nombre reservado con MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ORIGEN CORDILLERA SPA

San Miguel, diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Compareció nombre reservado, Director del Colegio Tupahue de Puente Alto y dedujo recurso de protection en contra de materiales para la construccion Origen Cordillera S.P.A, persona Juridica domiciliada en domicilio reservado.

Sobre los hechos en que apoya su acción, sostiene que el colegio que dirige y representa se encuentra emplazado en domicilio reservado de Puente Alto, y tiene como vecino a la empresa recurrida que se dedica a la venta de materiales de construccion en instalaciones contiguas al colegio. Este 22 de febrero de 2021, de regreso del periodo regular de vacaciones advirtieron que producto de los impactos que producen los camiones acceden a traves de un pasaje interior desde la avenida al fondo de la propiedad vecina en que se acopian y venden los materiales, se ha deteriorado la pandereta divisoria que separa ambas propiedades, en aquella parte que acoge los estacionamientos y los accesos, tanto de los transportes escolares y del personal que trabaja en el colegio. Además de las grietas y fisuras que advirtieron en la pandereta, al parecer por los impactos que producen las maniobras de los caminiones que entran y salen del comercio contiguo, en una parte de ese muro divisorio, la recurrida ha instalado una estructura metálica tipo estantería para apilar en altura material, estante que sobrepasa la pandereta y ha provocado caidas de materiales en el sector de los estacionamientos del colegio. En su presentación por escrito incorpora las fotografias que grafican los daños que refiere, asi como las condiciones de tal acceso al tiempo de deducir el recurso.

Sostiene que los hechos de los que tuvo conocomiento solo el 22 de febrero - por lo que se encuentra en plazo legal para deducir este recurso - afectan sus derechos constitucionales regulados en el art. 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, toda vez que el tránsito peligroso de camiones o el riesgo de caida del muro o de los materiales para la construcción que se acopian en las estanterias adosadas al mismo, perturban y amenazan el derecho a la vida e integridad sicológica de los alumnos como de profesores y personal que trabaja en el establecimiento. Luego, esas mismas acciones ilegales ejercidas por el recurrido directamente, o bien por terceros que acceden al establecimiento comercial sin las medidas de cuidado o reparación que debiera prestar, tambien importan afectación sustancial al derecho de propiedad respecto de los vehículos de los trabajadores del establecimiento escolar, por lo que en razón de la obligación que pesa sobre el Colegio en tanto empleador, debe velar por el resguardo del personal y los estudiantes.

Concluye solicitando que se acoga el recurso declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de cesar, en forma inmediata, en la ejecucion de cualquier acto material que implique, o pueda implicar, afectacion, perturbacion o amenaza de las garantias constitucionales invocadas, sin perjuicio, además, de establecer su obligación en orden a proceder tambien en forma inmediata, a reparar, a su propio costo y a entera satisfaccion de los afectados, los graves daños que actualmente se producen en las panderetas, todo ello, con expresa condenacion en costas.

Segundo: Evacuando el traslado conferido en su oportunidad, Luis Alberto Vergara Guajardo, Abogado, en representación de la recurrida, "Materiales Para La Construcción Origen Cordillera S.P.A." pidió el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Previo a discutir las cuestiones de hecho y derecho expuestas en el recurso de la contraria, sostuvo que el mismo debiera rechazarse, pues de la lectura de su petitorio quedaba en evidencia que la petición difusa excedía las atribuciones concedidas a esta Corte al tiempo de resolver, pues mezcla una acción constitucional de carácter cautelar como es el recurso de protección, con una acción por reparación de daños, con elementos que dicen relación con una servidumbre de cerramiento o medianería, ello sin perjuicio, de ejercer una acción ante el Juzgado de Policía Local por los mismos hechos, en la causa Rol N° 266.769-7 del Segundo Juzgado de Policía Local de Puente Alto.

