nombre reservado con SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA - SEREMI DE SALUD

San Miguel, veintisiete de enero de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en favor de los trabajadores de la empresa Eletrans II S.A. y de las familias de Culiprán, en contra de la empresa Eletrans II S.A., el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Salud, por los actos u omisiones arbitrarios e ilegales, que afectan y/o amenazan el ejercicio de sus garantías constitucionales establecidas en los números 1, 2, 3, 8 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Explica que el 5 de enero de 2021, vecinos del sector que realizaban labores de recolección de basura, llegaron a la instalación de torres de alta tensión, obras que corresponden al proyecto Línea de Alta Tensión Alto Melipilla – Rapel, de la empresa Eletrans II S.A., percatándose de gran cantidad de basura y que los trabajadores no contaban con baño y con agua suficiente, considerando las altas temperaturas y el levantamiento de polvo. Agrega que la Resolución de Calificación Ambiental 1542-2018, relativa al proyecto, se encuentra en proceso de invalidación.

Sostiene que se vulneran el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la protección de la salud.

Pide que se adopten las medidas necesarias para restablecer los derechos vulnerados y asegurar su protección.

Segundo: Que informa al tenor del recurso don nombre reservado, Subsecretario del Trabajo, por encargo del Ministro del Trabajo y Previsión Social, solicitando su rechazo, con costas.

Como cuestión previa alega la falta de legitimación activa de la recurrente para actuar en representación no acreditada de personas indeterminadas.

Luego, alega la falta de legitimación pasiva, dado que la recurrente no señala de qué forma el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha vulnerado las garantías supuestamente conculcadas.

Sostiene además que no existe acto arbitrario o ilegal que afecte garantías constitucionales ni un derecho indubitado y, además, que el recurso de protección, dada su naturaleza de urgencia, no es la vía idónea para amparar los hechos descritos por la recurrente, existiendo distintos recursos administrativos y judiciales al efecto. Añade que atendido que los hechos denunciados se refieren a materias propias del ámbito de competencia de la Dirección del Trabajo, mediante oficio Nº 746-3 de 14 de junio de 2021, se pusieron los hechos en conocimiento de la entidad fiscalizadora.

Tercero: Que informa al tenor del recurso don nombre reservado, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, solicitando su rechazo.

Alega la falta de legitimación pasiva, señalando que todas las cuestiones denunciadas, de ser efectivas, implican una vulneración a las condiciones laborales de los empleados de la empresa Eletrans II S.A, cuya fiscalización corresponde exclusiva y excluyentemente a la Dirección del Trabajo.

Cuarto: Que informa al tenor del recurso don Elías Ignacio Soto Núñez, abogado, en representación de Eletrans II S.A., solicitando su rechazo.

Alega como cuestión previa la falta de legitimación activa de la recurrente, en tanto, no se han indicado con claridad y precisión las personas en cuyo favor se recurre y, sobre todo, que la acción de autos no constituye una acción de carácter popular.

Sostiene además la falta de legitimación pasiva de Eletrans II S.A., en tanto la recurrida no es empleadora de los trabajadores en cuyo favor supuestamente se recurre, sino que esa calidad pertenece a alguna de las empresas contratistas con las que a su vez trabaja Eletrans II.

Esgrime que el recurso de protección no es la vía idónea para la discusión que promueve la recurrente, la que tiene naturaleza laboral. Indica que la fiscalización del cumplimiento y sanción de la legislación laboral corresponde de modo exclusivo y excluyente a la Dirección del Trabajo, tal como se encuentra establecido por el artículo 505 del Código del Trabajo.

Pone énfasis en el carácter de urgencia de la acción y en el propósito de restablecer el imperio del derecho. En cuanto a lo primero, señala que considerada la data de ocurrencia de los hechos denunciados, no es posible visualizar cómo un pronunciamiento de la Corte podría considerarse oportuno, más aún, considerando que las obras de construcción ya se encuentran terminadas. En relación al segundo elemento, expone que corresponde tener en cuenta que estando la situación denunciada sometida al imperio del derecho, en este caso a la regulación laboral, no resulta procedente un pronunciamiento de esta Corte.

En cuanto al fondo, aduce que la disconformidad que la recurrente pueda tener con la ejecución del proyecto, no obsta a su realización y no es posible admitir nuevos intentos de obstaculizar el normal desarrollo de este proyecto, especialmente considerando que se trata de un servicio público. Señala que la recurrente interpuso en diciembre de 2020 el recurso de protección rol 10.833-2020, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”, fundado en la presencia de dos helicópteros en la cercanía de su residencia y la instalación de torres de alta tensión en el lugar, acción que fue rechazada el 5 de febrero de 2021, mediante resolución que se encuentra firme. Por otro lado, indica que el 22 de marzo de 2021 Eletrans II S.A. accionó de protección ante esta Corte de Apelaciones, rol 361-2021, caratulada “Eletrans II S.A. con nombre reservado”, fundado en que los recurridos, vecinos del sector, impidieron el acceso de Eletrans al sector de construcción de las torres, recurso que fue acogido, disponiéndose el retiro de la cadena y candado del camino, así como cualquier otro obstáculo, y ordenando a los recurridos abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos que obstruyan o impidan la circulación por el referido camino o el desarrollo de las faenas de la recurrente, fallo que fue confirmado por la Excma. Corte Suprema.

Finalmente, sostiene que la recurrente no acredita ni explica de qué manera los actos recurridos afectarían los derechos constitucionales que invoca.

Quinto: Que mediante presentación previa a la vista del recurso, la recurrente expone que continúan las vulneraciones a sus derechos constitucionales, lo que ha sido ampliamente denunciado por los recurrentes y habitantes de Culiprán, a diversas instituciones y principalmente a la Superintendencia del Medio Ambiente, lo que a la fecha ha llevado a Eletrans a enfrentar dos procedimientos sancionatorios que se encuentran en curso y con formulación de cargos por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente por ocho hechos infraccionales, seis de ellos calificados como graves. Indica que producto de la formulación de cargos en contra de Eletrans, el 20 de septiembre de 2021 la recurrida presentó un Programa de Cumplimiento, el que no garantiza ni compromete de alguna forma dar solución a la ausencia de baños y servicios básicos en los frentes de trabajo.

Sexto: Que la recurrida Eletrans II S.A., en presentación previa a la vista del recurso, indica que los hechos denunciados ya se encuentran sometidos al imperio del derecho, considerando especialmente que el procedimiento sancionatorio D-185-2021 se encuentra en tramitación ante la Superintendencia del Medio Ambiente, en el que la actora tiene la calidad de denunciante. Agrega que existe una profusa regulación orgánica y de fondo, una serie de mecanismos de participación de la comunidad, sistemas recursivos y de impugnación, entre otras formas para garantizar la correcta evaluación de proyectos de esta naturaleza, el respeto al medio ambiente y a los derechos de las comunidades. Por lo anterior, sostiene que solamente resulta posible alegar dicha infracción en la sede correspondiente, y acreditando la ilegalidad y arbitrariedad de los actos en contravención al ordenamiento jurídico.

Séptimo: Que, en primer término, los recurridos Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Eletrans II S.A., alegaron la falta de legitimidad activa de la recurrente. Al efecto, cabe recordar que el recurso de protección de las garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa Carta Fundamental se contemplan, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

En concordancia con lo señalado, es presupuesto de la referida acción la legitimación activa del amparado, puesto que es indispensable para su procedencia la existencia de un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona determinada que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos...” en el artículo 20 de la Constitución Política. En atención a lo señalado, la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que el recurso de protección no constituye una acción popular, sino que corresponde al directamente afectado con el acto u omisión que se reclama, pudiendo otro comparecer en su nombre o representación.

