nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

San Miguel, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos:

El 15 de septiembre del año en curso, comparece don nombre reservado, enfermero, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, representada por su Alcaldesa Javiera Paz Reyes Jara, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haberlo desvinculado de sus funciones laborales de enfermero en SAR Julio Acuña Pinzón de la Comuna de Lo Espejo, privándolo de sus remuneraciones de forma arbitraria e ilegal, vulnerando así los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 n° 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se adopte de inmediato y en forma urgente las providencias que pide, o las que la Corte juzgue necesarias, para restablecer el imperio del Derecho y asegurar su debida protección.

Indica que en marzo del año 2021 fue contratado a honorarios para cumplir funciones de enfermero en el SAR Julio Acuña Pinzón de la comuna de Lo Espejo, dependiente de la corporación municipal de la misma comuna. Informa que el 28 de mayo pasado, mientras se encontraba ejerciendo sus funciones como jefe de turno en SAR Julio Acuña Pinzón, el enfermero nombre reservado le señaló que una persona se encontraba en la sala de espera gritando, dirigiéndose hasta el lugar verificando que se trataba de un paciente policonsultante, quien además estaba en situación de calle, dormía en la sala de espera y que la noche anterior había consultado en el servicio por mantener dificultad respiratoria, oportunidad en la que el médico tratante le prescribió medicamentos a fin de estabilizarlo y lo derivó al hospital para su tratamiento, lo que no se realizó, por lo que al tomar el turno ese día 28 de mayo, se le envió inmediatamente al hospital. Por esta razón, al verlo ese mismo día en la tarde en la sala de espera del SAR, le consultó por qué se había venido del hospital no obteniendo respuesta; inmediatamente se colocó a su lado y le realizó estímulo doloroso (sic) a lo que respondió en forma jadeante, ante lo cual realizaron el procedimiento, gestiones y actos que detalla, tanto él como el equipo del servicio, incluido el médico, pero el paciente falleció sin causa exacta, informando a sus familiares y autoridades competentes de lo ocurrido.

Agrega que el 30 de junio recibió un mensaje vía whatsapp por parte de la directora del CESFAM, Sra. nombre reservado, quien le solicitó que tomara contacto vía telefónica con ella y en esa conversación le comunicó que estaba suspendido de sus funciones ya que se encontraba “bajo sumario administrativo”. Consultándole las causas, le respondió que no le podía decir nada hasta que lo llamaran a declarar y no debía presentarse a su turno ese mismo día. Fue por ello que solicitó vía WhatsApp y correo electrónico que se le remitieran los antecedentes por escrito, cuestión que no sucedió. Con posterioridad le indicaron que le asignarían nuevas funciones y que debía esperar futuras indicaciones al respecto. El 20 de julio, fecha en la que debían pagarse sus honorarios, no los recibió y al consultar al respecto, le manifestaron que debía esperar nuevas instrucciones. Asimismo, el 20 de agosto, fecha en la que debían realizar el pago de sus honorarios, nuevamente no los recibió, por lo que intentó contactarse con profesionales de la Municipalidad para indagar la razón, lo que no logró. Ante la incertidumbre y compleja situación decidió averiguar con una persona conocida que trabaja en la I. Municipalidad de Lo Espejo y ella, extraoficialmente, le advirtió que no había intenciones de pagarle ni de reasignarle otras funciones, porque iban a instruir un sumario en su contra. Expone que hasta la fecha de la presentación del recurso de protección no le han sido entregados ningún tipo de antecedentes por escrito sobre su situación laboral, no tiene conocimiento sobre la causa por la cual es investigado y que derivó en la desvinculación de sus funciones laborales, presumiendo que se debe a los hechos descritos con anterioridad relativos a la atención y posterior fallecimiento del usuario. Sobre este punto, explica que la mayoría de los funcionarios le aseguraron que otra empleada técnica, doña nombre reservado, habría presentado una carta solicitando que se ejercieran acciones en su contra, fundada en que no se le habría realizado reanimación al paciente, pero insiste en que no tiene conocimiento del decreto que ordenó instruir el sumario en su contra.

