nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

CERTIFICO: Que se anunció y alegó contra el recurso, doña nombre reservado, en representación de la parte recurrida. San Miguel, 2 de junio de 2020. nombre reservado.

San Miguel, dos de junio de dos mil veinte.

Al escrito folio 37492: Téngase presente.

Vistos:

Comparece el abogado don Patricio Andrés González Sánchez, quien deduce recurso de protección de garantías constitucionales a favor de 12 vecinos residentes de la calle Escultor Rodin de la comuna de San Miguel, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y don nombre reservado, no indica profesión u oficio, y en contra de la Ilustre Municipalidad de San Miguel, representada por su alcalde don Luis Sanhueza Bravo, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, de esa comuna, por cuanto ésta ha informado la realización de obras de reparación de la calle, cuya forma de ejecución reclama no es la correcta, calificándola de arbitraria e ilegal y que afecta los derechos consagrados en los numerales 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que los recurrentes fueron informados que el 27 de febrero pasado se iniciarían trabajos de reparación de la calle Escultor Rodin, entre la Segunda y la Octava Avenida, consistentes en cambiar el actual hormigón, que durarían dos meses e implicarían el cierre total de la vía, impidiendo el ingreso y salida de vehículos.

Alega que tales trabajos producen una serie de inconvenientes y daños a los vecinos, privando, amenazando y perturbando su derecho a la integridad física y psíquica como asimismo afecta directamente el medio ambiente; todas consecuencias que podrían evitarse si se cambia el sistema de trabajo.

Hace hincapié en que el tiempo de duración de dos meses informados es solo eventual, y que en otras comunas éstos se han extendido por seis meses. Refiere que el cierre total de la calle impedirá que los vecinos puedan ingresar a sus domicilios con sus vehículos, con el peligro que supone dejar estacionado los autos en un lugar distante del hogar y los riesgos en caso de una emergencia de salud. Agrega que tal cierre también afectará a los vecinos que en sus inmuebles tienen talleres mecánicos y otros negocios (amasandería, botillería, negocio de abarrotes, etc.). Además, alega, que dicha situación afectará la vida de las personas postradas y discapacitados.

Luego afirma que los referidos trabajos serían completamente ilógicos ya que la calzada solo presenta algunos baches muy pequeños propios del uso, encontrándose en perfectas condiciones el hormigón, siendo innecesaria su remoción, bastando con una “carpeta de asfalto”. Asimismo hace presente que el trabajo pretendido por la Municipalidad tiene un costo muy alto y que existe una solución alternativa –“carpeta de asfalto”- más barata. Igualmente refiere problemas de contaminación producto de la remoción del hormigón, afectación de calles aledañas por el paso de camiones de gran carga como de las maquinarias de trabajo pesado, y las fugas en matrices de agua que el trabajo de éstas últimas producirá por la vibración, con el consiguiente corte de agua, como también posibles daños en las veredas por los trabajos. Refiere que todos estos aspectos negativos se pueden aminorar con la solución alternativa que plantea.

Reclama además que la empresa que realizará los trabajos no es la más idónea para ejecutar las obras, atendido el gran número de reclamos que constan en su contra en internet, los que detalla.

Pide, en definitiva, acoger la presente acción, con costas, ordenando las medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales de los afectados, ante el proceder arbitrario e ilegal de la recurrida, entre ellas, se ordene a la Municipalidad cambiar la empresa a cargo de la obra y la forma en que se ejecutará, de tal forma de no vulnerar los derechos de los vecinos, que puede ser el mecanismo propuesto o de trabajo por sectores o lo que esta Corte estime conveniente.

Evacúa informe doña nombre reservado, en representación de la Municipalidad recurrida, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Expresa que durante el primer semestre de 2018 la Dirección de Obras del municipio realizó un catastro del estado de las calles de la comuna, y respecto de la calle Escultor Rodin se estableció que presentaba un deterioro superior al 60% en pavimento de calzada y veredas, calificando para ser postulada al Programa “Pavimentos Participativos, llamado 28” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Indica que cumpliendo con la normativa del referido programa para llevar a cabo la postulación se consultó a los vecinos de las propiedades que enfrentan la calle, obteniendo un apoyo de un 73,21%. Precisa que en dicha oportunidad los funcionarios municipales explicaron a los vecinos detalles y pormenores de las obras como el plazo de ejecución.

Agrega que como resultado de la referida consulta se encargó al SERVIU la elaboración del proyecto de ingeniería, el que fue aprobado. Posteriormente la postulación fue seleccionada, realizándose, por parte de dicho organismo, mandatado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la licitación respectiva para las obras de repavimentación, adjudicándose a la constructora Santa Sofía. Precisa que la Municipalidad no tiene injerencia alguna en dicho proceso de licitación.

En relación a los reclamos expresados en el recurso, refiere que la posible extensión del plazo de los trabajos no es más que una suposición de la contraria, sin fundamento concreto. En cuanto a la afectación de actividades económicas por el cierre de la calle, indica que conforme al catastro de la Dirección de Rentas, en el perímetro en que se realizarán los trabajos solo existen seis patentes comerciales, entre las cuales no se registra ni un taller mecánico ni una amasandería. Asimismo hace presente que la Municipalidad no tiene información sobre vecinos en situación de discapacidad o postrados, sin que exista precisión a este respecto por parte del recurrente, no obstante aclara que de existir personas en dicha situación se tomarán las medidas y resguardos posibles para mitigar cualquier externalidad durante la duración de las obras.

