nombre reservado con SERVICIO DE SALUD HOSPITAL SANATORIO EL PINO

San Miguel, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, funcionaria pública, Auxiliar del Hospital El Pino, interpone recurso de protección en contra del Servicio de Salud Hospital Sanatorio El Pino, por la actuación que considera ilegal y arbitraria consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°1897, de 12 de mayo de 2025, que sancionó a la recurrente y, asimismo, el Informe Jurídico N°17, de 5 de junio de 2025, en el cual se indicó que es improcedente la solicitud de la recurrente de abrir un término probatorio luego de cerrado el procedimiento administrativo que la sancionó, vulnerando sus garantías establecidas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Relata que es funcionaria pública y se desempeña como auxiliar del Hospital El Pino desde el año 2018. Declara haber recibido insultos directos a viva voz de parte de otra funcionaria, por lo que presentó una denuncia por Ley N°21.643, también denominada “Ley Karin”. Dicha denuncia originó el procedimiento disciplinario mediante el cual a través de Resolución N°4390, de 6 de noviembre de 2024, se ordenó instruir procedimiento sumario al respecto.

Indica que, en ese contexto, se generaron denuncias cruzadas y se le formularon cargos también a ella, los cuales contestó dentro de plazo. Señala que para efectos de incorporar prueba, solicitó la apertura de un término probatorio en el otrosí de la presentación en que formuló sus descargos, afirmando que el Fiscal del sumario ignoró su petición, sin notificarle de ninguna resolución que la resolviera. Ello la habría dejado en indefensión, vulnerando sus garantías constitucionales del artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política.

Afirma que se enteró de todo lo anterior al ser notificada, el 15 de mayo de 2025, de la resolución sancionatoria –Resolución Exenta N°1897– de 12 de mayo de 2025, que le impuso la sanción de Multa del 5% de su remuneración y, al mismo tiempo, impone la sanción de Censura a la otra funcionaria denunciante.

Agrega que, frente a lo anterior, formuló una petición administrativa de nulidad, dentro de quinto día, arguyendo que resulta inaceptable que no se haya proveído su solicitud de apertura de un término probatorio. Detalla que el Director del Hospital no conoció de esta petición de nulidad y que el 10 de junio de 2025, le fue notificado por correo electrónico el Informe Jurídico N°17, emitido por la Unidad Jurídica del Hospital y CRS El Pino, en el que se recomienda rechazar su petición de nulidad, por motivos que la recurrente tilda de falsos, equívocos y difíciles de creer.

Alega que el Informe propone rechazar su petición de nulidad sin hacerse cargo del hecho que el Fiscal no proveyó su solicitud de apertura de un término probatorio. En ese sentido, precisa que el Informe argumenta que la Ley Karin no establece un término probatorio como obligatorio, bastando que el procedimiento sea objetivo, imparcial y oportuno, garantizando el derecho a defensa y el debido proceso. Dicho documento agrega que, bajo el Estatuto Administrativo, el funcionario inculpado tiene derecho a ser oído y presentar descargos y que un término probatorio es innecesario si el fiscal no lo estima necesario. Añade el Informe que la Contraloría ha señalado que la apertura de un término probatorio no es obligatoria, sino que depende del mérito de los antecedentes y la decisión del fiscal.

Esgrime que el problema del acto recurrido –el Informe Jurídico– es que este confunde las actuaciones investigativas previas a la formulación de cargos con lo que ocurre con los cargos propiamente tales. Alega que el Estatuto Administrativo es claro en cuanto a su derecho a pedir la apertura de un término probatorio, citando al efecto el artículo 138 de dicho cuerpo legal.

Agrega que el recurrido establece diferencias con respecto a otros sumariados, a quienes sí les ha sido respetado el derecho a un término probatorio, o al menos se ha proveído su solicitud, notificándoseles lo resuelto y otorgándoseles la posibilidad de deducir una reposición administrativa. Ello no habría ocurrido en su caso.