Señala que es ilegal el actuar de la recurrida, por cuanto vulneraría la Ley N° 18.834, la que en su artículo 119, inciso 2°, establece que el funcionario incurrirá en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones sea susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo; a su vez, el artículo 124, inciso 1°, expresa: “La suspensión consiste en la privación temporal del empleo con goce de un cincuenta a un setenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo”, y el artículo 126, del mismo precepto legal establece que si el jefe superior de la institución estima que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, se debe ordenar mediante resolución la instrucción de una investigación sumaria, la que tiene por objeto verificar la existencia de los hechos, la individualización de los responsables y su participación, debiendo notificarse personalmente al funcionario, cuestión que en la especie no ha sucedido. Por lo tanto, en concepto del recurrente, la ilegalidad del actuar de la recurrida se concreta en que no se procedió a la investigación sumaria con arreglo a la ley, privándolo de su trabajo de manera arbitraria. En segundo lugar, privándosele de sus remuneraciones, y no solo de un porcentaje; en tercer lugar, a la fecha de la presentación del recurso, no existe resolución que instruya investigación sumaria en su contra; y, por último, no se le ha notificado personalmente de ninguna providencia de la supuesta investigación sumaria, lo que es atentatorio contra las normas de orden público relativas a la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y, del mismo modo, los actos cometidos por la recurrida vulneran su integridad psíquica, ya que se encuentra en un estado de incertidumbre respecto a sus ingresos y sustento de vida.

Agrega que el actuar de la recurrida también es arbitrario, ya que sin fundamento ni justificación alguna le ha privado de recibir sus remuneraciones, sin resolución administrativa fundada que lo disponga.

Pide, que se adopten de inmediato las providencias necesarias para permitir el pronto restablecimiento de sus derechos conculcados, ordenando, se le reincorpore a sus funciones de enfermero en el SAR Julio Acuña Pinzón de la Comuna de Lo Espejo y que se le paguen las remuneraciones adeudadas hasta la fecha.

Informa doña nombre reservado, abogada, por la parte recurrida, solicitando el completo rechazo del recurso, con expresa condena en costas, señalando que no son efectivos los hechos expuestos por la parte recurrente y que el único sustento que refuerza sus alegaciones lo constituyen averiguaciones que hizo “con una conocida que trabaja en la Municipalidad de Lo Espejo y ella, extraoficialmente, le advirtió que no había intenciones de pagarme y de reasignarme a otras funciones porque iba a proceder un sumario en mi contra.”

Respecto del contrato a honorarios, suscrito el 3 de enero de 2022, (que tiene su origen en el Decreto Alcaldicio N° 727, de fecha 14 de marzo del año 2022) y hasta el 31 de diciembre de este año, indica que está vigente y que no es efectivo que se haya desvinculado al recurrente de sus funciones.

En segundo lugar, en lo tocante al no pago de sus remuneraciones señala que ello tampoco es efectivo, puesto que la naturaleza jurídica del vínculo que une al recurrente con la parte recurrida es civil y no laboral; es decir, se sustenta en un contrato a honorarios y no en un contrato de trabajo, afirmando que el recurrente no es titular de una remuneración en los términos del Código del Trabajo, sino de honorarios que son pagados mes a mes en razón de las horas efectivamente prestadas en el centro de salud respectivo. Así, el vínculo contractual del recurrente no se rige por las normas contempladas en el Código del Trabajo sino que por lo establecido en el artículo 4° de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y, de manera supletoria, por la Ley N° 19.378, sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y no existe obligación expresa de asignar horas de trabajo de manera constante.

En tercer lugar, hace presente que se le asignó al recurrente rotativas de turnos calendarizados (sic), tal y como consta en los correos electrónicos que se acompañan, detallando que el 6 de septiembre pasado el recurrente no se presentó a sus funciones y el 27 del mismo mes se informó su inasistencia a los turnos en SAPU. En consecuencia, ha sido el recurrente quién no se ha presentado a prestar servicios en las fechas acordadas, debido a lo cual no se le han asignado más horas de servicio dentro de este último tiempo, por lo tanto, la obligación de la I.Municipalidad de Lo Espejo es pagar los honorarios que correspondan a los servicios efectivamente ejecutados, la que se ha cumplido a cabalidad e íntegramente, según documentos que se acompañan en el segundo otrosí.