Aclaró que la construccion de que se trata, corresponde a un muro medianero, en la que ambos propietarios han definido usos al interior de cada propiedad, dentro de lo que está permitido por las normas de urbanismo y construcciones establecidas por la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza. La ubicación y naturaleza del muro medianero está dada por el carácter colindante de ambas propiedades, que presenta deterioros por fatiga de materiales por el transcurso del tiempo. El muro se sostiene por pilares que muestran oxidación del fierro que compone su estructura. Las celdillas presentan grietas especialmente hacia el lado del establecimiento educacional. Existen árboles desde el lado del colegio, cuyas raíces también han deteriorado el muro. También hay una filtración de agua desde el lado del establecimiento educacional que produce acumulaciones de agua en el sector del muro. Por tales factores concurrentes, sumado a la falta de reparaciones, los daños asociados o el costo de reparación que en sede de protección se demandan, debieran discutirse y resolverse conforme las reglas de la medianeria según la regulación civil que cita – artículos 853 y 858 del Código Civil – no siendo racional ni justo que su parte se haga cargo de todos los trabajos de reparación o reforzamiento que tal división medianera requiere. Estas condiciones de trabajo y la proporción en que se deben sufragarse por las partes, es un conflicto entre los propietarios que se debe resolver en un procedimiento declarativo del juicio sumario por su naturaleza de servidumbres, de conformidad con los artículos 851 del Código Civil y 680 del Código de Procedimiento Civil.

A la denuncia del recurrente de desprendimiento o colapso de las estanterias y del material que se guarda en las mismas, además de no especificar de qué material se trataría y en qué circunstancias habría acontecido este evento, se ha cuidado evitar informar a esta Corte que por estos mismos hechos tambien ha concurrido al Juzgado de Policía Local para someter el caso ante esa jurisdicción, conflicto que se conoce en la causa Rol N° 266.769-7 del Segundo Juzgado de Policía Local de Puente Alto. La denuncia en tales términos más semeja disensiones vecinales o bien una discusión sobre urbanismo y construcciones por el muro de cerramiento, entendido como obra en el contexto de la discusión de una servidumbre de medianería, que un auténtico caso de acción constitucional de protección de garantías constitucionales. De paso, aun cuando no lo alega formalmente, sostiene que ello evidencia la extemporaneidad del recurso. Similar argumento utiliza para descartar la existencia de un riesgo por el derrumbe del muro medianero, cuestión que debiera ser ventilada y resuelta en el procedimiento por obra ruinosa que contempla el ordenamiento, reiterando que esta sede no es la vía idónea para la resolución de los problemas habidos entre estos co propietarios.

Sobre las garantias, expone que el recurrente no especifica de qué modo se afectaría por un acto u hecho concreto, de carácter arbitrario e ilegal, el derecho a la vida y a la integridad física de su persona o de personas determinadas. En cambio le reprocha que hace afirmaciones en abstracto, que se mezclan con su principal pretensión que es la regulación de las características técnicas de un muro de cerramiento o medianero. Lo que se exige por la Jurisprudencia en materia de protección es que concurran las hipótesis de privación, perturbación o amenaza concreta, y no en abstracto, del derecho constitucional, lo que no se aprecia de la lectura del recurso de protección entablado. Tampoco el recurrente reconoce cuáles son sus propios deberes de seguridad del recinto conforme a su propia actividad educacional frente a la posible existencia de riesgos, ya que cualquier medida de seguridad, señalización y de resguardo o de prevención de riesgos al interior del recinto educacional, escapa a las posibilidades de intervención del recurrido en un recinto privado donde no tiene atribución alguna. Incluso si hubiese daños, tales responsabilidades deben ser determinadas en las instancias de fondo pertinentes y no en sede de protección constitucional.

Sobre la afectación al derecho de propiedad sobre el recinto del establecimiento educacional y daños a las personas y a los vehículos de los trabajadores del colegio, la afectación a la garantía constitucional no puede ser otra que una vulneración a los elementos esenciales del dominio: uso, goce y disposición. En ese caso no se aclara por el recurrente de qué modo los hechos que relata infringen tal derecho, ya que el principal reclamo dice relación con la situación de un muro de cerramiento medianero, que tiene la naturaleza de servidumbre conforme a la regulación establecida en el Código Civil, y de ahí salta sin conexión lógica – en su concepto - a la denuncia en abstracto de presuntos daños a las personas y vehículos del personal del establecimiento educacional, lo que es absolutamente impreciso. No hay afección al uso de la propiedad del establecimiento educacional, porque las actividades de la recurrida se limitan a actos en la propiedad vecina que tiene deslindes claramente establecidos. No hay afección al goce de la propiedad del establecimiento educacional porque nada interfiere con la percepción de frutos ni naturales ni civiles desde esa propiedad. No hay afección a la facultad de disposición porque nada impide la enajenación o gravamen sobre el predio y el único gravamen existente es el muro de cerramiento de conformidad con las normas de servidumbre medianera que establece el Código Civil.Concluye solictamdo el rechazo con costas del recurso.

Tercero: Que previo a la vista de la causa se agregó por orden de esta Corte informe del Segundo Juzgado de Policía Local que da cuenta que en el Rol N° 266.769-7 se sustancia causa por denuncia del Director del Colegio Tupahe de Puente Alto en contra de la recurrida, ingresada el 23 de enero de 2020, suspendida en etapa de prueba el 31 de marzo de 2021. Sobre este antecedente, el día de la vista del recurso, la recurrente sostuvo desconocer que el Director del Colegio el año 2020 había realizado denuncia, de la que habría tomado conocimiento solo al conocer el informe evacuado en esta causa por la contraria.

Cuarto: Que el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Quinto: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Sexto: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal. En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infra legal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es tal en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho. De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Séptimo: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte dice relación con los conflictos que se suscitan con ocasión del deterioro que experimenta un muro divisorio entre la propiedad que emplea el recurrente en el que se emplaza un establecimiento educacional y la contigua, en la que se explota un comercio de venta de materiales y suministros para la construcción.

Reconocido por el recurrido que el muro medianero presenta daños en su estructura, por los mismos hechos además se ha denunciado en enero de 2020, en el Juzgado de Policía Local competente el riesgo que importaría mantener la construcción en tal estado.

Octavo: Que en tal orden de ideas, el primer presupuesto para el análisis de ponderación requerido a esta Corte es que los hechos en los que se asientan las infracciones que se denuncian resulten indubitados.

Empero, tal como queda en evidencia por la descripción del conflicto desarrollada por el recurrente, no resulta ser un acto puntual atribuible solo al accionar del recurrido el que genera la hipótesis de amago de garantías que se reclaman, sino que como bien se describe en la acción intentada, al parecer, el uso de vehículo de mayor tonelaje del pasaje interior, sumado a la falta de mantenimiento del muro divisorio habido entre los sitios, es la causa del deterioro que se manifiesta en las fotografías agregadas en apoyo del recurso. Aun existiendo el daño, se encuentra todavía pendiente elucidar las causas del mismo. Para ello hace más de un año la parte recurrente, actuando por otro Director del establecimiento educacional, ha presentado un requerimiento en tribunal diverso, el que está pendiente de resolución. Entonces, el asunto está lejos de ser un debate sobre hechos no controvertidos y sobre derechos indubitados. De paso, aun cuando no se alegó como excepción previa, la persistencia en lo reclamado permite descartar la extemporaneidad, pues podría caber en la hipótesis de hecho permanente contra el cual recurrir.

Luego, las propias peticiones que se contienen en el petitorio del recurso deducido por abogado habilitado, confirman que lo requerido es la intervención en un conflicto de vecindad, propio de la jurisdicción civil, pues la reparación del daño solo puede ser determinado sus causas y la forma de corregirse, lo que excede los contornos naturales de este recurso.

Por último, las alegaciones sobre el riesgo inminente para transeúntes y peatones no resultan justificadas cuando por los mismos hechos se ha recurrido hace más de un año, estando el muro aun en pie, sin advertirse que en sede de protección pueda por esta vía conceder un amparo amplio y urgente como es propio a la querella posesoria especial, como la acción por obra ruinosa.

Inoficioso resulta proceder al análisis sobre la afectación de las garantías constitucionales que se contienen en el recurso, cuando se ha establecido que el conflicto entre las partes debe ser resuelto en sede especial, debiendo las partes acudir a ejercer sus derechos ante los tribunales que puedan en juicio de lato conocimiento, sea en procedimientos breves u ordinarios, conocer y resolver esta disputa por el mantenimiento y uso del muro que divide ambos predios, razón por la que el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación del Colegio Tupahue en contra de materiales para la construcción Origen Cordillera S.P.A.

Redacción de la Fiscal Judicial nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol 232-2021- protección.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sr. Diego Simpértigue Limare, Sr. Luis Sepúlveda Coronado y Fiscal Judicial señora nombre reservado.

No firma el Ministro señor Sepúlveda por encontrarse ausente, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.