Respecto a solución alternativa planteada en el recurso –recarpeteo de la calle- refiere que ello no es posible dada la mala condición de aquella, que presenta fallas estructurales y no una solución transitoria como la propuesta. Hace presente que la obra cuenta técnicamente con la aprobación del SERVIU Metropolitano, organismo que tiene delegada la función de inspección, certificación y recepción de las obras de pavimentación, conforme lo señalado en la ley 8.946 de 1949, de Pavimentación Comunal. Indica que, además, la licitación efectuada, considera la reconstrucción del pavimento, y no puede ser modificada ya que los vecinos y el municipio adhirieron a la postulación.

Luego se refiere a los montos asignados, explicando que de no construirse la obra éstos serían reasignados para otras obras, fuera de la comuna, perdiéndose lo aportado a la fecha por el municipio y la posibilidad de concursar nuevamente a la calle al programa antes referido.

A continuación explica en síntesis el proceso de postulación al programa re repavimentación en cuestión, concluyendo que la calle se encuentra correctamente postulada y seleccionada con el debido respaldo de los vecinos, licitada y adjudicada, cuenta con los recursos asignados por parte del Gobierno Regional Metropolitano para su repavimentación, en donde el municipio también aportó un monto de dinero y el de los vecinos, y su no repavimentación, estaría impidiendo realizar las funciones propias del Municipio, MINVU, SERVIU y Gobierno Regional, todos mandatados por las leyes previamente señaladas.

Alega que la presente acción no es la vía idónea para conocer de esta materia, ya que existe un procedimiento de aplicación especial al efecto establecido en el artículo número 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, denominado reclamo de Ilegalidad municipal. Señala, además, que no se cumple tampoco ninguno de los requisitos de la acción de protección, no se ha verificado un acto u omisión ilegal o arbitraria por parte de la municipalidad, en este sentido lo expresado en el recurso son meras especulaciones sin asidero fáctico, sumado al desconocimiento del recurrente en la legislación que rige la materia.

Hace presente que la Ley 19.175, en su artículo 16 letra n), otorga al Gobierno Regional la competencia de construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas. Para el cumplimiento de esta función, el gobierno regional celebra convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado, a fin de contar con el respaldo técnico necesario, en este caso, el MINVU. Por su parte, la Ley 18.695, establece que el municipio tiene funciones relacionadas con la urbanización y vialidad urbana y rural de la comuna, por lo que, como administrador del bien nacional de uso público, debe adoptar medidas respecto a la vialidad, cuando se encuentra en mal estado. Para reparaciones de emergencia, la Ley 21.111, que modificó la ley de Pavimentación Comunal N°8.946, solo entrega atribuciones a los municipalidades para reparar superficies de 20 m2, ya sean de acera o calzadas, por tanto, cuando una calle presenta un deterioro mayor a 20 m2 y, el 60% de deterioro de la vía, como es el caso de Escultor Rodin, para repavimentar se debe elaborar proyectos de ingeniería, con aprobación de SERVIU, para posteriormente concursar ante el Gobierno Regional a la reconstrucción o bien postular al programa de pavimentos participativos del MINVU.

Finalmente alega que no existe afectación de las garantías invocadas, respecto de lo cual, además, el recurso adolece de falta de fundamentación, y que la actuación del municipio beneficia a todos los vecinos, mejorando la calidad de vida e incluso un aumento en la plusvalía de sus propiedades.

Se trajeron los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que el artículo 20 de la Carta Fundamental consagra una acción de protección a quién por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la misma que allí se detallan. De ello se colige que resulta requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Segundo: Que el acto que motiva la interposición de la presente acción constitucional, básicamente consiste en la comunicación de que el 27 de febrero del año en curso, se iniciarían trabajos de reparación de la calle Escultor Rodin, entre la Segunda y la Octava Avenida, consistentes en cambiar el actual hormigón de la calzada.

Tercero: Que atendido los fundamentos de la presente acción constitucional, aparece de manifiesto que no ha existido una actuación ilegal o arbitraria de parte del municipio recurrido, toda vez que en primer término, es de responsabilidad del Gobierno Regional, de acuerdo a la Ley 19.175, la reparación de la calzada y en segundo lugar, porque la decisión de repararla, reemplazando el hormigón existente, de ninguna manera puede entenderse como un hecho contrario a la legislación o arbitrario y menos que este puede constituir alguna vulneración de garantías constitucionales.

Cuarto: Que a mayor abundamiento, la recurrida en estrados informa que los trabajos habrían finalizado el 22 de mayo pasado, lo que es coincidente con lo expresado por el recurrente en su libelo, en orden a que estos tendrían dos meses de duración, por lo que además la presente acción constitucional habría perdido oportunidad.

Quinto: Que sobre la base de lo razonado puede concluirse que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, lo que impide que esté en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y conforme lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, con costas, el recurso de protección deducido por Patricio Andrés González Sánchez en contra de la Ilustre Municipalidad de San Miguel.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2297-2020 PROT.