COMPAÑIA INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL LIMITADA CONTRA SERVIU METROPOLITANO

77/setenta y siete En Santiago a once de octubre de dos mil dieciséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que a fojas 23, COMPAÑÍA INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTA DEL SOL LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, a través de su mandatario judicial, don nombre reservado, Abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, recurre de protección en contra del SERVIU METROPOLITANO, persona jurídica de derecho público, representada por su Director, don nombre reservado, geógrafo, los dos con domicilio en domicilio reservado, a fin de que esta Corte ordene “modificar la Resolución Exenta N° 6776 de fecha 19 de diciembre de 2013, en el sentido de señalar la cantidad real de metros expropiados, es decir, 8.824”, también que ordene “consignar en la cuenta corriente de este Iltmo. Tribunal la suma que corresponde a la cantidad de 2.435 metros cuadrados, calculados sobre el valor de tasación de la Comisión de Peritos, debidamente reajustados”, además de condenar a la entidad recurrida al pago de las costas del presente recurso. Todo ello ante el actuar, que califica de irregular, de la entidad recurrida con motivo del acto expropiatorio del predio de la recurrente, concretamente con la “toma de posesión material del inmueble ordenada por la expropiación total de un inmueble que sólo lo ampara por 6.839 metros cuadrados cuando en realidad el inmueble tiene 8.824 metros cuadrados”, con lo que se vulnera el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que por Resolución Exenta N° 6776 de 19 de diciembre de 2013, el Serviu Metropolitano ordenó la expropiación total del inmueble ubicado en domicilio reservado, de propiedad de Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol, de una superficie según indica el acto expropiatorio de 6.389 metros cuadrados.

Añade que la entidad expropiante consignó en la causa V-20-2014 del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, la indemnización provisoriamente determinada por la Comisión de Peritos designada al efecto.

Indica el compareciente, que al ser consultado por la empresa, tras el análisis de los antecedentes, verificó que el Serviu incurrió en un grave error al dictar el acto expropiatorio, pues el predio afectado tiene una superficie total de 8.824 metros cuadrados, en tanto que la entidad expropiante consignó el monto correspondiente a 6.389 metros cuadrados, de modo que no ha pagado la indemnización correspondiente a 2.435 metros cuadrados.

Refiere que ante ello, con fecha 16 de mayo de este año, explicó la anomalía antes indicada a la entidad expropiante, solicitando el pago de la superficie no indemnizada. Sin embargo, con fecha 30 de mayo último, se le respondió que consultada EFE, empresa para quien se expropia, les indicó que no tienen considerado solicitar la expropiación de la parte del terreno no expropiado, ya que no se requiere para el proyecto.

Estima que dicha respuesta, comunicada por correo electrónico, es impresentable y demuestra un manifiesto desconocimiento de lo acontecido en el proceso expropiatorio de que se trata, además de ser contradictorio con lo que se le informó verbalmente, ya que el acto administrativo ordena la expropiación “total” del predio y no parcial como se le indicó. De lo que colige que la recurrente ha sido despojada del dominio del inmueble, vulnerándose el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Adiciona que el título de dominio de su representada, expresamente consigna que el inmueble al que se refiere, tiene una superficie aproximada de 8.824 metros cuadrados, lo que estaría ratificado por el certificado de avalúo del Servicio de Impuestos Internos.

Esgrime que a través del proceso expropiatorio en cuestión, que como se ha dicho califica de irregular, la entidad expropiante “desea enriquecerse sin causa justificada y apropiarse indebidamente de 2.435 metros cuadrados de terreno, pues Serviu Metropolitano, no tiene acto administrativo alguno que los ampare”, debiendo en consecuencia esta Corte ordenar el restablecimiento del imperio del derecho.

Continúa señalando que para la procedencia de esta acción cautelar, “es necesaria la existencia de un acto arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace alguna de las garantías constitucionales que la Carta Política señala en el artículo 20. En el caso de autos, el suscrito (recurrente) al concurrir al Serviu Metropolitano, le fue reconocida la existencia de un error y que se harían las gestiones necesarias para los efectos de obtener el pago de los metros cuadrados de terreno no considerados en la resolución expropiatoria, puesto que efectivamente se había expropiado de manera total un inmueble pero por un error el informe de tasación y posteriormente el acto administrativo sólo había considerado 6.389 metros cuadrados; sin embargo de manera posterior y vía correo electrónico se nos señaló que EFE no requiere la franja de 2.435 metros cuadrados.”

