nombre reservado con SERVICIO DE REGRISTO CIVIL E IDENTIFICACION

San Miguel, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 22 de septiembre de 2022 comparece el abogado Juan Pablo Arriagada Ramos, en representación de don nombre reservado, cedula nacional de identidad RUT reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la decisión de rechazar la solicitud de eliminación de antecedentes penales de su representado, pronunciada a través del ORD. N°7364/1–2022 de 23 de agosto 2022, lo que priva, amenaza o perturba sus derechos fundamentales de igualdad ante la ley; de respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia; y de libertad de trabajo, contenidos en los numerales 2°, 3°, 4° y 16, todos del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Indica que el recurrente, el 1 de julio del 2015, fue condenado en la causa RUC N°1400977289-9, RIT N°10.336-2014 del Juzgado de Garantía de San Bernardo, a una pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, mas multa y accesorias, por su responsabilidad como autor del delito de receptación, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, la que cumplió con una pena sustitutiva de remisión condicional. Dicha condena quedó ejecutoriada en la misma fecha.

Agrega que el 13 de septiembre de 2019, el tribunal dio por cumplida la pena sustitutiva y ordenó la eliminación de dicho antecedente penal, de acuerdo al artículo 38 inciso tercero de la Ley 18.216, orden que fue reiterada a la recurrida el 11 de junio de 2020. Posteriormente, el tribunal pidió cuenta de lo ordenado mediante resoluciones de 04 de julio, 22 de julio, 3 de agosto y 17 de agosto de 2022, esta última bajo apercibimiento de poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público por un eventual delito de desacato.

Señala que el 23 de agosto del 2022 el tribunal recibe finalmente el informe del Servicio de Registro Civil, según ORD. N° 7364/1–2022, en el que se indica que “el 30 de julio de 2015 la presente causa fue eliminada de todos los certificados de antecedentes penales que emite ese servicio, referidos a obtener y/o renovar licencia de conducir, para el ingreso a la administración pública, para finales particulares y fines especiales, conforme a lo señalado en el artículo 38 inciso 1° de la ley 18216. Sin perjuicio de lo anterior, la información de la presente causa se mantendrá en los certificados que se otorguen para ingreso a fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, gendarmería de chile y los que se requieran para su agregación a otro proceso criminal y en el extracto de filiación y antecedentes penales, para poder dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 38 inciso 4° de la ley 18216”.

Explica que al no eliminar de forma definitiva y, por el contrario, informar la recurrida que se mantendrá esta información penal en el extracto de filiación y antecedentes penales del recurrente, se viola lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 38 de la ley 18.216, el que dispone expresamente que “…El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación”.

En este sentido, explica, es el propio legislador quien señala expresamente que el tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva en aplicación de la Ley 18.216, deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación el cual practicará la eliminación y, en ningún caso, el legislador estableció la posibilidad que la eliminación de condenas cumplidas en aplicación de la Ley 18.216, se regule por el Decreto Supremo N° 64 de 1960, ni por el Decreto Ley 645, ni acogiéndose a los beneficios del Decreto ley 409, del año 1932, sino que sólo por lo regulado en el artículo 38 inciso tercero de la referida Ley de cumplimiento alternativo, siendo este último un régimen especial y autónomo al tener hipótesis especiales para su aplicación y dado el impulso judicial que contempla.

Estima que, por lo expuesto, que no corresponde que el recurrido aplique el mecanismo del artículo 21 de la Ley 19.628, ni tampoco el Decreto Ley N° 409 o el Decreto Supremo N°64, como al parecer lo entiende, al verificarse los requisitos legales necesarios para la eliminación administrativa definitiva de la anotación penal, beneficio que a la fecha no se ha concretado.

Sostiene, entonces, que el actuar de la recurrida ha conculcado los derechos fundamentales de su representado, al mantener vigente en forma ilegal y arbitraria una anotación penal en su extracto de filiación y antecedentes, a pesar de existir una orden judicial previa en contrario, lo que afecta su derecho a la igualdad ante la ley, su honra, privacidad y repercute en sus reales posibilidades de reinserción social y laboral.

