificar su accionar como ilegal. A su vez, tampoco resulta arbitrario, desde que de su lectura se comprueba que en la Resolución cuestionada se expresan claramente los motivos por los que se arriba a la conclusión de que la salud del recurrente es incompatible con el cargo para el que fue contratado y la consecuente declaración de vacancia del cargo que sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

De esta manera, se constata que la entidad recurrida se ha limitado a ejercer sus facultades sin que se divise ilegalidad ni arbitrariedad en su ejercicio.

Sexto: Que a mayor abundamiento, se debe tener en consideración el principio de servicialidad consagrado en el artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual, la Administración del Estado debe cumplir las necesidades públicas en forma continua y permanente mediante los servicios públicos. En este sentido, uno de los requisitos para acceder a la función pública es contar con una salud compatible con el desempeño del cargo, ello en armonía con el objetivo de dicha labor que corresponde a prestar el servicio de atención pronta y eficiente a los usuarios, lo que conforme a la situación fáctica descrita no aparece cumplida, pues el estado de salud de la funcionaria no ha permitido la labor permanente y continua a la que está obligada la Administración del Estado.

Séptimo: Que en estas condiciones, no se advierte la existencia del acto arbitrario denunciado, toda vez que el Hospital recurrido, frente al pronunciamiento por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Subcomisión Sur Oriente acerca de la recuperabilidad de salud del actor, en consideración a los antecedentes médicos aportados por él, decidió fundadamente en virtud de lo estatuido en el artículo 151 del cuerpo normativo ya citado, que lo faculta expresamente para ello, disponer la vacancia del cargo.

Por consiguiente, la decisión de declarar la vacancia del cargo que desempeñaba la recurrente ha sido adoptada de manera razonable y fundadamente, en un caso previsto por la ley y con el fin de precaver el debido servicio, al que está obligada la Administración.

Octavo: Que conforme a lo que se viene razonando, el presente recurso de protección será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Hospital Padre Alberto Hurtado.

N°2322-2024 Protección.