Hecho por el que según asevera, no es posible aceptar que la expropiada sea despojada del dominio del inmueble del que se trata, considerando que la Resolución Expropiatoria decretó la expropiación total del inmueble y no parcial como lo pretende el Serviu.

Tras ello aduce que el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho de propiedad, cuya única excepción autorizada por el constituyente es la expropiación que exige una ley general o especial que lo permita, cuyos requisitos y efectos regula la propia Carta Fundamental.

Añade que un elemento indispensable de la expropiación es la indemnización. Tanto que el inciso 5° de la norma precitada ordena que “la toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización.” La que por ende constituye un presupuesto de legitimidad para el ejercicio de la potestad expropiatoria.

Afirma que en la situación que denuncia, el Serviu ha actuado por vías de hecho, pues su acto administrativo sólo ampara la expropiación de 6.389 metros cuadrados, en circunstancias que al ser total, debió decir 8.824 metros cuadrados. Motivo por el que la entidad expropiante debe pagar los 2.435 metros cuadrados que no ha indemnizado, pese a ser dueño del inmueble conforme a lo prescrito en el artículo 20 de la Ley Orgánica sobre Procedimiento de Expropiaciones, que al efecto cita.

Sostiene que lo precedentemente reseñado lleva a calificar de ilegal el acto expropiatorio, desde que es un hecho acreditado que la expropiación es total, mas sólo ampara 6.389 metros cuadrados, no obstante ser superior la superficie total del predio, de modo que la autoridad actuó sin cumplir con las formalidades legales mínimas que la habilitan para ello.

Manifiesta que en este caso, el acto arbitrario e ilegal por el que reclama, es la toma de posesión material del inmueble ordenada por la expropiación total de un predio que sólo ampara la superficie ya señalada, pese a que ella es superior, concluyendo con la privación del derecho de propiedad de la empresa recurrente.

Por último manifiesta que el artículo 9 de la Ley Orgánica sobre Procedimiento de Expropiaciones no incluye entre sus hipótesis la situación que aquí se denuncia, empero, no por ello, la recurrente debe soportar ser despojada de su inmueble de la manera que lo ha hecho la entidad recurrida, “debiendo proceder el pago de 2.435 metros cuadrados de terreno, que no han sido pagadas por la entidad expropiante.”

Por lo reseñado, pide lo más arriba señalado.

SEGUNDO: Que a fojas 43, el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, a través del su Director Subrogante, don nombre reservado, evacúa el Informe que le fuera requerido, solicitando el rechazo del recurso intentado en todas sus partes.

Sustenta lo anterior en primer término, en la extemporaneidad del arbitrio intentado, desde que el procedimiento de expropiaciones se encuentra reglado en el DL 2.186 de 1978, en cuyo artículo 7° establece perentoriamente que la notificación de la expropiación se entiende perfeccionada con la sola publicación del extracto en el Diario Oficial y su fecha es la de esa publicación. De lo que es manifiesto, conforme al mérito de lo aseverado por la recurrente y los antecedentes allegados por la misma, que en este caso dicha notificación se realizó el día 2 de enero de 2014.

Por consiguiente, considerando lo estatuido en el Auto Acordado respectivo, es incuestionable que el plazo para interponer este recurso expiró el 2 de febrero de 2014, de modo que a la época de interposición de esta acción, ciertamente ella es extemporánea en más de dos años.

Dice que se suma a lo dicho, la circunstancia que tanto el plazo para la reclamación por la legalidad del acto expropiatorio como el de aquella relativa al monto de la indemnización, corre desde la publicación ya señalada, diferenciándose en el término según sea el reclamo intentado. Así, la reclamación sustentada en el artículo 9 del DL 2186 es de 30 días hábiles contados desde la referida publicación. Mas aquella correspondiente al monto, corre hasta los 30 días posteriores a la toma de posesión material del bien expropiado. Ambos excesivamente vencidos a la data de interposición de este recurso.