Solicita, en definitiva, se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida que proceda a eliminar la anotación prontuarial del extracto de filiación y antecedentes penales, en aplicación del inciso tercero del artículo 38 de la Ley 18.216.

Acompaña a su presentación:

1- Extracto de filiación y antecedentes de nombre reservado, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, emitido el 17 de septiembre de 2022, al momento de solicitar la eliminación según el artículo 38 de la Ley 18.216.

2.- Copia de sentencia de 1 de julio del 2015, dictada en causa Ruc N° 1400977289-9 y Rit N°10336-2014, del Juzgado de Garantía de San Bernardo.

3.- Copia de la resolución judicial que da por cumplida la condena de fecha 13 de septiembre del 2019 en causa Ruc N° 1400977289-9 y Rit N°10.336-2014 del Juzgado de Garantía de San Bernardo.

.4.- ORD.N° 7364/1–2022 de 23 de agosto 2022, dictado por el Subdepartamento de Filiación Penal de la oficina de Santiago, emanado del organismo recurrido Servicio de Registro Civil e Identificación.

5. Copia de resoluciones de 16 de junio 2022, 4 julio de 2022, 22 de agosto que informa el desacato, resolución de fecha 17 de agosto 2022, 15 de junio de 2020 y 03 de agosto de 2022.

Segundo: Que informa al tenor del recurso don nombre reservado, Juez del Juzgado de Garantía de San Bernardo, señalando que el 1 de julio del año 2015, en la causa RUC N°1400977289-9, RIT 10.336-2014, el recurrente fue condenado por el delito de receptación de especies, a cumplir una pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, la que fue sustituida por remisión condicional por el plazo de un año, y que en la misma sentencia condenatoria el tribunal ordenó que, en su oportunidad, se diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216. Posteriormente, el 13 de septiembre de 2019, se realizó audiencia de control de ejecución de pena en la que se resolvió tener por cumplida la pena sustitutiva de remisión condicional y oficiar (oficio N°04323-2019) al Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin de dar cumplimiento a la eliminación de las anotaciones surgidas a partir de la sentencia condenatoria dictada en estos autos, con las excepciones legales previstas.

Explica que, luego de varias peticiones de informe y apercibimientos decretados en contra de la recurrida, finalmente el 23 de agosto del año en curso el Subdepartamento de Filiación Penal del Servicio de Registro Civil e Identificación remite ORD.N°7364/1–2022, informando al tribunal al siguiente tenor: “En respuesta a lo solicitado por S.S. mediante la resolución de fecha 17-08-2022, se informa que con fecha 30-07-2015 la presente causa fue eliminada de todos los certificados de antecedentes penales que emite este servicio, referidos a obtener y/o renovar licencia de conducir, para el ingreso a la administración pública, para finales particulares y fines especiales, conforme a lo señalado en el artículo 38 inciso 1° de la ley 18216. Sin perjuicio de lo anterior la información de la presente causa se mantendrá en los certificados que se otorguen para ingreso a fuerzas armadas, de orden y seguridad pública, gendarmería de chile y los que se requieran para su agregación a otro proceso criminal y en el extracto de filiación y antecedentes penales, para poder dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 38 inciso 4° de la ley 18.216.”

Agrega que respecto de este ordinario remitido por el Servicio de Registro Civil, el 26 de agosto de los corrientes se lo tuvo presente y se ordenó ponerlo en conocimiento de la defensa y que, con posterioridad a dicha resolución, no se registran nuevas actuaciones en la causa hasta la fecha del presente recurso.

Tercero: Que informa el recurso doña nombre reservado, Subdirectora Jurídica (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitando el rechazo de esta acción.

