Protección contra FISCO DE CHILE

Santiago, nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

A fojas 6 comparece don Andrés Felipe Cruz González, abogado, en representación de don nombre reservado, profesor, quien recurre de protección en contra del FISCO DE CHILE, representada legalmente por la presidenta del Consejo de Defensa del Estado por doña nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la desvinculación de sus funciones como profesor a contrata en la FACH, acto del que se tomó conocimiento el 11 de marzo del año 2019, en la comuna del Bosque, Santiago.

Expone que su representado comenzó a trabajar como profesor a contrata para la Fuerza Aérea de Chile el 18 agosto del año 2004, bajo la modalidad de profesor civil a contrata en la asignatura de inglés, funciones que desempeña en la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile, de la comuna del Bosque.

Añade que desde esa época hasta la fecha ha prestado servicios de manera ininterrumpida, en virtud de contratos sucesivos que se han renovado todos los años, bajo la modalidad semanal/mensual establecida en el artículo 174 del DFL 1 de las FF.AA.

Señala que el 12 de octubre del año 2018 a su representado se le notificó la resolución N°3866 del año 2018, que le comunica el nombramiento y la respectiva asignación de horas para el año 2019, las cuales ascendían a 35 horas mensuales, y en virtud de dicho nombramiento, su cliente firmó la carta de aceptación al cargo de profesor civil con fecha 12 de octubre del año 2018, renovándose su contrato de trabajo para el año 2019.

Indica que no obstante lo anterior, al momento del pago de su remuneración por el mes de enero del año 2019, tomó conocimiento que la cantidad de horas señaladas en la liquidación de pago era de 23 y no de 35 horas mensuales, lo cual constituye una modificación unilateral del contrato de trabajo y por sobre todo una privación de una parte de su remuneración, es decir la privación de un derecho adquirido, emanado del contrato de trabajo suscrito entre las partes, constituyendo un acto ilegal y/o arbitrario que infringe la Garantía Constitucional contenida en el artículo 19 N°24 de la carta fundamental, ya que se le priva de su derecho de propiedad sobre un derecho adquirido en un contrato de trabajo.

Ante la citada situación presentó recurso de protección en esta I. Corte de Apelaciones, causa que se conoce bajo el Rol N° 1083-2019 del libro de protecciones. Y en dicho contexto, el 28 de febrero del presente año la Fuerza Aérea de Chile, presentó a su representado un nuevo acto administrativo de nombramiento, solicitándole que sea firmado mediante carta de aceptación en un plazo reducido, bajo la sanción de no hacerlo de ser desvinculado o despedido. Este nuevo nombramiento (nuevo contrato de trabajo) pretendía modificar el contrato de trabajo vigente, morigerando sustancialmente la forma de cálculo de las horas de clases y la duración del contrato anual a semestral dando inicio el 23 de enero hasta el 22 de julio de 2019. Su representado no firmó la carta de aceptación al nuevo nombramiento, ante lo cual con fecha 11 de marzo de 2019, fue desvinculado por la Fuerza Aérea de Chile. Dicho acto es arbitrario, por cuanto ya existía un nombramiento vigente que regía para el año 2019 e ilegal porque infringe garantías constitucionales, infringe además el artículo 1545 del Código Civil, ya que el nombramiento de 12 de octubre de 2018 y aceptación constituyen una renovación del contrato de trabajo, el cual goza de fuerza obligatoria.

Señala como garantías constitucionales infringidas las establecidas en los números 2, 16 y 24 de artículo 19 de la Constitución Política de la República, “igualdad ante la ley”; ” libertad de trabajo”; “derecho de propiedad”. En cuanto a la igualdad ante la Ley, indica que el acto administrativo hace una diferencia en el igual tratamiento que debe adoptarse para un funcionario, debiendo respetarse la temporalidad en la resolución que prorrogó la contrata de su representado. Además alega que el acto no señala fundamentos de derecho. En relación a la libertad de trabajo, se ve afectada, toda vez que no puede elegir continuar trabajando como profesor civil a contrata en la Fuerza Aérea de Chile. Respecto al derecho de propiedad, se infringe el derecho adquirido de permanecer en sus funciones, vulnerándose el artículo 1545 del Código Civil relativo a la fuerza obligatoria de los contratos.

