nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP. BARROS LUCO TRUDEAU

San Miguel, quince diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, enfermero, y el Hospital Barros Luco Trudeau, representado por su Directora, doña nombre reservado, médico cirujano, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, con motivo de su destinación a un trabajo diferente al habitual luego de denunciar un abuso sexual, acto que estima arbitrario, ilegal y constitutivo de infracción a las garantías constitucionales aseguradas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que desde julio de 2016 se ha desempeñado como enfermera clínica en el Hospital Barros Luco Trudeau en distintas áreas y desde 2018 como enfermera encarga del servicio de Otorrinolaringología-Oftalmología, teniendo siempre excelentes calificaciones.

Expresa que durante el año 2022 fue víctima de acoso sexual por parte de una funcionaria del servicio, que el 21 de diciembre de ese año denunció el hecho a su jefe directo, el recurrido nombre reservado, quien lejos de adoptar alguna medida en su protección le manifestó que debía “entender a la funcionaria”. Indica que en enero de 2023 reiteró su denuncia recibiendo solo cuestionamientos por parte de su jefatura; y que, debido a una violación del secreto del sumario, el 13 de marzo fue increpada por una dirigente gremial, hecho que motivó, sin justificación razonable que fuera sacada de la unidad en que presta servicios hace más de cinco años.

Denuncia que ha existido un retraso considerable en la tramitación de la investigación sumaria, así como una negativa injustificada para regresarla al servicio de Otorrinolaringología-Oftalmología, materializada mediante respuesta dada por el recurrido el 25 de mayo pasado.

Argumenta que la decisión de separarla de sus funciones habituales y negarle su reintegro resulta infundada y arbitraria, afectado su garantía de igualdad ante la ley al demorar en forma excesiva el plazo de tramitación de la investigación sumaria y, con ello, impedido la adopción de medidas que permita la restitución de sus funciones, así como su derecho a la integridad psíquica, dado que los hechos le han generado afectación a su salud mental, con sintomatología propia de hostigamiento, ansiedad y dificultad para conciliar el sueño.

Solicita se acoja el recurso y ordene al recurrido, nombre reservado, adoptar las medidas necesarias para la protección de su persona en el desarrollo de sus actividades profesionales, incluyendo su retorno al servicio de Otorrinolaringología-Oftalmología y la destinación de la funcionaria denunciada a otra unidad y al Hospital Barros Luco Trudeau, adoptar las medidas necesarias para la agilización del procedimiento administrativo.

Claudio Gómez Silva, abogado, por la recurrida Hospital Barros Luco Trudeau, evacúa informe, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas.

Indica que efectivamente la recurrente presta servicios como enfermera en el Hospital Barros Luco Trudeau desde el año 2016, que entre el año 2018 y marzo de 2023 se desempeñó en el servicio de Otorrinolaringología-Oftalmología y que actualmente se encuentra destinada al servicio de neurocirugía.

Refiere que luego de la denuncia por acoso sexual, presentada formalmente por la recurrente el 3 de febrero del año en curso, mediante Resolución Exenta 422 de 23 de febrero de 2023, se inició una investigación sumaría a efectos de comprobar la ocurrencia de los hechos denunciados y, en su caso, las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas.

Agrega que, en forma paralela, luego de reuniones entre las jefaturas y la recurrente y con el fin de intentar solucionar o actuar de la mejor manera frente al hecho denunciado, en marzo de 2023 se acordó con la recurrente su traslado a la especialidad de neurocirugía, dentro del Servicio de Especialidades. Aclara que dicho servicio se encuentra conformados por seis servicios clínicos, siendo facultad del Servicio destinar a los funcionarios que forman partes del mismos a las distintas unidades clínicas, según las necesidades. Añade que, en mayo de 2023, y luego que retornará de una licencia médica, la funcionaria denunciada fue destinada al servicio Médico Quirúrgico.

Argumenta que la acción resulta improcedente, toda vez que el supuesto acto denunciado como arbitrario o ilegal se enmarca en un proceso disciplinario administrativo reglado por los artículos 119 y siguientes del Estatuto Administrativo, con todas las garantías de un debido proceso, incluso el derecho a impugnar la decisión que en definitiva de adopte.

