Protección contra Sociedad Centro Educacional San Fernando S

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que a fojas 1 comparece nombre reservado, Profesor, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección a nombre reservado. V. C. R., estudiante, de 17 años, de su mismo domicilio, en contra de la Sociedad Centro Educacional San Fernando S.A., sociedad del giro de educación, representada legalmente por don nombre reservado, ignora profesión, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda su acción en que el recurrido representante legal y director del Centro Educacional San Fernando desde el martes 2 de mayo del presente año, ha incurrido en graves ilegalidades, consistentes en la vulneración del Derecho a la Educación, afectando la garantía contemplada en el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República.

Expone que Matías V. es estudiante de cuarto año medio en el colegio recurrido y ha sido diagnosticado desde los 8 años de edad con Síndrome de Asperger, por lo cual requiere Necesidades Educativas Especiales, reconocido por la Superintendencia de Educación de Chile en sus documentos oficiales y en conocimiento del establecimiento desde que ingresó a primero medio el año 2014, pues su apoderada Justina Mercedes Rojas Silva, profesora, siempre ha entregado los documentos de Neurosiquiatras, siquiatras, psicólogas y Psicopedagoga que han tratado a Matías al establecimiento, y ha mantenido reuniones con la profesora jefe y el Jefe de Unidad Técnica Pedagógica para ver las estrategias pedagógicas y la forma de evaluar al estudiante, ya que necesita un trabajo de integración social, evaluación diferenciada por disgrafía, y eximición de las asignaturas de Inglés y Filosofía.

Agrega que el día martes 2 de mayo al estudiante se le solicita, a la hora de almuerzo, la entrega de su celular por parte del Inspector, el cual es devuelto a su apoderado el día viernes 5 de mayo, a pesar de que en el Reglamento de Convivencia de la Agenda Escolar del centro Educacional San Fernando, en el número 15, se señalan como faltas graves el uso de teléfonos celulares, CD portátil, Tablet, pc portátiles, MP3, MP4, etc.; durante el desarrollo de las clases dentro del Establecimiento, Educación Física, Laboratorios, Talleres, Biblioteca, etc. pero no menciona los recreos de los estudiantes, tampoco la hora de almuerzo o colación, por lo cual considerada desproporcionada esta medida por parte del inspector hacia el estudiante.

Indica que el estudiante al sentirse vulnerado, abandonó el establecimiento educacional por la puerta principal a las 15:00 horas aproximadamente, sin dar aviso a nadie, sin que ningún funcionario del establecimiento se percatara de esta situación. Posteriormente, el día miércoles 3 de mayo, Matías ingresa atrasado al establecimiento y se niega a entregar su agenda a la inspectora para consignar el atraso, por lo que ésta solicita al Inspector General que atienda la situación, pero Matías V. señala que sólo conversará con el director del establecimiento educacional, el cual no se encontraba presente en el establecimiento en esos momentos.

Ante esto, el Inspector General, llama por teléfono a su apoderada solicitando su presencia en el establecimiento, se le informa de la falta de Matías hacia los inspectores, al negarse a entregar la agenda escolar y la sanción de una suspensión de dos días, a contar del día 3 de mayo del presente año, por negarse a entregar la agenda escolar a los inspectores.

Señala que el día viernes 5 de mayo del presente año, se vuelve a solicitar la presencia de la apoderada en el establecimiento a las 16 horas, donde se le informa que Matías no podría ingresar al establecimiento sino una vez que su siquiatra envié un diagnóstico claro y certero de su condición, ante lo cual la apoderado comenta que esta cita médica será el 18 de mayo 2017, y por lo tanto, no podrá volver a clases antes del cierre del sumario que se ordenó realizar para determinar cómo ocurrieron las acciones antes detalladas Expone que este sumario será realizado de forma íntegra por el director del establecimiento señor nombre reservado, y podrá durar como mínimo dos semanas, en las cuales el alumno deberá permanecer fuera del establecimiento, tiempo en el cual el Jefe de UPT, le enviará al alumno trabajos cada cinco días para que no pierda materias, manifestando su apoderada que no está de acuerdo con las medidas tomadas, pues el Reglamento de Convivencia Escolar Vigente, en ninguna parte señala como sanción la suspensión de clases por dos semanas o 15 días seguidos.

Añade que el establecimiento procedió a denunciar en Carabineros de Chile a M. V. C. R. por manifestar a una inspectora un sentimiento de malestar "en el que señala que deseaba golpear al inspector General y a la inspectora Marcela Escudero por quitarle su celular", siendo esto sólo una conversación privada entre la inspectora y el estudiante y ningún directivo del establecimiento educacional informa a la apoderada sobre la existencia de esta denuncia.

Hace presente que con fecha 10 de mayo 2017, se interpuso una denuncia por negación de servicios educativos ante la Superintendencia de Educación, organismo que señaló que la institución disponía de cinco días hábiles para recibir la respuesta del colegio, e iniciar el proceso de reintegración de M. V. C. R. al establecimiento, ya que desde el punto de vista pedagógico, la suspensión de clases es considerada como una medida extrema y de carácter excepcional, se puede extender hasta por un plazo máximo de 5 días hábiles, renovables por igual periodo en casos debidamente fundamentados.

