nombre reservado con GENDARMERIA DE CHILE

San Miguel, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

A los escritos de folios 21 y 22: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, chilena, casada, Gendarme 2°, funcionaria de Gendarmería de Chile de dotación del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, interpone recurso de protección en contra de Gendarmería de Chile, por su exclusión del Curso de Especialización de Instructor año 2026, decisión que califica como ilegal y arbitraria, al haber sido adoptada con posterioridad a su selección formal y fundada en razones no contempladas en las bases del proceso, específicamente su condición de madre con fuero maternal y la existencia de una licencia médica otorgada a su hija menor de dos años, indebidamente asimilada a una licencia médica propia de la funcionaria.

Expone que postuló al referido curso conforme a las bases oficiales publicadas por Gendarmería de Chile, cumpliendo íntegramente los requisitos objetivos y subjetivos exigidos, sin que existiera observación, reparo o exclusión durante la tramitación del proceso. Señala que rindió todas las evaluaciones establecidas, superó satisfactoriamente las distintas etapas y participó en la entrevista personal final, realizada por vía telemática mediante plataforma Zoom, ante una comisión integrada por el Teniente Coronel nombre reservado, dos oficiales superiores y un profesional psicólogo.

Indica que el 7 de enero de 2026, recibió correo electrónico oficial de Gendarmería de Chile mediante el cual se le informó formalmente su aceptación y selección en el Curso de Especialización de Instructor año 2026. Sostiene que dicha comunicación constituyó una notificación válida, expresa y eficaz, que consolidó el resultado del concurso público, generando a su favor una expectativa legítima protegida por el ordenamiento jurídico, la que no podía ser desconocida sino mediante un procedimiento legal, fundado y respetuoso de las garantías constitucionales.

Agrega que, actuando con transparencia y buena fe, informó a la autoridad su condición de madre con fuero maternal y que su hija menor de dos años contaba con licencia médica por un período excepcional de dos días, coincidente con el inicio del curso. Señala que, a raíz de dicha información, Gendarmería adoptó la decisión de excluirla del curso y designar en su reemplazo a otra funcionaria de la misma unidad que no postuló al concurso, no participó en sus etapas, no rindió evaluaciones, no fue entrevistada y no resultó seleccionada conforme a las bases.

Afirma que dicha sustitución se efectuó exclusivamente por su fuero maternal y por el cuidado de su hija menor, transformando una condición legalmente protegida en un motivo de exclusión.

Sostiene que ello vulnera los principios de igualdad ante la ley, mérito, legalidad administrativa, transparencia, confianza legítima, seguridad jurídica y no discriminación, además de alterar ex post las reglas del proceso de selección para favorecer a una persona que no participó en el concurso.

Señala que la exclusión fue comunicada mediante correo electrónico de 9 de enero de 2026, invocándose erróneamente el artículo 111 de la Ley N°18.834. Afirma que dicha norma regula los efectos de la licencia médica del funcionario público, pero no resulta aplicable a una licencia médica otorgada a un hijo menor de dos años, de modo que la autoridad extendió por analogía una regla restrictiva de derechos a un supuesto no contemplado por el legislador, infringiendo el principio de legalidad previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Agrega que las bases oficiales de postulación no contemplan como causal de exclusión o inhabilidad el fuero maternal, la existencia de una licencia médica asociada al cuidado de un hijo menor de dos años ni la situación descrita. Por ello, sostiene que la autoridad introdujo requisitos y sanciones no previstos normativamente, desconociendo que las bases constituyen la ley del concurso y obligan tanto a la Administración como a los postulantes.

En cuanto a la arbitrariedad, afirma que la decisión carece de razonabilidad, proporcionalidad y fundamentación, pues no pondera la naturaleza temporal y acotada de la situación informada, no analiza alternativas menos gravosas, no se funda debidamente en hechos ni en derecho, y fue adoptada sin procedimiento previo, sin audiencia de la interesada y sin resolución administrativa formalmente motivada.