En cuanto al derecho, su acción en los artículos 19 números 1, 2, 3 inciso 5, 4, 6, 9 inciso final, 11, 12, 13, 15, 16, artículos 20 al 25 de la Constitución Policita de la República, solicitando a esta I. Corte que: 1) decrete arbitrario y/o ilegal el acto recurrido; 2) Ordene a la recurrida a dejar sin efecto la desvinculación de las funciones como profesor a contrata en la FACH de su representado, además de reintegrarlo a sus funciones conforme al nombramiento de fecha 12 de octubre de 2018, con costas.

A fojas 95 informa al tenor del recurso, don nombre reservado, Abogado Procurador Fiscal de San Miguel del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile.

En primer término, indica que el señor nombre reservado fue nombrado como Personal a Contrata, Profesor Civil para desempeñarse en la Academia Politécnica Aeronáutica, en la asignatura de categoría superior, a contar del 18 de agosto de 2004, y hasta el 31 de diciembre de 2004, y luego, mediante sucesivos nombramientos anuales, continuó cumpliendo funciones en la mencionada Academia hasta el año 2012, y a partir del año 2013 hasta la fecha, se ha desempeñado en la Escuela de Especialidades. Es así, como mediante Resolución TRA N° 140/516/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018, del Comando de Personal, se designó al recurrente, como contrata Profesor Civil, con una jornada de 35 horas semanales, a contar del 01 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, "mientras sean necesarios sus servicios", pero no obstante ello, dicho acto administrativo no fue cursado por la Contraloría General de la República que, por Oficio TRA N° CGR-25623 de 26 de diciembre de 2018, lo representó, señalando que no resultaba procedente disponer a esa data, una contratación para la anualidad 2019, ya que dicho período no se encontraba aprobado para el ejercicio presupuestario pertinente, ello, de acuerdo con lo manifestado en jurisprudencia administrativa en su dictamen N° 48.876, de 2005.

Expresa que el Director de la Escuela de Especialidades comunicó al recurrente mediante Oficio de 12 de octubre de 2018, la asignatura para la cual había sido nombrado para el año 2019, así como el número total de horas para ella y se le indicó que para cumplir con los procesos administrativos, era necesario que aceptara su nombramiento mediante "Carta de Aceptación de Cargo Docente", la que fue firmada por él con igual fecha y seguidamente. Por lo que, el Comando de Personal procedió a materializar el nombramiento de Profesor Civil para el año 2019, mediante resolución que fue remitida para su toma de razón a la Contraloría General de la República, que por el motivo señalado, se abstuvo de cursarla.

Agrega que posterior a ello, y a raíz del cambio de mando de la Escuela de Especialidades, se designó una Comisión Interventora para revisar los procesos de ese Instituto, la que se llevó a cabo en diciembre de 2018, y en cuya Acta de Entrega de 19 de diciembre de 2018 se observó una discrepancia respecto a la contratación y pago de los Profesores Civiles, consignándose una falta de concordancia entre lo requerido según el Plan de Estudios y las horas contratadas, siendo en algunos casos, superiores a las horas requeridas, por lo que, funcionarios habrían percibido una remuneración mayor a la que correspondía por las horas efectivamente trabajadas.

Señala que por las discrepancias observadas, la Escuela de Especialidades procedió a adoptar las medidas tendientes a regularizar la situación, para ajustarla a la normativa vigente, razón por la que mediante Oficio de 28 de diciembre de 2018, el Director de la Escuela de Especialidades le informó al Profesor Civil recurrente que el monto a pagar por concepto de horas de clases, se calcularía de acuerdo al sistema de hora de clase semanal-mensual, por discrepancia entre los datos utilizados para materializar dicho cálculo y lo establecido en la legislación vigente, lo que había generado un incremento anormal en el pago de sus remuneraciones por concepto de horas de clase, comunicándole que se estaban haciendo los ajustes necesarios para regularizar la situación, lo que incidiría en sus remuneraciones a contar del año 2019, tomando conocimiento del mencionado oficio el 14 de febrero del presente año.

Refiere que, luego la Escuela de Especialidades, mediante Oficio EE.SD.DP. "R" N° 67/110 de 7 de enero de 2019, le comunicó a la División de Educación la propuesta de nombramiento del Profesor nombre reservado para el año 2019, con la modificación de las horas de clases que le habían sido asignadas, en virtud de la facultad conferida en el artículo 57 del DNL-350, Reglamento de Educación de las Fuerzas Armadas, y es por ello que su remuneración correspondiente a enero de 2019, fue inferior a la que le hubiera correspondido por las horas de clases indicadas en la "Carta de Aceptación de Cargo Docente", firmada en octubre de 2018.

Señala que en razón de lo anterior, mediante Oficio EE.SD.DP. "R" N° 657 de 28 de febrero de 2019, el Director de la Escuela de Especialidades comunicó al recurrente las nuevas horas de nombramiento para las clases de inglés, quedando éstas fijadas en 23 horas semanales, por el período comprendido entre el 23 de enero de 2019 al 22 de junio de 2019; además le informó que para cumplir con los procesos administrativos, debía confirmar la solicitud firmando la "Carta de Aceptación de Cargo", pero señor nombre reservado se negó a firmar.

Consecuente con lo anterior, mediante oficio EE.SD.DP. "R" N° 772/1027 de 5 de marzo de 2019, la Escuela de Especialidades informó a la División de Educación la nómina de los profesores que no habían aceptado la nueva propuesta de horas de clases para el año 2019, figurando entre éstos, el recurrente. Al efecto, la Dirección de la Escuela de Especialidades por oficio EE.SD.DP. “R” N° 838 de 8 de marzo de 2019, comunicó al actor la cesación de sus funciones, por no haber hecho entrega éste, a la fecha del oficio citado, de la respectiva “carta de aceptación de cargo docente”, debiendo en consecuencia dejar de prestar servicios a contar del 11 de marzo del presente año, tomando conocimiento del citado oficio el recurrente personalmente el mismo día de su emisión.

Expone que el procedimiento de adecuación de contrata a la que fue sometido el Sr. nombre reservado, obedeció a una política general aplicable a todos los profesores civiles. Al efecto todos los profesores tanto civiles como militares, fueron sujetos al procedimiento de auditoría que llevó a cabo la Comisión interventora del nuevo mando de la Escuela de la FACH, mediante el cual se adecuaron, para el año 2019, el número de horas contratadas respecto de cada docente, conforme a un correcto cálculo d de las mismas, en relación al período de servicio de las mismas, atendido las necesidades del curriculum académico de cada ramo a impartir.

Solicita el rechazo del presente recurso. Primeramente, como cuestión previa y fundamental para entrar al conocimiento del asunto, que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y, en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio declarativo de lato conocimiento, que es lo que se requiere en la especie, ya que el recurrente sostiene que el acto recurrido constituye "una modificación unilateral del contrato de trabajo y por sobre todo una privación de una parte de la remuneración de su representado, es decir es una privación de un derecho adquirido emanado del contrato de trabajo", sin embargo, el propio recurrente señala que ha prestado servicios en calidad de contrata para la Fuerza Aérea de Chile, como profesor de inglés en la Escuela de Especialidades de dicha Institución, razón por la cual no existe un derecho emanado de un supuesto contrato de trabajo, por lo que careciendo el actor de un derecho indubitado, el presente recurso de protección debe ser rechazado.

En segundo término, indica que es un requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, pero en el presente caso, no se advierte ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amerite su interposición, actuando la Fuerza Aérea de Chile con estricto apego a la legalidad vigente y dentro del ámbito de su competencia, careciendo la acción intentada de todo fundamento.

En tercer lugar, señala que no existe afectación a los derechos invocados. Primeramente, no se ha vulnerado la igualdad ante la ley, toda vez que todos los profesores de la Escuela Matriz fueron sometidos al mismo proceso interno de reestructuración, habida las discrepancias encontradas en dicha Escuela por la Comisión Interventora que hubo en ella, que determinó la adecuación de las horas docentes asignadas y pagadas a cada profesor, a las efectivamente requeridas por el curriculum académico y a la normativa que rige la Escuela de Especialidades y la FACH.

En lo concerniente a la libertad de trabajo y su contratación, no se aprecia de qué manera la nueva proposición de una nueva contrata, puede afectarlo, toda vez que éste hizo uso de su derecho de liberta de trabajo al no aceptarla. Agrega que el cargo propuesto en octubre de 2018, fue invalidado por la Contraloría General de la República, sin toma de razón. Tampoco estamos frente a un contrato indefinido, por cuanto la Fach, cada año le hacía una nueva renovación del cargo de profesor, variando muchas veces las horas a servir, no habiendo por tanto una simple renovación de contrata y derechos derivados de ello que amparar.

En lo referente al derecho de propiedad, ya que la pretensión del recurrente, respecto a un nombramiento con una determinada cantidad de horas de clases, pese a que ello se le habría ofrecido, corresponde a una designación que no se concretó a través del acto administrativo tramitado ante la Contraloría General de la República, por lo que el señor nombre reservado, solo gozó de la mera expectativa de obtener un nombramiento en las condiciones que inicialmente le fueron ofrecidas, sin que la superioridad (Comando de Personal) se encuentre en el imperativo de designar al recurrente con las horas de clases que él pretende, más aún si se tiene en consideración que la disminución de las remuneraciones no se debe a un acto arbitrario, sino a la regularización del cálculo de las horas asignadas de acuerdo a lo requerido en el Plan de Estudio y al Programa de Asignatura respectivos.

A fojas 106 se traen los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, amenace ese atributo.

Segundo: Que como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, es requisito indispensable de esta acción la existencia de un acto u omisión, contrario a la Ley o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que prive, perturbe o amenace el ejercicio de alguna garantía o derechos constitucionales protegidas por esta acción.

Tercero: Que corresponde, asimismo, recordar que este recurso constituye un arbitrio constitucional, destinado a dar protección respecto de hechos y derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en la instancia de su declaración, toda vez que la vía utilizada no es la idónea para resolver materias que han de sujetarse a un procedimiento jurisdiccional especialmente reglado para estos efectos, con las necesarias etapas de discusión, y de formulación y crítica de la prueba aportada que posibilitarán el pronunciamiento de una sentencia debidamente informada.

Cuarto: Que, en la especie, los hechos que invoca como fundamento el recurrente para su pretensión, han sido precisamente objeto de controversia, como aparece del examen de las pretensiones de las partes y antecedentes allegados, según se resumió precedentemente; contradicción que no puede ser resuelta en esta sede, atendida la naturaleza de la presente acción constitucional.

Quinto: Que de esta forma, no queda sino concluir que no se dan los supuestos de procedencia del medio cautelar intentado, motivo por el que no podrá prosperar.

Y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don Andrés Felipe Cruz González, abogado, en representación de don nombre reservado.

Redacción de la Ministra Sra. María Stella Elgarrista Álvarez.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.

Rol 2253-2019 Pro.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señor Diego Simpértigue Limare, señora María Stella Elgarrista Alvarez y abogado integrante señor Claudio Pavez Ahumada.