Protección contra Sra

En San Miguel, a treinta de mayo de dos mil veinte Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 6 de marzo de 2020, comparece don Juan Ricardo Iturrieta Cabezas, abogado, en representación convencional, de Sociedad Agrícola Chorombo S.A. e interpone recurso de protección en contra del Sr. Tesorero Regional nombre reservado, don nombre reservado; del Sr. nombre reservado, don nombre reservado y, en contra de la Sra. nombre reservado del Trabajo de nombre reservado, doña nombre reservado, señalando que las recurridas han incurrido en actos arbitrarios e ilegales que privan y perturban a su representada del legítimo ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República en su artículos 19 numerales 3 y 24.

Funda el recurso en que, con fecha 18 de diciembre de 2018, la nombre reservado Provincial del Trabajo dictó una resolución condenando a su representada al pago de 2 multas, singularizadas con los números 3632/18/901 y 3632/18/902, respectivamente, iniciándose el procedimiento ejecutivo de cobro de las respectivas multas, no obstante, la recurrente, con fecha 27 de febrero de 2019, había presentado un recurso de reconsideración, el que hasta la fecha de interposición del recurso se encontraba pendiente de resolución, careciendo por tanto la resolución sancionatoria del mérito ejecutivo para perseguir ejecutivamente su cobro.

Asimismo, señala que con fecha 30 de abril del año 2019, la nombre reservado Provincial del Trabajo de nombre reservado dictó una segunda resolución mediante la cual condenó a su representada al pago de 6 multas por infracciones, singularizadas con los números 3632/19/591, 3632/19/592, 3632/19/593, 3632/19/594, 3632/19/595 y 3632/19/596 y luego, sin esperar el término o plazo de su representada para impugnar la referida resolución, remitió dicha resolución a la Tesorería Regional nombre reservado, dando curso esta última al procedimiento ejecutivo de cobro de las respectivas multas.

Añade que la referida resolución fue recurrida en tiempo y forma, resultando finalmente modificada por resolución firme del Primer Juzgado del Trabajo de nombre reservado en los autos RIT I-14-2019 que dejó sin efecto la multa signada con el número 3632/17/596, sin que hasta la fecha el Sr. nombre reservado haya levantado la pretensión de cobro de dicha multa.

Explica, que con fecha 26 de febrero del presente año, un recaudador fiscal dependiente de la Tesorería Regional nombre reservado notificó el mandamiento de ejecución y embargo a su representada persiguiendo el cobro de las multas antes indicadas, incluyendo aquellas dejadas sin efecto o no revestidas de mérito ejecutivo por encontrarse pendientes recursos interpuestos en su contra.

Señala, que al haber requerido de pago y dispuesto la iniciación de un procedimiento ejecutivo en contra de su representada por deudas inexistentes, a saber, multas que han sido dejadas sin efecto o que aún no revisten carácter de firmes y ejecutoriadas, las recurridas han incurrido en una abierta ilegalidad y arbitrariedad, vulneradora de la garantía de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y de protección del derecho de propiedad de la recurrente establecidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente.

Agrega que, además de iniciar el cobro ejecutivo, la Tesorería registró a la recurrente como deudora en el Registro DICOM de la Cámara de Comercio de nombre reservado, desconociendo de ese modo que una resolución sancionatoria debe encontrarse firme o ejecutoriada para perseguir su pago en forma ejecutiva.

Indica que esta actuación ilegal y arbitraria le ha generado enormes problemas y perjuicios a su representada, afectando su capacidad de crédito ante instituciones financieras, obstruyendo de esta forma el normal desarrollo de sus actividades financieras.

Pide, se acoja el recurso y, en definitiva, se ordene a las recurridas a (i) dejar sin efecto el mandamiento de ejecución y embargo dictado con fecha 02 de diciembre de 2018 en el expediente N°10925; (ii) eliminar de los registros de la Tesorería General de la República las multas objeto de este recurso de protección; (iii) la eliminación del registro DICOM de las multas objeto de este recurso; (iv) que el recurrido Inspector Provincial del nombre reservado resuelva el recurso de reconsideración interpuesto pendiente de resolución, fijando un plazo prudencial para tales efectos; y (v) que en lo sucesivo se atengan estrictamente a los plazos y medios de impugnación que la ley reconoce para recurrir de las multas que se le pudieren imponer, todo lo anterior con condena en costas.

Segundo: Que, con fecha 7 de abril, comparece María Jesús Morán Toledo, abogada, en representación de los recurridos, el Sr. nombre reservado, don nombre reservado y de la Sra. nombre reservado, doña nombre reservado, quien informa al tenor del recurso, solicitando el rechazo de la acción constitucional impetrada, con costas.