Respecto de las garantías vulneradas, invoca el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por estimar que fue objeto de un trato diferenciado desfavorable, carente de fundamento razonable, cuyo elemento distintivo fue su condición de madre de una hija menor de dos años y su fuero maternal. Afirma que dicha circunstancia constituye una categoría especialmente protegida, y que la decisión configura discriminación arbitraria conforme al artículo 2 de la Ley N°20.609.

Asimismo, invoca el artículo 19 N°1 de la Constitución, señalando que las actuaciones denunciadas le han provocado menoscabo psíquico, estrés, angustia, inseguridad laboral y afectación a su dignidad personal y profesional. Vincula dicha afectación con lo dispuesto en el artículo 2 del Código del Trabajo, modificado por la Ley N°21.643, en cuanto reconoce como acoso laboral toda conducta que tenga por objeto o efecto menoscabar la dignidad o integridad psíquica del trabajador, incluso cuando se trate de un acto único de especial gravedad.

También invoca el artículo 19 N°16 de la Constitución, sosteniendo que la exclusión del curso perturba gravemente su libertad de trabajo y su protección, al afectar su desarrollo profesional y generar menoscabo laboral sin causa legal ni fundamento razonable. Añade que el trato recibido desconoce el principio de dignidad humana consagrado en el artículo 1° de la Constitución, al instrumentalizar su maternidad y fuero como factores de desventaja.

Solicita declarar que los actos denunciados son ilegales y arbitrarios, ordenar el cese inmediato de toda conducta discriminatoria, arbitraria o abusiva en su contra, disponer su reincorporación al Curso de Especialización de Instructor año 2026, ordenar medidas concretas de protección y no represalia, incluyendo la eventual evaluación y materialización de un traslado a una unidad distinta conforme a su elección, instruir un procedimiento administrativo disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que Cristian Roco Cristi, abogado y Jefe de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, evacúa informe, solicitando el rechazo en todas sus partes, con costas.

Informa que nombre reservado es funcionaria de Gendarmería de Chile, Gendarme Segundo, grado 24° E.U.S., perteneciente a la Planta de Suboficiales y Gendarmes, de dotación del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, ingresada al servicio el 4 de marzo de 2019, y clasificada en Lista N°1 en todos los procesos calificatorios desde su ingreso. Agrega que registra un sumario administrativo incoado en la Dirección Regional Metropolitana, mediante Resolución Exenta N°3198, de 14 de agosto de 2025, por irregularidades administrativas consistentes en haber salido del país encontrándose con licencia médica, actualmente en tramitación.

Sostiene que la exclusión de la recurrente del Curso de Especialización para Instructores de Escuela 2026 no obedeció a su condición de madre ni a la existencia de fuero maternal, sino a causales objetivas, preexistentes y acreditadas que la inhabilitaban para participar del proceso formativo desde su inicio. Afirma que, contrariamente a lo sostenido por la actora, ésta se encontraba haciendo uso de licencias médicas propias durante el período relevante del proceso de selección y durante toda la duración del curso.

Expone que, según el Registro de Licencias Médicas emitido el 17 de febrero de 2026 por la Oficina de Licencias Médicas de Gendarmería de Chile, la recurrente registró licencias sucesivas desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 1 de marzo de 2026. En particular, indica que la funcionaria se encontraba con licencia médica durante la entrevista personal realizada el 6 de enero de 2026 y que dicha situación se extendió de manera continua durante el curso, desarrollado entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2026.

Precisa que dichas licencias corresponden a licencias médicas tipo 4, destinadas a permitir al padre o madre ausentarse del trabajo para cuidar a un hijo menor de un año con enfermedad grave. Sin embargo, sostiene que, aunque su objeto sea el cuidado del menor, su efecto jurídico funcionarial es idéntico al de cualquier otra licencia médica, pues impide legalmente al funcionario prestar servicios y participar en actividades propias de su cargo, incluyendo un curso presencial, intensivo y con jornadas de acuartelamiento.