Por otra parte, sustenta que el acto ilegal y arbitrario del que se reclama, es la comunicación que se le hace llegar justificando el error en que incurrió el SERVIU Metropolitano, al establecer que la Resolución Expropiatoria era parcial y no total. Por consiguiente, de los antecedentes aportados por la recurrente es evidente que la intensión de la aludida entidad nunca fue realizar una expropiación total, ya que tanto el informe de tasación como la indemnización provisional consignada en el Tribunal corresponden a una superficie de 6.389 metros cuadrados y no a 8.824 metros cuadrados.

Así las cosas y ante el conocimiento del error, con fecha 1 de julio del año en curso, de oficio, se enmendó el error, estableciéndose en su parte resolutiva que la expropiación sería parcial y no total, manteniendo en lo demás la resolución primitiva. Por lo que no es efectivo que la entidad expropiante haya intentado o tenido en sus expectativas apropiarse de un terreno en forma maliciosa o dolosa como lo deja entrever la recurrente.

Afirma que tanto el acto administrativo primitivo como el rectificatorio, cumplen a cabalidad con las normas legales, además de estar ambos avalados por la ley que regula los Actos de la Administración del Estado, de modo que un error cometido en la descripción del acto no invalida la disposición completa al hacer una interpretación general de la Resolución Exenta en comento.

Expone que la comunicación por la que se informó el error al propietario del inmueble, como todo acto de la Administración del Estado, cumple con las exigencias de eficiencia y eficacia que en tanto tales deben observar dichas actuaciones. Por lo que no invalida el acto en sí, además que la toma de posesión material se efectuó sobre la porción de terreno expropiado. De otro lado, si la recurrente considera que el retazo del predio no expropiado carece de significación por sí sola, dicha acción especial, debe ser impetrada por la vía y en la oportunidad legal pertinente, la que en este caso, resulta extemporánea, dada la fecha de publicación del acto expropiatorio.

Por último y en relación al aspecto en análisis, asegura que la interposición de este arbitrio evidencia el interés de hacer válida una mera expectativa sobre el acto expropiatorio, ante la caducidad de todos los plazos para reclamar.

Por otra parte, sostiene que el derecho de propiedad se encuentra extensamente regulado en la Constitución Política de la República, respecto de lo cual se explaya. Así, la norma precitada encomienda al legislador regular el modo de adquirir, usar, gozar y disponer de la propiedad, como también las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, acerca de la cual también se extiende, como asimismo, a la privación a las personas de dicho derecho, lo que es excepcional, pues vulnera directamente el derecho en sí y sólo se admite en tanto se cumpla con las causales y el procedimiento que la Carta Fundamental señala, conjuntamente con la compensación por la pérdida mediante el pago de una indemnización.

Luego reseña las causales que justifican la expropiación y los trámites de rigor para su configuración. Continúa describiendo la etapa siguiente o administrativa. Expone que en ella se lleva a efecto la expropiación, cumpliendo el procedimiento pertinente en la forma establecida en la ley, fijándose la indemnización por el daño efectivamente causado de la manera que relata, cuya forma de pago también describe. Por último destaca el derecho a reclamar ante los Tribunales de justicia, si el expropiado discrepa del monto de la indemnización.

Acerca de la vulneración al artículo 19 N° 20, que se alude como infringido, sostiene que la recurrente no logra acreditar la conculcación a dicha norma. Dice que la Carta Fundamental fija una serie de principios respecto a los tributos, tales como el de igualdad, legalidad, justicia, proporcionalidad y no afectación específica entre otros. Al efecto, en el inciso 1° concreta el principio d igualdad ente la ley y consagra la igual repartición de los tributos, entendiéndose por tales el término genérico que comprende los impuestos, tasas y contribuciones.

Continúa reseñando el principio de legalidad, de no afectación a un destino determinado y las excepciones al mismo que la propia Constitución señala, y la garantía de la igual repartición de las demás cargas públicas. Entendiéndose por esta “toda prestación de hacer o dar no pecuniaria que el Estado impone a las personas, sin que a cambio de ella se reciba una contraprestación directa.” Expone que ellas pueden ser reales o personales, gravando las primeras los bienes de una persona, como las servidumbres de utilidad pública y cualquier otra que no sea tributo, en tanto que las segundas obligan a realizar una contraprestación personal, como el servicio militar. Manifiesta que el fundamento de las cargas públicas reales es la función social de la propiedad, que relacionada con el asunto aquí debatido, es la causa mediante la cual se procede a una expropiación.