Indica que la Ley 20.485 o Ley de Inclusión Escolar establece que los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio, que se presenten.

Finaliza solicitando que se acoja el presente recurso de protección en favor del estudiante M. V. C. R., reincorporándolo de inmediato a sus labores estudiantiles en el Centro Educacional San Fernando, considerando su condición de Síndrome de Asperger y las necesidades Educativas Especiales que requiere.

Segundo: Que a fojas 58 consta informe evacuado por el recurrido, en el cual remite copia de informe dirigido a la Superintendencia de Educación explicando la situación relativa a las amenazas de muerte y amenazas de agresión física que el estudiante formuló en contra de dos funcionarios del establecimiento educacional y diversos documentos que, a su parecer, avalarían las medidas aplicadas en el proceso de investigación administrativa interna.

En el primero de los documentos señalados, el establecimiento educacional recurrido informa a la Superintendencia del ramo que el día 2 de mayo último, el estudiante M. C. R., que cursa 4° año de enseñanza media de nuestro establecimiento, es sorprendido durante el recreo, dentro de la sala de clases, que de acuerdo a nuestro protocolo, debe permanecer cerrada, durante ese periodo, por lo que el Inspector General nombre reservado, procede a abrir la sala de clases para verificar lo que sucedía dentro de ella y se encuentra que el estudiante además se encontraba usando su celular, le solicita que salga de la sala y entregue su celular, ante lo cual el estudiante, con malas ganas, hace entrega del aparato.

Indica que el día 3 de mayo el estudiante mencionado llega atrasado ingresando al establecimiento a las 08:20 aproximadamente, de tal forma y como es parte de su supervisión de atrasos, la inspectora le solicita su agenda escolar para registrar su atraso y darle la autorización para el ingreso a clases, tal como lo estipula el reglamento interno pero el estudiante hace caso omiso de la situación y se dirige a su sala de clases, sin acatar la solicitud indicada, transgrediendo el respeto a la autoridad y al protocolo antes indicado. La Inspectora Marcela, informa al Inspector General de la desafiante e irrespetuosa acción de Matías, situación que se ha estado repitiendo durante las últimas dos semanas, éste se acerca al estudiante para preguntar cuál es la razón de su comportamiento, ante lo cual el estudiante expresa que él no hablaba con Inspectoría y que solo conversa con el director.

Agrega que ante esto, se citó al apoderado para informarle de la situación y tome conocimiento de la conducta de su educando, como también, coordinar una reunión con el director y comunicarle la suspensión de clases, en cuya reunión la apoderada solicita hablar con el director para pedir el celular e informarse de la suspensión por dos días. Mientras, Matías se encontraba en Inspectoría y ve pasar al Inspector General (Michel), y le comenta a la Inspectora Beatriz Guzmán que quiere matar al inspector Michel y enterrarle un cuchillo, en ese mismo momento se acerca su Profesora Jefe (nombre reservado) y le pregunta que sucede y en ese instante Matías se descontrola al ver a la Inspectora Marcela Escudero y trata de agredirla físicamente, ambas lo contienen para que esto no suceda y más calmado, Matías le comenta a su profesora jefe que le aumentarán las dosis de medicamentos y que no quiere venir al colegio.

Posteriormente, el apoderado procede a retirar al estudiante, mientras que el equipo directivo se reúne para evaluar la situación y verificar la reglamentación vigente ante este caso de intento de agresión a los inspectores del establecimiento, ya que el personal que cumple labores de convivencia escolar, se ha sentido violentado en su entorno laboral, dado que se ha producido violencia psicológica, agresiones verbales y un claro hostigamiento en sus labores de apoyo pedagógico.

Expone que reunidos los antecedentes, verificando las evidencias del Libro de Crónica Diario, y entrevistando a los involucrados del establecimiento educacional, se procede a iniciar una investigación interna (sumario interno) a fin de reunir los antecedentes y remitirlos a la Superintendencia de Educación, todo en base a lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar, Anexos (www.cesf.cl) y documentación de las Superintendencia que fundamentan la activación de una investigación administrativa interna y el proceso de suspensión de clases.

Señala que en la investigación administrativa se han reunido las evidencias testimoniales de los hechos, se procedió a fotocopiar las observaciones del Libro de Crónicas Diario, para fines informativos de la Superintendencia de Educación, informar al apoderado del tiempo que durará la investigación (10 días hábiles), desde el 04 de mayo al 17 mayo, ambas fechas inclusive, se realizó la denuncia en la 20° Comisaría de Carabineros de San Gerónimo el 5 de mayo del 2017; se implementó un proceso de apoyo curricular a través de la implementación de una carpeta domiciliaria con la entrega de los trabajos, guías u otros trabajos; se implementó un proceso de apoyo pedagógico a través del jefe de UTP, quién supervisará y controlará la gestión pedagógica y curricular de Matías y se solicitará al apoderado un informe médico de un especialista detallando el diagnóstico específico del síndrome, medicamentos indicados y horario de suministro, indicaciones específicas de las acciones a seguir en caso de descompensación y descontrol del estudiante, indicaciones para mejorar el problema para relacionarse con los demás y el comportamiento inadecuado, en especial lo que dice relación con sus arrebatos violentos e indicaciones para mejorar las habilidades sociales emocionales y de comunicación.