Explica que el derecho contemplado en el artículo 138, inciso 2° del Estatuto Administrativo ingresó a su patrimonio, y por tanto se ha vulnerado también su derecho de propiedad.

Enfatiza no estar solicitando dinero, ni tampoco ser absuelta del sumario, sino solo que se le permita rendir prueba en un procedimiento sumarial reglado, que establece expresamente dicho derecho.

Pide que, acogiéndose la acción constitucional de autos, con costas, esta Corte adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, proponiendo que se retrotraiga el sumario hasta que el Fiscal provea su solicitud de que se abra un término probatorio.

Segundo: Que informa al tenor del recurso nombre reservado, en representación del Servicio de Salud Hospital Sanatorio El Pino, solicitando su rechazo, con costas.

Indica que a través de Resolución Exenta N°4390 de 6 de noviembre de 2024, la Dirección del Hospital instruyó un sumario administrativo para verificar la existencia de los hechos denunciados, los responsables y su participación, respecto al Formulario Denuncia N°16, de 4 de noviembre de 2024, realizada por la recurrente, en contra de nombre reservado, enfermera del Hospital, bajo la Ley N°21.643.

Expone que durante el transcurso de la investigación prestaron declaración diferentes funcionarios, entre ellos, personas que fueron indicadas por la propia recurrente. Asimismo, dentro de la investigación, consta que se realizó una visita para reconocimiento de espacio, para constatar distancias y espacios en los cuales tuvieron lugar los hechos denunciados.

Señala que el 18 de febrero de 2025, habiéndose agotado las diligencias investigativas, la Fiscalía declaró el cierre de la etapa indagatoria y formuló cargos a la recurrente, por haber vulnerado los artículos 61 letras c), g) e i) y 84 letra m) de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, en relación con el artículo 2° del Código del Trabajo. La formulación de cargos fue notificada a la recurrente personalmente, el 18 de febrero de 2025. Asimismo, en la misma fecha, se formularon cargos contra la funcionaria nombre reservado, imputándosele la infracción de las mismas normas anteriormente citadas.

Precisa que, dentro del plazo legal, ambas funcionarias presentaron descargos a los cargos formulados, solicitando el rechazo de los mismos, con fecha 5 de marzo de 2025.

Agrega que el 26 de marzo de 2025, la Fiscalía dictó la respectiva vista fiscal, a través de la cual sugirió aplicar a la recurrente la multa de 5% de su remuneración mensual y a la Sra. nombre reservado la medida de censura. La Fiscalía consideró que los descargos de la recurrente no agregan pruebas contundentes en relación a los hechos por los cuales se le acusa, ni aportan evidencia nueva que altere las conclusiones del sumario.

Indica que, revisado el procedimiento administrativo por parte de la Asesoría Jurídica del Hospital, se constató que se desarrolló conforme al debido proceso, teniéndose a la vista toda la prueba rendida, incluyendo declaraciones, testigos y prueba documental, concluyendo que existían fundamentos suficientes para imputar responsabilidad administrativa a las funcionarias denunciante y denunciada, por hechos constitutivos de acoso laboral y, en consecuencia, que corresponde la aplicación de las medidas disciplinarias propuestas por la Fiscalía.

Expone que, en mérito de lo anterior, la Dirección del Hospital, por Resolución Exenta N°1897, de 12 de mayo de 2025, aplicó las sanciones mencionadas a las funcionarias. La recurrente fue notificada de ello personalmente el 13 de mayo de 2025, en tanto la funcionaria denunciada fue notificada el 15 de mayo de 2025. Se les indicó el plazo de 20 días hábiles para ejercer el derecho de reclamación ante la Contraloría General de la República, según consta en la resolución.

Continúa refiriéndose al Informe Jurídico N°17, de 23 de mayo de 2025, exponiendo su contenido.

