FUNDACION VALIDAME con nombre reservado

San Miguel, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Primero: Comparece Fundación Valídame, representada, por su presidente don nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, e interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de doña nombre reservado, presidenta de la Comisión Médica Región Metropolitana Sede Sur de la Superintendencia de Pensiones, y de doña nombre reservado, jefa administrativa Facm de la Comisión Médica Región Metropolitana Sede Sur, por el actuar ilegal o arbitrario consistente en impedir el acceso a los expedientes de solicitud de invalidez, mediante el no envío de la información de los expedientes solicitados requerida por la recurrente, procedimiento establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas; acto que, a su parecer, ha perturbado y amenazado su legítimo ejercicio del derecho consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 12 de septiembre de 2022, doña nombre reservado, apoderada de Fundación Valídame, en representación de doña nombre reservado, solicitó por correo electrónico, a la Comisión Médica Santiago Sur, copia íntegra de su expediente, entendiéndose por copia íntegra, tanto el sistema SAGCOM con todos y cada uno de sus registros, los informes de los interconsultores, el informe MIA asignado, las entrevistas con el médico asesor, y en definitiva cada uno de los antecedentes que existieran en dicha Comisión con apego irrestricto a la descripción de los 14 puntos descritos en el “Compendio de Normas del Sistema de Pensiones Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, e) Confección del expediente de calificación de invalidez. Todo ello respecto del procedimiento de menoscabo laboral de su representada.

Refiere que ante su petición se le respondió que previamente, se remitiría a la Comisión Médica Central, para así recién ver la posibilidad de poder gestionar la solicitud de la recurrente. Al requerir más detalles se le informó que el objetivo de la derivación era a fin se revisara si la Comisión tenía instrucciones judiciales o de la Superintendencia de Pensiones, para no entregar el expediente, como a su vez, verificar la personería de doña nombre reservado, para actuar en representación de Fundación Valídame, considera que este es un procedimiento antojadizo, no existente en la normativa previsional vigente y que don nombre reservado, representante legal de Fundación Valídame, podía solicitar la copia del expediente.

Expresa que el actuar de las recurridas vulnera la garantía de la igualdad ante la ley y el sometimiento de todos los funcionarios de la administración pública al principio de legalidad contemplado en el artículo 6 de la Carta Fundamental.

Explica que no existe en el D.L. N°3.500 delegación a la Superintendencia de Pensiones para normar de manera especial o dirigida el procedimiento de calificación del grado de invalidez de manera diversa a la legal, y si lo ha hecho de conformidad a las facultad de la letra h) del artículo 3° del D.F.L. N°101 mediante la facultad de interpretar y dictar normas generales obligatorias, debe entenderse que lo ha hecho respetando la Constitución y la Ley n°19.880 dictada en conformidad a ella, que es el marco normativo para los procedimientos administrativos, que en sus artículos 30, 32 y 40 inciso final 32 regulan la tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica a las afiliados como una posibilidad cierta. Cita el artículo 36 bis del Reglamento N°57 del D.L. N°3500, en relación a las facultades de la Superintendencia de Pensiones, determinando en su compendio de normas en su Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez, Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, punto 3, letra b), que el afiliado interesado únicamente podrá acceder a leer el expediente mientras la solicitud se encuentra en desarrollo y de manera excepcional podrán obtener copias cuando el procedimiento esté finalizado situación que ocurre en autos, y, en cuanto a su oportunidad y acceso, restringiéndolo únicamente a los momentos u oportunidad de apelación, o una vez concluido el procedimiento, contrariando directamente el marco superior legal que reconoce a los interesados su derecho a conocer en todo momento el estado del expediente y obtener copias del mismo, y todo ello en plena equivalencia funcional del expediente digital con el material.

Considera que la Superintendencia de Pensiones ha buscado intencionadamente realizar una distinción negativa ilegal y arbitraria en contra de una parte de la población sensiblemente deteriorada en su salud, como lo son los afiliados que buscan pensionarse por motivo de invalidez, sobre todo aquellos a quienes se les han rechazado sus solicitudes, desconociendo los fundamentos, situación que sólo es posible esclarecer con el acceso legitimo a los expedientes fundantes de tales decisiones.