Sostiene que la resolución de multa N°3632/2019/59 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 de fecha 30 de abril de 2019, es resultado de la fiscalización N°1303/2019/240, iniciada por denuncia de trabajadores de la recurrente y que previa toma de declaraciones y recopilación de antecedentes, se constataron una serie de infracciones que dieron lugar a la resolución respectiva, todo de conformidad al procedimiento establecido en el Manual de Fiscalización del Servicio respectivo.

Añade que la resolución de multa fue notificada a la recurrente de forma personal con fecha 12 de julio de 2019, recurriendo ésta con fecha 5 de agosto del 2019 en base al artículo 503 del Código del Trabajo. Agrega que “el Primer Juzgado de Letras de nombre reservado, dicta sentencia con fecha 14 de febrero de 2020, en la que acoge parcialmente la acción presentada, dejando sin efecto la multa por la resolución n° 3632/2019/59 - 6; y rechaza el reclamo interpuesto en lo principal, en cuanto a dejar sin efecto, y lo presentado en subsidio, en cuanto a rebajar las multas impuestas, por las resoluciones de multa n° 3632/2019/59- 1, 2, 3, 4, y 5. Posteriormente con fecha 17 de marzo de 2020 el tribunal antes mencionado, realiza certificado de la sentencia en cuanto declarando que se encuentra por lo tanto firme y ejecutoriada”.

Con respecto a la alegación de la recurrente, en cuanto a que no se habría cumplido con lo decidido por el Primer Juzgado del Trabajo de nombre reservado, argumenta que la notificación del reclamo judicial fue realizada en fecha posterior al plazo que establece la ley para efectuar presentaciones, tanto de recursos administrativos como reclamos judiciales. Por ello, la multa al no aparecer como reclamada, siguió su curso normal notificándose a la Tesorería como cuenta por cobrar.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que recién con fecha 17 de marzo de 2020, el Tribunal certificó que la sentencia de fecha 14 de febrero del presente año se encontraba firme y ejecutoriada, realizándose entonces la correspondiente actualización en el sistema interno de la Dirección del Trabajo, la que a su vez se comunicó de forma interna con la Tesorería General de la República.

Así las cosas, alega que las recurridas cumplieron con lo establecido en sentencia de fecha 14 de febrero de 2020 una vez que esta se encontraba ejecutoriada, dejando sin efecto la multa 3632/2019/59-6, no revistiendo por tanto de ilegalidad ni arbitrariedad los actos denunciados.

A su vez, señala que la resolución de multa N° 3632/2019/90- 1, 2 de fecha 28 de diciembre de 2018, es el resultado del procedimiento de fiscalización N° 1303/2018/1021, que obedece a una denuncia solicitada por los trabajadores y que, en el procedimiento realizado por la fiscalizadora, y de acuerdo como se establece en el Manual de Procedimiento de Fiscalización del presente servicio, se constatan infracciones, por lo que se procede a sancionar con la multa administrativa N° 3632/2018/90 - 1, 2 de fecha 28 de diciembre de 2018.

Agrega que, según consta en el mismo expediente antes mencionado, la resolución de multa fue notificada de forma personal con fecha 28 de enero de 2019 y, con fecha 27 de febrero de 2019, la empresa fiscalizada presentó recurso de reconsideración administrativa en contra de la resolución de multa N° 3632/2018/90 - 1, 2 de fecha 28 de diciembre de 2018.

Esgrime que, esa presentación fue resulta por su representada mediante la Resolución N° 114 de la nombre reservado Provincial de nombre reservado, de fecha 16 de abril de 2019, en la que se mantienen los montos establecidos en la multa, toda vez que no se acreditó error de hecho o subsanación fehaciente del hecho infraccional, notificándose dicha resolución mediante envío de carta certificada con fecha 29 de abril de 2019, razón por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 508 del Código del Trabajo, la recurrente se entiende notificada con fecha 07 de mayo de 2019.

Afirma, que encontrándose resuelta la solicitud de reconsideración administrativa interpuesta, el cobro de las multas contenidas en la resolución de multa N° 3632/2019/90- 1,2 no revestiría de la ilegalidad o la arbitrariedad denunciada.

Concluye, señalando que de todo lo dicho se aprecia que sus representadas no han provocado la afectación de las garantías establecidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que las recurridas no han hecho más que aplicar la legislación vigente, sujetándose a los principios de los artículos 6 y 7 de la Constitución y a los procedimientos establecidos por ley.