Alega que el recurso de autos se basa en la supuesta omisión del término probatorio por parte del fiscal, lo cual vulneraría garantías constitucionales. Explica que el sumario fue tramitado conforme a la normativa vigente, asegurando a ambas partes el pleno ejercicio de sus derechos, incluyendo la oportunidad de prestar declaración, la presentación de descargos por escrito, y la proposición y rendición de pruebas.

Sobre la no apertura del término probatorio, reitera lo afirmado en el Informe Jurídico, en el sentido de que, bajo la normativa aplicable, no es una etapa obligatoria dentro del procedimiento administrativo.

Agrega que la recurrente fue válidamente notificada del acto administrativo que contiene la sanción y no hizo uso de su derecho a reclamación ante la Contraloría dentro de plazo. En este sentido, el recurso de protección no puede sustituir ni suplir el uso de los mecanismos administrativos ordinarios de impugnación.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en el-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que corresponde precisar que los actos que por esta vía se estiman ilegales y arbitrarios, consisten en la dictación de la Resolución Exenta N°1897, de 12 de mayo de 2025, que sancionó a la recurrente con multa de 5% de su remuneración y el Informe Jurídico N°17, de 5 de junio de 2025, en el cual se indicó que es improcedente la solicitud de la recurrente de abrir un término probatorio luego de cerrado el procedimiento administrativo que la sancionó.

Quinto: Que, la impugnación del Informe N°17 por esta vía resulta improcedente, por no tratarse de un acto terminal.

Sexto: Que, en lo demás, para analizar el asunto, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 138 del DFL N°28, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, que señala: “Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal efecto, el que no podrá exceder en total de veinte días”.

Séptimo: Que, por su parte, también resulta útil considerar lo que al efecto ha sostenido la Contraloría General de la República, órgano que al ser consultado sobre la materia ha distinguido la situación contemplada en el artículo 138 precitado, consistente en la solicitud de rendición de prueba -hipótesis en la que se encuentra la recurrente-, de aquella consistente en la solicitud de realización de diligencias probatorias específicas, siendo únicamente en este último caso que el fiscal está facultado para no dar lugar a ellas si estimare que no contribuirán al establecimiento de los hechos investigados y responsabilidades administrativas pertinentes.

Octavo: Que, en efecto, dicho organismo ha afirmado en el Dictamen N°093711N15, de 25 de noviembre de 2015, que “la petición de abrir un término probatorio en los procesos sumariales, acorde con lo previsto en el inciso segundo del citado artículo 138, de la ley N°18.834, es un derecho establecido a favor del inculpado, por lo que, formulada esa petición, al fiscal solo le corresponde proveerla y fijar el plazo para tal fin. Por otra parte, es conveniente destacar que a través del dictamen N°91.174, de 2014, de este origen, entre otros, se precisó que el investigador solo está obligado a acceder a las diligencias probatorias pedidas, cuando sean necesarias, útiles, pertinentes y plausibles para esclarecer los hechos que fueron materia de la indagatoria, y permitan determinar el grado de responsabilidad que cabe a quienes han sido objeto de cargos”.

Noveno: Que, así las cosas, habiendo solicitado la parte recurrente un término para rendir prueba en los términos del inciso 2° del artículo 138 precitado, el fiscal a cargo no contaba con la facultad de omitir pronunciamiento o denegar dicha petición, atendido que dicha atribución solo se contempla para el caso de solicitud de diligencias específicas, de manera que, la resolución que impuso la multa a la actora resulta ilegal, pues se dictó en un proceso en que no se dio cumplimiento estricto a la normativa vigente.

Décimo: Que, de lo que se viene razonando, aparece que el actuar de la recurrida ha vulnerado la garantía contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al dar un trato desigual a la recurrente en relación con otros funcionarios sometidos a procedimiento administrativo, razón por la cual se acogerá la presente acción constitucional en los términos que se pasa a decir.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio de Salud Hospital Sanatorio El Pino, y se ordena retrotraer el procedimiento administrativo al estado de que fiscal no inhabilitado se pronuncie de la petición de apertura de un término probatorio, planteada por la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2297-2025 Protección