nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.

CERTIFICO: Que se anunciaron, escucharon relación y alegaron por el recurso el abogado señor Sergio Sánchez y contra el recurso el abogado señor Iván Saavedra. San Miguel, 18 de abril de 2022. Andrea Durán Bruce, Relatora. (Hora de inicio 09:50 – Hora de término 10:31 am.).

San Miguel, dieciocho de abril de dos mil veintidós.

Proveyendo escritos folios 22544, 22719 y 23103: Téngase presente.

Vistos:

Comparece don nombre reservado, profesor de Educación física, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, representada legalmente por doña nombre reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por el término de su contrata poniendo fin a su relación funcionaria, acto que vulnera sus derechos constitucionales contemplados en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 4 de enero de 2022 recibió una notificación en la que se le informaba que podría desempeñar sus labores para la recurrida hasta el 28 de febrero del 2022, poniendo término a la relación laboral-estatutaria que vinculaba a las partes. Los motivos invocados fueron dos, el primero, que la vigencia del contrato de trabajo se fijó hasta ese día; y el segundo, lo dispuesto por el artículo 72 letra d) del DFL Nº1 del Ministerio de Educación sobre el Estatuto de los Profesionales de la Educación que dispone que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal dejarán de pertenecer a ella por el término del período por el cual se efectuó el contrato.

Arguye que la modalidad bajo la que se encontraba contratado se sustenta en una suerte de renovación periódica, cada año, del contrato respectivo, que es legítimamente esperable. De esta forma, estima que se encontraba amparado en la confianza legítima de que su contrato sería renovado, de acuerdo a la doctrina ampliamente aceptada tanto por la Contraloría General de la República como por nuestros tribunales superiores de justicia. Hace presente que su contrato fue objeto de más de dos renovaciones sucesivas, lo que configura, evidentemente, la legítima confianza de que sería renovado una vez más.

Refiere que el acto por el cual se puso término a su contrata es arbitrario e ilegal puesto que no cumple con los requisitos para poner término a una contrata, atendida la necesidad de que el acto administrativo se encuentre motivado, lo que se traduce en que la decisión ha de contener la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta. Añade que el ente contralor ha precisado que para el caso de los funcionarios a contrata que tengan más de dos renovaciones de la misma, la no renovación de ésta debe contener información suficiente y acreditar mediante la cita de antecedentes que respalden la decisión, la verosimilitud de los hechos que se invocan, para disponer que el contrato no se renueve. Esgrime que el acto recurrido no goza de los presupuestos básicos de fundamentación y plausibilidad, por lo que concluye que carece de motivación real y deviene en un acto arbitrario e ilegal. Abona su posición, el hecho de que no concurriese ningún indicio previo para no renovar sus servicios, al no existir una mala evaluación o alguna amonestación o anotación de demérito.

Explica que la resolución cuestionada no precisa antecedentes que sirvan de sustento a las supuestas razones que conducen a prescindir de sus servicios, por lo que estima que, al carecer de sustento fáctico el motivo que pretende amparar la decisión, el acto es inmotivado deviniendo en un acto ilegal y arbitrario.

Estima que, aunque las corporaciones municipales son personas jurídicas de derecho privado, a los docentes, regidos por la Ley Nº19.070, se les hace extensivo el principio de la confianza legítima.

En cuanto a las garantías conculcadas, reclama vulnerada la igualdad ante la ley, en tanto se le otorga un trato diferente y discriminatorio en relación a otros empleados a contrata que permanecen en sus cargos. Además, alega la afectación de su derecho de propiedad, al privarle de su derecho a las remuneraciones que le correspondían por un nuevo periodo legal.

Pide se acoja el recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la terminación de su contrata y disponga su reincorporación, con costas.

Informa al tenor del recurso doña nombre reservado, en representación de la recurrida, solicitando su rechazo con costas. En primer término, alega la extemporaneidad de la acción deducida. Para ello señala que el recurso se dedujo el 4 de febrero del año curso y que, del mérito de lo expuesto por el propio actor, el acto recurrido fue notificado el 4 de enero de 2022, por lo que la acción debió interponerse a más tardar el 3 de febrero pasado. De acuerdo con dichos antecedentes, la interposición del recurso fue extemporánea, al haberse excedido en un día del plazo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia.

A continuación, alega que la acción de protección no es la vía idónea para reclamar respecto de la ilegalidad en el término de una relación laboral regulada por la ley Nº19.070 al existir un procedimiento especial para ello. Advierte que la referida ley señala en su artículo 71 que los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal se regirán por las normas del Estatuto Docente y supletoriamente por las normas del Código del Trabajo, añadiendo en su artículo 75 que si la Corporación no observó las condiciones o requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en dicha ley, el afectado podrá reclamar ante el tribunal del trabajo competente. Concluye que, de acuerdo al principio de especialidad, el recurrente debió interponer el reclamo correspondiente ante el Tribunal del Trabajo competente, por existir un procedimiento especial para ello.

Previo a analizar el fondo de la acción constitucional deducida, se refiere a la naturaleza de la relación laboral que vinculaba a las partes indicando que el actor no tenía el carácter de funcionario público al ser la recurrida una entidad de derecho privado, debiendo considerarse como dependiente de la Corporación Municipal y no de la Ilustre Municipalidad de San Miguel. Esta cuestión, a su juicio resulta determinante para establecer que no le resulta aplicable la confianza legítima. En efecto, explica que el principio de la legítima confianza constituye un desarrollo del derecho público cuyo objetivo es limitar la actividad del poder evitando que se destruya, sin razón suficiente, la confianza respecto de una situación jurídica a nivel global. En el caso en concreto, alega que se trata de un profesional de la educación que se desempeñó en la dotación docente de la Corporación Municipal de San Miguel en calidad de contratado, sin revestir la calidad de funcionario público, por cuanto se desempeñó en una Corporación Municipal, persona jurídica de derecho privado no perteneciente a la Administración del Estado. De esta forma descarta la aplicación de la confianza legítima a su respecto, la que solo resulta aplicable a los funcionarios públicos dependientes de los Órganos de Administración del Estado.

