MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

San Miguel, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, Alcalde, en representación de la I. Municipalidad de San Ramón, corporación autónoma de derecho público, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, para interponer acción constitucional de protección en contra de Contraloría General de la República, representada legalmente por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez Soto, ambos con domicilio en domicilio reservado, que mediante el Dictamen N°E256048/2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, de 12 de septiembre de 2022, ordenó a la I. Municipalidad de San Ramón dar cumplimiento al Dictamen N°E160093, de 2021, reincorporar al señor nombre reservado a sus funciones y pagarle las remuneraciones que se le adeuden, acto que estima ilegal, arbitrario y vulneratorio de las garantías de igualdad ante la ley, procedimiento racional y justo y propiedad consagradas en el artículo 19 numerales 2, 3 y 24 la Carta Fundamental.

Explica que el 16 de julio de 2022, nombre reservado interpuso el Reclamo N°R004064/2022, ante la Contraloría General de la República, con la finalidad de obtener la reincorporación a sus funciones y el pago de las remuneraciones que se le adeudarían desde que se puso término a su contrata el día 30 de septiembre de 2021, y que el 20 de julio de 2022, el municipio recibió el Dictamen N°E237006/2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana, que le ordena informar la presentación expuesto por el señor nombre reservado.

Refiere que el 10 de agosto de 2022, mediante Ordinario N°246/2022, el municipio evacuó el informe solicitado, indicando a la recurrida que el 10 de diciembre de 2021, el señor nombre reservado, interpuso demanda de tutela laboral en contra de la I. Municipalidad de San Ramón, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, causa RIT T-166-2021, con la finalidad de obtener la reincorporación a sus funciones y el pago de sus remuneraciones, desistiéndose de la acción en audiencia de juicio realizada el 18 de julio de 2022, oportunidad en que fue aprobado dicho desistimiento por el tribunal.

Indica que, a pesar de haber tomado conocimiento de la judicialización del asunto, con fecha 12 de septiembre de 2022, la recurrida emitió el acto arbitrario e ilegal materializado en el Dictamen N°E256048/2022, mediante el cual se ordenó al ente edilicio “adoptar todas las medidas tendientes a dar cumplimiento al Dictamen N°E160093, de 2021, debiendo reincorporar al señor nombre reservado a sus funciones y pagarle las remuneraciones que se le adeuden”.

Refiere que el acto en cuestión resulta arbitrario, por desconocer lo resuelto en sede judicial, e ilegal, por resultar contrario a los artículos 76 inciso primero de la Constitución Política de la República, 1 y 5 del Código de Orgánico de Tribunales, 6 inciso tercero de la Ley 10.336, 150 y 175 del Código de Procedimiento Civil, en tanto, al dictaminar como lo hizo, revivió un proceso fenecido, excedió sus facultades, se atribuyó una competencia propia de los tribunales de justicia y desconoció el efecto de cosa juzgada de la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Miguel de 18 de julio de 2022,,en causa T-166-2021, que tuvo por desistido al señor nombre reservado de su demanda de tutela laboral.

Indica, que el acto en cuestión vulnera las garantías de igualdad ante la ley y de contar con un procedimiento racional y justo de la recurrente, en cuanto, sustraer el conocimiento de este asunto del conocimiento de los tribunales de justicia para ser juzgado por la recurrida, implica no ser juzgado por el tribunal establecido por la ley y establecer una diferencia arbitraria a su respecto, así como también su derecho de propiedad, por irrogar al municipio un gasto aproximado de $45.000.000- por concepto de remuneraciones que deberían ser pagadas al señor nombre reservado.

Pide, en definitiva, acoger el recurso dejando sin efecto el acto arbitrario e ilegal, y declarando que debe darse cumplimiento a lo resuelto por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, mediante sentencia interlocutoria de 18 de julio de 2022, en causa RIT T-166-2021.

Segundo: Que evacua informe Doris Elizabeth Roa Moraga, Fiscal, por orden del Contralor General de la República, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida.