Tercero: Que, con fecha 05 de mayo de 2020, comparece don Jonathan Martínez Bustamante, abogado del Servicio de Tesorerías, en representación del recurrido Director Regional Tesorero Metropolitano Sur, don nombre reservado, quien informa al tenor del recurso, solicitando el rechazo de la acción constitucional impetrada, con costas.

Indica que con fecha 2 de diciembre de 2019 se procedió a generar el expediente administrativo de cobro Rol 10925-2019 de la Pintana en los que consta que el contribuyente fue notificado y requerido de pago con fecha 26 de febrero de 2020 en su domicilio.

Señala que la Dirección del Trabajo y el Servicio de Tesorerías, haciendo uso de sus facultades legales y administrativas han dictado la Resolución Conjunta N°100 de 1998, con el propósito de aumentar la eficiencia punitiva de la Dirección del Trabajo, a través de la cobranza efectiva y oportuna de multas aplicadas en virtud de sus facultades fiscalizadoras, traspasando al Servicio de Tesorerías el cobro judicial y extrajudicial o administrativo de las mismas, cuando hayan sido aplicadas por resolución ejecutoriada del organismo fiscalizador.

En el caso particular, esgrime que la Dirección del Trabajo informó con fecha 08 de julio de 2019 el ingreso para el cobro de las multas respecto de los formularios 42, folios 3632180901 y 3632180902; y con fecha 16-09-2019 respecto de los formularios 42, folios 3632190591; 3632190592, 3632190593; 3632190594; 3632190595 y 3632190596. Una vez procesados estos registros con fecha 2 de diciembre de 2019 se generó el Expediente Administrativo 10925-2019 de la Pintana en virtud del cual se notificó la nómina de deudores y se requirió de pago a la recurrente con fecha 26 de febrero de 2020, no trabándose embargo sobre ningún bien de su propiedad.

Alega que los actos recurridos mediante los cuales se ordena despachar el mandamiento de ejecución y embargo como el requerimiento de pago, corresponden a actuaciones judiciales que se han desarrollado dentro de un proceso de cobro especialísimo establecido en el título V del Libro III del Código Tributario, de lo que se desprendería que el recurrente pretende mediante forma extraordinaria dejar sin efecto dichas actuaciones decretadas por un órgano del Estado legalmente constituido, dentro de la esfera de su competencia y en la forma prescrita por ley.

Concluye que, a partir de lo expuesto no se vislumbraría que los actos recurridos revistan carácter de arbitrarios o ilegales razón por la que solicita se rechace el recurso interpuesto, con expresa condena en costas.

Cuarto: que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la parte recurrente la vulneración de las garantías constitucionales que ha señalado como atropelladas o amenazadas.

Quinto: Que, atendido los antecedentes allegados al recurso y analizados conforme a las reglas de la sana critica, teniendo además presente lo manifestado por los propios recurridos en sus respectivos informes, se puede concluir que efectivamente la empresa recurrente fue objeto de una fiscalización que tiene el número 1303/2018/1021 a raíz de lo cual se le cursaron dos multas por resolución 3632/2018/90-1 y -2 ambas de fecha 28 de diciembre de 2018, las que le fueron notificadas el 28 de enero de 2019 deduciendo el recurso de reconsideración administrativo el que fue resuelto el 16 de abril de 2019 por resolución 114 del Inspector Provincial de nombre reservado, que mantuvo dichas multas y la recurrente se notificó de lo resuelto por la autoridad administrativa el 07 de mayo de 2019, conforme al artículo 508 del Código del Trabajo. Así entonces, no se advierte vulneración alguna a las garantías denunciadas, en los términos planteados en el recurso de protección, en lo que respecta a dichas multas.

Sexto: Que la misma empresa recurrente fue objeto de una nueva fiscalización que lleva el número 1303/2019/24, producto de la cual fue objeto de seis multas administrativas por distintas situaciones, dictándose la resolución 3632/2019/59-1,-2,-3,-4,-5 y -6, las que le fueron notificadas el día 12 de julio de 2019. La empresa Sociedad Agrícola Chorombo S.A., interpuso en los Tribunales del Trabajo el recurso o reclamo a que se refiere el artículo 503 del Código del Trabajo, formándose en el Primer Juzgado del Trabajo de nombre reservado la causa Rit I-14-2019, la cual fue fallada el 14 de febrero de 2020 acogiéndose la reclamación solo por lo que respecta a la multa contenida en la resolución 3632/2019/59-6, la que fue dejada sin efecto, manteniéndose las restantes. El 17 de marzo del año en curso se certificó que dicha sentencia se encontraba firme y ejecutoriada.