A través del presente arbitrio, solicita: 1. Se declare Ilegal y arbitrario el actuar cometido por los recurridos, obligándoles a conceder el trámite requerido por la vía electrónica elegida por el recurrente, por eficiencia, economía procesal, por efectividad sanitaria ante pandemia en desarrollo, todo ello de conformidad a la ley vigente; 2.- Se oficie a la Superintendencia de Pensiones para que explique al tribunal, las razones de no adecuar la normativa previsional, manteniendo disposiciones normativas en contrario a la constitución y las leyes de rango superior de forma arbitraria e ilegal, 3.- Se condene en costas al recurrido.

Acompaña a su presentación:

1.- Copia de serie de correos electrónicos enviados entre la recurrente y el recurrido, en que constan la solicitud de acceso al expediente y su respectiva derivación.

2.- Escritura pública de fecha 16 de agosto de 2018, otorgada ante el Notario Público de la Ciudad de La Serena, don nombre reservado. Repertorio 5811 – 2018.

3.- Escritura pública de 02 de septiembre de 2022, otorgada ante la Notario Público de Santiago, doña nombre reservado, reemplazante del titular don nombre reservado. Repertorio N°2279-2022.

4.- Copia de cédula de identidad de doña nombre reservado.

Segundo: Que, a folio 14 del expediente digital, informó al tenor del recurso la Superintendencia de Pensiones pidiendo el rechazo de la acción intentada en todas sus partes:

Alega en primer lugar, su falta de legitimación pasiva atendido el tenor de la acción intentada, pues ésta ha sido dirigida en contra del actuar de la Comisión Médica Regional Metropolitana Sur y no contra su institución. Expone que la fundación recurrente dirigió su acción cautelar en contra de doña nombre reservado, como Presidenta de la Comisión Médica Regional Metropolitana Santiago Sur y doña nombre reservado como Jefa administrativa de la referida Comisión Médica Regional, porque le habrían negado a la señora nombre reservado copia del expediente médico de evaluación y calificación del grado de invalidez.

Explica que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central fueron creadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, para efectos de lo dispuesto por el artículo 4° del mismo cuerpo legal, es decir, para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual. Teniendo las primeras por función la evaluación y calificación propiamente tal y la segunda, la Comisión Médica Central, es la instancia de reclamo que las partes pueden invocar en contra de los dictámenes de invalidez que emiten las Comisiones Médicas Regionales.

Alude que tales Comisiones Médicas no dependen de la Superintendencia de Pensiones ni están sujetas a su supervigilancia en la dictación de los Dictámenes correspondientes a las solicitudes de invalidez. Conforme al artículo 18 del Reglamento del DL N° 3.500 (contenido en el DS N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) estas Comisiones gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración y sus funcionarios no son parte del ente regulador.

De otro lado, solicita el rechazo de la acción ya que lo reclamado excede el ámbito del recurso de protección ya que en el recurso se pide “se oficie a la Superintendencia de Pensiones para que explique al tribunal de V.S.I., las razones de no adecuar la normativa previsional, manteniendo disposiciones normativas en contrario a la constitución y las leyes de rango superior de forma arbitraria e ilegal.”.(Sic). Vale decir que la referida fundación recurre de protección pidiendo explicaciones a su Servicio sobre una opinión, infundada, equivocada, interesada, pero sigue siendo una opinión; petición, totalmente ajena al ámbito del recurso de protección aun considerando su naturaleza cautelar. Tampoco resulta ser atingente ni siquiera para una acción de lato conocimiento, además de no precisar cuáles son los eventuales actos ilegales o arbitrarios en que habría incurrido la Superintendencia.

Agrega que a través de esta acción no es susceptible de discutir en esta sede lo que persigue el recurrente, en razón que lo que busca es amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como el que se pretende ni que se deje sin efecto un acto administrativo o, siquiera, la normativa establecida respecto a la materia por estimar que aquello afecta los derechos de su supuesta representada.

Respecto al proceso de evaluación y calificación de invalidez de la señora nombre reservado, indica que la recurrente no registra ante su Organismo Fiscalizador presentación ni reclamo alguno respecto de los hechos denunciados en la presente acción cautelar, de modo que no dispone de antecedentes que aportar.