Agrega que en todo caso, el artículo 20 de la Constitución Política de la República no contempla el resguardo al derecho que la reseñada norma establece, lo que hace incorrecta la forma de interponer el reclamo a su respecto.

A su vez, en cuanto al pago de la indemnización manifiesta que esta corresponde al “daño patrimonial efectivamente causado que es consecuencia directa e inmediata de la expropiación” y, en ningún caso, meras apreciaciones, según lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema en la sentencia que parcialmente cita.

De otro lado, el fundamento de la indemnización en una expropiación, es que “el Estado no puede desposeer a un titular de un derecho de dominio, sin darle a cambio lo que merecía por él.” Por consiguiente, el principal resguardo ante la potestad expropiatoria del Estado es la indemnización correspondiente, debiendo entenderse el daño patrimonial efectivamente causado como la pérdida que representa para el expropiado la privación de su propiedad, y, a falta de prueba, esta pérdida es equivalente al valor económico de mercado del bien expropiado, sustentada en transacciones reales sobre bienes del mismo sector y similares características al expropiado en una época cercana y no a otras consideraciones para aumentar o castigar su valor.

Por último, cita jurisprudencia relativa a la indemnización por la expropiación, específicamente en relación al daño indemnizable, resultando ella improcedente en caso de perjuicios indirectos y mediatos.

Atendido lo precedentemente expuesto, solicita lo más arriba indicado.

TERCERO: Que de lo referido, y, para dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, es preciso señalar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías con resguardo constitucional, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

CUARTO: Que atendido lo anterior, es necesario determinar si ha existido de parte de la entidad recurrida, un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive a la reclamante de protección, del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que al efecto la recurrente allegó a la causa, en lo que es atingente al recurso, los documentos que se leen de fojas 1 a 20 y 71, consistentes en fotocopia simple de la inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, a nombre de Compañía Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol Limitada, del inmueble “denominado Polígono Ñ-O-P-Ñ, que es parte de los terrenos que forman el ‘Pozo lo Adasme’”, situado en el lugar que se indica, cuyos deslindes se especifican, con una superficie aproximada de 8.824 metros cuadrados y Rol de Avalúo N° 7201-2; fotocopia simple de “parte del plano de propiedad de Ferrocarriles del Estado, que comprende entre otros, el Polígono Ñ,O,P y Ñ ubicado en la comuna de San Bernardo, terrenos que forman ‘El Pozo Lo Adasme’, que se encuentra agregado bajo el N° 299, Al final del Registro de Propiedad del año 1989.”, según consta de la certificación de la señora Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, anexa a aquella; fotocopia simple de Certificado de Avalúo Fiscal Detallado, correspondiente al segundo semestre de 2014, relativo al predio enrolado en el Servicio de Impuestos Internos con el N° 07201-00002, ubicado en Portales N° 2985, Comuna de San Bernardo, descrito como Sitio Eriazo, en el que figura como su propietario, “Inmobiliaria e Invers Puerta del”, cuyo avalúo se especifica, como también que tiene una superficie de 8.824 metros cuadrados; fotocopia simple de “Anexo Certificado de Avalúo Detallado” también expedido por el Servicio de Impuestos Internos, correspondiente al mismo predio más arriba señalado; fotocopia simple de Resolución Exenta N° 006776 de fecha 19 de diciembre de 2013 dictada por el Director del Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana, en la que se ordena la expropiación del “total del inmueble ubicado en domicilio reservado en el plano de expropiación señalado… de aparente dominio de Inmobiliaria e Invers Puerta del”, cuya superficie aproximada es de 6.389,00 metros cuadrados conforme al Plano de Expropiación. También se indican los deslindes del lote expropiado y el monto por la indemnización provisional fijado; fotocopia simple de publicación en el Diario Oficial N° 40746 de fecha 2 de enero de 2014, de la resolución precedentemente indicada; fotocopia de Informe de Tasación del lote expropiado y algunos de sus anexos; fotocopia de carta remitida por el profesional compareciente en este recurso, dirigida al Serviu Metropolitano, fechada el 16 de mayo del año en curso y con timbre de recepción de igual data, por la que tras explicar la diferencia en la superficie del lote expropiado y la Resolución que ordena aquella, solicita el pago correspondiente a los 2.435 metros cuadrados no pagados por el Serviu; fotocopia de correo electrónico dirigido por el Arquitecto de la Subdirección Jurídica Sección Adquisición de Inmuebles del referido servicio al mencionado abogado, por la que se informa que consultado EFE en relación al Lote LP-1, dicha empresa no tiene considerado solicitar la expropiación de la parte del terreno que no se expropió, por los motivos que se indican; y por último, fotocopia simple de Ord N° 007861 de 12 de Julio de 2016, de igual emisor y destinatario, por el que se comunica la imposibilidad de acceder por vía administrativa, a la petición de pago adicional de 2.435 metros cuadrados del inmueble expropiado por Resolución Exenta N° 6776, atendidas las razones que se entregan.