Refiere que revisada la base de datos del Registro General de Condenas, el recurrente registra dos anotaciones penales. La primera correspondiente a la causa RUC N°1400977289-9, RIT 10.336-2014, del Juzgado de Garantía de San Bernardo, en la que el recurrente fue condenado por el delito de receptación de especies, a cumplir una pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, la que fue sustituida por remisión condicional por el plazo de un año, la que el 13 de septiembre de 2019 se tuvo por cumplida. Luego, el 30 de julio de 2015 se otorgó el beneficio de omisión de ese antecedente penal en los certificados de antecedentes penales que emite ese servicio, referidos a obtener y/o renovar licencia de conducir, para el ingreso a la administración pública, para finales particulares y fines especiales; todo ello conforme a lo señalado en el artículo 38 inciso 1° de la Ley 18.216.

Agrega que el recurrente registra una segunda anotación penal en la causa RUC 1900466767-3, RIT N°7.626-2019 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la que fue condenado por el delito de hurto simple el 14 de octubre de 2020, a la pena dos años de presidio menor en su grado medio, más multa y con el beneficio de cumplimiento alternativo de reclusión domiciliaria nocturna, la que se tuvo por cumplida por resolución de 10 de mayo de 2022, del referido tribunal. Respecto de esta última condena, el 14 de octubre de 2022 se otorgó el beneficio de omisión de antecedentes penales en certificados para fines particulares y para fines especiales, de acuerdo al artículo 21 de la Ley 19.628.

Explica que en este contexto, al registrar el recurrente dos anotaciones en su prontuario penal, el Servicio se ve impedido de eliminar dichos antecedentes penales, atendido lo dispuesto en la letra g) del artículo 8° del Decreto Supremo 64 de 1960 del Ministerio de Justicia, sobre Prontuarios Penales y Certificados de Antecedentes, el que exige entre otros requisitos para acceder a la eliminación, que sólo se registre una única anotación en el prontuario, lo que no acontece en este caso.

Precisa que si bien es cierto que los artículos 29 inciso 2° y 38 de la Ley 18.216 contemplan en su texto el concepto de eliminación definitiva, esto debe entenderse referido siempre al beneficio de omisión de antecedentes penales, en razón de que el inciso final del artículo 38 ya referido establece ciertas excepciones para este beneficio, las que no se podrían cumplir si se eliminaren inmediatamente las anotaciones luego de concedida una pena sustitutiva. Además, en caso de incumplimiento de una pena de este tipo, su revocación implica la pérdida del beneficio de omisión de la respectiva anotación, con lo cual no se podría rehabilitar esta información para su registro en los certificados que correspondan, en caso de declararse el quebrantamiento de dicha pena. Lo contrario, vulneraría lo establecido en los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo 64 de 1960, normas que establecen expresamente las causales de eliminación de una anotación prontuarial, además de toda la regulación que establece Decreto Ley 409 de 1932.

Manifiesta que así lo ha entendido la Contraloría General de La República en Dictamen 64.821 de 2009 y La Excma. Corte Suprema en fallo Rol 36.689-2017, en relación al alcance y sentido del inciso tercero del artículo 38 de la Ley 18.216.

Sobre esta última norma, arguye que contiene una antinomia entre sus incisos tercero y cuarto, ya que por una parte utiliza la palabra eliminar, mientras que, a renglón seguido, ordena mantener la anotación para informarla en los casos de excepción que contempla el inciso final, obligación esta última que sería imposible de cumplir si se procediera a la eliminación total del registro penal.

Aclara, entonces, que el Servicio ha procedido a omitir las anotaciones penales del recurrido para ciertos certificados mencionados anteriormente, tales como aquellos necesarios para obtener y/o renovar licencia de conducir, para el ingreso a la administración pública, para finales particulares y fines especiales, pero sin perjuicio de mantener dicha información para el registro y certificados que excluye el inciso final del artículo 38 de la Ley 18.216.