Del mismo modo, manifiesta que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal, desde que la propia funcionaria estuvo de acuerdo con el cambio de funciones, y la misma medida fue aplicada respecto de la otra funcionaria involucrada.

Añade que el proceso administrativo se encuentra en etapa administrativa.

Por su parte, el recurrido nombre reservado informa en los mismos términos que el Hospital Barros Luco Trudeau.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que la recurrente refiere que se han amagado los derechos garantizados en los numerales 19 N°1 y N°2 del artículo 19 de la Carta fundamental, esto es, la integridad psíquica y física, y la igual ante la ley.

Tercero: Que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la acción u omisión es ilegal si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por él (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

Por su parte, la arbitrariedad significa injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (Cea Egaña, Derecho constitucional chileno, tomo II, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2004, p. 633), y ausencia de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho constitucional, tomo I, Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2002, p. 339).

Cuarto: Que los actos que se tildan de ilegales y arbitrarios dicen relación con que la recurrente habría sido destinada a otro servicio sin justificación razonable y el retraso significativo en la investigación sumaria sobre la denuncia de acoso sexual formulada por la misma.

Quinto: Que, del mérito de los antecedentes, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica es posible tener por cierto lo que sigue:

1. La recurrente se desempeñó entre los años 2016 y 2017 en el Servicio de Neurocirugía y Traumatología. Desde el año 2018 hasta marzo de 2023 cumplió funciones en el Servicio de Otorrinolaringología- Oftalmología, 2. El 3 de febrero de 2023, la recurrente denunció formalmente hechos que serían constitutivos de “acoso sexual”, iniciándose el 23 del mismo mes y año una investigación sumaria.

3. En marzo de 2023 fue destinada al servicio de Neurocirugía.

Sexto: Que la decisión de trasladar a la funcionaria recurrente a otro servicio, no aparece desprovista de racionalidad ni fruto del mero capricho del hospital recurrido, desde que fue consecuencia de la denuncia de acoso sexual efectuada en contra de una funcionaria que trabajaba en el mismo servicio, por lo que resulta atendible la decisión de separar a ambas funcionarias en aras a proteger a la denunciante, mientras se sustancia el sumario administrativo.

Con todo, el artículo 36 del DFL N° 01 del año 2005 del Ministerio de Salud prescribe: En el Director estarán radicadas las funciones de dirección, organización y administración del correspondiente Establecimiento y en especial tendrá las siguientes atribuciones: c) Organizar internamente el Establecimiento y asignar las tareas correspondientes, conforme al presente Libro, el Código Sanitario y las demás normativas vigentes; y en su letra f) Ejercer las funciones de administración del personal destinado al Establecimiento, en tanto correspondan al ámbito del mismo, en materia de suplencias, capacitación, calificaciones, jornadas de trabajo, comisiones de servicio, cometidos funcionarios, reconocimiento de remuneraciones, incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son concedidas por el Director del Servicio, feriados, permisos, licencias médicas, prestaciones sociales, responsabilidad administrativa y demás que establezca el reglamento. Respecto del personal a contrata y al contratado sobre la base de honorarios, el Director del Establecimiento ejercerá las funciones propias de un jefe superior de servicio.

De dicho precepto, se sigue que el cambio de funciones fue realizado en el ejercicio de una atribución que posee la jefatura, quien debe velar por un eficiente y eficaz desempeño del personal a su cargo.

Séptimo: Que en lo relativo a la tardanza en la tramitación del sumario administrativo que a través del presente arbitrio se denuncia, aparece que éste se inició mediante resolución exenta de 23 de febrero pasado y que actualmente se encuentra en etapa de cierre y será oportunamente notificado a las partes, por lo que no se avizora la tardanza que acusa la recurrente.

Octavo: Que conforme a lo que se viene razonando, no es posible concluir que los recurridos haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario, imponiéndose el rechazo de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de nombre reservado y el Hospital Barros Luco Trudeau, representado por su Directora, nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° 2146-2023 Protección.

Redactó la ministra Claudia Lazen M. Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora María Catalina González Torres y señora Claudia Lazen Manzur y Abogado Integrante señor Carlos Urquieta Salazar. No firma la Ministra señora González, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.