Por su parte, la entidad recurrida, aparejó en lo atingente al recurso en análisis, los instrumentos que rolan a fojas 38, 41, 61, 64 y 65, correspondientes el primero y tercero a fotocopia simple de la Resolución exenta N° 3244 de 1 de julio del año en curso, por la que se rectifica la Resolución Exenta N° 6776 fechada el 19 de diciembre de 2013, ambas dictadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, en el sentido que “en todas aquellas partes que aparezca determinada la expropiación como total, sea reemplazada por parcial.”; el segundo, a fotocopia de la Resolución que se rectifica, esto es, la N° 6776 más arriba reseñada; y los dos últimos, a fotocopias simples de las publicaciones realizadas en el Diario Oficial N° 41.522 con fecha 1 de Agosto de este año y en el Diario El Mercurio con igual fecha, de la Resolución N° 6776, modificada por la Resolución Exenta N° 3244, en la forma que se indica y más arriba señalada.

Asimismo, esta Corte ordenó como medida para mejor resolver, traer a la vista la causa Rol N° V-20-2014 seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, la que se tuvo por cumplida, recepcionándose el expediente solicitado, pero reconstituido, en el que consta que este se inicia por la consignación en la cuenta corriente de dicho Tribunal, del monto de la indemnización fijada provisoriamente por la Comisión de Peritos designada al efecto, correspondiente a la expropiación dispuesta por Resolución Exenta N° 6776 de fecha 19 de diciembre de 2013 del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, del inmueble ubicado en domicilio reservado, necesario para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Integral Infraestructura Ferroviaria, Tramo Santiago-Rancagua, al que se adjuntan la referida resolución, su publicación en el Diario Oficial y El Mercurio con fecha 2 de Enero de 2014, el certificado de avalúo fiscal expedido por el Servicio de Impuestos Internos, correspondiente al segundo semestre de 2013 y el informe de tasación del lote expropiado, elaborado por la Comisión de Peritos designada al efecto, entre otros.

SEXTO: Que del examen de los elementos de convicción precedentemente reseñados, especialmente la Resolución Exenta N° 6776 de 19 de Diciembre de 2013, dictada por el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano y sus publicaciones en el Diario Oficial y el Mercurio con fecha 2 de Enero de 2014, acompañados tanto por la recurrente como por la recurrida, unidos a la petición de “nulidad de todo lo obrado y de todo el procedimiento expropiatorio”, realizada por presentación de 25 de abril de 2014, precisamente por Compañía Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol Limitada, agregada a fojas 41 de la causa Rol N° V-20-2014, tenida a la vista, sustentada en los mismos argumentos que sirven de fundamento a esta acción constitucional cautelar, apreciados en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, llevan a dar por cierto que en enero de 2014, y sin lugar a dudas, en abril de 2014, la empresa recurrente tomó conocimiento de la expropiación del predio de su propiedad, en los términos dispuestos en la resolución exenta que la ordena.