Reitera, que ese Servicio se encuentra por Ley impedido de acceder al beneficio de eliminación de antecedentes pedido, atendido que las causales de eliminación de una anotación prontuarial las establecen los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo 64, de 1960, los que se encuentra obligado a cumplir, no existiendo de su parte un actuar ilegal o arbitrario que lesione el derecho de igualdad ante la ley del recurrente, ya que ha obrado de acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo a sus facultades legales en el ámbito de su competencia, respetando el principio de legalidad y juridicidad que rige su actuar.

En consecuencia y habida consideración de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe requerido y tener por rechazado el presente recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Cuarto: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Que, por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en síntesis, la acción constitucional ejercitada por la recurrente se endereza en su pretensión de la eliminación definitiva de sus anotaciones penales conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 38 de la Ley 18.216, de manera tal que su parte quede sin anotaciones en su extracto de filiación y antecedentes.

El recurrido, por su parte, ha solicita el rechazo del recurso de protección argumentando al efecto que lo dispuesto en la citada norma corresponde a una causal de omisión de antecedentes penales, no de eliminación y que, en la especie, el recurrente ya cuenta con el beneficio de omisión en los certificados para fines particulares y para fines especiales en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 19.628.

Sexto: Que, para resolver la presente acción cautelar, es necesario recordar que el artículo 38 de la Ley 18.216 dispone que: “La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto.

Para los efectos previstos en el inciso precedente no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito.

El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación.

Exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal”.

Séptimo: Que, por su parte, es necesario considerar, además, que el Decreto Supremo N° 64 de 1960, del Ministerio de Justicia, que Reglamenta la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones, y el Otorgamiento de Certificados de Antecedentes, dispone en su artículo 1° que el prontuario penal “es un documento público que da fe de la identidad de una persona y de las anotaciones judiciales que registra”.

A su vez, y en lo pertinente al caso sub iudice, el artículo 8° del citado decreto preceptúa: “Se eliminará una anotación prontuarial: (…) g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasidelito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes”. Los incisos tercero y cuarto agregan: “En todos los casos relacionados con las letras f), g) y h) se otorgará el beneficio por resolución fundada, sólo a aquellas personas que acrediten irreprochable conducta anterior, mediante los antecedentes que el Director exija, y siempre que la anotación de que se trate sea la única que exista en el prontuario del interesado.

Sin embargo, transcurridos 20 años o más desde el cumplimiento de la pena el Director del Servicio podrá eliminar de oficio la anotación referente a alguna de las condenas indicadas en las letras f), g) y h) siempre que se cumpla con la última condición indicada en el inciso anterior”.

Por su parte, el artículo 9° de ese mismo cuerpo legal estatuye: “El prontuario penal sólo se eliminará: a) Cuando todas las anotaciones registradas en él se hallen en algunas de las condiciones indicadas en el artículo precedente; b) Cuando el prontuariado sea favorecido con los beneficios del decreto ley 409, de 12 de agosto de 1932; c) Por muerte de la persona prontuariada.

La eliminación se ordenará por resolución fundada del Director General del Servicio y se cumplirá mediante la destrucción material del prontuario”.

Finalmente, el artículo 10 de dicha normativa dispone que: “La eliminación de anotaciones prontuariales y de prontuarios se hará a petición de parte. Sin embargo, si los Tribunales o autoridades pertinentes no hubieren transcrito al Servicio las resoluciones correspondientes, o por cualquiera otra causa no dispusiere de los antecedentes necesarios para efectuar la eliminación el interesado podrá requerirla, acompañando los certificados que la justifiquen, por medio de una solicitud dirigida al Director y presentada en el Gabinete local del lugar de su domicilio”.

Por su parte, y como también lo señala la recurrida, también es pertinente recordar lo previsto en el Decreto Ley 409 de 1932, del Ministerio de Justicia, cuyo artículo 1° dispone: “Toda persona que haya sufrido cualquier clase de condena y reúna las condiciones que señala esta ley, tendrá derecho después de dos años de haber cumplido su pena, si es primera condena, y de cinco años, si ha sido condenado dos o más veces, a que por decreto supremo, de carácter confidencial, se le considere como si nunca hubiere delinquido para todos los efectos legales y administrativos y se le indulten todas las penas accesorias a que estuviere condenado”.

