nombre reservado con CAJA COMPENSACION LOS ANDES

San Miguel, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación los Andes, por el acto que califica de ilegal consistente en los descuentos aplicados a su remuneración.

Explica que el 31 de marzo se le aplicó un descuento por una demanda ingresada en su contra durante 2024.

Pide el cese de los descuentos y la devolución del dinero.

Segundo: Que la abogada de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes informa que de acuerdo al artículo 22 de la Ley N°18.833 lo adeudado por prestaciones de crédito social por un trabajador afiliado debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora.

Precisa que le otorgó al recurrente, el 25 de noviembre de 2019, el crédito social N°00808181851, por un capital de $4.868.049.-, pactado a 60 meses, con una cuota mensual de $145.276.-.

Afirma que pagó las primeras mensualidades hasta enero de 2021 y a la fecha se encuentra en mora por 37 mensualidades entre marzo de 2023 a marzo de 2026 y al momento de suscribir el pagaré le otorgó mandato expreso a su actual y futuros empleadores para que procedan al descuento de las cuotas desde sus remuneraciones, amparado en el artículo 58 del Código del Trabajo y el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Sostiene que al emplearse el recurrente en Monsanto Chile S.A. se activó por el solo ministerio de la ley la obligación de la entidad empleadora de retener y remesar las sumas correspondientes a las cuotas impagas del crédito social vigente.

Afirma que cualquier alegación respecto a la exigibilidad de la deuda o una eventual prescripción debe ser discutida en un juicio de lato conocimiento.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía del derecho de propiedad del recurrente, debido a la realización de descuentos en su remuneración por cuotas de un crédito cuyo cobro se persigue también judicialmente.

Quinto: Que del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la acción ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si procede o no concretar los referidos descuentos de las remuneraciones de la recurrente de protección, a propósito del crédito social contraído con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

En este sentido, según lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N°18.833, “(…) Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales (…)”. A su turno, conforme al artículo 21 de la misma Ley, aquellas Cajas pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social, en la medida que les corresponda su administración respecto de los trabajadores afiliados, al tenor del artículo 19 N°3 del mismo cuerpo legal.

Sexto: Que resultan hechos no controvertidos del recurso, de conformidad a los antecedentes agregados y por haberlo ratificado la propia entidad recurrida, que el crédito cuyo cobro se impetra por vía de descuentos en las remuneraciones del actor, corresponde a un pagaré suscrito el 25 de noviembre de 2019, que otorgó al recurrente el Crédito Social N°00808181851, por un capital de $4.868.049.-, pactado a 60 meses, con una cuota mensual de $145.276.-., reanudándose los descuentos desde el sueldo del actor en el mes de marzo del presente año.

Resulta pacífico, además, que la institución recurrida interpuso demanda ejecutiva en contra del actor -al efecto la causa Rol C-3685-2024 ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, manifestando con ello su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciéndose con ello el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes.

Séptimo: Que, en tales circunstancias, tal como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, entre otros, en los pronunciamientos Roles N° 71.519-2021; 6.928-2021; 30.294-2021; 65.946-2021; 65.973-2021; 1791-2022; 20.756-2022 y 9.838-2024, debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, teniendo en consideración, que la recurrida paralelamente ejerció la acción ejecutiva emanada del pagaré suscrito por el actor, lo que da cuenta de la arbitrariedad en su actuar.

En efecto, considerando que la recurrida optó por el cobro judicial del crédito, haciendo efectiva la cláusula de aceleración facultativa pactada, su acción y actual decisión de descontar de la remuneración la cuota del crédito adeudado deviene en caprichosa, ya que eligió perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios, interponiendo una acción ejecutiva que ya se encuentra notificada.

A mayor abundamiento y sin perjuicio que el asunto ya se encuentra sometido al imperio del derecho, al pretender la recurrida cobrar por dos vías el mismo crédito vulnera el derecho fundamental previsto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, desde que priva a la recurrente de parte de su remuneración.

Octavo: Que, en consecuencia, se debe ordenar el cese de dichos descuentos y la restitución de los dineros descontados con motivo del crédito antes mencionado, conforme fue solicitado por el recurrente, por resultar improcedente su doble cobro.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, la que deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social N°00808181851, vía descuentos de las remuneraciones del actor y, deberá reembolsar todos los montos indebidamente descontados, en un plazo de quinto día desde la ejecutoria de esta resolución, sin perjuicio del derecho de la acreedora a continuar persiguiendo el cobro por la vía jurisdiccional.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°2246-2026 Protección.