nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de San Miguel San Miguel, diez de agosto de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, Judith Amelia Urzúa Arriaza, abogada, interpone acción de protección en favor de nombre reservado, venezolano, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en no dictar acto administrativo terminal respecto de su solicitud de residencia temporal, presentada el 11 de noviembre de 2024 y admitida a trámite bajo ID N°71772527. Sostiene que la autoridad ha excedido ampliamente el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, manteniendo al afectado sin respuesta y en situación de indefensión, lo que vulnera la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la urgencia de la acción deriva de la falta de pronunciamiento del Servicio Nacional de Migraciones dentro de un plazo legal o razonable, pese a las peticiones efectuadas por el afectado. Agrega que el Informe N°718/2022 de la Contraloría General de la República constató demoras de hasta 990 días en la tramitación de solicitudes de residencia, pérdida de información en el sistema B-3000 y deficiencias que vulneran los principios de eficiencia y control de la Administración.

Sostiene que la acción no busca acelerar indebidamente un trámite pendiente, sino obtener el cumplimiento de una obligación legal ya vencida, consistente en dictar la resolución final que apruebe o rechace la solicitud de residencia temporal. Afirma que, transcurrido el plazo de seis meses, no existe un término remanente que pueda ser acortado, sino una omisión administrativa que debe ser corregida para restablecer el imperio del derecho.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 7, 8, 9, 23, 27 y 40 de la Ley N°19.880, relativos a los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental, cumplimiento de plazos y deber de dictar resolución final. Agrega que la demora configura un trato desigual respecto de otros solicitantes que han recibido respuesta en plazos menores, sin justificación objetiva, dejando al afectado en incertidumbre jurídica.

Asimismo, descarta que la alta carga de solicitudes o la pandemia constituyan caso fortuito o fuerza mayor, pues tales circunstancias no son imprevisibles ni irresistibles en la actualidad, y la Administración debe adoptar medidas eficaces para cumplir sus deberes. Añade que la Circular N°12 del Servicio Nacional de Migraciones solo regula etapas internas del procedimiento, pero no puede prevalecer sobre la Ley N°19.880 ni extender indefinidamente los plazos legales.

Solicita acoger el recurso y ordenar al Servicio Nacional de Migraciones resolver sin mayor dilación la solicitud de residencia temporal de nombre reservado, mediante resolución exenta dictada con apego a derecho, dentro de un plazo que no exceda de 60 días o el que esta Corte estime prudente, con costas.

Segundo: Que, Antonio Emilio Beltrán Henríquez, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa informe, solicitando el rechazo íntegro por no existir acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Informa que el recurrente presentó el 11 de noviembre de 2024, solicitud de residencia temporal dentro de Chile, subcategoría “Actividades lícitas remuneradas”, registrada con ID N°71772527, la que actualmente se encuentra en trámite, específicamente en etapa de “Revisión Análisis Jurídico”.

Señala que la residencia temporal se encuentra regulada en el artículo 68 de la Ley N°21.325 y que las subcategorías migratorias se fijan conforme al artículo 70 de la misma ley y al Decreto Supremo N°177 de 2022. En particular, expone que el permiso para realizar actividades lícitas remuneradas se regula en los artículos 17 a 22 del referido decreto, exigiendo contrato de trabajo con duración mínima de tres meses, celebrado con empleador domiciliado o con sucursal en Chile, con inicio de actividades vigente ante el Servicio de Impuestos Internos cuando corresponda, y con las formalidades exigidas por la normativa.

Agrega que el recurrente cuenta con certificado de permiso de residencia en trámite, el cual acredita su condición migratoria regular en el país, le permite el tránsito desde y hacia el territorio nacional y lo habilita para desarrollar actividades remuneradas mientras su solicitud principal se encuentre pendiente de resolución, conforme a los artículos 77 y 79 del Decreto N°177.

En cuanto al tiempo de tramitación, sostiene que el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no tiene carácter fatal, sino referencial y prudencial, por no existir sanción de caducidad asociada a su vencimiento.

Finalmente, concluye que no existe privación, perturbación ni amenaza de derechos fundamentales, pues la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación y el Servicio ha actuado conforme a la Constitución, la Ley N°21.325, su reglamento y la Ley N°19.880.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, debido a no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta respecto de la solicitud de residencia definitiva.

Quinto: Que la recurrida ha retardado en resolver la solicitud del recurrente, apartándose de los dictados del referido principio de celeridad de los procedimientos administrativos, así como del impulso que debido al mismo le corresponde ejercer, teniendo en cuenta que ha transcurrido más de un año y siete meses contado desde su petición. Con lo anterior, ha resultado conculcado el tenor de lo dispuesto en el artículo 19, número 2, de la Constitución política de la República, al mantener pendiente la petición de la parte recurrente durante un tiempo ostensiblemente mayor al plazo general de seis meses consagrado en el artículo 27 de la Ley 19.880 a la Administración.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que esta repartición deberá emitir pronunciamiento definitivo sobre la solicitud planteada, dentro del plazo de sesenta días contado desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

Acordada contra el voto del ministro Carlos Farías, quien fue del parecer de rechazar el presente recurso teniendo en consideración:

1°. - Que el acto que se denuncia por la presente acción constitucional consiste en la supuesta falta de tramitación u omisión ilegal o arbitraria de la recurrida en dar respuesta al procedimiento seguido en su contra, situación que no puede calificarse de ilegal, pues el plazo de seis meses establecido por el artículo 27 de la Ley N°19.880 no constituye uno de carácter fatal. Tampoco cabe calificar dicha tardanza de arbitraria, pues el mismo texto legal en que se funda la solicitud señala que es posible ampliar el plazo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, como en este caso es la masificación de la migración regular e irregular en los últimos años. De igual forma, en la solicitud no existe indicio alguno de que el recurrente haya sido discriminado o su petición haya dejado de resolverse por el mero capricho, abuso o desviación de poder de la recurrida considerando.

2°. - Que, del mismo modo, corresponde señalar que la presente acción constitucional no tiene por objeto acelerar, corregir o sustituir procedimientos administrativos en curso, de los que no se ha derivado ningún pronunciamiento o acto terminal que pueda calificarse de ilegal o arbitrario, por más que el recurrente esté disconforme con el modo en que se tramita.

3°.- Que, finalmente, no puede dejarse de advertir que, de acogerse requerimientos como el del recurrente en autos y ordenarse la aceleración de procesos administrativos en curso por esta vía, ello eventualmente puede significar una vulneración del principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, respecto de aquellos que verían demoradas las respuestas a sus pretensiones, frente a quienes, de contrario, a través de esta vía, obtendrían que la autoridad administrativa se abocase con prioridad y preferencia al análisis y a la resolución de sus solicitudes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-2225-2026