Explica que el 6 de septiembre de 2021, el señor nombre reservado dedujo ante dicho organismo de control un reclamo contra la I. Municipalidad de San Ramón por la decisión de no renovar su contrata a partir del 1 de octubre de 2021, adoptada mediante Decreto Alcaldicio N°1212, de 25 de agosto de 2021. Indica que, analizado los antecedentes, y previo informe del municipio, mediante Dictamen N°E160093, de 29 de noviembre de 2021, se determinó que el funcionario reclamante goza de inamovilidad en su cargo, en virtud de los dispuesto en el artículo 25 de la Ley N°19.296, esto es, por fuero gremial, resultando improcedente la no renovación de su contrata, ordenando al municipio reincorporarlo a sus funciones y pagarle las remuneraciones correspondientes al tiempo en que se vio separado de las mismas.

Expone que el 2 de enero de 2022, el señor nombre reservado solicitó el cumplimiento de lo dictaminado por Contraloría, reclamación que fue atendida mediante el Oficio N°E187736, de 23 de febrero de 2022, ordenando al municipio dar cumplimiento a lo ordenado. Añade que, atendida la persistencia del municipio en orden a no cumplir lo ordenado, el 8 de abril de 2022, el funcionario en cuestión solicitó nuevamente el cumplimiento, por lo que, mediante Oficio N°E204815, de 18 de abril de 2022, se reiteró a la recurrente la orden cumplir lo ordenado, mediante Dictamen N°E160093.

Explica que finalmente, el 16 de julio de 2022, el señor nombre reservado solicitar el cumplimiento del Dictamen N°E160093 por tercera vez, atendiéndose su solicitud mediante el Oficio N°E256048, de 12 de septiembre de 2022, que es recurrido en estos autos.

Aclarado los hechos, alega, en primer término, que el recurso resulta extemporáneo, desde que el acto que se estima ilegal y arbitrario no si no una reiteración de lo ordenado mediante el Oficio N°E160093, de 29 de noviembre de 2021, oportunidad desde la que ha transcurrido latamente el plazo de 30 días corridos para recurrir de protección.

Añade que el recurrente pretende dejar sin efecto el acto recurrido, que confirmo el Oficio N°E160093, sin emplazar al funcionario afectado por dicho acto, colocándolo en un estado de indefensión.

En tercer lugar, sostiene que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección en cuanto involucra un pronunciamiento respecto de derechos que emanan del fuero laboral del señor nombre reservado, excediendo el marco de la presente acción constitucional que no busca declarar derechos, sino protegerlos.

En cuarto lugar, refiere que el recurso de protección tampoco es la vía para eludir el control de legalidad que ejerce respecto del municipio la Contraloría General de la República, ya que aceptar que una entidad sujeta a tal control pueda impugnar por la presente vía las decisiones que no comparte, interfiere con las facultades que le son conferidas por el ordenamiento jurídico.

En quinto lugar, sostiene que no ha existido arbitrariedad, por cuanto la orden de reincorporar al señor nombre reservado y pagar las remuneraciones correspondientes al periodo en que se mantuvo separado de sus funciones obedeció al resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada.

En cuanto al fondo del asunto, argumenta si bien es efectivo que conforme al artículo 6 inciso tercero de la Ley 10.336, Contraloría General de la República no puede intervenir en asuntos que por su naturaleza sean litigiosos o que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, lo cierto es que el Oficio N°E169903 fue emitido el 29 de noviembre de 2021, estos es, con anterioridad a la presentación de la demanda de tutela laboral, cuestión acaecida el 10 de diciembre de 2021. Añadiendo que los pronunciamientos posteriores, fueron reiteraciones del primero, y que en cualquier caso, el Oficio N°E256048, de 12 de septiembre de 2022, fue emitido una vez ya había concluido el proceso judicial tramitado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.

