Protección contra DICOM EQUIFAX S

San Miguel, dos de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos y considerando:

Primero: Que recurren de protección doña nombre reservado y don nombre reservado, abogados, en favor de Sociedad de Servicios nombre reservado nombre reservado Limitada, del giro de su denominación, representada por don nombre reservado, comerciante, ambos domiciliados en domicilio reservado, en contra de DICOM EQUIFAX S.A., representada por don nombre reservado, ignoran profesión u oficio, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; y, en contra de Administrador de Fondos de Pensiones HABITAT S.A., representado por don nombre reservado, ignoran profesión u oficio, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, por los actos u omisiones arbitrarios e ilegales consistentes en incluir en su informe de fecha 15 de marzo 2024, una deuda previsional de 2005, la que se encuentra prescrita, lo que afecta su derecho fundamental consagrado en los números 3, 4, 21, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene a las recurridas que eliminen de sus registros la deuda previsional prescrita.

Explican que, por error en febrero de 2005 la empresa no pagó la imposición en AFP Hábitat correspondiente a la trabajadora doña nombre reservado, por la suma de $61.352, quien falleció el 16 de septiembre de 2015, fecha en que terminó su relación laboral de acuerdo con el artículo 159 número 3 del Código del Trabajo.

Sostienen que desde esa fecha se debe contar la exigibilidad de la deuda previsional devengada por la trabajadora y en consecuencia se encuentra ampliamente prescrita.

Dicen que al comunicarse con DICOM para solicitar que dicha deuda fuese borrada de sus registros, ellos se negaron argumentando que AFP Habitat la mantenía vigente.

Añaden que al comunicarse con AFP Habitat para consultar por dicha deuda, ésta le hace llegar un “Certificado de Deuda” que asciende a $5.024.049., considerando en este monto mayoritariamente reajustes e intereses.

Agregan que, al consultar a la Superintendencia de Pensiones por las deudas previsionales actuales, informa que no mantiene deudas.

Refieren que el acto es ilegal ya que infringe el artículo 31 bis de la Ley 17.322 sobre “Normas Para la Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de Seguridad Social”, que dispone: “La prescripción que extingue las acciones para el cobro de las cotizaciones de seguridad social, multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los respectivos servicios”. Además, vulnera el artículo 19 del Decreto Ley 3500 “Sobre Nuevo Sistema de Pensiones”, que señala: “…La prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones previsionales, multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los respectivos servicios…”. También se incumple el artículo 9 de la Ley N°19.628, sobre tratamiento de datos personales, que establece: “Los datos personales... En todo caso, la información debe ser exacta, actualizada y responder con veracidad a la situación real del titular de los datos...”. Por último, se infringe en especial el artículo 18 de la referida ley, que dispone: “En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible…”

Exponen que se han vulnerado el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, ya que, al no haberse eliminado la publicación referida, se impidió contar con un justo y racional procedimiento. El 19 N° 4 y N° 21 ya que el acto ilegal y arbitrario denunciado en la práctica impide el desarrollo de su actividad económica futuras, pues en el mercado en el que se desenvuelve, la publicación en el boletín de Equifax afecta seriamente su reputación financiera.

Segundo: Que informa al tenor del recurso la recurrida, AFP HABITAT S.A., señalando este empleador se encuentra en el boletín desde el 2005, por lo que resulta evidente que solamente para efectos de la presentación de este recurso, solicitó en marzo de 2024 un certificado de deuda a DICOM y a la AFP, con el objeto de refrescar lo hechos, motivos por los cuales este recurso es manifiestamente extemporáneo.

Añade que la materia reclamada en este recurso se trata de la declaración de prescripción de una deuda previsional, la cual es propia de una acción en juicio ordinario civil, o de excepción en juicio de cobranza de cotizaciones previsionales, no siendo la acción de protección, que tiene un carácter excepcional, la vía para resolver la problemática planteada.

En cuanto al fondo, explica que el empleador Sociedad de Servicios nombre reservado nombre reservado Limitada, mantiene vigente una deuda impaga por diferencias de cotizaciones previsionales en AFP Habitat que asciende a un capital nominal de $61.352, con un valor actualizado de $5.169.098. La diferencia de la cotización adeudada corresponde al periodo febrero de 2005 por la trabajadora nombre reservado.

Explica que el 13 de julio de 2005, el empleador Sociedad de Servicios nombre reservado nombre reservado Limitada, pretendió pagar la cotización correspondiente al periodo febrero de 2005, declarando una remuneración de $520.000, lo que generaba un pago por concepto de cotización obligatoria de $64.064, más los intereses por el atraso de $577, lo que implicaba pagar $64.641, pero únicamente pagó la suma de $2.346, generando una diferencia no pagada.

