Protección contra Municipalidad de La Pintada

San Miguel, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Óscar Olivares Jatib, abogado, en representación de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), quien deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado y en contra de la Municipalidad de La Pintada, representada por su alcaldesa, doña Claudia Pizarro Peña por actos que estima vulneran las garantías constitucionales establecidas en los artículos 19 Nº 1, 2, 9 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que la afectada es funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de La Pintana, perteneciente al estamento C, técnico de nivel superior de la dotación de salud, ejerciendo funciones en el Cesfam Flor Fernández de esa comuna.

Refiere que debido a una serie de patologías que fue desarrollando en el transcurso del tiempo (HTA, diabetes mellitus tipo 2, mieloma múltiple y hemodialisis) llegó a un punto en que su salud le impidió continuar trabajando.

Por dicha razón, luego de pasar por todos los protocolos normativos, los médicos de la Comisión Médica Central le declararon un menoscabo en su capacidad de trabajo de un 80% (igual o mayor a 2/3) por aquejarle una insuficiencia renal crónica en hemodialisis trisemanal y acordaron otorgarle una pensión de invalidez definitiva total a contar de 27 de febrero de 2020, dictamen que se encuentra ejecutoriado desde 25 de julio de 2020.

Afirma que por disposición reglamentaria contenida en el artículo 31 del Decreto Nº 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que aprobó el reglamento del Decreto Ley Nº 3500, la pensión de invalidez otorgada se devengará a contar del día siguiente en que se dé término al beneficio contemplado en el artículo 149 de la Ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y que consiste en que la funcionaria deberá retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notificó la resolución por la cual se declara su irrecuperabilidad, teniendo derecho a continuar percibiendo todas las remuneraciones asociadas a su cargo durante el referido plazo de seis meses, sin estar obligada a trabajar.

Aduce que, pese a las innumerables solicitudes efectuadas a la entidad recurrida desde que quedó ejecutoriado el dictamen de invalidez por parte de la afectada, el 8 de mayo pasado, en dependencias del Departamento de Salud, se le informó verbalmente que no le podían otorgar el beneficio contenido en el artículo 149 de la Ley 18.883.

Estima que aquella es una decisión absolutamente arbitraria e ilegal, que carece de razonabilidad y fundamentación lógica, ya que por mero capricho no solo se le priva ejercer los derechos que le confiere la ley, sino que se le ha arrastrado a enfrentar el rechazo de sus licencias médicas, lo que conlleva que todos los meses deba apelarlas y exponerse a contagio de COVID-19, pese a su delicada condición de salud, a lo que se suma que se le impide activar su pensión y comenzar a disfrutar de su retiro.

Agrega que la situación fue expuesta por última vez a la Alcadesa doña Claudia Pizarro Peña el 1 de abril de este año, pero no hubo pronunciamiento formal de su parte, y que por esta razón, el día 8 de mayo pasado concurrió a dependencias del Departamento de Salud donde le informaron que nada podía hacer a su favor.

Sostiene que este actuar ilegal y arbitrario vulnera severamente el derecho a la vida y a la salud con el consecuente daño emocional, agravando su ya delicada condición de salud. Asimismo, violenta su derecho a la igualdad ante la ley, puesto que habiendo cumplido con todos los requisitos legales que hacen procedente el término de sus funciones en la dotación municipal, la entidad recurria no le ha puesto término a sus servicios, prestándole un trato desigual y discriminatorio. Finalmente, que atenta contra su derecho a la protección de la salud y su derecho de propiedad, puesto que el beneficio de recibir remuneraciones durante 6 meses contados desde la notificación de la resolución que declare irrecuperable su salud se encuentra incorporado en su patrimonio.

Pide, en definitiva, que acogiendo el presente recurso, se ordene a la recurrida el cese de su comportamiento antijurídico y arbitrario, decretando las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada y específicamente que le otorgue de inmediato y sin más trámite el beneficio previsto en el citado artículo 149 del Estatuto Municipal, con costas.

Segundo: Que, don nombre reservado, informando al tenor del recurso en representación de la recurrida, solicita el rechazo de la acción interpuesta, con costas.

Primeramente, reconoce que es efectivo que la señora nombre reservado, es funcionaria dependiente del Departamento de Salud de la Municipalidad de la Pintana, en virtud de una relación contractual de carácter indefinido con esta Municipalidad desde el 31 de enero del año 2005. Asimismo, que mediante informe emanado de la Comisión Médica de la Región Metropolitana Santiago Sur de la Superintendencia de Pensiones, contenido en dictamen N° NUM000 de 25 de julio de 2020, fue declarada su invalidez definitiva total por padecer de un menoscabo de su capacidad de trabajo correspondiente al 80%, encontrándose ejecutoriado dicho dictamen el día 25 de julio de 2020.

Luego, sostiene que su representada recién tomó conocimiento de dicho dictamen el 3 de diciembre del año 2020, cuando la señora nombre reservado entregó copia al área de Recursos Humanos del Departamento de Salud de la Municipalidad del dictamen citado, y por lo tanto, a partir de dicha fecha comenzó a regir lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 149 de la ley N° 18.883, esto es, que la funcionaria no estaba obligada a trabajar y que el municipio debía pagar su remuneración integra, lo que hasta la fecha se ha producido.