Séptimo: Que no obstante lo señalado anteriormente, conviene hacer las siguientes precisiones: 1.- El recurrente disponía de 15 días hábiles para recurrir a sede laboral, desde su notificación 12 de julio de 2019, plazo que vencía el 30 de ese mes, reclamando en tiempo y forma como lo dispone el legislador laboral.-2.- El Director Regional Metropolitano Sur del Servicio de Tesorería en su informe reconoce que su servicio procedió el 02 de diciembre de 2019 a generar el expediente administrativo de cobro rol 10925-2019, que el contribuyente y recurrente de autos fue notificado y requerido de pago el 26 de febrero de 2020 en su domicilio, debido a que la Dirección del Trabajo les informó el 08 de julio de 2019 el ingreso para el cobro de las multas, detallando los folios, entre los cuales aparece el rol 3632/19/59-6; 3.- De lo anterior se desprende que la Dirección del Trabajo comunicó al Servicio de Tesorería el 08 de julio de 2019 que se procediera al cobro compulsivo de la multa, en circunstancias que la empresa afectada tenia plazo recurrir a sede laboral hasta el 30 de julio de ese año, como efectivamente ocurrió.

Octavo: Que la explicación de la recurrida la Dirección del Trabajo en el sentido de que recién el tribunal del trabajo certificó el 14 de Febrero del año 2020 que la sentencia se encontraba firme y ejecutoriada y entonces ellos procedieron a cumplir con lo ordenado por el tribunal, no resiste el mínimo análisis, pues ese Servicio, sin esperar las resultas del recurso o reclamado entablado por la recurrente en sede laboral, procedió a informar al Servicio de Tesorería de una deuda inexistente a la fecha de esa información y tanto así que la multa en cuestión que se pretendía cobrar compulsivamente fue dejada sin efecto por el Tribunal del Trabajo. Asimismo, aparece poco prolija la actuación del Servicio de Tesorería al efectuar un cobro compulsivo de una deuda aun inexistente, antes de realizar las diligencias necesarias para comprobar la misma, sin que en esas actuaciones aparezca que haya tenido intervención la nombre reservado del Trabajo nombre reservado.

Noveno: Que, de lo expuesto esta Corte concluye que los recurridos, el Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado nombre reservado y el Tesorero Regional nombre reservado nombre reservado transgredieron las normas sobre cobranza judicial y también los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo, de lo que se sigue que el actuar de cada uno de ellos fue ilegal, pero además dichas actuaciones carecen de justificación o razonabilidad, por lo que también resultan arbitrarias. Por ello, la acción cautelar que se analiza será acogida, parcialmente, toda vez que el derecho de propiedad aparece seriamente amagado y conculcado , en la forma ya expuesta, sin que sea necesario examinar y decidir sobre la otra garantía denunciada, por ser ello innecesario .

Décimo: Que no constando en autos que la recurrida nombre reservado haya incurrido en algún acto arbitrario o ilegal, se rechazará la protección dirigida también en su contra.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente ,lo dispuesto en los artículos 1,19 numero 24 y artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado sobre tramitación y Fallo del Recurso de Protección , se declara:

Que se acoge el recurso de protección interpuesto por el abogado Juan Ricardo Iturrieta Cabezas, en representación de la Sociedad Agrícola CHOROMBO S.A., contra el Tesorero Regional nombre reservado nombre reservado y el Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado nombre reservado solo por lo que respecta a la resolución 3632/2019/59-6, y en consecuencia los recurridos nombre reservado Provincial del Trabajo de nombre reservado y la Tesorería Regional nombre reservado procederán a realizar las diligencias que correspondan para dejar sin efecto el mandamiento de ejecución y embargo dictado en el expediente administrativo por cobro compulsivo rol 10925 donde se persigue el cobro de la multa de la resolución 3632/2019/59-6 que fue dejada sin efecto en los autos Rit I-14-2019 del Primer Juzgado del Trabajo de nombre reservado, y asimismo se procederá a eliminar de los Registros de Tesorería dicha multa y también en el Dicom.

Se rechaza el recurso en cuanto se dirigía, además, en contra de la nombre reservado Provincial del Trabajo de nombre reservado nombre reservado

No se condena en costas a los recurridos por estimarse que tuvieron motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°2253-2020 Protección.

Redacción del Ministro Sr. Luis Sepúlveda Coronado.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora María Teresa Díaz Zamora, señor Luis Sepúlveda Coronado y señora Adriana Sottovía Giménez.