Luego, el artículo 2 prescribe: “Para tener derecho a estos beneficios se requiere que el ex condenado reúna las siguientes condiciones: a) Haber observado muy buena conducta en la prisión o en el lugar en que cumplió su condena, cuando se trate de pena de prisión, presidio, reclusión o relegación; b) Conocer bien un oficio o una profesión; c) Poseer conocimientos mínimos de cuarto año de escuela primaria; d) Haber estado en contacto con el Patronato de Reos durante dos años, por lo menos, si es primera vez condenado, y cinco años si ha sido condenado dos o más veces, y ser recomendado por este organismo”.

Octavo: Que, sobre esta materia, resulta también conveniente revisar la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que, al efecto, ha sostenido: “(…) Que, del examen de las disposiciones legales y reglamentarias transcritas, se hace necesario distinguir para los efectos de la presente acción cautelar, entre dos tópicos fundamentales: (i) la eliminación y la omisión de antecedentes penales; y (ii) el prontuario penal y el certificado de antecedentes.

En cuanto a la primera de las distinciones, la omisión de antecedentes no conlleva la destrucción permanente de las anotaciones prontuariales o del prontuario, sino que opera al momento de solicitar el interesado un certificado de antecedentes penales, y permite que el documento no contenga una o más anotaciones prontuariales, las que seguirán existiendo en el prontuario penal. Por su parte, la eliminación de antecedentes no es definida en el Decreto Supremo N° 64, sino que en el artículo 2 letra h) de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada de las Personas, como “la destrucción de los datos almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello”.

En este sentido, ya sea que la eliminación se refiera a una anotación judicial o a la destrucción íntegra del prontuario, es patente que la acción de eliminar o destruir tiene efectos permanentes en los antecedentes de la persona, puesto que ellos desaparecen. Es preciso subrayar que el D.S. N° 64 emplea indistintamente los términos «destruir», «eliminar» o «borrar», por lo que debe entenderse que su significado y efectos son equivalentes.

En lo relativo a la segunda de las distinciones, el prontuario penal es un documento público que da fe de la identidad de una persona y de sus anotaciones judiciales, mientras que el certificado de antecedentes es un instrumento público que acredita si una persona determinada registra anotaciones judiciales en su prontuario (art. 11 Decreto Supremo N° 64). El legislador distingue entre cuatro tipos de certificados de antecedentes: a) Certificado de antecedentes para conducir vehículos motorizados; b) Certificado de antecedentes para ingresar a la Administración Pública, Municipal, Semifiscal, Instituciones de Administración Autónoma, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Servicios de Prisiones; c) Certificado de antecedentes para fines particulares; y d) Certificado de antecedentes para fines especiales (art. 12 Decreto Supremo N° 64). Este último certificado deberá contener copia íntegra del prontuario penal del solicitante y se otorgará en el evento que leyes especiales o reglamentos exijan que el postulante a algún beneficio que ellos contemplen deba acreditar su conducta anterior (art. 12 letra d) Decreto Supremo N° 64)”.

Agrega el máximo tribunal: “el régimen establecido en el artículo 38 de la Ley N° 18.216 es especial en un doble sentido: a) en primer término, porque sólo resulta procedente respecto de aquellas personas que han sido sometidas a penas sustitutivas y alternativas a una pena privativa de libertad; y b) en segundo lugar, porque a diferencia de las reglas contenidas en el D.L. N° 409 y en el D.S. N° 64, el legislador innovó incorporando a los tribunales ordinarios o especiales con competencia penal, para los efectos de ordenar al Servicio de Registro Civil e Identificación la eliminación o la omisión de antecedentes penales, según corresponda. Lo anterior es relevante, toda vez que en los textos citados se emplean las expresiones “solicitante” e “interesado”, sin incluir como sujeto activo a la judicatura, y sin perjuicio de las actuaciones oficiosas que se encomiendan al servicio en ciertos casos especiales.