Agrega que el artículo 111 de la Ley N°18.834 resulta aplicable directamente al caso, pues la recurrente se encontraba haciendo uso de licencia médica a su nombre. Por ello, afirma que no existió una aplicación analógica indebida de dicha norma, sino su aplicación literal a una situación funcionaria en que la actora estaba legalmente impedida de desempeñar actividades institucionales incompatibles con el reposo asociado a la licencia.

Asimismo, informa que el Programa del Curso de Especialización para Instructores de Escuela 2026 exigía como requisito de aprobación registrar un 100% de asistencia a las clases presenciales, tanto teóricas como prácticas, contemplando además jornadas de acuartelamiento. Señala que dicho requisito responde a la naturaleza del curso, compuesto por 150 horas académicas de formación intensiva, con componentes prácticos, instrucción penitenciaria, acondicionamiento físico y acuartelamiento, de manera que la ausencia de un solo día podía comprometer la formación y certificación final.

En razón de lo anterior, sostiene que la participación de la recurrente era material y normativamente imposible, dado que se encontraba con licencia médica durante todo el período de ejecución del curso. Afirma que admitirla en tales condiciones habría significado vulnerar la normativa sobre licencias médicas, infringir las reglas del programa formativo, generar inequidad frente a los demás participantes y exponer a la institución a cuestionamientos sobre la validez de la certificación.

Agrega que la recurrente incumplía otro requisito obligatorio de ingreso, pues el programa del curso establecía que el postulante no debía presentar sumarios, causas judiciales ni denuncias por maltrato de internos o agresiones entre funcionarios. En este sentido, señala que la actora mantenía un sumario administrativo vigente, incoado por Resolución Exenta N°3198, de 14 de agosto de 2025, antecedente que configura una causal de exclusión autónoma e independiente conforme a las bases del proceso.

Sostiene que la recurrente omite dicho antecedente en su presentación, pese a que resulta relevante no solo por constituir una inhabilidad objetiva, sino también por vincularse con una conducta funcionaria incompatible con la probidad y el apego normativo exigible a quienes aspiran a cumplir funciones de instrucción y formación en la Escuela de Gendarmería de Chile. Por ello, afirma que no existía un derecho adquirido ni una expectativa legítima jurídicamente protegida en favor de la recurrente, pues el acto impugnado se limitó a hacer efectivas inhabilidades preexistentes y verificables.

Indica que la exclusión fue comunicada oportunamente mediante correo electrónico de 9 de enero de 2026, de manera clara, fundada y transparente, señalándose razones vinculadas exclusivamente con la licencia médica propia, la imposibilidad de cumplir el requisito de asistencia del 100% y la incompatibilidad de participar activamente en el curso con el deber de reposo. Afirma que en ningún momento se invocó como fundamento su maternidad o fuero maternal, lo que descarta la existencia de discriminación.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, niega afectación a la integridad física o psíquica de la recurrente, señalando que la decisión impugnada no constituyó una actuación vejatoria, humillante ni abusiva, sino una determinación administrativa fundada en antecedentes objetivos, comunicada por vía formal e institucional, y basada en requisitos previamente establecidos en el programa del curso. Agrega que el desagrado, frustración o inquietud que pueda generar una decisión administrativa regular no transforma dicha decisión en vulneratoria de garantías fundamentales.

Respecto de la igualdad ante la ley, sostiene que no existe trato discriminatorio, pues la exclusión no se fundó en la condición de madre ni en el fuero maternal, sino en circunstancias objetivas aplicables a cualquier funcionario: estar con licencia médica vigente, imposibilidad de cumplir la asistencia presencial y existencia de sumario administrativo en tramitación. Añade que en procesos anteriores, durante los años 2024 y 2025, funcionarias con fuero maternal realizaron el mismo curso sin impedimento, como ocurrió con la Gendarme Primero nombre reservado y la Gendarme nombre reservado, lo que demuestra que la institución no excluye a funcionarias por dicha condición.