Sostiene que el acto recurrido, esto es la carta mediante la cual se le comunicó al actor que su contratación en modalidad plazo fijo, terminaba el 28 de febrero de 2022, no puede ser calificado de ilegal ni arbitrario, puesto que se trata del ejercicio de una facultad prevista en una norma de rango legal, el artículo 72 letra d) del DFL Nº1 del Ministerio de Educación de 1997, norma con carácter potestativo, por lo que la causal de término de la relación laboral no exige un deber de fundamentación, bastando con el vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo para que la Corporación pueda poner término a la relación contractual como ha ocurrido en la especie.

Respecto a las garantías constitucionales cuya vulneración se denuncia, expresa que solo se enuncian sin señalar de qué manera la actuación recurrida las ha vulnerado. Respecto a la igualdad ante la ley no comprende cuál sería la diferencia arbitraria, toda vez que el actor permaneció en su cargo hasta el vencimiento de su contrato al igual que todos aquellos funcionarios en calidad de ”contratados” cuyos contratos expiran en la misma fecha, no siendo aplicable a su situación la confianza legítima, como latamente ha explicado. En cuanto al derecho a la propiedad respecto a los estipendios que el recurrente no ha percibido, estima que éste nunca ha estado en el legítimo ejercicio del derecho de propiedad sobre estos montos, sobre los que siquiera tenía una mera expectativa de percibir. Concluye que si no hay prestación de servicio por parte del trabajador, no puede haber una contraprestación pecuniaria, ya que ésta constituye una retribución por su labor.

Finalmente, expresa que no concurre en el presente arbitrio, una de las exigencias de la misma, esto es, la existencia de una acción u omisión que causa privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, razón por la que la pretensión cautelar no puede prosperar.

Pide, en definitiva, se rechace el recurso, con expresa condenación en costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: El recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera fehaciente y suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio;

Segundo: Para la procedencia de dicho arbitrio es necesaria la reunión de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección;

Tercero: Además de esos requisitos de fondo señalados en el considerando anterior, conforme al numeral 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y fallo del recurso de protección, esta acción cautelar tiene como una exigencia formal indispensable que se interponga “(…) dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”;

Cuarto: Definido, entonces, que el plazo para recurrir de protección se encuentra reglado de manera precisa y con carácter objetivo, es pertinente determinar de manera concreta la fecha en que el recurrente conoce del agravio, real o inminente, a sus derechos esenciales por cuya protección ha accionado ante esta Corte y, con ello, esclarecer si el recurso en estudio fue incoado oportunamente;

Quinto: El acto que se le reprocha a la recurrida es la no renovación del contrato del recurrente como profesional docente de la Corporación Municipal de San Miguel, comunicado al actor por medio de carta certificada que, de acuerdo a los documentos allegados junto al escrito de protección, contenía una misiva fechada el 28 de diciembre de 2021, dirigida en un sobre que en el anverso tiene anotado el nombre y domicilio del actor; con una lámina impresa en la que se lee que fue entregada en la sucursal Gran Avenida, Santiago, en diciembre de 2021, más un código de barras; y además de todo con ello, de manera manuscrita, en un lateral del sobre, una firma y la data del 4 de enero de 2022, hecho este último que se concilia con lo reconocido expresamente en el escrito de protección, en que el actor señala que el acto arbitrario e ilegal que esgrime, precisamente en virtud de la referida carta y en la fecha antes indicada.

De lo anterior se desprende, con manifiesta nitidez, que la noticia o conocimiento cierto del acto administrativo de la recurrida que se cuestiona ocurrió el 4 de enero de 2022;

Sexto: De lo antedicho, se colige que el presente recurso es extemporáneo, toda vez que, contados desde el 4 de enero de 2022, los treinta días corridos que constituyen el plazo de rigor ya se encontraban vencidos al 4 de febrero pasado, data en que el libelo de protección fue presentado.

Sobre el particular, es pertinente dejar expresado que, conforme ha sostenido la Excma. Corte Suprema, “(…) no es óbice para una declaración de extemporaneidad, el que previamente el recurso haya sido declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Santiago, toda vez que dicha resolución fue dictada teniendo únicamente en consideración los antecedentes hechos valer por la recurrente, sin oír a la parte denunciada. En consecuencia, tal pronunciamiento de admisibilidad no puede impedir que el tribunal de alzada, una vez apreciados la totalidad de los antecedentes que los intervinientes hubieren aportado, dicte una resolución definitiva sobre dicho asunto. A mayor abundamiento, el auto acordado sobre tramitación del recurso de protección, en su numeral 5° contempla la posibilidad que la sentencia que dicte el tribunal, concluida la tramitación, pueda consistir en la inadmisibilidad de la acción de protección intentada.” (SCS, Rol Nº 6482-2008);

Séptimo: De acuerdo lo expuesto en las razones que preceden, el arbitrio constitucional deducido en los antecedentes, por fuerza, será desestimado, por haberlo sido más allá del término previsto al efecto, resultando inconducente pronunciarse acerca de las demás condiciones de fondo invocadas por las partes en sus respectivos escritos principales.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, por extemporáneo.

Se previene que la ministra señora Escanilla estuvo por condenar en costas a la recurrente.

Regístrese y archívese cuando corresponda.

N° 221-2022 Protección.