Añade que AFP Habitat intentó oportunamente la acción de cobro en contra del empleador, la que resultó infructuosa. En efecto, el 22 de diciembre de 2005 se inició la causa Rol N° 7796-2005 ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, la que no pudo ser notificada, pues resultaron frustradas las búsquedas por parte del receptor.

Señala que, conforme a lo anterior, se incorporó a Soc. de Servicios nombre reservado nombre reservado Limitada al “Boletín de Infractores Laborales” informando imposiciones no declaradas por un monto de $61.352.

Agrega que, de acuerdo a sus registros, al menos desde el 26 de julio de 2011 el empleador recurrente se encuentra publicado en el Boletín Laboral N° 131.

Sostiene que la acción de prescripción no ha sido intentada por el recurrente, por lo que para todos los efectos legales y previsionales existe y no ha sido pagada.

Hace presente que el hecho del fallecimiento de la trabajadora no exime al empleador de su obligación de pago de las cotizaciones previsionales, puesto que los fondos previsionales en caso de fallecimiento están destinados al pago de beneficios en favor de los beneficiarios de pensión de sobrevivencia o en su defecto, para el pago de los fondos a los herederos de los afiliados causantes.

En cuanto al derecho, cita el artículo 23 del D.L. Nº 3.500, que pone de cargo del empleador el declarar y pagar las cotizaciones previsionales, y regula la manera en que se debe perseguir su cobro.

Expone que la Superintendencia de Pensiones emitió el “Compendio de Normas del Sistema de Pensiones”, por el que se ordena remitir información de empleadores morosos a la Dirección del Trabajo para incluirlos en el “Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional”.

Concluye que su actuar se ha ajustado a la legislación vigente por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que informa al tenor del recurso la recurrida, SERVICIOS EQUIFAX Chile Limitada, señalando que la base de datos en la que se comunica la morosidad de la parte recurrente es el denominado “Boletín Laboral y Previsional”, el que es procesado y transmitido por Equifax con información sobre multas y cotizaciones adeudadas a entidades previsionales, por encargo de la Dirección del Trabajo bajo responsabilidad de esta última.

Explica que la Dirección del Trabajo le encomendó la elaboración, administración, difusión y distribución del Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, mediante contrato de fecha 15 de noviembre del año 2010, por lo que sostiene que su actuar es legítimo.

Refiere que no existe un derecho indubitado que merezca protección constitucional, toda vez que la parte recurrente no ha acreditado de forma fehaciente el cumplimiento o extinción de las obligaciones publicadas Cuarto: Que informó al tenor del recurso la Superintendencia de Pensiones, señalando que no registra presentación alguna que tenga relación con la materia que motiva la presente acción cautelar, por lo que no cuenta con antecedentes al respecto, sin embargo, hay una presentación requiriendo certificado de deuda de la empresa recurrente, a la que aún no se le ha dado respuesta.

Luego refiere la normativa aplicable al caso, esto es, del D.L. 3500 que le entrega a la Dirección del Trabajo la labor de fiscalizar el cumplimiento de la normativa previsional y de la Ley 17.322, que pone de cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones el perseguir el cobro de las cotizaciones previsionales, en particular, cita el artículo 31° BIS que dispone: “La prescripción que extingue las acciones para el cobro de las cotizaciones de seguridad social, multas, reajustes e intereses, será de cinco años y se contará desde el término de los respectivos servicios”.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Sexto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Esto es, son variadas las exigencias que deben rodear la presentación y el acogimiento de una acción de la naturaleza indicada.

Séptimo: Que se rechazará la solicitud de extemporaneidad planteada por la recurrida AFP HABITAT S.A., ya que si bien el numeral primero del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales exige que éste se interponga dentro del plazo de 30 días corridos desde que se cometió el acto que se estima ilegal o arbitrario, no se ha acreditado que la parte recurrente haya tomado conocimiento de su inclusión en el informe de morosidad con anterioridad a dicho plazo.

Octavo: Que, en cuanto al fondo, consta en los antecedentes que la parte recurrente mantiene una deuda previsional desde el año 2005, la que, según sostiene el actor se encontraría prescrita, por lo que correspondería eliminarla del registro de deudores laborales.

Se debe tener presente que el artículo 2493 del Código Civil dispone: “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio.”

De los antecedentes que constan en la causa se desprende que no se ha declarado judicialmente la prescripción de la deuda por lo que no existe un derecho indubitado que permita obtener el resultado pretendido, esto es, la supresión de la constancia deuda en el registro respectivo y, consecuencialmente, esta acción de naturaleza cautelar no es la vía idónea para resolver la petición sometida a conocimiento de esta Corte.

Noveno: Que en estas condiciones el recurso de protección intentado no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de Sociedad de Servicios nombre reservado nombre reservado Limitada.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 2238-2024 Protección.