En cuarto lugar, sobre el inicio de un sumario administrativo, indica que, según consta de los documentos acompañados en el segundo otrosí, a través del Decreto Alcaldicio N° 2401, de 30 de junio del año en curso, se ordenó instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades administrativas, por los hechos informados en los Memorándums N° 100/1215/2022, de 22 de junio de 2022 y N° 1798/2022 del Departamento de Salud, de 9 de junio de 2022, procedimiento sumarial que se encuentra regido por distintos principios establecidos en la Ley N° 18.883, dentro de los cuales destaca el denominado “Secreto del Sumario” el que se encuentra regulado en el inciso 2° del artículo 135 del cuerpo legal antes citado en los siguientes términos: “El sumario será secreto hasta la fecha de formulación de cargos, oportunidad en la cual dejará de serlo para el inculpado y para el abogado que asumiere su defensa”. Añade que a la fecha de la presentación de este informe no se han formulado cargos, encontrándose en etapa de investigación, con carácter reservado, a fin de determinar responsabilidades de distintos funcionarios que cumplían sus funciones en el SAR del CESFAM Dr. Julio Acuña Pinzón, el 28 de mayo del año presente. Refiere que, en su concepto, el recurrente busca cuestionar el procedimiento sancionatorio, infringiendo su carácter reservado, y remitiéndose a una supuesta “omisión” de diligencia en el marco de notificación del procedimiento, que no es procedente en la etapa que se encuentra, ya que está en su etapa indagatoria, teniendo por objeto verificar la existencia de los hechos, la individualización de los responsables y su participación, si los hubiese, y las notificaciones pertinentes serán practicadas acorde a lo establecido al artículo 124, inciso 2 de la Ley 18.883, correspondiendo al Fiscal Sumariante investigar y determinar responsabilidades en su oportunidad de acuerdo a lo establecido en la ley antes mencionada.

Pide, rechazar el recurso de protección interpuesto por no haber incurrido la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo en algún acto ilegal o arbitrario que haya ocasionado privación, perturbación o vulneración de los derechos y garantías fundamentales, especialmente aquellas contenidas en el artículo 19° N° 1°, 2°, 3° inciso cuarto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° de la Constitución.

La parte recurrente, a propósito del informe de la recurrida, presentó un escrito por el cual expresa que no es efectivo que el contrato de honorarios hubiese comenzado el 3 de enero del 2022, sino que lo fue en marzo del año 2021; insiste que en la especie existe una relación laboral y no un vínculo de naturaleza civil como señala la Municipalidad de Lo Espejo; y reitera que la recurrida no ha justificado suficientemente el hecho de que sin aviso de ningún tipo y sólo mediante correo electrónico que se acompañó al cuerpo del recurso, se informó de manera arbitraria que sería suspendido de sus funciones por existir una denuncia en su contra.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que deben tener el carácter de indubitados, mediante la adopción de medidas de resguardo que la Corte se encuentre en condiciones de disponer, ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

Segundo: Que, en consecuencia, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado precedentemente.

Tercero: Que, además, la presente acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el n°1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria e ilegal de que se trate, dentro del plazo fatal de treinta días, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

Cuarto: Que según lo ha reconocido el propio recurrente, el 30 de junio último habría tomado conocimiento de la suspensión de funciones y de la instrucción de un sumario administrativo en su contra, razones por las cuales no habría percibido ingresos en los meses de junio y julio del año en curso. De lo expuesto, es dable advertir que el acto por el cual se recurre habría acontecido con mucha anterioridad a los treinta días que exige el Auto Acordado para la interposición del presente arbitrio, que se presentó el 15 de septiembre pasado, por lo que resulta extemporáneo.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, y en lo que dice relación con el fondo del recurso, cabe considerar que tampoco puede prosperar en razón que no le asiste al recurrente un derecho indubitado que se deba proteger por esta vía; al contrario, se encuentra discutida la naturaleza del vínculo habido entre las partes, si acaso de carácter civil o laboral, lo que debe ser dilucidado en la sede competente, a través del procedimiento que señala la ley. La presente vía no es la idónea para realizar declaraciones ni reconocimiento de derechos en favor de la recurrente, ya que tal actividad excede de los márgenes de este procedimiento.

Sexto: Que, por las razones antes dadas, este arbitrio debe ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, representada por su Alcaldesa Javiera Paz Reyes Jara.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad si no se apelare.

Redacción de la ministra Sylvia Pizarro Barahona.

N° 21.430-2022 Protección.

Pronunciada por las ministras Sylvia Pizarro Barahona, Liliana Mera Muñoz y María Alejandra Rojas Contreras.