En relación con la libertad de trabajo, afirma que la recurrente no fue privada de su empleo, suspendida de funciones, disminuida en remuneraciones ni modificada en su grado o destinación. Precisa que continúa desempeñando su cargo en las mismas condiciones estatutarias, y que la decisión cuestionada se limitó a impedir su incorporación a un curso específico por no cumplir requisitos objetivos del programa, por lo que no se afectó el núcleo esencial del derecho al trabajo ni el ejercicio de su actividad funcionaria.

Finalmente, concluye que no ha existido actuación u omisión ilegal o arbitraria por parte de Gendarmería de Chile, sino una decisión fundada en la normativa estatutaria, en las bases del curso, en el requisito de asistencia total, en la existencia de licencias médicas vigentes y en un sumario administrativo en tramitación.

Tercero: Que, la recurrente solicita que se tenga presente al momento de resolver, que no tenía conocimiento alguno de la existencia de dicho sumario al momento de postular ni durante el desarrollo de las etapas del proceso de selección. Señala que tomó conocimiento formal del sumario recién el 28 de enero de 2026, oportunidad en que fue notificada personalmente por el fiscal administrativo y el actuario designado, quienes le informaron del inicio del procedimiento disciplinario. Agrega que en dicha instancia se le consultó sobre eventuales causales de recusación, sin que hiciera valer ninguna, y luego prestó declaración en el marco del procedimiento administrativo.

Afirma que no existió ocultamiento, mala fe ni incumplimiento doloso de las bases, pues conforme a los principios de la Ley N°19.880, los actos administrativos producen efectos respecto del administrado desde su notificación válida. Por ello, afirma que no puede imputársele el incumplimiento de un requisito cuya existencia no había sido formalmente puesta en su conocimiento, ni sostenerse una inhabilidad preexistente si el acto administrativo respectivo no había sido notificado ni producía efectos jurídicos respecto de ella al momento de la postulación. Agrega que el sumario administrativo tiene carácter reservado durante su etapa investigativa, mientras el fiscal instructor no formule cargos ni se levante formalmente la reserva.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en primer término, los hechos planteados por la recurrente adolecen de imprecisión al fundar su reclamación en una supuesta discriminación por motivos de maternidad y cuidado de un hijo menor de dos años. En efecto, la actora omite consignar que las licencias médicas de las que hacía uso durante el concurso y del inicio del programa de formación eran de carácter propio e individual, registradas a su nombre en el sistema de personal de la institución. Así, los antecedentes acompañados por la institución descartan una asimilación analógica errónea por parte de la autoridad, demostrando que la funcionaria se encontraba materialmente sujeta a reposo médico vigente tanto al momento de la entrevista de selección como durante el desarrollo del curso de perfeccionamiento.

Sexto: Que, por lo demás, si bien se advierte que la existencia de licencias médicas no figura textualmente listada bajo el apartado de requisitos obligatorios de ingreso en el perfil de postulación de las bases, el Programa del Curso de Especialización exige de manera expresa un 100% de asistencia presencial a los módulos teóricos y prácticos, contemplando además jornadas obligatorias de acuartelamiento. En este sentido, la aplicación del artículo 111 de la Ley N° 18.834 resulta imperativa, toda vez que el uso de una licencia médica impone al funcionario público el derecho y la estricta obligación de permanecer en reposo para el restablecimiento de su salud. Dicha condición legal y funcionarial es del todo incompatible con la asistencia a jornadas presenciales intensivas de formación, por lo que su exclusión obedece a un impedimento normativo y no al mero capricho de la institución.

Séptimo: Que, finalmente, en lo que respecta a la petición concreta de disponer la reincorporación de la recurrente al Curso de Especialización de Instructor año 2026, se constata de los antecedentes allegados al proceso que dicho programa de formación intensiva se ejecutó entre el 12 de enero y el 6 de febrero de 2026. En consecuencia, al encontrarse la actividad académica totalmente consolidada y finalizada, el petitorio de la acción constitucional deviene en material y jurídicamente imposible de cumplir.

Octavo: Que, por lo expuesto la acción constitucional debe ser rechazada, siendo innecesario pronunciarse sobre la vulneración a los derechos denunciados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Gendarmería de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°231-2026 Protección