Protección contra Contraloría General de La República

En Santiago, a veinticinco de mayo de dos mil dieciocho.

A las presentaciones folio 26242 y 26243: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que don nombre reservado, funcionario municipal de la Dirección de Salud de la Municipalidad de El Bosque, domiciliado en domicilio reservado, ha deducido recurso de protección en contra de la Contraloría General de La República, representada por su Contralor General don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria consistente en ordenar el descuento parcial de sus remuneraciones de manera unilateral y sin justificación.

Señala que con fecha 3 de abril de 2018 tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° 79 (de 16 de marzo de 2018) por la cual la recurrida lo liberó de la obligación de reintegrar el 50% de la suma de $16.431.255.- y dispuso que devuelva $8.215.628.- correspondiente al saldo, en sesenta cuotas iguales y sucesivas de 2,9708 UTM cada una.

Refiere que dicha resolución tiene como antecedente que, desde el mes de diciembre de 2008, se le pagó un bono por habérsele trasladado “desde el Código del Trabajo a la planta de la Ley de Atención Primaria de Salud (Ley 19.378)”, conforme lo establece el inciso primero del artículo 3° de la Ley 20.250 y, mediante el acto que reclama, la Contraloría, después de 9 años, determinó que ese bono le fue pagado en exceso (desde diciembre de 2008 a agosto de 2016).

Reseña que lo arbitrario e ilegal del acto radica en la forma como ha procedido la recurrida, pues lo compele a devolver algo que ella misma califica de "calculo complejo". Asimismo, indica que recibió los montos de manera legítima, exento de dolo y culpa, pues los cálculos no los realizo él y no se puede hoy expropiar parte de su patrimonio, excusándose en lo dificultoso que era el cálculo.

Hace presente que el proceso de pago se encontraba afecto a una serie de controles institucionales y que, de existir una justa causa de error éste no le es imputable. Es más, postula que lo arbitrario del actuar de la Contraloría se manifiesta en que el mismo argumento que se utiliza para decretar la devolución sirve para que se le libere de aquella de que es objeto.

Concluye que la conducta que impugna vía recurso de protección no aparece revestida de la necesaria racionalidad o razonabilidad, vulnerando con ello la garantía establecida en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que lo obliga a pagar por concepto de devolución una suma de dinero sin un justo motivo.

Solicita se deje sin efecto el acto arbitrario e ilegal de devolución de la cantidad de $8.215.628.-, en sesenta cuotas iguales y sucesivas, decretando que se encuentran bien percibidos y que existe justa causa de error no imputable a su persona; todo con ejemplar condena en costas.

Segundo: Que informa la Contraloría General de la República que el recurrente con fecha 12 de octubre de 2016 se dirigió ante dicha entidad de control, solicitando un pronunciamiento respecto “de si se ajustaba a derecho que la Municipalidad de El Bosque dejara de pagarle la diferencia entre las remuneraciones que percibía en conformidad al Código del Trabajo y aquellas que le correspondían al haber sido traspasado al régimen de la Ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal” y que, además, ordenara la restitución de los estipendios que indicaba.

Posteriormente, el 7 de noviembre de 2016, el actor aclaró su presentación solicitando se indique si efectivamente hay un pago indebido y luego, en caso que así fuera, se le otorgue el beneficio contemplado en el artículo 67 de la Ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Así, mediante oficio N° 8.950, de 19 de julio de 2017, se le señaló que la decisión de la municipalidad se ajustaba a derecho al dejar de pagar al interesado la planilla suplementaria establecida en la Ley N° 20.250, por cuanto ésta fue absorbida por aumentos remuneratorios posteriores, y que, por otro lado, se le enteraron por dicho concepto montos no ajustados a derecho y correspondía que fueran restituidos a la entidad edilicia. Luego, dado que el interesado solicitó en forma subsidiaria acogerse a lo dispuesto en el artículo 67 de la ley ya referida la Contraloría dictó el acto impugnado, esto es, la Resolución Exenta N° 79, la que se pronuncia respecto de la condonación total o parcial de la deuda.

