nombre reservado CON nombre reservado

74/setenta y cuatro.

San Miguel, ocho de junio de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 21 don nombre reservado deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado en contra de don nombre reservado, Director de Obras Municipales I. Municipalidad de Curacaví, sosteniendo que la recurrente es dueña del inmueble eriazo y sin construcción alguna, ubicado en la comuna de Curacaví, respecto de la cual, el día 1 de diciembre de 2014, celebró un contrato de arrendamiento con la empresa Insumos Forestales Escoref Ltda, representada por don nombre reservado, con el objeto de instalar un jardín de venta de flores, árboles, tierra de hojas y leña, no sin antes consultar al recurrido, quien le habría manifestado que no había problema ya que la propiedad, según el Plano Regulador Comunal, puede ocuparse para el comercio y almacenamientos inofensivos.

El arrendatario realizó las gestiones pertinentes a objeto de instalarse en el lugar y obtener la patente definitiva, informándole el Director de Obras Municipales que debía pedir un permiso de obra menor para instalar una caseta de ventas y que conectara los servicios básicos de agua y luz para abastecer la propiedad, solicitándole posteriormente que debía construir una pared cortafuego frente al quiosco, lo que no estaba contemplado en el proyecto, pero sin embargo se hizo.

El día 28 de abril de 2015, cuando el arrendatario concurre a hablar con el recurrido para que se recibiera la obra menor, éste le manifiesta que, por orden del Alcalde, debe construir una pared sólida por todo el perímetro de la propiedad, lo que no se encuentra establecido en la ley o reglamento alguno y no se justifica, ya que la propiedad está cercada con reja en todos sus costados y el cerco exigido requeriría de alrededor de 228 metros lineales de cerco que tendría un costo de, a lo menos, cinco millones de pesos. Agrega que han transcurrido más de cinco meses, sin que el arrendatario haya podido iniciar su negocio, cesando en el pago del arriendo mensual, causándole los consecuentes perjuicios.

Concluye que lo anterior constituye una infracción a garantías constitucionales, como el artículo 19 N°2 que contempla la Igualdad ante la Ley y se impone a su parte la carga de construir un cerco, en circunstancias que, atendido lo dispuesto en los artículos 844 y 846 del Código Civil, los dueños de los predios colindantes pueden ser obligados a la reparación de los cierros comunes, los que obviamente se negarían, atendido que dicho cierre ya existe; artículo 19 N°16, que garantiza la Libertad de Trabajo y su protección, ya que el arrendatario hace más de cinco meses que no puede comenzar a trabajar en su giro; y, por último, la vulneración a lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de la carta fundamental, fundado en que, atendida la actitud del recurrido, no ha podido percibir los frutos del arriendo de su propiedad y ve con preocupación la posibilidad de tener que cercar la misma con una pared sólida.

A fojas 24 en el primer otrosí la parte recurrente acompañó los siguientes documentos:

1) Copia de inscripción de dominio de la propiedad en cuestión.

2) Certificado de avalúo fiscal de su propiedad.

3) Contrato de arriendo del inmueble.

4) Cuenta de Aguas Andinas.

5) Contrato de empalme eléctrico con la empresa CGE.

6) Solicitud de permiso de obra menor de la D.O.M de la I. Municipalidad de Curacaví.

7) Especificaciones técnicas y plano del quiosco construido por el arrendatario.

8) Patente del arquitecto que confeccionó el plano mencionado precedentemente.

9) Certificado de informaciones previas de la propiedad de la recurrente firmado por el recurrido, donde indica que ésta tiene uso comercial.

A fojas 39 el recurrido, Director de Obras Municipales I. Municipalidad de Curacaví, informa que luego de presentada la solicitud de 6 de enero de 2015, una vez analizados los antecedentes entregados por la solicitante, procedió a realizar observaciones tales como: la instalación una caseta en dicho lugar, para la venta de los productos; se pidió contar con baños para el personal que realizaría trabajos y en caso de que la caseta estuviera adosada a un deslinde ésta debería contar con un cortafuego.

Indica que dichas condiciones se plantearon en atención que sólo se realizaría venta de productos, tales como plantas, árboles frutales, leña u otro tipo de material de construcción que no generara impacto en los vecinos. De tal manera que bajo ningún modo se consideró el almacenamiento de maderas, ni menos la faena del tipo aserradero, sea en forma manual o con maquinaria y que estas observaciones dicen relación con los aspectos ahora conocidos.

Con todo, agrega que en relación con los planteamientos indicados, la recurrente no ha hecho observación alguna a ese respecto.