Octavo: Que habiéndose deducido recurso de protección por doña nombre reservado, genéricamente en favor de “los trabajadores de la Empresa Eletrans II S.A., que realizan faenas de construcción de torres, y por las familias de Culiprán que se ven afectados por los actos u omisiones arbitrarios e ilegales, y/o amenazados en el ejercicio de sus garantías constitucionales”, sin precisar a quiénes perjudicaría en concreto, permite concluir que sus argumentos evidencian, en primer lugar, que la presente acción constitucional tiene por objeto proteger a personas indeterminadas; y, en segundo término, que tampoco se especifica el interés directo que cada uno de los afectados tendría en relación a las garantías constitucionales que se reclaman como quebrantadas, por tanto, carece de la legitimación activa necesaria para accionar, motivo por el cual el presente recurso de protección, atendida la forma en que fue planteado, no puede prosperar.

Noveno: Que sin perjuicio de lo señalado y a mayor abundamiento, en cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por las recurridas y respecto del fondo del asunto planteado, cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, anteriormente citado, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Décimo: Que como se advierte del recurso, lo que se reprocha a las recurridas es haber incurrido en actos u omisiones ilegales y arbitrarios, que la actora relaciona con las condiciones de higiene y seguridad en las faenas de instalación de torres de alta tensión, correspondientes al proyecto Línea de Alta Tensión Alto Melipilla – Rapel, de la Empresa Eletrans II S.A., porque sostiene que aquéllas son inadecuadas para los trabajadores, toda vez que no cuentan con baño en torno a las obras, lo que conlleva a mantener basura en ese sector dejando focos infecciosos en el lugar donde transitan también familias de la zona, y no disponen de agua suficiente desde que tienen sólo tres litros diarios por persona.

Undécimo: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 505, incisos primero y segundo, del Código del Trabajo “La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen.

Los funcionarios públicos deberán informar a la Inspección del Trabajo respectiva, las infracciones a la legislación laboral de que tomen conocimiento en el ejercicio de su cargo”.

Por su parte, el artículo 184, inciso primero, del mismo código establece que “El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”.

De las normas transcritas se observa que la potestad de fiscalización y sanción, en el contexto del cumplimiento de la legislación laboral, específicamente en cuanto a las medidas que debe adoptar el empleador para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, corresponde a la Dirección del Trabajo.

Duodécimo: Que en este caso, el Subsecretario del Trabajo, mediante Oficio N° 746-3 de 14 de junio de 2021, puso en conocimiento de la Dirección del Trabajo la interposición del recurso de protección, al considerar que los hechos denunciados por la recurrente se refieren a materias propias del ámbito de su competencia, conforme con lo dispuesto en los artículos 184 y 505 del Código del Trabajo, por lo que solicitó a dicha institución ponderar instruir a quien corresponda la fiscalización de los hechos denunciados.

En consecuencia, el asunto materia del recurso de protección se encuentra sometido al imperio del derecho.

Décimo tercero: Que en estas condiciones, si bien el artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone que el recurso de protección procede “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, esto dice relación con la naturaleza cautelar y de urgencia que tiene la acción de protección, específicamente para los casos en que la afectación de los derechos y garantías constitucionales resulte evidente requiriéndose la adopción de providencias inmediatas para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado, sin que proceda esperar el resultado de alguna acción interpuesta en sede administrativa o judicial, lo que no ocurre en la especie.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, por sí y en representación de los trabajadores de Eletrans II S.A. y las familias de Culiprán, en contra de Eletrans II S.A., el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Salud.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra Ma. Catalina González Torres.

N° 22-2021 PROTECCIÓN.

Pronunciado por la Quinta Sala de esta Corte, integrada por las ministras señora Liliana Mera Muñoz, señora M. Catalina González Torres y el abogado integrante señor Francisco José Cruz Fuenzalida. No obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, no firma el señor nombre reservado por encontrarse ausente.