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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2256-202525 sep 2025

nombre reservado con JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DEL SUR

Fecha
25 de septiembre de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 2256-2025, sentencia de 25 de septiembre de 2025

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Junta de Vecinos Los Jardines del Sur: la recurrente perdió en 2012 la calidad de clienta de la sanitaria por falta de pago, por lo que no consta un derecho indubitado al suministro de agua potable.

Texto íntegro

San Miguel, veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco.

Al folio 33: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Francisco Renato Anabalón Aburto, abogado, en representación de nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de la Junta de Vecinos Los Jardines del Sur, representada por nombre reservado, fundado en actos que califica de ilegales y arbitrarios, consistentes en el envío de una carta que comunica el corte del suministro de agua a la propiedad que arrienda la recurrente, junto con exigir el pago de $2.583.034 por conceptos de agua potable, cuotas sociales, limpieza de terreno y mantención de caminos.

Expone que la medida de corte ya se encuentra ejecutada, afectando gravemente a la familia que reside en el inmueble y vulnerando su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República. Añade que el cobro de deudas por la vía de apremio mediante corte de agua infringe el derecho de propiedad protegido en el artículo 19 N°24, pues impide el goce pacífico del bien arrendado, además de transgredir el debido proceso, ya que los cobros deben realizarse en sede judicial y con respeto a la bilateralidad de la audiencia.

Sostiene que el actuar de la recurrida constituye una actuación material de carácter permanente que priva, perturba y amenaza derechos fundamentales, al sustituir el rol de los tribunales de justicia mediante medidas de hecho carentes de respaldo legal.

Acompaña carta aviso cobro y corte de agua de 9 de junio de 2025, dirigida a don nombre reservado, parcela 18, de la Junta de Vecinos Jardines del Sur.

Solicita se acoja el recurso de protección, se declare ilegal y arbitrario el proceder de la Junta de Vecinos Los Jardines del Sur, se ordene la reposición inmediata del suministro de agua potable a la propiedad arrendada y se condene a la recurrida al pago de las costas.

Segundo: Que Gabriela Muñoz Nieto, abogada, en representación de la Junta de Vecinos Jardines del Sur, evacúa informe, solicitando el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes con expresa condena en costas.

Expone que la recurrente carece de derecho indubitado a exigir la restitución del suministro de agua, pues la conexión de la Parcela 18 fue cortada por Aguas Andinas en 2012 debido a morosidad, y desde entonces se mantiene una conexión clandestina a la red privada financiada por los socios de la Junta. Afirma que no existe vínculo contractual ni con la concesionaria ni con la comunidad, configurándose un uso ilegítimo, abusivo y tolerado por mera condescendencia, que no genera derechos exigibles.

Sostiene que la acción fue dirigida contra un sujeto sin legitimación pasiva, pues la Junta de Vecinos no es concesionaria sanitaria ni tiene obligación legal de suministrar agua potable, correspondiendo cualquier pretensión de reconexión a Aguas Andinas. Añade que el recurso de protección no puede ser utilizado para forzar a un particular a ejecutar actos que la ley no le impone.

Argumenta que no se han vulnerado los derechos constitucionales invocados: i) respecto de la vida e integridad física, refiere que durante el año 2025 las cuotas sociales de la Parcela 18, han sido pagadas por Distribuidora MYL SpA, RUT N°RUT reservadoy según el Servicio de Impuestos Internos dicha empresa tiene como giro la venta al por menor de artículos de ferretería, con domicilio domicilio reservado, por lo que el inmueble no tiene destino habitacional y es explotado por una empresa comercial, careciendo las personas jurídicas de tales derechos; ii) en cuanto al derecho de propiedad, porque el acceso al agua carece de título habilitante y deriva de una conexión clandestina, lo que impide amparar una situación ilícita; iii) sobre el debido proceso, porque la desconexión no es una sanción ni acto estatal, sino una decisión de gestión privada adoptada en resguardo de los intereses de la comunidad, sin que sea exigible un procedimiento formal.

Agrega que ordenar la reconexión implicaría validar una conducta ilícita que incluso reviste caracteres penales conforme al artículo 459 N°1 del Código Penal y a la Ley N°18.119, generando además un perjuicio económico directo para los vecinos, quienes han debido financiar el consumo y la reconexión provisional dispuesta por la orden de no innovar. Precisa que la deuda supera las 54 UF y que obligar a la comunidad a mantener la conexión clandestina afectaría su derecho de propiedad colectiva y la sostenibilidad del sistema.

Tercero: Que, sobre el historial de consumos y estado de conexión a la red de aguas potables, informa Aguas Andinas S.A. que la propiedad ubicada en Camino Los Jardines, comuna de Buin (Rol Avalúo Fiscal N°658-335), asociada a la cuenta cliente N°[cuenta reservada], está suspendida la facturación desde el 18 de octubre de 2012 por deuda, se dio de baja el arranque y dejó de ser cliente de la compañía.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en el-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que corresponde precisar que el acto que por esta vía se estima ilegal y arbitrario, consiste en la presunta privación del suministro de agua a la recurrente por parte de la Junta de Vecinos Los Jardines del Sur.

Sexto: Que, cabe precisar que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer la materia planteada por la recurrente, atendida la naturaleza cautelar de la acción constitucional interpuesta, ya que de conformidad a los antecedentes aportados consta que la recurrente perdió, el año 2012, la calidad de cliente de la empresa suministradora de agua potable por falta de pago, con motivo de lo cual se dio de baja el arranque y suspendió la facturación.

Por otra parte, no consta en la causa antecedente alguno que desvirtúe la anterior y permita dar por cierto que la recurrente tiene un derecho indubitado respecto del suministro de agua potable al predio del que dice ser su dueña.

Por estas consideraciones, y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre esta materia, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta por nombre reservado en contra de Junta de Vecinos Los Jardines del Sur.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol 2256-2025 Protección