En lo referido a las normas aplicables señala que el inciso octavo del artículo 11 del D.L. N°3.500 dispone que “Cualquiera que sea la forma de financiamiento de los exámenes, estará prohibido a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central entregar los originales de ellos al solicitante afectado, sin perjuicio de que puedan proporcionársele copias una vez ejecutoriado el dictamen correspondiente, siempre que así lo autorice la Comisión Médica Central”. Asimismo, la Superintendencia en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, estableció en el número 3 del Capítulo XIII, Letra D, Título I, Libro III, que: “3. Confidencialidad y resguardo de la información a) Deber de reserva y resguardo. El personal administrativo y médico de la Comisión debe mantener la más absoluta reserva respecto de la información médica y antecedentes que conforman el expediente de calificación de invalidez, sin perjuicio del derecho del titular de una solicitud de calificación o revaluación de invalidez, de conocer en cualquier momento, el estado de su tramitación.

Añade que es necesario tener en consideración la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que entre otras materias protege y regula el tratamiento de los datos personales, establece derechos para los titulares de los mismos, obligaciones para los administradores de datos de carácter personal en registros o bancos de datos, además sanciona el incumplimiento de sus disposiciones como lo son los datos solicitados por el recurrente, los que conforme con el inciso segundo del artículo 127 del Código Sanitario, que tienen el carácter de reservado tales como las recetas médicas, análisis y exámenes de laboratorio clínicos y servicios relacionados con la salud y sólo podrá revelarse su contenido o darse copia de ellos con el consentimiento expreso del paciente otorgado por escrito.

De esta manera el personal administrativo y médico sólo puede dar a conocer el estado del trámite de evaluación y calificación de invalidez de un solicitante, directamente al propio afectado cuando éste lo solicite, personalmente o por carta certificada. Excepcionalmente, esta información puede ser entregada a terceras personas a solicitud del propio afectado, siempre que presenten un poder simple y la cédula nacional de identidad del titular, o mandato especial extendido por escritura privada o pública. No procede su envío por correo electrónico.

En lo referente al acceso del expediente de calificación de invalidez corresponde exclusivamente a los médicos integrantes y personal administrativo de la Comisión Médica. Sin perjuicio de los accesos autorizados, al titular de los antecedentes, al médico asesor y Superintendencia de Pensiones observador, así como a los profesionales interconsultores y al personal de esta Superintendencia en el ejercicio de su función fiscalizadora.

Destaca que, en el caso de autos, como la propia recurrente sostiene, lo que pidió a la Comisión Médica Regional fue el envío, en forma electrónica, de los antecedentes médicos de su representada. No se apersonó pidiendo acceder al expediente médico de la afiliada, como menciona en su recurso para alegar una supuesta discriminación, además, en el mandato exhibido por la fundación recurrente, dentro de las facultades conferidas que dicen relación con lo reclamado en autos, se lee: “(…..) realizar lectura del expediente de Evaluación y Calificación de Invalidez, solicitar y retirar copia de expediente de Evaluación y Calificación de Invalidez (….)”. ambas gestiones presenciales, y lectura del expediente no fue solicitada y la segunda, no procede por correo electrónico.

De acuerdo con lo expuesto no existe arbitrariedad ni ilegalidad alguna, por ello solicita el rechazo del recurso en todas sus partes.

Tercero: Que, a folio 24, informó don nombre reservado, presidente de la Comisión Médica Regional Santiago Sur, pidiendo que el presente recurso sea rechazado.

Plantea que la materia objeto de la acción excede el ámbito del recurso de protección, al no existir derechos indubitados susceptibles de ser cautelados y, en todo caso, ser materia de un procedimiento de lato conocimiento ya que se pretende invalidar una norma que regula el acceso a los expedientes de invalidez, requerimiento que no guarda ninguna relación con este recurso de excepción y cuya finalidad es para proteger arbitrios e ilegalidades, tanto es así que la recurrente solicita se oficie a la Superintendencia para que informe las razones por las cuales no adecua la normativa previsional, manteniendo disposiciones que impedirían a los interesados su derecho a conocer en todo momento el estado del expediente y obtener copias del mismo, contraviniendo a su juicio la constitución y las leyes de rango superior de forma arbitraria e ilegal.

Indica que la recurrente Fundación Valídame, pese a los innumerables recursos de protección que ha presentado en las diversas nombre reservado de Apelaciones del país, aún no comprende que ésta es una acción excepcional y no una acción general de reclamos en contra de actos administrativos. En este sentido, el Estado cuenta con respectivos organismos para reclamar al efecto y no obstante ello, la referida fundación ante cualquier situación que considere que no está dentro del marco legal y sus intereses, directamente acciona de protección, tal como ocurre en el caso de marras. Además, atendida la materia reclamada, la parte recurrente debería haber presentado el reclamo ante el organismo fiscalizador competente, en este caso la Superintendencia de Pensiones y no ante esta Iltma. Corte de Apelaciones. Sin embargo, también acciona en contra de la referida Superintendencia, sin que hubiera hecho reclamo alguno.

En cuanto a la situación de la señora nombre reservado, el 17 de noviembre de 2021, presentó una solicitud de invalidez, alegando como principal enfermedad invalidante Síndrome de Sjogren, visión subnormal, Hipertensión Arterial, Resistencia insulina.

Resolviendo en sesión N°171 de 27 de mayo de 2022, la Comisión Médica Regional mediante Dictamen N°024.5352/2022, de 27 de mayo de 2022, determinó que las enfermedades alegadas como invalidantes no provocaban a la recurrente una pérdida de capacidad de trabajo igual o superior al 50%, rechazando la solicitud de pensión y calificación de invalidez. Agrega que la recurrente apeló el 29 de junio de 2022, conociendo de este reclamo la Comisión Médica Central, la que en Sesión N° 496 de 22 de julio 2022, y mediante Resolución N° C.M.C. 7907/2022 de 22 de julio de 2022 determinó rechazar el reclamo y confirmar el Dictamen de Reevaluación Nº 24.5352/2022, de esta Comisión Médica Santiago Sur, de 27 de mayo de 2022, que declara que no procede otorgar Invalidez. De la referida resolución no se interpuso ningún recurso administrativo en su contra quedando ejecutoriada el 20 de agosto de 2022.

Respecto a la entrega de antecedentes que obran en el expediente de calificación de invalidez, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 36 bis del D.S. N°57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que contiene el Reglamento del citado D.L. N°3.500, que dispone que: “Artículo 36° bis. Una vez notificado un dictamen, las Comisiones Médicas Regionales deberán permitir a todas las partes involucradas y al médico asesor o tratante del interesado, el acceso al expediente de calificación de invalidez, en las condiciones que determine la Superintendencia, con el solo objeto de que obtengan antecedentes que permitan fundar debidamente sus reclamos ante la Comisión Médica Central, en los términos en que lo establece el inciso quinto del artículo 11 de la ley”.

Por su parte, el inciso octavo del artículo 11 del D.L. N°3.500 dispone que “Cualquiera que sea la forma de financiamiento de los exámenes, estará prohibido a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central entregar los originales de ellos al solicitante afectado, sin perjuicio de que puedan proporcionársele copias una vez ejecutoriado el dictamen correspondiente, siempre que así lo autorice la Comisión Médica Central”.

Asimismo, la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, estableció en el número 3 del Capítulo XIII, Letra D, Título I, Libro III, normas respecto a la confidencialidad y resguardo de la información, estableciendo el deber de reserva y resguardo respecto de la información médica y antecedentes que conforman el expediente de calificación de invalidez, sin perjuicio del derecho del titular de una solicitud de calificación o revaluación de invalidez, de conocer en cualquier momento, el estado de su tramitación.

Indica que excepcionalmente, esta información puede ser entregada a terceras personas a solicitud del propio afectado, siempre que presenten un poder simple y la cédula nacional de identidad del titular, o mandato especial extendido por escritura privada o pública. Precisando la citada normativa, que no procede la entrega de datos en forma telefónica o por correo electrónico, en tanto no se encuentre implementado un sistema de firma electrónica.

En cuanto al acceso al expediente de invalidez, las mismas normas, indican que el afiliado o solicitante de pensión o calificación de invalidez podrá acceder a éste directamente o a través de una tercera persona, en este último caso, entregando una autorización escrita en la que manifieste expresamente que lo autoriza para ese efecto o por mandato especial constituido por escritura privada o pública, en cuyo caso el mandato deberá contener entre las facultades conferidas la de consultar el expediente. Sólo una vez ejecutoriado el correspondiente dictamen, podrán entregarse a aquéllos fotocopias de los antecedentes que componen el respectivo expediente previas autorizaciones según corresponda del Presidente de la Comisión Médica Regional respectiva, si los documentos fueron aportados por el solicitante; o, de la Comisión Médica Central, en caso de aquéllos recabados durante el procedimiento de calificación, por intermedio del sistema de interconsultores.