En dicho informe solicitó asesoría a la Superintendencia, ya que su personal ha sido amenazado de muerte, intento de agresión física, agresión verbal, dado que, a su juicio, se han trasgredido varias instancias legales, a saber:

a) Estatuto Docente Artículo 8° bis.- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.

b) Ley de Responsabilidad Juvenil Asimismo, se contempla la aplicación de la Ley de Responsabilidad juvenil en cuanto a que el estudiante antes indicado, tiene 17 años, 9 meses (fecha nacimiento: 20 agosto 1999).

c) Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.

d) Ley № 20.536. Sobre Violencia Escolar.

e) 33.1. De la Convivencia Escolar. Circular N°1. Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y Particulares.

Finaliza indicando que se ha solicitado en reiteradas ocasiones que la apoderado traiga documentos médicos que avalen específicamente la situación de Síndrome de Asperguer y procedimientos de control ante eventuales descompensaciones, pero sólo cuentan con un certificado del Doctor nombre reservado. que indica que el estudiante se encuentra en control regular por su afección y en el cual solicita que se exima de las asignaturas de inglés y filosofía y con una receta médica extendida por el facultativo indicado, sin tener conocimiento de si el estudiante ha tomado sus medicamentos en el horario específico.

Tercero: Que, como se advierte de lo precedentemente reseñado, para sustentar la vulneración al artículo 19 N° 10 de la Constitución Política -derecho a la educación-, el recurso denuncia una serie de situaciones relativas al uso de un teléfono celular, abandono extemporáneo del establecimiento educacional, negativa a entregar su agenda escolar para consignar un atraso, etc., que condujeron a la suspensión de clases del alumno M. V. C. R. por dos días, al cabo de los cuales se dispuso que tal suspensión se mantendría hasta la entrega por parte de su apoderada de antecedentes psiquiátricos del alumno y hasta el cierre del sumario que se había iniciado en el colegio con motivo de las reacciones del alumno frente a las medidas aplicadas. Invoca la ley 20.485 en cuanto consagraría la prohibición de suspender a los estudiantes por causales vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales y pide la inmediata reincorporación de Matías a sus labores estudiantiles en el Centro Educacional San Fernando, considerando su condición de Síndrome de Asperger y las necesidades Educativas Especiales que requiere.

Cuarto: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él.

Quinto: Que entre las garantías constitucionales amparadas por la acción de protección no se encuentra el derecho a la educación a que se refiere el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política, de modo que el recurso no puede prosperar en la forma que ha sido planteado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la situación denunciada se encuentra sometida al amparo del derecho, desde que -según expone el propio recurrente- presentó reclamo por los mismos hechos ante la Superintendencia de Educación, entidad que acogió a tramitación la denuncia interpuesta, requirió informe a la Dirección del colegio y derivó los antecedentes a su Unidad de Fiscalización, encontrándose pendiente la visita al establecimiento educacional a fin de realizar la respectiva fiscalización, según informó la Fiscal de dicha Superintendencia en cumplimiento de la medida para mejor resolver dispuesta por esta Corte.

Sexto: Que, el recurso afirma que el alumno en cuyo favor se interpone tiene, por su condición de salud, necesidades educativas especiales, lo que obstaría a la aplicación de determinadas sanciones por causales vinculadas a dichas necesidades que se presenten durante sus estudios. Así lo establece, en efecto, la modificación introducida por el artículo 2 de la ley 20.845 al artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.

Para el caso de estimarse que la aplicación de tales sanciones se vincula a las necesidades educativas especiales que presentaría el alumno y constituye un acto discriminatorio, como parece insinuarse en el recurso, también esa situación se encuentra amparada por el derecho mediante la acción de no discriminación arbitraria contemplada en los artículos 3° y siguientes de la ley 20.609.

Séptimo: Que, por no constituir la garantía constitucional que se denuncia como vulnerada una de aquellas susceptibles de ser amparadas por la vía de la acción de protección intentada, el recurso deducido en favor del alumno M. V. C. R. no podrá prosperar, sin perjuicio de que la situación se encuentra sometida a la Superintendencia de Educación que es el organismo legalmente encargado de la fiscalización pertinente y de los otros derechos que pudiere ejercerse.

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado a favor del estudiante M. V. C. R. en contra de la Sociedad Centro Educacional San Fernando S.A.

Se previene que la Ministro señora Espina concurre al acuerdo de rechazar el presente recurso, únicamente por encontrarse bajo imperio del derecho la situación denunciada, ante la autoridad competente como lo es la Superintendencia de Educación.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora Ana Cienfuegos Barros, concurriendo al acuerdo la ministra señora María Soledad Espina Otero y el abogado integrante señor Manuel Hazbún Comandari quien no firma por encontrarse ausente.

Rol N° 2285-2017-pro