Refuerza lo anterior, el hecho que conforme se aprecia de las presentaciones de 25 de julio, 19 y 26 de agosto y certificados de 25 de septiembre y 3 de octubre, todos de 2014, realizadas en la causa V-20-2014 tenida a la vista, la empresa recurrente solicitó y obtuvo el giro del cheque por el monto correspondiente a la indemnización provisoriamente fijada y consignada en dicha causa, habiendo incluso renunciado a los intereses que se indican.

Por otra parte, sumándose a lo dicho, consta del atestado receptorial que rola a fojas 117 de la aludida causa voluntaria, que con fecha 24 de octubre del referido año, la señora receptora actuante notificó en la persona del representante de la empresa expropiada y recurrente en estos antecedentes, entre otros, la consignación en la cuenta corriente del Tribunal, el monto de la indemnización pertinente, y le instó para la toma de posesión material del inmueble expropiado.

SEPTIMO: Que de lo dicho es incuestionable, que la situación denunciada como sustento de este recurso se ha producido desde hace larga data y con mucha antelación a la época de interposición de esta acción cautelar, lo que hace que ella resulte extemporánea.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, también es factible inferir, que las anomalías esgrimidas como fundamento de este recurso se encuentran bajo el imperio del derecho, desde que conforme se aprecia de la resolución de seis de agosto también de 2014, escrita a fojas 90 de la causa tenida a la vista, se dio “inicio a una causa contenciosa con la reclamación presentada a fojas…” ordenándose el desglose de las piezas correspondientes a la reclamación, los documentos anexados a ella y la presentación que se indica.

NOVENO: Que a mayor abundamiento, la Ley Orgánica de Expropiaciones, contenida en el DL 2186, establece clara y expresamente los procedimientos a que da o puede dar origen un acto expropiatorio, siendo además claro y evidente, que las alegaciones aquí vertidas como fundamento de este arbitrio, atendido lo señalado tanto por la recurrente como por la recurrida en sus respectivas presentaciones y en estrados, requieren ser ventiladas en un proceso contradictorio, en el que los interesados, involucrados o afectados puedan hacer valer sus derechos y rendir la prueba que estimen pertinente a la defensa de los mismos. Lo que ciertamente escapa a la competencia de esta Corte a través de este arbitrio, como se ha dicho, de emergencia y de naturaleza cautelar, respecto de situaciones ciertas ante derechos indubitados.

DECIMO: También cabe señalar, que del examen de los elementos de convicción más arriba reseñados, apreciados en su conjunto y en la forma ya referida, no es posible visualizar con la nitidez requerida, alguna arbitrariedad o ilegalidad en el acto expropiatorio de que se trata, lo que imposibilita estimar concurrentes los presupuestos requeridos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, para la procedencia de este recurso de protección.

UNDECIMO: Por último, también es necesario considerar, que conforme se aprecia del documento allegado por la recurrida a fojas 61, por resolución exenta N° 3244 de 1 de Julio de este año, publicada en el Diario Oficial y el Mercurio con fecha 1 de agosto recién pasado, se rectificó la Resolución N° 6776 de 19 de Diciembre de 2013, ambas dictadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, en el sentido que “en todas aquellas partes que aparezca determinada la expropiación como Total, sea reemplazada por Parcial”, y, siendo ello precisamente base del argumento en que se sustenta este recurso, consistente en la diferencia que se hace notar entre la superficie total del predio y aquella que se expropia, necesariamente ha de concluirse que este recurso perdió oportunidad, pues tras la rectificación ya señalada, no es posible apreciar la diferencia en la superficie reclamada.

DUODECIMO: Que por lo expuesto en los anteriores razonamientos, no apareciendo del mérito de los antecedentes, indicios claros, precisos y determinados, que permitan estimar concurrentes los presupuestos exigidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de la acción de protección impetrada, ella necesariamente deberá ser rechazada.

En mérito de lo expuesto y, vistos además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fojas 23, por la sociedad Compañía Inmobiliaria e Inversiones Puerta del Sol Limitada en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano.

Regístrese, en su oportunidad archívese y devuélvase el expediente traído a la vista.

Redactado por la Ministro señora María Soledad Espina Otero.

ROL N° 2143-2016 – PROT.

Pronunciada por las Ministros de la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, Sra. nombre reservado, Sra. María Soledad Espina Otero y Sra. nombre reservado.

En Santiago, a once de octubre de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.