En efecto, aduce que, tras haberse cumplido el plazo legal de los seis meses, el Municipio, mediante el decreto N° NUM001 de fecha 7 de junio de 2021, declaró la vacancia por cesación del cargo desempeñado por doña nombre reservado, a contar del 3 de junio del año 2021.

De modo tal, es que asevera que no es efectivo que se hayan afectado las garantías que señala el recurrente, pues su representada se notificó tácitamente con fecha 3 de diciembre de 2020 de la resolución de irrecuperabilidad de la afectada y desde esa fehca ha continuado pagándole la remuneración íntegra, pese a que la funcionaria no ha prestado servicios, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 149 de la ley N° 18.883.

Tercero: Que para dilucidar el asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Que de lo anterior, se desprende que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario- producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías- preexistentes-protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que concurra uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a ala vez, confluyendo en algún caso específico.

Cuarto: Que, en el presente caso, ha recurrido en busca de amparo constitucional doña nombre reservado, funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de La Pintana, perteneciente al estamento C Técnico de Nivel Superior de la dotación de salud, ejerciendo funciones en el Cesfam Flor Fernández de esa comuna, contra dicha Municipalidad representada por su Alcaldesa doña Claudia Pizarro Peña, por actos que estima vulneratorios a las garantías del artículo 19 n° 1,2,9 y 24 de la Constitución Política. Dice que debido a una serie de patologías que fue desarrollando en el tiempo, como HTA, diabetes tipo II, mieloma múltiple y hemodialitis, llegó a un punto en que su salud le impidió seguir trabajando, y la Comisión Médica Central le declaró un menoscabo en su capacidad de trabajo de un ochenta por ciento y le dieron una pensión de invalidez definitiva a contar del 27 de febrero de 2020, quedando ello ejecutoriado desde el 25 de julio del mismo año. Dice que conforme al artículo 31 del Decreto 57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que aprobó el reglamento del Decreto Ley 3500, su pensión de invalidez se devengará a contar del día siguiente en que se dé término al beneficio que contempla el artículo 149 de la Ley 18.883, y que consiste en la funcionaria deberá retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que le notificó la resolución por la cual se declara su irrecuperabilidad, teniendo derecho a continuar percibiendo todas sus remuneraciones asociadas a su cargo durante el referido plazo de seis meses, sin estar obligada a trabajar. Dice la recurrente que pese a sus solicitudes efectuadas a la recurrida desde que quedó ejecutoriado el dictamen de invalidez, el 8 de mayo de 2020, en dependencias del Departamento de Salud se le informó verbalmente que no le podían otorgar el beneficio contenido en el artículo 149 de la Ley 187.883.- Es respecto a esta última decisión que recurre de protección porque la estima absolutamente arbitraria e ilegal, que carece de razonabilidad y fundamentación lógica, ya que por un mero capricho se le priva de ejercer los derechos que le confiere la ley, y ello ha arrastrado el rechazo a sus licencias médicas por lo que todos los meses debe apelar y exponerse al contagio del Covid-19, pese a su delicada condición médica, a lo que se suma que se le impide activar su pensión y comenzar a disfrutar de su retiro. Señala que esta situación le fue expuesta por última vez a la Alcaldesa el 1° de abril de 2021 pero no obtuvo pronunciamiento por lo que concurrió a las dependencias del departamento de Salud donde le informaron que nada podían hacer a su favor.

Pide, en definitiva, la recurrente, que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida el cese de su comportamiento antijurídico y arbitrario, decretándose las providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a la afectada y se le otorgue de inmediato y sin más trámite el beneficio previsto en el artículo 149 del Estatuto Municipal.

Quinto: Que la Ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, en su título VI, contempla un procedimiento especial respecto a la cesación de funciones de estos funcionarios, y específicamente en el artículo 144 letra c) por la declaración de vacancia, lo que debe relacionarse con el artículo 149 que señala textualmente: " Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario éste deberá retirarse de la Municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que será, de cargo de la Municipalidad. "(sic)".

Sexto: Que, en consecuencia, como la recurrente lo que pretende es que esta Corte le otorgue de inmediato y sin más trámite el beneficio económico contemplado en el artículo 149 de la Ley 18.883, cabe señalar que ello no tan solo resulta imposible sino que improcedente, toda vez que tal beneficio está regulado por la propia administración, y si bien es cierto que la interposición del recurso de protección es sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer, no lo es menos que, al contemplarse otras vías o procedimientos que sirven de resguardo de los derechos de los afectados, debe preferirse a éstos, dado el carácter excepcional de la acción cautelar.

Por lo demás, los antecedentes expuestos en autos revelan que el conflicto de que se trata excede los márgenes de la acción cautelar.

Séptimo: Que, por consiguiente, no resultando el presente arbitrio ser la vía idónea para discutir lo propuesto atendida la naturaleza cautelar de la acción de que se trata, la misma será rechazada, no siendo, por ende, necesario que se emita pronunciamiento respeto de las garantías denunciadas.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida por el Abogado Oscar Olivares Jatib, en representación de CONFUSAM, EN FAVOR DE DOÑA nombre reservado, en contra de la Ilustre municipalidad de la Pintana, sin costas.

Regístrese y archívese, oportunamente.

Redacción del Ministro sr. Luis Sepúlveda Coronado.

Rol N° 2144-2021-Prot.

Pronunciada por la Sexta Sala Zoom de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros Sra. María Teresa Díaz Zamora, Sr. Luis Sepúlveda Coronado y Fiscal Judicial Sra. nombre reservado.