Por otra parte, añade que conforme al artículo 11 de la Ley 19.296, el señor nombre reservado contaba fuero desde el momento en que se realizó la asamblea constitutiva de la asociación de funcionarios de la que formaba parte y fue escogido como parte de la directiva y hasta 6 meses después de la cesación en su cargo, por lo que habiéndose constituido la asociación de funcionarios de salud el 12 de agosto de 2021, a la época de notificársele el Decreto Alcaldicio N°1212, de 25 de agosto de 2021 que no renovaba su contrata, este se encontraba amparado por el fuero, sin que obste a ello, la circunstancia de haberse objetado por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur la constitución de dicha asociación, pues habiéndose otorgado un plazo para subsanar la constitución el fuero del señor nombre reservado se encontraba vigente al tiempo de notificársele su no renovación.

Finaliza su informe indicando que no ha existido vulneración de las garantías referidas por el recurrente, solicitando que se desestime la acción intentada, y acompañando copia de los oficios referidos en su presentación.

Tercero: Que a folio 11, la recurrente hace presente que el informe de la recurrida omite algunos hechos centrales y confunde otros.

Refiere que el 20 de septiembre de 2021, el señor nombre reservado dedujo reclamo ante Contraloría General de la República, y que al evacuar el informe solicitado por la recurrida, el municipio manifestó que el reclamo efectuado era extemporánea.

Agrega que el 5 de noviembre de 2021, la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur notificó a la Asociación de Funcionarios de la Salud un acta de observaciones, objetando la constitución de tal asociación por infringir el artículo 13 de la Ley 19.296, por no cumplir con el quorum mínimo que exige la ley para su validez.

Indica que no obstante lo anterior, mediante el Oficio N°E160092, de 29 de noviembre de 2021, la recurrida rechazo el reclamo de extemporaneidad y le indicó que no procede la no renovación de la contrata del señor nombre reservado por gozar de fuero gremial.

Expone que el 27 de diciembre de 2021, mediante Oficio N°386, el municipio informó a la recurrida que el señor nombre reservado dedujo demanda de tutela laboral, solicitando que se abstuviera de emitir pronunciamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 10.336.

Añade que, a pesar de aun encontrarse en tramitación la causa judicial, el 16 de julio de 2022, el señor nombre reservado dedujo nuevo reclamo ante Contraloría, resuelto mediante el Oficio N°E256048/2022, incumpliendo su obligación de abstenerse de emitir pronunciamiento y desconociendo lo resuelto en sede judicial por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Quinto: Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que consta del mérito de los antecedentes, que Dictamen N°E256048/2022, de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, 12 de septiembre de 2022, impugnado en esta causa, no es sino una reiteración del Dictamen N°E160093, de 29 de noviembre de 2021, acto administrativo decisorio y terminal que ordenó la reincorporación del señor nombre reservado a sus funciones y el pago de las remuneraciones que se le adeuden, que no es acto que se impugna por esta vía.

En consecuencia, habiendo sido interpuesto el recurso el 12 de octubre de 2022, esto es, luego de haber transcurrido en exceso el plazo de treinta días desde la época en dictó el Dictamen N°E160093, de 29 de noviembre de 2021, acto cuya decisión se pretende impugnar por esta vía, éste resulta extemporáneo.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, del mérito de los antecedentes que obran en el proceso valga reiterar que el Dictamen N°E256048/2022, 12 de septiembre de 2022, como se dijo antes, no es un acto decisorio o terminal, sino una mera reiteración y orden de cumplir lo previamente resuelto, y que, al tiempo de emitirse el acto decisorio de Contraloría respecto del reclamo deducido por el señor nombre reservado, esto es, el 29 de noviembre de 2021, no existía proceso judicial alguno en curso, desde que la demanda de tutela laboral fue presentada recién el día 10 de diciembre de 2021.

Séptimo: Que, por lo expuesto y por no concurrir los presupuestos exigidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de la acción de protección impetrada, ella necesariamente debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por la I. Municipalidad de San Ramón, en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°22677-2022 Protección.

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