nombre reservado con AFP MODELO S.A

San Miguel, a veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

Al folio 17: Téngase presente.

Vistos:

Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A., por el acto Ilegal y arbitrario de rechazar la solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Refiere que su representada solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Posteriormente, mediante correo electrónico de 5 de junio de 2025, la administradora de fondos informó las razones del rechazo de su solicitud, indicando lo siguiente: “La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que, no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales usted se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.”

Indica que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que la Administradora de Fondos de Pensiones admite que efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social del país de origen no obstante, rechaza argumentando que el documento no se encuentra apostillado, por lo que se tiene que hacer presente que es un hecho de público conocimiento la imposibilidad de los nacionales venezolanos acudir a la representación consular para estos efectos, más aún, las recurridas incorporan un requisito adicional que se aparta a lo estatuído en el cuerpo legal que regula la materia.

Alega que es de público conocimiento la imposibilidad de obtener documentación actualizada ante la inexistencia de relaciones diplomáticas formales entre Chile y Venezuela.

Acompaña documentación destinada a acreditar que cumple con los requisitos legales para acceder al retiro de fondos, incluyendo certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) con código de verificación electrónico y constancia de validación por medios oficiales.

Indica que otras AFP han aceptado documentos similares, y que el rechazo de Modelo desconoce la validez de instrumentos auténticos y verificables electrónicamente, incurriendo con ello en una conducta ilegal y arbitraria que infringe las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad.

Reclama que la decisión de la recurrida se basa en una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desconociendo el sentido y finalidad de la ley y la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores, incluida la Corte Suprema, en cuanto a la suficiencia de los documentos acompañados.

Solicita se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable o el que la Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que informando el recurso, el abogado Rodrigo Montero Atria, en representación de la recurrida Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A., expresa que el motivo por el que su representada rechazó la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero se debe a que la recurrente acompañó a sus solicitud el documento llamado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” documento que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 18.156, toda vez que no es un certificado de afiliación, no señala las coberturas con que cuenta el afiliado, sino que señala de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, por tanto, carece de validez en nuestro país Por todo lo anterior solicita el rechazo del recurso con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

En este sentido, mediante el Oficio Ord. N°20294, de 8 de octubre de 2020, se señala: “(…) según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común. (…) resulta pertinente clarificar que se ha resuelto que para acreditar la cobertura en el país de origen exigida en la letra a) del artículo 1° de la ley Nº18.156, no sirve un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se ha requerido que para acreditar dicha exigencia, se consigne en forma específica por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley”.

Sexto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia electrónica de cotizaciones”, otorgada por el Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales, sin que dicho documento se encuentre debidamente legalizado.

Séptimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos que demuestren que la interesada se ha encontrado cubierta durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

Octavo: Que, en consecuencia, la acción constitucional intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A., sin perjuicio de su derecho de reiterar su solicitud acompañando la documentación vigente que corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2293-2025 Protección.