Además, la regulación contenida en el artículo 38 de la Ley N° 18.216 es autónoma frente al sistema general de omisión y eliminación de antecedentes, contenido en el Decreto Ley N° 409 y en el Decreto Supremo N° 64, cuestión que se evidencia no sólo por lo expuesto más arriba, sino también porque el procedimiento establecido por el legislador es diferente e incluye, como se dijo, a la judicatura” (Sentencia Excma. Corte Suprema Rol N° 38.690-2019).

Noveno: Que, conforme se viene razonando, el inciso tercero del artículo 38 de la Ley 18.216 opera de manera independiente a los dictados del D.S. 64 y del Decreto Ley 409, y deviene en que no lleva consigo, necesariamente, la destrucción del prontuario, toda vez que la regla contenida en el inciso final de ese primer precepto legal sigue teniendo plena aplicación para los casos allí consignados, en tanto que la “destrucción” material y definitiva del prontuario en los casos a que se refiere el artículo 38 de la Ley 18.216 continúa rigiéndose por los artículos 9 y 10 del D.S. N° 64 de 1960, pero el Servicio de Registro Civil e Identificación está obligado a dar cumplimiento a la orden de eliminación de antecedentes penales que los tribunales con competencia penal le impartan, conforme a la primera de las normas citadas.

Décimo: Que, entonces, la adecuada comprensión de lo dispuesto en precitado artículo 38, evidencia que está dirigido a regular la situación de aquellos condenados que hubiesen cumplido una pena sustitutiva de la Ley 18.216, respecto de quienes procederá la “omisión” (inciso primero) o “eliminación” (inciso tercero) de las anotaciones a que diere origen la respectiva sentencia, a condición de que no hubieren sido condenados antes por crimen o simple delito.

Además, conforme prescriben en forma literal los incisos primero y tercero del artículo 38, el juez de la causa juega un rol en la aplicación de dicha norma, puesto que el efecto que ella prevé opera en la medida que el tribunal correspondiente ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación la eliminación o la omisión de antecedentes penales, según corresponda. Y junto con lo anterior, de acuerdo al inciso final del precepto, no en todos los casos esa eliminación será definitiva, toda vez que en el inciso final se detallan las solicitudes que le hacen excepción, a saber: los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal.

Consecuentemente, al cumplirse la pena sustitutiva por el condenado carente de condenas previas por crimen o simple delito, y previa orden de la judicatura, el Servicio de Registro Civil e Identificación debe gestionar que en sus certificados de antecedentes penales no aparezca ninguna anotación ni registro del contenido de su prontuario penal, con la salvedad de los certificados que le requieran las instituciones aludidas en el acápite inmediatamente anterior, documentos en que su condena va a seguir figurando para esos fines determinados.

Undécimo: Que, conforme fluye de lo ya expuesto, esta Corte no advierte el proceder ilegal o arbitrario que se denuncia en el escrito de protección, tanto porque el Servicio recurrido ya ha procedido a disponer la omisión de las anotaciones penales del actor de los certificados de antecedentes que se expidan –con excepción de aquellos que hubieran de emitirse en los casos previstos en el inciso final del artículo 38 de la Ley 18.216-, como porque, como se ha visto, la supresión de los antecedentes reglada en el inciso tercero del citado artículo 38 solo procede tratándose de “personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito”, circunstancia que no concurre para la segunda condena penal impuesta a nombre reservado, por faltar el presupuesto de carecer de anotaciones penales pretéritas, razón que descarta esa premisa básica del precepto.

Duodécimo: Que, corolario de todo lo expuesto y razonado, al no verificarse los presupuestos de la presente acción, el recurso de protección no podrá prosperar.

Y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Ignacio Castillo Val.

N°21.567-2022 Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señora Ma. Carolina Catepillán Lobos, Fiscal Judicial señor nombre reservado y abogado integrante señor Ignacio Castillo Val. No firman la ministro señora Catepillán y el abogado integrante señor Castillo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausentes.