Protección contra la I

San Miguel, ocho de mayo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Álvaro Rojas Muñoz en representación de nombre reservado, profesor de Estado, ambos domiciliados en domicilio reservado para interponer recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de La Pintana, representada por la alcaldesa doña Claudia Pizarro Peña, domiciliados en domicilio reservado, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N°1304/115/360 de 24 de enero de 2020, notificado con fecha 06 de febrero pasado, que dispone la no renovación de su contratación y la de 10 personas más para el año 2020 sin “fundamentar específicamente su desvinculación…” y que se limitó a “dar una fundamentación genérica a todos los profesores desvinculados”. Agrega que, en consecuencia, su desvinculación se torna inexplicable debido a la vaga e insuficiente motivación. Señala que prestó servicios para la recurrida como profesor de Ciencias Naturales del Liceo El Roble, desde abril de 2012, que en total hubo 7 renovaciones de su contratación en forma sucesiva, no fue objeto de evaluación interna ni de amonestación alguna durante el año 2019.

Sostiene que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal por cuanto el Decreto Alcaldicio que se impugna por esta vía, es un acto administrativo que desvincula a su representado sin fundamentarse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.880 y al principio de la “Legítima Confianza en la Administración del Estado” en las contratas. Señala que conforme a este último, la Contraloría General de la República ha establecido que si han pasado al menos dos años en que se ha renovado la contratación, se genera en el funcionario “la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro” (Dictamen N°22.766 de 24/03/2016), por lo que a autoridad municipal para adoptar una determinación diversa, debe explicitar los fundamentos que avalen tal decisión, sin que la mera referencia formal de aquéllos sea suficiente para satisfacer tal condición (Dictamen N°11.027 de 22/04/2019).De ahí que entiende que las nuevas condiciones presupuestarias por la entrada en vigencia de las leyes 21.152 y 21.176, que otorga titularidad de horas a profesionales de la educación no justifican la desvinculación, desde que debió explicar cómo dichas nuevas condiciones presupuestarias influyen en la desvinculación. Hace presente además, que no existe una sobrepoblación en la planta de profesores, puesto que son los mismos profesores de la dotación que en virtud de las mencionadas leyes cambian únicamente la forma de su contratación.

Denuncia en este contexto, la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminación, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y al derecho a la propiedad.

Solicita que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio impugnado, ordene a la recurrida la renovación de su contrata para toda la anualidad 2020, que esta pague al recurrente las prestaciones a que tiene derecho en el tiempo que estuvo alejado de su cargo y las demás medidas que esta Corte determine, con costas.

Segundo: Que emite informe al tenor del recurso el abogado don Julio Villalobos Villarroel en representación de la municipalidad recurrida. Primeramente, alega que la presente, no es la vía para conocer del asunto denunciado, esto es, la omisión de la fundamentación del acto administrativo que informó la no renovación de la contrata por vulneración del principio de la confianza legítima, por la naturaleza cautelar y de emergencia que tiene la acción de protección, para reestablecer un derecho indiscutido. Señala que la materia es de lato conocimiento donde se pueden formular cuestionamientos “sobre puntos de interpretación“, ya que tratándose de un profesional de la educación se rige por un estatuto especial, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 inciso segundo de la Ley 19.070, que establece que la materia es de competencia de los tribunales del trabajo. Agrega que el recurrente se refiere a una mera expectativa de que su contratación sería renovada, pero en caso alguno tiene un derecho sobre ello. Explica la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República acerca del principio de la “Confianza Legítima”, para sostener que aquél no tiene reconocimiento en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de que la Excma. Corte Suprema ha señalado que tales dictámenes no afectan las facultades que tienen las autoridades de decidir su no renovación. Hace presente que el decreto notificado que es impugnado donde se expresó la no renovación de la contrata, es fundado, toda vez que en él se explicó porque era necesario terminar con las vinculaciones con docentes no afectos a titularidad. Añade que el decreto que se notificó al recurrente es fundado ya que en aquél se citan las leyes 21.152 y 21.176, ambas del 2019 que otorgaron titularidad de horas a docentes que se desempeñaban comunalmente, ingresando más de 2000 horas, lo que impedía otorgar horas a todos los profesionales que se desempeñaron durante el 2019, sin perjuicio que las contratas, según lo dispuesto en el artículo 26 del estatuto docente, no puede exceder del 20% del total de horas de la dotación. En suma dice que en el estatuto docente no prima la mención de los docentes, sino que el carácter jurídico que tienen sus horas, es decir, en calidad de contratados o titulares y que tampoco le fue renovado el nombramiento a otros docentes junto al recurrente.

Hace presente que la contrataciones de los docentes son naturaleza eminentemente transitoria, según lo dispuesto en el artículo 25 del Estatuto Docente; y que en su artículo 72 letra d), se establece que la relación laboral de los docentes a contrata termina por “d) Por término del período por el cual se efectuó el contrato”. En consecuencia, la calidad de docente a contrata de la persona en cuyo favor se recurre, termina por el solo ministerio de la ley la causal precedentemente mencionada, la cual era conocida por aquél, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que de conformidad a lo que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías -preexistentes- protegidos, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Cuarto: Que en estrados se aseveró que únicamente se ha denunciado la arbitrariedad del Decreto Alcaldicio N°1304/115/360 de 24 de enero de 2020 de la I. Municipalidad de La Pintana, en virtud del cual se dispuso la no renovación de la contrata de los funcionarios que indica, entre los cuales, aparece don nombre reservado que lo vinculaba con dicha Municipalidad, Quinto: Que la improcedencia de la presente acción constitucional por existir otras vías de impugnación alegada por la entidad municipal, no tiene asidero alguno. En efecto, ello de conformidad al tenor literal de lo consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que en lo que interesa, establece que ella es “…sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

Sexto: Que por la presente vía no se cuestiona la facultad del alcalde para dictar el acto impugnado, de ahí que para dilucidar la acción intentada resulta necesario señalar que lo reclamado es el término de la contrata como docente de la persona en cuyo favor se recurre, de donde resulta que dicha vinculación contractual se encuentra regulada en la Ley N° 19.070 que establece el Estatuto Docente, cuyo artículo 25, en su inciso segundo, señala “Tendrán calidad de contratados aquellos que se desempeñan en labores docentes transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de los titulares”.

En atención a que no existe un derecho a la renovación de una contrata sino que una mera expectativa a ello, debido a su naturaleza eminentemente transitoria, es que se regula expresamente en el artículo 72 letra d) del Estatuto Docente que la relación laboral de los docentes a contrata termina “d) Por término del período por el cual se efectuó el contrato;”.

Séptimo: Que conviene tener presente el dictamen de la Contraloría General de la República, N° 6400-2018 sobre confianza legítima en las contratas, que complementa el N° 22.766-2016 y reitera que, efectivamente, las autoridades tienen la atribución de decidir la no renovación o el término anticipado de las contratas, pero siempre “debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado”. Por su parte, la ley 19.880 en su artículo 11, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, en su artículo 11, exige, que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”. A su vez, el artículo 41 de la misma ley, dice que la resolución final debe ser fundada. Este criterio ha sido también aplicado por la Corte Suprema en diversos fallos (Rol 43.392-2017, Rol 43.395-2017, Rol 43.398-2017).

Octavo: Que de las reseñadas normas legales, se colige que los empleos a contrata en la administración municipal son esencialmente precarios, encontrándose sus autoridades legalmente facultadas para no renovarlas, sin necesidad de acto administrativo alguno que le ponga término por cuanto expira por el solo ministerio de la ley. Sin perjuicio, que en la especie, siguiendo las instrucciones emanadas de la Contraloría General de la República, se dictó el decreto impugnado y notificó su no renovación de funciones con antelación a que la contrata de que se trata cesara de manera automática.

Noveno: Que, en seguida, corresponde analizar la falta de fundamentación alegada por el recurrente, lo que en su concepto tornaría el decreto en arbitrario. En efecto, del examen del Decreto Alcaldicio impugnado, se da cuenta de que por la entrada en vigencia de las leyes N°21.152 y 21.176, ambas de 2019, ingresaron como titulares de la dotación municipal una gran cantidad de docentes que con anterioridad desempeñaban funciones transitorias de ahí, se consigna, que no procede mantener a la totalidad de los docentes en calidad de contratados en la dotación comunal, desde que las horas de Plan de Estudio se encuentran debidamente cubiertas por los profesionales que invisten titularidad. También se señala la existencia de una sobredotación docente existente en la comuna de La Pintana y que cada establecimiento educacional, debe poner “a disposición” a profesionales que no ostentan titularidad, al sobrepasar la cantidad de horas por establecimiento, que en la especie, fueron 11 docentes. En suma, resulta que el acto administrativo impugnado se encuentra debidamente justificado al cumplir con el presupuesto de validez que la ley exige a todo acto administrativo que afecte a particulares, cual es, su fundamentación.

Décimo: Que en consecuencia, teniendo presente que el decreto impugnado se encuentra ajustado a la normativa vigente y está debidamente fundado, no resulta ilegal ni menos arbitrario como pretende el recurrente, lo que impide que la presente acción constitucional pueda prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido por don Álvaro Rojas Muñoz en representación de don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de La Pintana.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Catepillán.

Rol N°2293-2020 PROT.

Pronunciada por la Quinta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministros señora María Carolina Catepillán Lobos, señora Liliana Mera Muñoz y señora nombre reservado. Catalina González Torres