nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

Certifico que la ministra Sylvia Pizarro Barahona manifestó afectarle la causal de recusación del artículo 195 N°6 del Código Orgánico de Tribunales, respecto de la A.F.P. Cuprum, la que fue puesta en conocimiento de los abogados Piero Palazzo y Valentina Lagos que comparecieron a estrados a alegar, quienes renunciaron en el acto, y de forma expresa, a formular recusación. San Miguel, tres de septiembre de dos mil veinticinco. Emil Ibarra Sáez, Relator.

San Miguel, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

Al folio 22 y 23: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliada en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente el rechazo, de 29 de mayo de 2025, de su solicitud de devolución de fondos previsionales presentada conforme a la Ley N°18.156.

Expone que la recurrente solicitó a Cuprum la devolución de sus fondos, acreditando que cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156, al estar afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, la recurrida rechazó su solicitud al estimar que la constancia electrónica de cotizaciones que acompañó no se encontraba debidamente legalizada ni apostillada.

Alega que la recurrida incurrió en una interpretación formalista y restrictiva de la normativa, imponiendo requisitos adicionales no contemplados en la ley y vulnerando con ello su derecho constitucional a la igualdad ante la ley ya que se le están exigiendo requisitos no contemplados por el legislador.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando a la AFP reconocer la validez de la documentación presentada, disponiendo la devolución de los fondos solicitados.

Segundo: Que informa nombre reservado, en representación la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto fundando su petición en la correcta aplicación de la normativa vigente contenida en la Ley N°18.156, el incumplimiento por parte de la recurrente de los requisitos esenciales para acceder a la devolución de fondos previsionales, y la improcedencia de la vía tutelar para resolver esta clase de controversias.

Refiere que la medida se ajustó estrictamente a lo dispuesto en la Ley N°18.156 y su normativa reglamentaria. Argumenta que dicha normativa contempla una exención respecto del cumplimiento de las disposiciones previsionales generales, aplicable exclusivamente a aquellas empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero, estableciendo en su artículo 7° la facultad de los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones para solicitar la devolución de los fondos previsionales depositados, condicionando dicha prerrogativa al cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en el artículo 1° del referido cuerpo legal.

Señala que el rechazo se fundamenta en el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156, consistente en la obligación de acreditar que durante todo el período de prestación de servicios en Chile, el trabajador extranjero se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que otorgue las prestaciones exigidas por la normativa vigente. En este sentido, precisa que la Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no indica que, en caso de enfermedad, el recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común.

Que la documentación presentada por el recurrente no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, constituyendo ello un requisito esencial para su validez en Chile, puesto que se trata de un documento emitido por una institución perteneciente a un país extranjero. Fundamenta esta exigencia en la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones, particularmente en los Oficios Ordinarios N°32.365 de 27 de diciembre de 2016 y N°24.089 de 11 de noviembre de 2019, que establecen la obligatoriedad de acompañar documentación apostillada o debidamente legalizada para acreditar los requisitos establecidos en la Ley N°18.156.

Finalmente, plantea la improcedencia del recurso de protección como vía para impugnar el rechazo de solicitudes de devolución de fondos previsionales. Sostiene que los hechos expuestos exceden el marco de procedencia de la acción constitucional, cuya naturaleza es esencialmente cautelar y de urgencia.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario N°12194 de 3 de julio de 2025, informa que el recurrente no registra reclamo previo ante la Superintendencia respecto de los hechos que motivan la acción. Sin perjuicio de ello, refiere que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción, de carácter restrictivo, aplicable solo a trabajadores extranjeros con calidad de técnicos o profesionales que cumplan copulativamente los requisitos señalados en su artículo 1°, esto es: (a) estar afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y (b) manifestar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Precisa que, según jurisprudencia administrativa de la Superintendencia, la cobertura de salud exigida debe ser integral e incluir prestaciones médicas y pecuniarias, debiendo acreditarse mediante certificación oficial emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, debidamente legalizada o apostillada. Asimismo, indica que la afiliación debe existir antes del inicio de la relación laboral en Chile, y la voluntad de mantenerse en ella debe constar expresamente en el contrato o en un anexo.

Agrega que no resultan suficientes documentos genéricos sobre coberturas previsionales, cartolas de cotizaciones ni declaraciones juradas del propio afiliado, exigiéndose un certificado específico que acredite la cobertura completa por los riesgos señalados. Añade que incluso se ha aceptado, para estos efectos, la certificación emitida por la embajada o consulado respectivo en representación de la autoridad previsional del país de origen.

En consecuencia, informa que las AFP solo pueden acceder a solicitudes de devolución de fondos previsionales cuando los trabajadores extranjeros acrediten debidamente los requisitos legales y reglamentarios antes mencionados, reiterando que se trata de un régimen excepcional y de interpretación estricta.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario- producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en este caso, la cuestión en debate es si el recurrente ha acreditado efectivamente su afiliación al régimen previsional de su país de origen. Para ello, acompañó una “Constancia electrónica de cotizaciones” de 30 de junio de 2025, sin legalización ni apostilla.

Séptimo: Que conforme lo expresado, la falta de apostilla y/ legalización de la documentación aportada emana de su propio tenor, sin que la situación del país de origen del recurrente pueda eximir a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, específicamente en cuanto a la presentación de documentos debidamente legalizados y/o apostillados, y cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., sin perjuicio de otros derechos.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°2214-2025 Protección.