En relación al recurso de protección refiere que no constituye una vía para conocer asuntos de lato conocimiento como acontece en la especie, en tanto su resolución implica dilucidar discusiones jurídicas acerca de la correcta interpretación y alcance que debe darse a determinados preceptos legales y la constatación de ciertas circunstancias de hecho. Estima que la legalidad de la decisión de una resolución exenta que condona parcialmente y otorga facilidades de pago para la restitución del saldo respecto de beneficios pecuniarios percibidos indebidamente, constituye un asunto ajeno a su naturaleza.

Sin perjuicio de lo anterior, refuta la existencia de ilegalidad y arbitrariedad del acto, pues se emitió conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que cita, en particular los artículos 67 y 67 bis de la Ley N° 10.336; resolución N° 118 de 1962; resolución N° 443 de 2008 y los dictámenes N° 22.082 de 2003 y 43.895 de 2016. Alega que no hay un actuar arbitrario de su parte desde que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes.

Añade que la buena fe o justa causa de error a que alude el artículo 67 de la Ley N°10.336, no constituyen elementos que permitan eximir a un funcionario del deber de reintegrar los montos mal percibidos, sino que se trata de requisitos que han sido establecidos por la ley, únicamente, para los efectos de ser considerados al momento de determinar si existe mérito para liberarlo en parte o íntegramente de esa obligación. Por tanto, la Resolución Exenta N° 79 se ajustó a lo anteriormente expuesto, toda vez que, atendidas las específicas circunstancias del recurrente, la Contraloría por una parte liberó a don nombre reservado, de la obligación de reintegrar el 50% de la suma total de $ 16.431.255.-; disponiendo sólo la devolución de la cantidad de $8.215.628.- correspondiente al saldo, el cual, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 bis de la ley № 10.336, debía reajustarse conforme a la variación que experimente la unidad tributaria mensual, razón por la cual se determinó que la deuda equivalía a 178,2480 unidades tributarias mensuales, con facilidad de pago.

Puntualiza que no se advierte la manera en que la resolución recurrida podría significar privación, perturbación o amenaza del derecho constitucional de propiedad.

Pide se desestime el recurso.

Tercero: Que reiteradamente esta Corte ha expresado que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagradas en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que del tenor del recurso como del informe evacuado por la Contraloría General de la República no es posible advertir de manera clara, precisa y determinada el derecho indubitado que justifica esta acción cautelar, toda vez que es un hecho cierto que el señor nombre reservado fue traspasado a la planta de la Ley de Atención Primaria de Salud a lo menos desde el año 2008. También que una vez suspendido por el ente municipal el pago del bono que percibía, el propio recurrente solicitó al ente fiscalizador recurrido un pronunciamiento acerca la legalidad de aquello, lo que fue zanjado por oficio N° 8.950, de 19 de julio de 2017, que consideró legal la actuación municipal. Tras ello, y pronunciándose sobre la petición subsidiaria planteada por el recurrente, la recurrida accede a ésta dictando la resolución por esta vía impugnada.

Adicionalmente, la recurrida, en lo que concierne, ha procedido conforme a las facultades que consagra el artículo 67 del Decreto Ley N° 2421, descartándose así un actuar ilegal y arbitrario.

Quinto: Que, por otra parte, de acogerse lo solicitado en la acción constitucional impetrada, la consecuencia sería dejar sin efecto un acto administrativo que condonó parcialmente de una deuda y, además, dio facilidades de pago para el saldo, lo que a todas luces importa un escenario perjudicial para los derechos del recurrente, Sexto: Que, en consecuencia, no existiendo un derecho indubitado, ni tampoco ilegalidad ni arbitrariedad en las decisiones adoptadas, no procede acoger el presente recurso de protección.

Y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol 2208-2018 Protección