Concluye que está prohibido a las Comisiones Médicas Regionales y a la Comisión Médica Central entregar los originales de los exámenes al solicitante afectado, sin perjuicio de que puedan proporcionársele copias una vez ejecutoriado el dictamen correspondiente, siempre que así lo autorice la Comisión Médica Central; de esta manera no vislumbra ilegalidad ni arbitrariedad alguna en las normas e instrucciones que ha impartido la Superintendencia de Pensiones a sus regulados, las que, en todo caso, están en concordancia y armonía con lo previsto en la Ley y su Reglamento.

En el caso de la recurrente, doña nombre reservado no ha visto afectado su derecho a obtener copia de su expediente de invalidez, pues basta que concurra ante esta Comisión Médica Regional, lo solicite y podrá obtener una copia de dichos antecedentes, sin costo. Si bien la fundación recurrente figura actuando en representación de la afiliada antes individualizada, esa circunstancia no la habilita para apartarse de los procedimientos que, especialmente, en la materia ha establecido el legislador; por el contrario, en su condición de representante de la afiliada, más aún actuando como prestador de servicios de asesoría a título oneroso para su clienta, está obligado a cumplir las normas legales vigentes.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías o derechos -preexistentes- protegidos, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Así también surge de lo anterior, que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Quinto: Que de los fundamentos expuestos por el recurrente, la controversia principal dice relación en la omisión o negativa injustificada de las recurridas, de proporcionar, material o digitalmente, copia íntegra del expediente de la representada de la recurrente, que da cuenta de cada uno de sus registros, los informes de los interconsultores, el informe MIA asignado, las entrevistas con el médico asesor, y en definitiva cada uno de los antecedentes que existieran en dicha Comisión con apego irrestricto a la descripción de los 14 puntos descritos en el "Compendio de Normas del Sistema de Pensiones Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez Capítulo XIII. Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, e) Confección del expediente de calificación de invalidez, respecto del procedimiento de menoscabo laboral de su representada, y determinar si aquella decisión constituye un acto ilegal o arbitrario como se denuncia.

Sexto: Que establecido lo anterior y previo al análisis del fondo de la cuestión debatida, corresponde emitir pronunciamiento respecto de las alegaciones formuladas por la Superintendencia de Pensiones, a saber: falta de legitimación pasiva, y la falta de pertinencia del recurso de protección como vía idónea para la resolución de materias.

En cuanto a la primera alegación planteada, aun cuando se colige en forma irrefutable que ésta se encuentra dirigida en contra del actuar de la Comisión Médica Regional Metropolitana Sur y no contra de la Superintendencia de Pensiones, la alegación planteada será desestimada, pues a propósito de la normativa reglamentaria que apoya al DL 3500, el proceder de las recurridas se encuentra circunscrito a la Superintendencia según lo previene el artículo 36 bis del Reglamento N°57, Publicado en el Diario Oficial el 28.03.1991.

Séptimo: De otro lado, y en cuanto a la falta de pertinencia del recurso de protección como vía idónea para la resolución del presente pleito, cabe señalar que el artículo 20 de la Carta Fundamental establece que la acción de autos puede ser interpuesta sin perjuicio de otras que el ordenamiento jurídico habilite, de manera que al no existir impedimento legal que coarte la acción en los términos planteada, tal alegación también debe ser desestimada.

Octavo: Que, en cuanto al fondo del asunto controvertido, consta que doña nombre reservado, a través de correo electrónico de 12 de septiembre de 2022, solicitó copia íntegra de los expedientes de doña nombre reservado, dirigido a la Comisión Médica Santiago Sur según se aprecia de cadena de correos electrónicos.

Esta solicitud consta aparejada en correos electrónicos y en ella aparece que fue contestada por nombre reservado nombre reservado, gerente legal de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, quien indicó lo siguiente: “nombre reservado: Junto con saludar, le comento lo siguiente: 1.- La derivación dice relación con revisar acaso la CMC tiene o no instrucciones judiciales (o de la Superintendencia) de no entregar el expediente. Nos ha pasado en el pasado que tribunales o la S. Pensiones nos ha instruido en ese sentido; 2.- Por otro lado, es necesario comentar que el poder conferido es en favor de la Fundacion Valídame (representada por el Sr. nombre reservado) y al efecto, debo verificar que tu persona sea representante de la Fundación (tu personería), para poder cumplir con las instrucciones del poder que la solicitante/mandante Sra. nombre reservado otorgó expresamente en la escritura pública. 3.- Alternativamente el apoderado Sr. nombre reservado puede solicitar (el aparece mencionado en la escritura pública de poder). Sin otro particular, saluda atte. nombre reservado nombre reservado/ Gerente Legal.”

Noveno: Que, conforme se colige del “Compendio de Normas del Sistema de Pensiones” Libro III, Título I, Letra D Pensión de Invalidez, en su capítulo XIII referido a las Normas y Procedimientos Administrativos para la Calificación y Revaluación del Grado de Invalidez por las Comisiones Médicas, en particular su N° 3, que efectivamente contempla el deber de reserva y resguardo de la información médica y de los demás antecedentes que conforman el expediente de calificación de invalidez. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del titular de una solicitud de calificación o revaluación de invalidez, de conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación.

Décimo: Que en este caso, también consta en la carpeta digital que doña nombre reservado otorgó mandato a la Fundación Valídame para que lo representara ante, entre otras instituciones, la Fundación de Administración de Comisiones Médicas, así también consta reducción de escrituras públicas, sesión extraordinaria de modificación de los Estatutos Sociales de la Fundación, en la cual aparece nombre reservado, persona a quien en el punto 3.7 de tal documento, le fue otorgado poder por el Presidente, y en función de ese cometido es que se solicitó el expediente por parte de la referida institución, no obstante la entrega fue negada, resultando tal decisión arbitraria, y sin fundamento racional.

De otro lado, pese a la petición, tampoco se dio solución al mismo requerimiento inicial, esto es, hacer entrega del expediente de solicitud de invalidez vía electrónica, ya que el requerimiento tuvo una respuesta parcial –al accederse tan solo a la entrega material- , por lo que tampoco le fue remitido el contenido de éste por la vía pedida por el requirente, esto es, correo electrónico, sin que del informe o los antecedentes disponibles conste la razón, causa o motivo de aquella negativa, lo que también permite aseverar su arbitrariedad.

Dicho disvalor afecta la garantía constitucional invocada en la acción constitucional, pues la recurrente ha sido objeto de un trato infundadamente discriminatorio en cuanto a la entrega de información que es de su interés, que tiene derecho a obtener y que reclama por el presente arbitrio. En efecto, considera esta Corte que, desde la perspectiva de la directriz de la publicidad, que es regla general en el ámbito de los actos de la Administración, verbigracia, artículos 4° y 16 de la Ley 19.880, la omisión reprochada a la comisión recurrida no proporciona alguna razón atendible para demorar y, en definitiva, no otorgar copia del expediente administrativo que incumbe a la representada por la recurrente, cuyos derechos e intereses -principalmente en lo que toca a la reserva de ese antecedente- no se ven debilitados, toda vez que, además de haber sido parte en dicho procedimiento y que es la peticionaria, su solicitud obedece a su empeño en la búsqueda de alguna vía de solución a la situación que la afecta en el ámbito laboral y previsional y, además, en un contexto en que las comunicaciones oficiales por medios virtuales, como el correo institucional, se ha vuelto una vía extendida o común e incorporada a las tramitaciones establecidas.

Décimo primero: Que, la recurrente junto con solicitar que por la vía de este recurso se “…oficie a la Superintendencia de Pensiones para que explique las razones que le motivan a no adecuar la normativa Previsional Chilena en desmedro de una de las partes y la adecue y adapte en beneficio de otra, manteniendo disposiciones normativas en contrario a la constitución y las leyes de rango superior de forma arbitraria e ilegal para que los afiliados puedan conocer en todo tiempo el contenido de los procedimientos administrativos a los que son sometidos, y el fundamento respecto de lo que resuelven en relación a sus pretensiones las autoridades”, conforme se viene razonado en esta sentencia, esa petición escapa del objeto y naturaleza de este arbitrio de forma tal que no es el medio idóneo para solicitar ese requerimiento.

Por estas consideraciones, y de conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por Fundación Valídame en favor de doña nombre reservado, solo en cuanto se ordena al recurrido, entregar a la recurrente o a quien sus derechos represente, acceso electrónico a la información del expediente en cuestión, desestimándose en lo demás.

Se previene que el abogado integrante Sr. Ferrada concurre al voto de mayoría, pero sin compartir lo señalado en el párrafo final del motivo cuarto.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra (S) Alondra Castro Jiménez.

Rol 22059-2022-Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora María Alejandra Pizarro Soto, señora Alondra Castro Jiménez y abogado integrante señor Francisco Ferrada Culaciati. Se deja constancia que no firma el abogado integrante señor Ferrada, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar ausente.