Agrega que vecinos denunciaron (ruidos molestos y polvo en suspensión) que aún sin contar con los permisos se inició actividad de almacenaje y tala de maderas, así el día 22 de enero del año en curso, siendo las 17:05 horas se inspeccionó la propiedad, en la que participaron los inspectores municipales, nombre reservado y nombre reservado, constatando que funcionaban sin patente municipal y en condiciones que infringen lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, disposición que reproduce. Agrega que, como consecuencia de la indicada inspección, se constata el almacenamiento de leña en un sector no permitido, ya que el plano regulador no permite el funcionamiento de dichas actividades por comprender un almacenamiento o actividad molesta, tal como consta en la Ordenanza del plano regulador comunal sobre las zonas y sus usos permitidos (Zona Z2), acumulación de gran cantidad de madera, sin contar con alguna medida de mitigación para los ruidos molestos respecto de los inmuebles colindantes y asimismo no se contaba con medidas de seguridad ante incendios (no existían extintores). Por lo manifestado, concluye que lo anterior contraviene lo prescrito en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículos 20 y 21, Ordenanza del Plano Regulador Comunal, Ley de Rentas Municipales, todo lo cual fue debidamente denunciado al Juzgado de Policía Local de Curacaví.

Al otrosí de su Informe, la parte recurrida acompañó los siguientes documentos:

1) Capítulo II de la Ordenanza el Plano Regulador 2) Acta de Fiscalización de 22 de enero de 2015.

A fojas 70 la parte recurrente formula una serie de observaciones al informe del recurrido sosteniendo en síntesis que no se hace cargo de manera clara de los argumentos contenidos en su informe, tales como el haber autorizado la instalación del negocio y la excesiva tardanza en otorgar el permiso requerido, por lo que estima que debe ser solicitado un nuevo informe.

A fs.72 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter tutelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que en la especie, las garantías constitucionales que la recurrente estima conculcadas son las contempladas en los Nºs 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección y, el derecho de propiedad del bien raíz que indica en su recurso.

TERCERO: Que en relación con la primera garantía constitucional invocada, esto es, la igualdad ante la ley, la sustenta en que los vecinos del predio que entregó en arrendamiento, a los que les es aplicable lo dispuesto en los artículos 844 y 846, no se van a ver obligados a concurrir el cierre sólido que se le exige a su arrendatario para desarrollar la actividad comercial que pretende, más aún cuando los cierros ya existen y, consecuencialmente el trato no es igualitario para todos.

CUARTO. Que en cuanto a la libertad de trabajo y su protección, la alegación dice relación con el derecho que tendría su arrendatario para llevar adelante la actividad económica que ha planteado y que no ha podido iniciar, atendido que la autoridad respectiva, teniendo como base la normativa que regula la materia, le hace exigencias a las que no ha dado cumplimiento. En consecuencia, las alegaciones no se refieren a la vulneración de la garantía alegada en la persona de la recurrente, sino que de un tercero que no ha recurrido de protección y tampoco se desprende del texto del recurso que la recurrente lo haya deducido por ella y por su arrendatario.

QUINTO: Que la tercera, y última, garantía constitucional invocada es la contemplada en el numeral 24 de la norma constitucional ya indicada, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. En este caso, la recurrente la invoca fundada en la pérdida de la renta que ha dejado de percibir, atendidas las complicaciones de su arrendatario como consecuencia de las exigencias que le impone el recurrido, circunstancia que configura un incumplimiento de contrato, imputable al arrendatario quien no entrega la contraprestación debida, ejerciendo la tenencia del predio arrendado, y que puede exigirse por la vía procesal correspondiente.

SEXTO: Que en definitiva, el recurrido al ejercer las funciones que le corresponden en el ejercicio de su cargo, dando cumplimiento a la normativa que rige la materia de permisos y autorizaciones municipales; al exigir al arrendatario de la recurrente, el cumplimiento de medidas de seguridad, tanto para la actividad que pretende desempeñar como para los vecinos y la comunidad, todo lo cual no ha impedido que los efectos del contrato de arrendamiento suscrito por la recurrente con su arrendatario se cumplan, demuestran que no ha habido vulneración de las garantías constitucionales referidas en los fundamentos precedentes, en relación con los derechos y garantías de la recurrente ni de otras personas por quienes, al parecer, entiende haber ejercido la presente acción.

Y de conformidad a lo expuesto, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y disposiciones del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso interpuesto por doña nombre reservado en contra de don nombre reservado, en su calidad de Director de Obras de la I. Municipalidad de Curacaví.

Redacción de la Abogado Integrante, señora María Eugenia Montt Retamales.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 218 – 2015 – PROT Pronunciada por la Ministra señora Carolina Catepillán Lobos, el Ministro Suplente, señor Cesar Germán Toledo Fuentes y la Abogado Integrante, señora María Eugenia Montt Retamales. No firma la Ministra señora Catepillán, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse ausente.

En San Miguel, ocho de junio del año dos mil quince notifiqué por el estado la resolución precedente.